La participación campesina fue uno de los temas centrales de la estrategia de desarrollo trazada por la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR) celebrada en Roma en 1979. La Declaración de Principios y Programa de Acción (Carta del Campesino), aprobada en el evento, subrayó la importancia de emprender proyectos en que la participación de la población juegue un papel estratégico significativo en los esfuerzos de desarrollo rural, recomendando descentralizar el proceso de adopción de decisiones. La CMRADR indicó la relación entre participación, redistribución del poder económico y político en favor de los campesinos y sectores marginados y erradicación de la pobreza rural (44).
A pesar de que el crecimiento con equidad, la participación popular y la sostenibilidad son postulados que están presentes en Latinoamérica, el análisis empírico arroja un resultado desalentador. Ningún país de la Región logró el crecimiento económico con niveles aceptables de equidad social. La crisis de los años 80 y los programas de ajuste estructural provocaron el estancamiento económico y la pobreza, especialmente en el sector rural.
Conforme a los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la magnitud de la pobreza en los hogares rurales en 1990 llegó al 53% y dentro de ese porcentaje un 30% correspondió a indigentes, es decir a aquellos cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de alimentos (4 y 5).
La pequeña agricultura, que ocupa un 20% del total de las tierras incorporadas al agro en América Latina, contribuyendo con sus propias semillas y tecnologías y trabajando en las peores tierras, produce una parte importante de los alimentos que se consumen en la Región. A mediados de la década de los años 70, el 41% de la producción agrícola destinada al consumo interno estaba realizada por los pequeños agricultores que producían, además, un 32% de los bienes agrícolas exportables (28). Esto ocurre claramente en los ecosistemas frágiles de la Región, hacia donde han quedado relegados los pobres, particularmente mujeres (minifundistas, campesinos marginales, trabajadores agrícolas sin tierra, trabajadores de las plantaciones, pequeños pescadores) en su lucha por la subsistencia.
La pobreza generalizada en el sector, es muchas veces causa pero también consecuencia del agotamiento de los recursos naturales y de la desnutrición. El Plan de Acción para la Nutrición, aprobado por la Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en Roma en 1992, señala la necesidad de emplear medidas sostenibles para asegurar el suministro de alimentos suficientes e inocuos sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (26).
La FAO ha definido la sostenibilidad como “la ordenación y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo viable (en los sectores agrícola, forestal y pesquero) conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable” (26).
En la mayor parte de los países de la Región la base de los recursos naturales está gravemente afectada, se extiende la frontera agrícola en detrimento de los bosques, se avanza hacia tierras marginales y ambientes frágiles y se destruye la biodiversidad en animales y plantas.
Los intentos de controlar los procesos de deforestación, desertificación, erosión de los suelos, manipulación genética animal y vegetal, etc. sólo darán resultado cuando los usuarios de los recursos estén debidamente informados y capacitados tomando conciencia del problema y asumiendo ellos mismos la responsabilidad que les compete. El problema es cómo organizar a quienes son usuarios en mayor cantidad de los recursos naturales, limitados y en deterioro.
La participación de los campesinos es un factor vital para el éxito de la conservación y rehabilitación ambiental, porque ellos poseen habilidades, conocimientos técnicos y capacidad organizativa para manejar los recursos naturales lo que les ha permitido vivir durante milenios. El apoyo a la preservación de los valores indígenas que promueven la diversidad biológica es fundamental (27).
Pero las formas económicas ancestrales y variadas de autogestión de los campesinos vienen sufriendo procesos de desintegración por falta de planificación y de servicios. La participación escasa de los actores de base (pequeños productores, trabajadores rurales y otros grupos postergados del agro) en lo relacionado con sus actividades y servicios, ha sido un factor limitante para el logro de una agricultura y desarrollo rural sostenibles (ADRS).
En la mayoría de los países latinoamericanos la planificación de las actividades en el sector público agropecuario es notablemente vertical y centralizada, con sistemas de gobiernos locales que entregan los servicios conforme a estrategias de desarrollo de “arriba hacia abajo”, con escasa participación de la población local y en especial de los más pobres. En ese contexto surge la necesidad de reformular las actuaciones de los gobiernos mediante políticas de descentralización agraria, y en régimen de participación, esenciales para determinar las necesidades de la población y garantizar una mayor asignación de los recursos productivos en forma sostenible.
La descentralización de la toma de decisiones y financiamiento al gobierno local, el establecimiento de mecanismos para crear una red entre Gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG's) y organizaciones de la población rural y la creación y apoyo a organizaciones “guardianes” para el seguimiento de las actividades de ADRS, estimulan las iniciativas y la participación a nivel local.
Las consultas gubernamentales regionales de seguimiento de la CMRADR, reiteran el papel importante que juegan las organizaciones campesinas de base y las ONG's en la solución de los graves problemas de pobreza en la Región y la necesidad de aplicar metodologías participatorias que tomen en consideración las necesidades de hombres y mujeres rurales para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo.
El Comité de Agricultura (COAG) y el Consejo de la FAO, a pedido de los gobiernos miembros y del grupo de ONG's internacionales con sede en Roma, examinaron en 1989 el problema de la participación popular y sus implicancias para las actividades de desarrollo rural de la FAO y sugirieron la elaboración de un plan de acción.
Desde la adopción en forma unánime del Plan de Acción sobre Participación Popular en el Desarrollo Rural en 1991 por la Conferencia de la FAO, se destaca la necesidad de intensificar la cooperación entre los gobiernos, la FAO y las ONG's para fomentar organizaciones de base voluntarias, autónomas y democráticas de la población rural (33) asistiendo a tal fin, en la elaboración y aplicación de métodos y mecanismos prácticos de planificación agraria descentralizada.
El Plan destaca la importancia de la participación como instrumento básico para alcanzar el desarrollo sostenible y establece que la participación a través de organizaciones se realiza a nivel local mediante ONG's de desarrollo que ayudan al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población rural, especialmente pobre (15).
Como lo señalan la FAO y otras agencias, incluyendo muchas ONG's, los problemas de sostenibilidad deben resolverse con la actividad central y regional así como con los esfuerzos locales, mediante las percepciones conjuntas de los agricultores en lo ecológico, económico, social y cultural. El COAG en 1993, expresó que la experiencia de la FAO enseña que la mejor manera de asegurar la participación plena de la población rural pobre es hacerla intervenir mediante estructuras sociales que estén bajo su propio control, que defiendan sus intereses y que permitan que dicha población lleve a la práctica todas sus posibilidades (14).
La participación campesina es un componente importante del Marco de Programas Cooperativos Internacionales para una Agricultura y un Desarrollo Rural Sostenibles (MPCI/ADRS), aprobado por la Conferencia de la FAO en 1991. Este marco se basa en la Declaración y Plan de Acción de Den Bosch, de 1991, que se refiere a la necesidad de acelerar el desarrollo de organizaciones rurales, la participación de las comunidades locales en el proceso de la ADRS con actividades complementadas con la prestación de servicios por ONG's y gobiernos (27).
El Programa 21 (Plan General de Acción no vinculante firmado por más de 180 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio de Janeiro en 1992) contiene 115 áreas de programas para promover el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Varios capítulos del documento tratan sobre la participación de los grupos desfavorecidos de la población rural (pequeños agricultores, mujeres, indígenas, trabajadores rurales, etc.) y de la necesidad de fortalecer su participación y la de las ONG's para el fomento de la ADRS (52).
El presente documento, elaborado en el contexto del Plan de Acción sobre Participación Popular en el desarrollo Rural, estudia el problema de la participación campesina en América Latina y su importancia para el logro de una agricultura sostenible. Es producto del análisis de experiencias de la FAO en el trabajo con organizaciones o grupos de auto ayuda a los campesinos pobres y marginados. Trata sobre la acción de las organizaciones campesinas de base y de las ONG's dedicadas al desarrolo rural en la Región, sus posibilidades y obstáculos para emprender el diálogo con los gobiernos y las agencias internacionales.
El estudio, basado en datos obtenidos de publicaciones, documentos e informes que se incluyen en la bibliografía, se dirige al personal técnico de la FAO, funcionarios de Gobiernos, personal de ONG's, agentes multilaterales de desarrollo y otros organismos o personas que trabajan en temas de desarrollo rural en los aspectos relacionados con organizaciones populares, cooperativas y otras organizaciones de autoayuda al pobre rural. Se espera que apoye el intercambio de experiencias y contribuya a identificar mecanismos de desarrollo rural participatorio para el desarrollo sostenible en la región.
