por
John Kurien
Miembro Asociado
Centro de Estudios de Desarrollo
Trivandrum, India
“Estamos luchando por un futuro-para nosotros y para los peces”
(Declaración de un pequeño pescador artesanal del Estado de Kerala, India, en el sexto día de su ayuno por tiempo indeterminado para pedir una veda estacional de la pesca con arrastreros.)
El decenio de 1980 ha sido testigo de una creciente marea de demandas de mayor participación de los trabajadores pesqueros1 en el proceso de desarrollo y administración del sector pesquero en general y de la ordenación de la pesca2 en particular. Esta falta de participación, los problemas que de ello derivan y la necesidad de colmar esta laguna han salido a relucir en los foros tanto de los encargados de la formulación de políticas como de los trabajadores pesqueros mismos.
En el documento sobre la “Estrategia para la Ordenación y el Desarrollo de la Pesca”, aprobado por la Conferencia Mundial de la FAO sobre Ordenación y Desarrollo Pesqueros en julio de 1984, se lee:
“…Los pescadores tendrán más propensión a cumplir las medidas de ordenación cuando estén en condiciones de apreciar los beneficios que producirán dichas medidas y cuando hayan participado en la formulación de las mismas.”
Más adelante, abordando la situación de los países en desarrollo, el documento afirma:
“Deben lograrse la cooperación y la participación de los pescadores para que tengan éxito los planes de ordenación de la pesca en pequeña escala. Las organizaciones de pescadores deben considerarse un conducto para llevar a efecto las decisiones referentes a la ordenación…”
El informe de la Conferencia internacional de trabajadores pesqueros y sus promotores (IFWS), celebrada también en julio de 1984, señala:
“Los proyectos de desarrollo pesquero, de los cuales muchos cuentan con asistencia internacional, fracasan a menudo debido fundamentalmente a la falta de participación de la población local en la concepción, preparación y ejecución de los programas.”
Además recomienda a los gobiernos nacionales que:
“… asocien a las organizaciones de pescadores o comunidades pesqueras locales al preceso de idear y aplicar medidas de reglamentación pero con la posibilidad de un control efectivo.”
Es probable que la administración del sector pesquero y la participación de los pescadores en ella se conviertan, durante algún tiempo, en preocupaciones fundamentales del sector pesquero mundial. sin embargo, ninguno de los dos es un tema nuevo.
Los numerosos “colapsos de especies” provocados por las capturas excesivas conseguidas con tecnologías demasiado eficientes - y estimuladas por la creciente demanda, la mayor rentabilidad y el libre acceso - hicieron que la ordenación de los recursos pesqueros se convirtiera hace varios decenios en una preocupación ineludible para muchos países marítimos desarrollados.
La participación de las organizaciones de pescadores en diversos niveles de la concepción y la co-gestión de los regímenes de ordenación de la pesca dio resultados positivos en países tales como el Reino Unido, el Canadá, Nueva Zelandia y el Japón. En los países escandinavos, por otra parte, las organizaciones de pescadores tradicionalmente se han ocupado más de las actividades en tierra: la primera venta del pescado y su elaboración.
Ahora los países desarrollados - particularmente las economías de mercado - están haciendo más hincapié en la atribución de mayores responsabilidades a las organizaciones de pescadores en la que respecta a la ordenación de la pesca. Esto puede interpretarse como parte del esfuerzo encaminado a aumentar la eficiencia descentralizando la toma de decisiones y dejando un mayor espacio para la defensa competitiva de los intereses propios.
Este estudio se propone demostrar que en los estados marítimos tropicales en desarrollo, particularmente de la región del Indo-Pacífico (en adelante denominada la Región), todas las consideraciones acerca de la participación de los trabajadores pesqueros en la administración del sector deberían encuadrarse en un contexto diferente.
Esa diferencia está determinada por importantes consideraciones históricas, sobre todo culturales, así como por apremiantes factores socioeconómicos y ecológicos. Esto, a su vez, ha dado lugar a la aparición en la Región de un nuevo género de organizaciones de trabajadores pesqueros, que presentan ciertas analogías entre sí, independientemente del contexto sociopolítico del país en cuestión. En un breve lapso de tiempo, estas organizaciones han hecho progresos considerables en lo que respecta a conquistarse el derecho a opinar en las cuestiones relativas a la administración del sector pesquero, en general, y la ordenación de la pesca, en particular. Sin embargo, para que puedan consolidar los adelantos logrados hasta ahora será indispensable que surjan nuevas esferas de acción, alianzas nuevas y una mayor empatía por parte de diversas fuentes.
En este breve estudio se examinarán estos aspectos en un intento de proporcionar una perspectiva que permita entender la base, las razones fundamentales y los impedimentos para una mayor participación de las organizaciones de trabajadores pesqueros en la administración del sector de la pesca en la Región. Se hará hincapié en la comprensión del papel de las organizaciones de pescadores artesanales y de la función que pueden desempeñar en la ordenación de la pesca.
El estudio se divide en cuatro partes. En la primera se exponen los antecedentes y la historia de la pesca en la Región, que son esenciales para entender el contexto en que se ha desarrollado el nuevo género de organizaciones de trabajadores pesqueros. La segunda parte contiene un examen de las características generales de estas organizaciones, que constituye la base para los estudios monográficos de las organizaciones de trabajadores pesqueros en la India (Estado de Kerala), Indonesia y Filipinas (Luzon) que figuran en la tercera parte. Esa tercera parte es fruto de una combinación de las experiencias del propio autor, la información de primera mano facilitada por las respectivas organizaciones de trabajadores pesqueros y el estudio de material secundario. En la cuarta parte se procura definir las formas en que los progresos logrados gracias al esfuerzo tenaz de los trabajadores pesqueros podrían consolidarse para abrir nuevos horizontes de participación.
Las economías basadas en la pesca marina de los países en desarrollo de esta Región permanecieron en su “estado natural” más o menos hasta mediados de este siglo. Las comunidades pesqueras tradicionales, a excepción de las pequeñas economías insulares, estaban al margen - geográfica, económica, social y culturalmente - de las corrientes principales de la sociedad. En esas circunstancias, la participación de los trabajadores en el proceso de adopción de decisiones de la actividad pesquera era elevada. Eran, en gran medida, sus propios amos: su autonomía era casi total en la esfera de las capturas, muy considerable en las actividades de elaboración, pero bastante menor en el terreno de la distribución y el comercio del pescado. Las pesquerías eran fundamentalmente una fuente de sustento para distintas clases de trabajadores pesqueros, y el principal valor del pescado residía en su utilización como alimento1.
Los recursos pesqueros de la Región, a diferencia de los de aguas templadas, se caracterizan por la multiplicidad de especies. Estas se hallan bastante dispersas, pero tienden a concentrarse más densamente en las aguas costeras. Las interacciones entre las especies, así como las relaciones entre presa y depredador, son sumamente complejas.
Las técnicas de captura que se utilizaban en estas comunidades merecen una mención especial. Eran el resultado de siglos de aprendizaje a través de la experiencia, y aprovechaban los materiales disponibles localmente y las habilidades indígenas. Se caracterizaban por la variedad y diversidad de su diseño, y reflejaban un profundo conocimiento del medio acuático y del comportamiento de las presas en él. Estos instrumentos de producción estaban en armonía con la naturaleza. Combinados con otros factores técnicos y económicos, mantenían los niveles de captura en las necesidades de subsistencia. La posibilidad de que se “agotaran” los recursos pesqueros era remota, y no era probable que ocurriera la tragedia de Garrett Hardin1.
Estas eran las condiciones objetivas en las que se basaban las perspectivas culturales y la visión del mundo de las comunidades tradicionales de pescadores de la Región. Las capturas se consideraban “ilimitadas”, y la mar era la “eterna proveedora” y la “Madre”. Como hijos de la mar - propietarios y administradores en igualdad de condiciones - consideraban los derechos comunales una gratificación, y los deberes comunales una forma de salvaguardar su partimonio.
Como resultado de ello, muchas comunidades habían adoptado sistemas bien integrados de derechos consuetudinarios que regían las prácticas pesqueras y el acceso al mar. Mientras que los derechos individuales eran confusos, los derechos de la comunidad eran inalienables. Había “interferencias externas”, pero eran pocas y recíprocas. La aplicación de esos derechos para salvaguardar el interés común no impidió, con el curso del tiempo, que aumentaran las capturas ni sofocó las respuestas al comercio. Sin embargo, es probable que haya limitado la aceptación y difusión de determinados tipos de innovaciones tecnológicas2.
En este medio, la conservación de los recursos no puede considerarse un acto deliberado de ordenación mediante la limitación de las capturas al objeto de asegurar su sostenibilidad. La conservación y la sostenibilidad se incorporaron en el sistema de producción aplicando tecnologías adaptables o apropiadas y un modo adecuado de explotación. Era una ética, cuya base radicaba en la manera en que la comunidad consideraba su relación con la naturaleza: una simbiosis, no una dominación.
Es evidente, pues, que los conceptos de que el mar es “propiedad común”lo que implica la ausencia de propiedad privada o el derecho de libre acceso-y de la conservación como una acción separada o una consideración posterior eran ajenos a las consagradas tradiciones pesqueras de la Región del Indo-Pacífico. Todavía hoy las comunidades pesqueras tradicionales ven su futuro en el mar. En un sentido económico más formal, sería correcto suponer que consideran el mar y losrecurses vivos que en él exisrten como un capital social intergeneracional - están igualmente preocupados por sus dimensiones de “existencias” y de “flujo”.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países en desarrollo de la Región obtuvieron su independencia política de las potencias coloniales. Estas economías se embarcaron entonces en distintos caminos de “modernización” y “desarrollo planificado”, copiando los modelos de crecimiento económico de los países desarrollados.
El desarrollo de la pesca siguió en gran medida el mismo camino. Para ello, pareció inevitable aplicar una dosis considerable de imitación ciega, en particular, introduciendo la tecnología de las embarcaciones y el equipo de los países desarrollados de zonas templadas. Estas técnicas se prefirieron, pese a que desplazaban la mano de obra, porque eran más “eficientes”1.
En este proceso se descuidó totalmente el rico patrimonio de tecnología autóctona y conocimientos culturales enciclopédicos de las comunidades pesqueras tradicionales. La mayoría de los criterios de conservación incorporados tradicionalmente en esas técnicas y las estrategias de adaptación pasaron a considerarse obstáculos al desarrollo. El control comunal de los recursos pesqueros parecía contrario a la ética empresarial requerida para elevar al máximo la producción. La ampliación de los límites de la economía pesquera y la necesidad de vincularla mediante el comercio y la ayuda a la de los países desarrollados se presentaban como algo ineludible si se quería que el desarrollo fuera un proceso continuo y dinámico.
El desarrollo de la pesca, lejos de representar un mero cambio de artefactos y de procesos físicos y una expansión de la economía únicamente - de la canoa al arrastrero, del curado a la congelación, del consumo local a la orientación hacia la exportación - provocó un cambio total en las estructuras y valores sociales, económicos, ecológicos y culturales de la antigua economía pesquera. Este proceso socioeconómico expansionista, de crecimiento con altos coeficientes de capital y energía y orientado hacia la exportación fue estimulado principalmente por la perspectiva de las ganancias rápidas que podían obtenerse explotando un recurso renovable y de acceso libre. Esto tuvo tres consecuencias importantes.
En primer lugar, las nuevas tecnologías en materia de embarcaciones y redes, fomentadas por nuevas posibilidades de costos/beneficios1, en muchos casos sin el control eficaz de los pescadores tradicionales, crearon una gran disparidad en la capacidad de acceso a los recursos pesqueros. Esto tuvo el efecto de un “movimiento de cercado”2. Se produjo un conflicto cada vez más agudo por el espacio en las aguas costeras, y se instauró cierta intervención externa unidireccional negativa, en desmedro de quienes poseían derechos históricos sobre los recursos.
En segundo lugar, debido a la mayor “eficiencia” de estas nuevas tecnologías, se registró inicialmente un brusco salto en el volumen y el valor de la producción. Sin embargo, la distribución de este “pastel de pescado” más grande, al igual que su control, no favoreció a los trabajadores pesqueros. El resultado de ello fue que el desarrollo de la pesca se fue distanciando cada vez más del progrese de los trabajadores pesqueros. Por consiguiente, los caminos y posibilidades existentes anteriormente para la participación efectiva de los trabajadores pesqueros en los asuntos relativos a su sustento y a su futuro quedaron prácticamente cortados.
En tercer lugar, al haber adoptado casi in toto el modelo de tecnología y desarrollo de los estados marítimos desarrollados, obviamente se heredó también el potencial de destrucción de los recursos inherente al modelo. La etapa de crecimiento inicial dejó paso rápidamente a la fase de crisis y catástrofe. La humilde anchoveta peruana ofreció un ejemplo dramático a escala internacional. Otros casos, aunque más localizados, tuvieron efectos caóticos en las economías pesqueras de la mayoría de los países en desarrollo de la Región. Fue un proceso bastante trágico para los bienes comunales, pero más aún para los usuarios de dichos bienes: los pescadores artesanales.
El conjunto de estas consecuencias frenó la marea de expectativas según las cuales la pesca se convertiría en la Cenicienta de las industrias de la Región. Los frutos amargos del desarrollo se tradujeron en ondas de descontento; en algunos países de la Región, se transformaron en oleadas de protestas.
3.1 Respuestas de los trabajadores pesqueros
El aumento constante del nuevo género de reivindicativas organizaciones de trabajadores pesqueros3 en la Región es una consecuencia directa de las expectativas frustradas. A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, las preocupaciones y peticiones fundamentales de estas organizaciones se refieren a problemas de asignación y ordenación de los recursos, y no a los aspectos más conocidos de la falta de control sobre las poblaciones ícticas y la explotación por los intermediarios y comerciantes.
Es importante señalar que los asuntos relativos a la conservación de los recursos y las demandas de mayor participación en su ordenación son esencialmente cuestiones de equidad. Sin embargo, también están inextricablemente entrelazados con aspectos relativos a la elección y el control de la tecnología de pesca, la restauración de determinados derechos históricos y el resurgimiento de ciertas premisas de valor en la relación del hombre con la naturaleza. Los pocos movimientos espontáneos, al igual que las iniciativas más respaldadas y organizadas, de los trabajadores pesqueros de la Región expresan simultáneamente todos estos aspectos y son, por lo tanto, a la vez sociopolíticos y técnico-ecológicos.
3.2 Respuestas de los gobiernos
Las respuestas de los gobiernos provinciales o nacionales de la Región a estas nuevas formas de activismo entre los trabajadores pesqueros han sido, por fuerza, variadas. Como generalización se puede decir que, en casi todos los casos, las consideraciones relativas a la “equidad” han eclipsado las soluciones basadas en la “eficiencia”. Los encargados de la formulación de políticas y los políticos mismos han debido sacar las cuentas con la influencia política puramente numérica de las protestas de grandes cantidades de trabajadores pesqueros. Ha habido que tomar decisiones a los más altos niveles políticos para aplacar a los agitados trabajadores del sector. En general, los gobiernos de la Región han llegado a reconocer que difícilmente el curso futuro de un desarrollo y una ordenación de la pesca que no incluyan alguna forma de participación de los trabajadores pesqueros estará exento de problemas, por lo menos desde el punto de vista sociopolítico.
Llegados a este punto, conviene dedicar algunas palabras a las principales características de las nuevas organizaciones de trabajadores pesqueros.
La gran mayoría de estas organizaciones son asociaciones de trabajadores pesqueros cuyos campos de acción se limitan a una provincia o distrito. En algunos países de la Región, las organizaciones de base se han federado para formar una red o foro de nivel estatal o nacional. Las organizaciones de pequeños pescadores pueden vincularse con las organizaciones campesinas, que son comunes en el sector agrario de la Región.
En cuanto a los programas de acción, se puede decir que se ocupan de una variedad de actividades relacionadas fundamentalmente con los “derechos” de sus miembros, que en general esperan obtener, en gran medida, de sus respectivos gobiernos. Sus actividades incluyen comúnmente la creación de conciencia entre los miembros y el público1, presiones a los encargados de la formulación de políticas y a los políticos1 y la organización de manifestaciones encaminadas a centrar la atención del público en su causa.
En el caso de las organizaciones de pescadores artesanales, los cuatro temas más comunes en sus programas de actividades son: (i) un llamamiento a que se reconozcan a sus miembros y se conserven algunos de los derechos históricos, tradicionales, de acceso a los recursos de pesca costeros; (ii) la petición de que se limiten o prohiban totalmente algunas de las técnicas de captura introducidas durante los decenios de desarrollo pesquero - particularmente la pesca con redes de arrastre y con redes de cerco de jareta; (iii) la petición de tecnología más apropiada y de una ordenación sostenible de los recursos; y (iv) la solicitud de una mayor participación de sus miembros en la formulación y aplicación futuras de las políticas de desarrollo y ordenación de la pesca.
En el plano organizativo concreto, estas asociaciones y foros son auténticas organizaciones “de base” integradas fundamentalmente por trabajadores pesqueros comprometidos. En el nivel dirigente, las responsabilidades suelen estar compartidas entre los trabajadores pesqueros activos y una clase de activistas sociales que podrían llamarse “promotores”. Estos últimos tienden a ser organizadores de comunidades o asistentes sociales profesionales. Más recientemente se ha unido a ellos un número creciente de profesionales de las ciencias físicas y sociales, que en el ejercicio de su profesión han llegado a identificarse con la causa de los trabajadores pesqueros. Como consecuencia de la participación de estos “trabajadores no pesqueros”, una característica común de las organizaciones es su estrecha vinculación con las asociaciones de voluntarios que se ocupan de problemas socioeconómicos y ecológicos.
Tal vez parezca prematuro examinar el papel desempeñado por las organizaciones de trabajadores pesqueros en los regímenes de ordenación de la pesca de la Región, por la sencilla razón de que prácticamente no hay experiencias importantes que señalar en las que hayan tenido una participación concreta en el proceso de ejecución efectiva. Sin embargo, hay varios casos que ilustran cómo estas organizaciones han ejercido fuertes presiones para que los gobiernos adoptaran medidas de ordenación del sector pesquero. El hecho de que los trabajadores pesqueros hayan iniciado este proceso de introducir medidas de ordenación es un primer paso indispensable y muy importante para su participación en la aplicación futura de esas medidas. Para ilustrar este punto nos serviremos de tres breves estudios monográficos realizados en tres partes de la Región con situaciones políticas y pesqueras diferentes.
El Estado de Kerala, situado en la costa sudoccidental de la India, ha sido tradicionalmente la principal zona pesquera del subcontinente indio. Comprende una décima parte de los 6 000 km de costa de la India y alrededor de un tercio de su medio millón de pescadores marinos activos. Este Estado aporta aproximadamente el 25 por ciento de la producción pesquera marina del país.
La historia de la economía pesquera de Kerala, así como los decenios de desarrollo más recientes, se ajustan bastante a la descripción de este proceso presentada más arriba1.
Las aguas de Kerala contienen una de las reservas más abundantes de camarón del mundo. A diferencia de lo que ocurre en Asia sudoriental, en este Estado el camarón nunca fue un componente importante de la cocina local. Casi toda la captura se exportaba en forma de producto seco a los mercados de Asia sudoriental. En los primeros años sesenta, ante la creciente demanda de camarón en el mercado internacional, particularmente en los Estodos uniodos, un proyecto de ayuda al sector pesquero popularizó en Kerala la tecnología de la congelación e introdujo una pequeña variedad de arrastreros2.
Percatándose de las considerables oportunidades de ganancia, una nueva clase de inversionistas no pescadores entró en el sector pesquero. Esto estimuló la proliferación de arrastreros y la expansión de la capacidad de congelación. Al intensificarse la presión de la pesca, los arrastreros se fueron desplazando de las aguas más profundas a las más someras, entrando a competir con los pescadores artesanales por el espacio de pesca, y pronto también por los productos. A partir de mediados del decenio de 1970 se registraron casos esporádicos de conflictos, pero al ser problemas localizados fueron tratados por las autoridades como cuestiones de orden público.
Hacia finales de los años setenta, los murmullos de disentimiento de los pescadores artesanales ante la merma de la productividad y las dificultades de acceso a las aguas costeras debido a las operaciones de los arrastreros se convirtieron en oleadas de protestas organizadas. La amenaza a su sustento inmediato los unió en torno al estandarte de un sindicato independiente (es decir, no afiliado directamente a ningún partido político) - la Federación Independiente de Trabajadores Pesqueros de Kerala (Kerala Swatantra Malsya Thozhilali Federation - KSMTF). La KSMTF tiene unidades en las aldeas y en los distritos, con cuadros de pescadores activos en todos los niveles. Una pequeña pero influyente minoría de organizadores comunitarios, miembros del clero cristiano radical, monjas y profesionales de las ciencias sociales desempeñaron un papel importante de ayuda y estímulo en el proceso de creación del sindicato.
En 1981, la KSMTF organizó manifestaciones en puntos nodales de los 600 km de litoral del Estado al objeto de señalar a la atención del público y de los responsables de las políticas la necesidad de adoptar medidas inmediatas de ordenación para salvaguardar el futuro de los recursos pesqueros. La participación active de las mujeres en la agitación fue un rasgo inhabitual, que contribuyó de forma importante a conquistar el apoyo público. Las demandas concretas de la KSMTF comprendían: una zona de pesca exclusiva para los pescadores en pequeña escala; una temporada de veda para las operaciones con arrastreros durante los meses del monzón, de junio a agosto; la prohibición total de la pesca con redes de cerco de jareta; y una lista de peticiones secundarias destinadas a mejorar el bienestar de los trabajadores del sector pesquero.
1 Para mayores detalles sobre el caso concreto del Estado de Kerala, véase Kurien (1985)
A las peticiones de la KSMTF de temporadas de veda y prohibición de la pesca con redes de cerco de jareta se oponía el grupo económicamente poderoso de los propietarios de arrastreros y cerqueros.
El Gobierno (en esa época una coalición de partidos políticos con predominio de los comunistas), confrontado con el dilema de tener que complacer a ambas partes, promulgó una legislación zonal apropiada1, pero fue incapaz de aplicar rigurosamente la ley debido a la falta de recursos técnicos y financieros. Sin embargo, se adoptaron medidas rápidas para mejorar el bienestar social - creación de sociedades rurales, planes de seguros, liberalización del crédito, préstamos para viviendas, etc.
Se nombró un comité de expertos para que “examinara las cuestiones científicas y tecnológicas y evaluara las consecuencias socioeconómicas de las peticiones de ordenación de la pesca hechas por los pescadores”. Se le llamó con el nombre de su presidente, Comité Babu Paul. Estaba compuesto por representantes de la comunidad científica, la administración del Estado, los sindicatos de pescadores y las asociaciones de propietarios de arrastreros. El científico de mayor reputación entre los que integraban el Comité no se presentó a las reuniones, arguyendo que las peticiones de los pescadores eran “más políticas que científicas”, y dejó que los administradores procuraran conciliar las posiciones diametralmente opuestas de los pescadores y los armadores de arrastreros. El Comité no logró llegar a un consenso. Las reuniones terminaron cuando los representantes de la organización de pescadores presentaron una nota de disentimiento al presidente2. Se había alcanzado un punto muerto.
Entretanto, nuevas elecciones dieron el poder a otra alianza política en el Estado. Su enfoque del problema consistió en aplacar a los pescadores proporcionándoles más asistencia financiera y acceso a la tecnología intermedia. Dio un impulso a los deseos de motorización de los pescadores artesanales3 y creó una nueva “federación para el desarrollo pesquero” destinada a atender exclusivamente las necesidades de los pequeños pescadores.
A pesar de la tendencia a la motorización, la producción global de pescado permaneció estancada. Con la llegada de cada monzón, los pescadores se volvían más inquietos. En 1984, la KSMTF anunció la reanudación de sus manifestaciones del monzón. Las peticiones más importantes eran que se prohibiera totalmente la pesca al arrastre durante el período comprendido entre junio y agosto - la época de reproducción de muchos peces - y que se cumplieran más rigurosamente las disposiciones zonales contenidas en la ley de reglamentación de la pesca marina en Kerala4.
1 La ley de reglamentación de la pesca marina en Kerala de 1981
Los numerosos partidos políticos del Estado crearon o reactivaron sus organizaciones de pescadores que estaban inactivas, tratando de evitar que se desbarataran sus cálculos electorales para el futuro1. La agitación de 1984 se tradujo en un levantamiento social generalizado en la franja costera. La táctica predominantemente pacífica de la agitación fue estropeada, ocasionalmente, por violentos enfrentamientos entre los airados trabajadores pesqueros - hombres y mujeres - y la policía. Muchos trabajadores y organizadores sociales fueron detenidos. Los medios de comunicación nacionales dedicaron gran atención a este alzamiento. Mientras serios editoriales comentaban los aspectos tanto sociales como ecológicos del movimiento, los periódicos locales seguían de cerca la satyagraha de hambre por tiempo indeterminado de un pescador hindú y una monja católica, patrocinada por la KSMTF.
El Gobierno no cedió a la petición principal de prohibir por tres meses la pesca al arrastre. Sus portavoces señalaban constantemente los “costos” fenomenales que comportaría esta medida - una caída pronunciada de los ingresos en divisas del Estado y el desempleo para las tripulaciones de los arrastreros y los trabajadores de la industria elaboradora.
La KSMTF está asociada al Foro Nacional de Pescadores (National Fishermen's Forum - NFF), una confederación de los sindicatos de pescadores a nivel de toda la India. El NFF, cuyos miembros de los Estados de Goa y Tamilnadu han encabezado agitaciones parecidas en sus respectivos Estados, propuso la idea de una temporada de veda experimental durante los meses del monzón, combinada con una vigilancia participativa de los efectos de la prohibición de la pesca al arrastre sobre los recursos.
Viendo que la agitación se encontraba prácticamente en un callejón sin salida, la KSMTF propuso al Gobierno del Estado esta prohibición a título experimental. El NFF sugirió que el Departamento de Pesca de la FAO aportara su experiencia para realizar ese experimento.
El Gobierno del Estado no aceptó la propuesta. En su lugar, nombró otro comité de expertos compuesto por tres miembros para que reexaminara los problemas relativos a la ordenación.
Este nuevo comité, denominado comúnmente Comité Kalawar, presentó sus conclusiones en 1985 (Kalawar et al., 1985). No aprobó el establecimiento de una temporada de veda para la captura del camarón. Sin embargo, se declaró decididamente a favor de una reducción drástica - del 50 por ciento - del tamaño de la flota arrastrera, e hizo hincapié en la necesidad de reemplazar los arrastreros con equipo de pesca más pasivo del camarón, como los trasmallos introducidos por los pescadores artesanales en 1983. El Comité recomendó la prohibición total de las operaciones con redes de cerco de jareta en las aguas costeras y formuló una advertencia ante la campaña de motorización masiva que estaba promoviendo el Gobierno. También recalcó la necesidad de que los pescadores participaran en la ordenación.
Las principales recomendaciones del Comité aún no se han puesto en práctica, a pesar de que el Gobierno que designó el comité se había comprometido a aplicarlas. En las elecciones de 1987 el Gobierno perdió el poder. El brusco cambio registrado en los votos de las zonas costeras contribuyó de manera considerable a su derrota.
Han transcurrido seis años desde la primera agitación importante en 1981; con tres cambios de Gobierno durante este período y una crisis continua en el sector de la pesca, las organizaciones de pescadores, en general, y la KSMTF, en particular, se encuentran en un atolladero.
La KSMTF está luchando ahora por una nueva petición, encaminada a asegurar una mayor participación de los pescadores activos en la economía pesquera. Está pidiendo una reforma “marina”: que sólo los pescadores activos puedan ser propietarios de equipo de pesca. Además, la KSMTF ha iniciado un nuevo tipo de acción. Los pescadores detienen colectivamente a los arrastreros o cerqueros que violan la reglamentación zonal y obligan así a las autoridades del Gobierno y a la policía a entablar un pleito en su contra en virtud de la ley de reglamentación de la pesca marina en Kerala. De esta forma, a la vez que se toman la justicia por sus manos, fuerzan al Gobierno a actuar a favor de ellos. Al asumir esta función autoasignada de vigilancia de su zona exclusiva, garantizada por la ley de reglamentación de la pesca marina en Kerala, están señalando a la atención del Estado la utilidad e inevitabilidad de que los pescadores participen de manera más oficial en la ordenación de los recursos. Sin embargo, ni el Gobierno ni los sindicatos mismos quieren que se entregue a los pescadores la responsabilidad total de la ordenación.
La costa de Kerala se caracteriza por zonas pesqueras claramente identificables. Dentro de cada zona existe bastante homogeneidad en cuanto a la geografía física, la distribución de los recursos pesqueros, el diseño de las embarcaciones, las instalaciones de infraestructura y el acceso a los mercados. Este hecho constituye el principal fundamento para una mayor participación de la comunidad de pescadores en el desarrollo y la ordenación de los recursos pesqueros. La coordinación general debe estar necesariamente en manos del Estado. La acción futura deberá estar encaminada a lograr un justo equilibrio.
El archipiélago indonesio, compuesto por más de 13 000 islas, constituye una de las más importantes naciones pesqueras de la Región. Tiene una población de pescadores activos del orden de un millón de personas, que viven más dispersas que el resto de la población2. Al igual que el ejemplo del Estado de Kerala, la fase más reciente de desarrollo pesquero planificado en el marco de los REPLEITA (planes quinquenales) ha correspondido con bastante exactitud a la descripción general de este proceso que dimos en la Parte I.
1 Esta sección se basa en gran medida en la labor de Conner Bailey; véase Bailey (1984 y 1987)
La expansión durante los años sesenta y setenta de la pesca al arrastre de camarón con fines comerciales - sobre todo de exportación - contribuyó considerablemente a una sobreexplotación localizada de los recursos costeros de especies demersales. Los pequeños pescadores artesanales estaban en desventaja para competir con los arrastreros. Estos fueron introducidos inicialmente por descendientes de chinos, lo que representó probablemente una razón más para que los pequeños pescadores nativos de Indonesia vieran con malos ojos su proliferación. La competencia provocó graves conflictos, con la muerte de muchos pescadores artesanales cuyas embarcaciones eran embestidas por arrastreros, y la destrucción por parte de los pescadores artesanales de numerosos arrastreros de madera. La costa meridional de Java fue la más afectada por esta guerra en el mar. El sentimiento de rechazo a los arrastreros era tan profundo, que ni siquiera los buques estatales de investigación que utilizaban redes de arrastre para la evaluación de poblaciones podían recibir suficiente protección de parte de las autoridades.
En respuesta a la creciente violencia, en los años setenta se promulgaron varios decretos ministeriales, en los que se proclamaban medidas para la ordenación sostenible de los recursos pesqueros y se ofrecía protección a los pescadores en pequeña escala. Las normas incluían restricciones del número de arrastreros y de la zona en la que podían operar. Pero aunque estos decretos se promulgaron, su aplicación resultó difícil de controlar. Esto se ha imputado a algunos importantes factores, a saber: (i) la insuficiencia de personal y equipo; (ii) la ausencia de responsabilidades claras en lo tocante a la aplicación; y (iii) la influencia política ejercida por los propietarios de los arrastreros.
No obstante los decretos, el número de arrastreros siguió aumentando constantemente. Los conflictos se volvieron más violentos y generalizados. En la información indirecta de que disponemos no hay ningún indicio de la presencia de alguna organización oficial de pescadores que encabezara esas agitaciones contra los arrastreros en los primeros años. Sin embargo, es poco probable que éstas hayan sido totalmente imprevistas y anárquicas. Es más probable que las solidarias agrupaciones de pescadores artesanales de las aldeas se hayan unido para una acción concertada. El Director de Pesca de Indonesia de ese período habla de “conflictos, como los choques físicos entre los armadores de arrastreros y los pescadores artesanales, (que fueron) seguidos de arrestos y demostraciones en varias aldeas” (Sardjono, 1980).
Al mismo tiempo, en el contexto político de Indonesia, es improbable que la agitación latente pudiera encauzarse en cualquier forma de protesta de masas organizada. A este respecto, merece la pena mencionar la existencia de la Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) - la asociación de los pescadores de toda Indonesia. La HNSI era una organización no gubernamental, pero no tenía la libertad de expresión y la autonomía de movilización de que gozaba la KSMTF en el Estado de Kerala, en la India. A través de sus funciones de organizar reuniones y ejercer presiones, sus programas de creación de conciencia y su participación en las cuestiones de la política y la investigación pesqueras, la HNSI actuó como amortiguador y vínculo entre los responsables de las políticas, los militares y los pescadores cada vez más inquietos de las aldeas costeras.
Cuando todos los otros intentos de satisfacer a los pescadores fracasaron, el Presidente promulgó en 1980 el ahora mundialmente conocido Decreto Presidencial 39 (DP 39), por medio del cual se prohibió toda la pesca al arrastre en las aguas de Java y Sumatra. Fue una decisión tomada al más alto nivel y respaldada por toda la autoridad del Gobierno. La prohibición total de la pesca al arrastre traía consigo muchas consecuencias de peso a corto plazo. Las más importantes eran la disminución de la producción pesquera y de los ingresos en divisas, y el desempleo de los miembros de las tripulaciones y de los trabajadores pesqueros que desempeñaban en tierra las actividades de elaboración y distribución. También significaba que el Gobierno tendría que hacer frente a la dura oposición de los poderosos grupos de armadores de arrastreros, que estaban dominados por una influyente comunidad minoritaria, además de perder a los colaboradores extranjeros que trabajaban en la industria de exportación de camarones.
Es realmente significativo que todos estos “costos” económicos y políticos a corto plazo del DP 39, que eran fácilmente determinables, se hayan considerado menos importantes que los “beneficios” a largo plazo, que eran más difíciles de discernir: las ganancias perdidas que la prohibición de los arrastreros devolvería a los millones de pequeños pescadores y la sostenibilidad de los recursos costeros.
En las economías marítimas en las que una fuerte presión demográfica se combina con una creciente carencia de tierras y escasas oportunidades en otros sectores basados en la tierra, las aguas costeras tienden a proporcionar un último recurso al que se puede acceder libremente. Representan una válvula de seguridad para la mano de obra excedentaria. En países muy poblados, como Indonesia, esas presiones pueden tener efectos “explosivos”, no sólo para el sector pesquero, sino para la economía en su conjunto.
La prohibición de los arrastreros proclamada por el DP 39 fue esencialmente un decreto en el que se reconoció este hecho fundamental. Se había determinado que las consideraciones globales de “equidad” inherentes a la prohibición eran equiparables a la “eficiencia” de la economía en su conjunto, vista en el contexto de las consideraciones socioeconómicas y políticas generales de Indonesia en esa época. El Director de Pesca, el General Sardjono, resume esta cuestión declarando que 'todo cambio brusco en las políticas o normas de cualquier gobierno puede, en efecto, trastornar algunos sistemas establecidos o ciertas inversiones, pero en comparación con el objetivo de alcanzar la paz y estabilidad social ofreciendo una mayor protección a las masas de pescadores artesanales pobres, estas desventajas parecen muy secundarias (Sardjono, 1980).
En ese sentido, el DP 39 es un reconocimiento del importante hecho de que “de la misma manera que el sector pesquero no puede resolver los problemas de la sociedad, tampoco es posible solucionar los problemas de la ordenación de la pesca sin hacer referencia a los progresos más amplios de la sociedad en su conjunto” (Bailey, 1987).
Filipinas se compone de más de 7 000 islas y su costa supera los 17 000 km. Entremedio del laberinto de islas hay numerosos grandes lagos y pequeños mares altamente productivos. La extensión total de sus aguas marinas y continentales es cinco veces mayor que su superficie terrestre.
La población de pescadores se cifra en casi un millón de personas, de las cuales más del 80 por ciento son operadores en pequeña escala - “pescadores municipales”, se les llama en Filipinas.
El modelo de desarrollo pesquero instaurado bajo el régimen de la Ley Marcial del Presidente Marcos favoreció la colaboración extranjera en la industria, en contraste con la política anterior de aumentar la producción pesquera para satisfacer las necesidades de consumo locales y de limitar la explotación de los recursos ícticos nacionales a los ciudadanos y empresas filipinas. Como consecuencia de ello se registró un incremento considerable de las inversiones en infraestructura - puertos pesqueros, instalaciones de elaboración, etc. - y aumentó la explotación de las aguas costeras y de media altura con tecnología de alto coeficiente de capital que estaba fuera del alcance de los pescadores locales. Esta inyección de capital en la industria al objeto de modernizarla fue en desmedro del empleo y de los medios de sustento de la población local.
Laguna de Bay
La experiencia en la Laguna de Bay, en Luzon, ofrece un ejemplo de cómo los programas de desarrollo que salen mal pueden ser un factor desencadenante de agitaciones entre los pequeños pescadores. Algunos incidentes esporádicos dieron origen a protestas organizadas, que a su vez presionaron al Gobierno para que adoptara medidas de ordenación, como ya hemos visto en los casos del Estado de Kerala y de Indonesia.
Con su superficie total de 90 000 ha, la Laguna ha constituido por siglos para los habitantes de sus orillas - una recia población de pescadores y sus familias - una fuente aparentemente ilimitada de sustento. En 1966 se creó una Dirección para el Desarrollo de la Laguna (DDL) al objeto de “fomentar el desarrollo en la zona de la laguna, conservar los recursos naturales y promover el bienestar socioeconómico de sus residentes”.
El período que siguió a la declaración de la ley marcial fue testigo, sin embargo, de una privatización sin precedentes del lago a través del establecimiento de viveros, fundamentalmente para la cría de chanos. A pesar de la intención de dar prioridad a las cooperativas de pescadores en la asignación de los viveros, fue evidente que varios alcaldes de pueblos de la zona, oficiales militares y funcionarios del Gobierno tomaron el control de muchas hectáreas de agua de la Laguna. Un buen número de estas tomas de posesión eran además ilegales y fueron realizadas sin la debida licencia de la DDL. En poco tiempo el lago se convirtió en un laberinto de viveros de todas las clases y tamaños, y se erigieron atalayas con guardias armados para proteger las aguas de los pescadores furtivos.
Privados de su sustento y del acceso a sus caladeros tradicionales, los pequeños pescadores de la Laguna decidieron defenderse. En 1979 formaron la Samanan ng mga Maliliit na Mangingisda as Cavite, Laguna at Rizal (Organización de Pequeños Pescadores de Cavite, Laguna y Rizal), llamada también CALARIZ.
Sus primeras acciones se limitaron a cartas dirigidas a la DDL, los militares y la Oficina del Presidente. Haciendo recurso a dos cartas de instrucción presidenciales promulgadas anteriormente, en las que se ordenaba la demolición de los viveros ilegales, los pescadores pedían la asistencia de los organismos estatales para que se aplicaran las directrices contenidas en dichas cartas de instrucción. En vista de que la DDL no estaba dispuesta a actuar en favor de los pescadores, la CALARIZ decidió actuar directamente. Sin embargo, la fuerza organizada de los pescadores de la Laguna no podía competir con las fuerzas que reunieron los propietarios de los viveros privados; varios de los activistas dirigentes de la CALARIZ perdieron la vida.
Esto creó naturalmente una situación de gran inestabilidad, que condujo al nombramiento de un nuevo Presidente de la DDL. En un esfuerzo por reducir las tensiones, el nuevo administrador tuvo que aplicar un plan de zonificación y ordenación de la Laguna, orientado a racionalizar y democratizar el uso de los recursos en ella contenidos. El plan se centró fundamentalmente en la eliminación de los viveros ilegales. Se demolieron 6 000 ha de criaderos ilegales.
Para lograr un aprovechamiento más racional y equitativo de los recursos y calmar una situación explosiva, la DDL se vio obligada a estudiar mecanismos de participación de las organizaciones de pescadores en el desarrollo y ordenación de la Laguna. Dos de ellos fueron la creación de empresas económicas con participación en los beneficios y la función menos formalizada de “salvaguardar” los recursos de la Laguna mediante una vigilancia organizada.
La CALARIZ ha recibido el apoyo de muchas ONG y sindicatos de trabajadores de otros sectores de la economía filipina, en sus esfuerzos por construir una organización poderosa.
Con el reciente aumento de la democracia en el país, las distintas organizaciones de pescadores de toda Filipinas se han unido en un único foro: el Panbansang Lakas Ng Kilusang Mamamalakaya Ng Pilipinas (Movimiento Nacional de Organizaciones de Pescadores de Filipinas), llamado también PAMALAKAYA-Pilipinas.
El PAMALAKAYA ha estado presionando para que se incluya una representación de los trabajadores pesqueros en el nuevo Congreso. Ha exhortado a la Presidenta Aquino a que introduzca reformas auténticas en el sector pesquero, que aseguren a las comunidades de pequeños pescadores un acceso preferencial a los caladeros municipales y de aguas continentales. Además pide que se revoquen los tratados y decretos del régimen anterior que, a su juicio, van en contra de sus intereses. Su demanda más importante es que se establezcan mecanismos que permitan una participación significativa de los pescadores en la formulación y aplicación de la política pesquera.
En los tres estudios monográficos se puede ver que, independientemente de las diferencias en los sistemas políticos y los grados variables de libertad de asociación y expresión, los pescadores han sido capaces de ejercer una presión organizada sobre sus gobiernos para introducir cambios en la administración del sector pesquero y la ordenación de la pesca.
En todos los casos, la introducción de tecnologías inapropiadas, controladas por personas que no eran pescadores, y la rápida comercialización de la pesca fueron las causas fundamentales de la marginación de los trabajadores pesqueros, que se vieron privados de sus derechos y de su sustento. Esta crisis los unió en una acción concertada. Pero mientras los costos de su lucha han sido hasta ahora muy elevados en términos económicos y humanos, aún no está claro cuáles otras medidas habrá que adoptar para que esa lucha dé todos los frutos deseados.
En los casos concretos de los estudios examinados, así como en los países en desarrollo de la Región en su conjunto, parece haber un dilema a este respecto.
Por una parte, se está reconociendo cada vez más el hecho de que, debido a la dispersión de los recursos pesqueros y (por lo tanto) de las comunidades de pescadores, los intentos de adoptar medidas centralizadas para el desarrollo y, más en particular, la ordenación de la pesca, son a menudo inapropiados y difíciles de llevar a la práctica. En estas circunstancias, algunas formas de participación de la comunidad local en la ordenación de los recursos parecen deseables y, hasta cierto punto, inevitables. Por otra parte, se discute sobre la conveniencia de conceder a los pescadores el derecho fundamental a explotar un recurso que los gobiernos consideran de propiedad nacional.
Al hacer valer sus derechos, las organizaciones de pescadores artesanales han conseguido algunos beneficios iniciales - particularmente en forma de decretos que establecen zonas exclusivas para ellos, prohiben determinadas technologías destructivas, etc. Aún tienen un largo camino por delante para asegurar que el control efectivo de la ordenación de los recursos en los niveles inferiores e intermedios sea una realidad. Habrá que adoptar medidas enérgicas para consolidar los logros.
Recientemente se han “redescubierto” algunas prácticas consuetudinarias de tenencia del mar y derechos de uso en la pesca, que antes se aplicaban en varias comunidades de pescadores en pequeña escala de la Región. De ellas se pueden extraer algunos indicadores útiles para dar una forma concreta a los ideales de participación de las comunidades en la ordenación de los recursos. Este “paso atrás para dar dos pasos adelante” no será de ninguna manera tan fácil como a menudo se presenta. La triste realidad es que en los dos o tres últimos decenios se ha registrado un empeoramiento de los niveles de vida de la mayoría de los pescadores artesanales. Esto ha obligado a muchos a concentrarse en sus intereses propios y a privilegiar una forma neoclásica de racionalidad económica, como forma de sobrevivir (Bailey, 1987). Las principales víctimas de este proceso han sido muchos de los conocimientos y las técnicas de pesca profundamente ecológicas de los indígenas, lo cual, a su vez, ha provocado una rápida desintegración de las estructuras comunitarias y de los mecanismos tradicionales de ordenación de los recursos.
Un importante requisito para el restablecimiento de estas prácticas consuetudinarias es que se efectúe una reforma “marina” en la que los derechos de acceso al equipo de pesca se asignen exclusivamente a los pescadores activos1. Una medida de este tipo reduciría enormemente el exceso de inversión en el mar que existe en la actualidad, lo que contribuiría de manera significativa a la sostenibilidad de los recursos. Más importante aún es que ayudaría mucho a reducir las distancias sociales entre los pescadores, convirtiéndolos en una clase de trabajadores-propietarios más igualitaria. Solo una comunidad integrada por personas que estén en igualdad de condiciones podrá mantener su cohesión, especialmente después de que ha desaparecido del escenario la “amenaza de los arrastreros” y los “explotadores capitalistas”. Esta cohesión, basada en la igualdad socioeconómica y no en el mero interés por combatir un enemigo común, es una condición indispensable si se quiere restablecer el bienestar, la ordenación, los sistemas de tenencia y la riqueza cultural de las comunidades. La lucha por esta causa será tan absorbente como las “guerras en el mar”, pero mucho más estimulante.
Hay una segunda esfera de acción en la que el nuevo género de organizaciones de pescadores debería intervenir. Habría que iniciar un movimiento contra aquellos intermediarios cuyo control de la producción de los pescadores puede traducirse en una disipación total de los beneficios derivados del control de los recursos. En esta esfera, los pescadores en pequeña escala pueden sacar muchas enseñanzas de las luchas históricas de sus contrapartes de muchos de los países actualmente industrializados.
Hay además un tercer aspecto que requiere atención. Las organizaciones de pescadores de la Región deberán resistir a una tentación inherente también a otros sectores de la economía de sus países: el aumento progresivo de la escala de tecnología. Esta es una tendencia que es preciso frenar sobre todo en las actividades de captura. Las operaciones en pequeña escala no sólo son convenientes desde los puntos de vista económico y social en el contexto de los sectores pesqueros con exceso de mano de obra, sino que además son eminentemente apropiadas desde una perspectiva ecológica, dadas las características inalterables de las aguas tropicales de la Región. La tecnología en pequeña escala estará financiariamente al alcance de un mayor número de pescadores, contribuyendo así a aumentar la equidad. Las operaciones en pequeña escala of recen mayores posibilidades de utilizar equipo de diferentes diseños; aseguran una organización territorial descentralizada de la actividad económica; brindan la posibilidad de un aprovechamiento múltiple de la energía, lo que contribuye a reducir los costos de funcionamiento; y, además, se prestan a la utilización de los adelantos más recientes en la tecnología científica miniaturizada.
Para que esta nueva clase de organizaciones de pescadores, surgida de las necesidades auténticas de sus miembros, pudiera desempeñar funciones más formalizadas en la ordenación de la pesca, se requeriría una mayor empatía y más apoyo de muchos sectores. Quisiéramos explicar con más detalle el papel de cinco de ellos: los gobiernos nacionales, las instituciones pesqueras nacionales, los consumidores de pescado, las asociaciones de voluntarios y las organizaciones internacionales.
2.1 Gobiernos nacionales
La decisión de delegar tareas oficiales de ordenación de los recursos en las organizaciones de pescadores incumbe, en última instancia, a los gobiernos nacionales. Actualmente no hay ejemplos destacados de este tipo de delegación de funciones. Un examen del panorama revela, sin embargo, que el hecho de que algunos países tomen decisiones audaces es sólo cuestión de tiempo. Sobre la base de las experiencias concretas de introducción de medidas de reglamentación, es difícil predecir cuáles países de la Región darán este paso; ni la posición en el espectro ideológico ni el alcance de la democracia proporcionan elementos suficientes para hacer un pronóstico de este tipo. Sea como sea, es razonable concluir que esta decisión sólo se adoptará si sus consecuencias socioeconómicas y políticas más generales se consideran favorables.
En este contexto, las organizaciones de pescadores que han encabezado los movimientos en pro de la reglamentación y ordenación de los recursos tienen que demostrar concretamente a los gobiernos su competencia para establecer formas alternativas de ordenación orientada hacia la comunidad. Los gobiernos nacionales, por su parte, tendrán que estar dispuestos a ofrecerles una oportunidad para esa demostración. Un buen punto de partida consistiría en lanzar proyectos piloto de ordenación de la pesca en zonas en las que los recursos hayan disminuido y se hayan registrado conflictos. Las organizaciones de pescadores tendrían que participar en la planificación, la ejecución y el seguimiento junto con los organismos estatales. Esta podría ser una forma de iniciar una evaluación mutua de las competencias, con miras a ir eliminando los recelos injustificados.
Los gobiernos deberían examinar también la viabilidad de adoptar medidas de reforma “marina” del tipo sugerido más arriba, con un programa de entrega de “los equipos de pesca a los pescadores”. Puesto que esto afectará a la distribución de la riqueza en el sector pesquero, habrá que contar inevitablemente con una fuerte resistencia de parte de un grupo de propietarios de equipo de pesca que entraron en el escenario en los “decenios de desarrollo pesquero”. Para que la reforma pueda ser una realidad se requerirá la adopción de decisiones políticas al más alto nivel. La reforma contribuiría mucho a reforzar la posición de los pequeños pescadores activos, aumentando su participación y responsabilidad en la ordenación de la pesca.
2.2 Instituciones pesqueras nacionales
Las instituciones pesqueras de los países de la Región que trabajan en la investigación, tecnología y capacitación se han embebido involuntariamente de un prejuicio contra los pescadores artesanales. En sus ansias por “modernizar”, consideraron a este sector “poco científico, primitivo y reacio a los cambios”. Así pues, se creó una nueva superestructura basada en los paradigmas y prioridades de investigación de los estados marítimos desarrollados. En los últimos decenios, el resultado de esto ha sido que la comunidad científica se ha apartado de las necesidades y prioridades de los pescadores en pequeña escala, lo cual ha hecho surgir hostilidades entre ambos grupos. Esto se ha podido observar en muchos países de la Región después de la aparición de las nuevas organizaciones de pescadores.
Es imprescindible eliminar esta hostilidad y fomentar en su lugar el respeto mutuo y la disponibilidad a aprender unos de otros. El primer paso en este sentido le incumbe a los científicos, que tienen que reorientar sus instituciones de manera que sea posible desarrollar conjuntamente ambos sistemas de conocimientos - el de los pescadores artesanales y el de los científicos del sector pesquero1. Esta es la necesidad más imperiosa de la hora actual. La concepción de tecnologías y estrategias de ordenación apropiadas dependerá de manera decisiva de la intensidad de esta colaboración.
2.3 Consumidores de pescado
La experiencia registrada en la mayoría de los países en desarrollo de la región ha sido que el desarrollo pesquero ha dado lugar a una disminución del pescado para el consumo local y a un aumento de los precios. Si no hubiera sido por los pescadores artesanales, que siguieron capturando las especies que finalmente llegaban a los mercados locales, esta situación podría haber sido aún peor. En la estructura de las operaciones de pesca en pequeña escala está implícita - por sus menores costos de producción y por el volumen menor, la mayor variedad y la dispersión de los desembarques - una tendencia a que la mayor parte de la captura sea absorbida por unos canales de distribución amplios y de gran densidad de mano de obra, por los que llegan finalmente como alimentos a los consumidores locales. En el contexto específico de los países en desarrollo de la Región, la orientación hacia “el pescado como alimento para las masas” está, pues, inextricablemente ligada a la continuación de una pesquería artesanal dinámica. Esto, a su vez, está asociado de manera crucial con la sostenibilidad de los recursos pesqueros de bajura.
Hay buenos motivos para que las asociaciones de consumidores de la Región examinen esta proposición. Su interés por que disminuyan los precios del pescado y aumente la disponibilidad para el consumo humano puede vincularse con un programa de apoyo a los recursos costeros que explotan los pequeños pescadores. Las organizaciones de pescadores de la Región deberían crear este tipo de alianzas con las asociaciones de consumidores a fin de promover su causa.
1 Para una explicación más detallada de este concepto, véase Kurien (1987)
2.4 Asociaciones de voluntarios
Una de las características de las nuevas organizaciones de pescadores que han surgido en la Región es el fuerte lazo que han establecido con asociaciones de voluntarios. En algunos países hay grupos de voluntarios que han mantenido una relación prolongada y exclusiva con los pescadores artesanales, y que han desempeñado una función de promotores y animadores de las organizaciones de trabajadores pesqueros. Han ayudado a señalar a la atención del público y de los responsables de las políticas la difícil situación de los trabajadores pesqueros y han contribuido de manera significativa a la causa de facultar a los pequeños pescadores para que defiendan sus derechos. La Colectividad internacional de apoyo a los trabajadores pesqueros (ICSF) creada recientemente constituye un foro para que estos grupos e individuos voluntarios de todo el mundo trabajen en colaboración. La iniciativa primera para la formación de la ICSF nació de los grupos de voluntarios de la Región. Los gobiernos nacionales han emprendido varios proyectos de desarrollo nuevos y aprobado muchas leyes y normas que, en teoría, establecen una base muy sólida para el desarrollo y la ordenación pesqueros. Es preciso seguir de cerca su aplicación y evaluar sus repercusiones en los trabajadores del sector de la pesca y en los recursos pesqueros. La ICSF y las asociaciones nacionales o regionales de voluntarios pueden llevar a cabo esta tarea y facilitar a las organizaciones de pescadores los resultados de las experiencias conjuntas de varios países. Esta información puede sugerirles importantes puntos de negociación con los gobiernos; además fomentará una mayor solidaridad entre las organizaciones de pescadores de la Región.
2.5 Organizaciones internacionales
Las ideas se traducen más rápidamente en acción cuando reciben el respaldo de los círculos internacionales. En los últimos años, organizaciones como la FAO, el ICLARM y la Unesco han hecho hincapié en las ventajas de que los pescadores participen en los programas de ordenación de la pesca. Esta línea de pensamiento, sostenida en las conferencias internacionales y en documentos de trabajo, debería llevarse adelante con mayor vigor. Esto aceleraría el “goteo” hasta el plano nacional, con el apoyo de los responsables de las políticas más progresistas y de los científicos interesados.
Los organismos como la FAO, al responder a las peticiones de los gobiernos nacionales de asistencia en sus planes de ordenación pesquera, deberían subrayar la importancia de que se formalice la participación de los pescadores en las fases de planificación, ejecución y seguimiento.
Los foros internacionales - de los encargados de las políticas y de los trabajadores pesqueros - hacen hincapié en la importancia y conveniencia de que se brinde a las organizaciones de trabajadores pesqueros de los países en desarrollo la posibilidad de participar efectivamente en la administración del sector pesquero. Como hemos visto en nuestro breve estudio, la realización concreta de este objetivo aún no ha tenido lugar.
La historia y la situación específica - socioeconómica, política y pesquera - de la Región apuntan a la necesidad de una visión diferente del contexto general en el que se sitúa este problema. El hecho de utilizar únicamente mecanismos de mercado para dar soluciones “eficientes” a la cuestión del acceso y control de los recursos del mar puede resultar suicida desde los puntos de vista sociopolítico y ecológico. Los gobiernos de la Región son muy conscientes de ello. Tampoco es factible un proceso de asignación planificado desde el centro y basado en principios de estricta “equidad”, dada la total diversidad de los recursos y la vasta dispersión de la población activa de trabajadores pesqueros. En la zona interfacial se halla la función de las organizaciones de trabajadores pesqueros.
Lo que la Región necesita ahora es encontrar una combinación adecuada entre las soluciones posibles y deseables. Para ello se requiere mucha reflexión y una acción concertada de parte de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores pesqueros y sus promotores. Lo que está en juego es el futuro de los trabajadores pesqueros y de los peces.
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