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Estrategias de promoción y apoyo


Foto 30. Política de promoción de los setos (Calliandra calothyrsus) en la isla de la Reunión. (© Cirad)

Es indiscutible que una etapa importante para fomentar los árboles fuera del bosque es la consecución de un acuerdo bastante amplio en cuanto a su definición y el reconocimiento de su contribución social, económica y ecológica. Una vez sobrepasada esta fase, hay que fomentar la formulación de políticas que integren los objetivos internacionales en materia de medio ambiente, concebir estrategias más articuladas con los procesos actuales de descentralización del poder de decisión y elaborar unas medidas en armonía con los intereses de los usuarios y las exigencias económicas.

Grandes iniciativas y convenios internacionales

A partir de los años 70, la comunidad internacional, consciente del proceso de degradación de los espacios arbóreos en las zonas intertropicales, ha buscado soluciones para frenar este proceso y establecer unos instrumentos al servicio de los árboles. La CNUMAD, en junio de 1992 en Río de Janeiro, trató de los bosques y estableció un amplio plan global, en el capítulo 11 sobre la lucha contra la deforestación, y formuló una "declaración de principios, no vinculante jurídicamente". Después han aparecido numerosas iniciativas internacionales, como el Grupo intergubernamental especial sobre los bosques (GIF), el Foro de las Naciones Unidas sobre los bosques (FNUF) y numerosos procesos reguladores de la definición de criterios e indicadores para la gestión sostenible de los bosques. Los Convenios que emanan del proceso de Río, como el Convenio-marco sobre el cambio climático (CCNUCC), el Convenio sobre la diversidad biológica (CDB) y el Convenio de las Naciones Unidas contra la desertificación (UNCCD), han traído consigo acuerdos que afectan también a la gestión de los bosques y la utilización del árbol.

Varios mecanismos se han puesto en marcha con el fin de ayudar a los países en desarrollo, signatarios de estos convenios y otros acuerdos, a cumplir sus compromisos. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático trata explícitamente de la silvicultura, estimulando a las partes interesadas a aplicar y elaborar políticas y medidas para promover métodos sostenibles de gestión forestal, forestación y reforestación. Los foros y las publicaciones relativas a la eco-certificación de los productos forestales, los criterios e indicadores y muchos otros temas, han hecho que numerosos países se hayan comprometido a partir de ahora en una gestión razonable de los bosques y los espacios forestales. Algunos países han optado ya por establecer como reserva integral superficies muy grandes, como China y Brasil: 25 millones de hectáreas en cada país (FAO, 1999a).

Conviene, no obstante, señalar que raramente se hace mención de los árboles fuera del bosque en todas estas iniciativas. Las organizaciones ambientales, las esferas dirigentes, e incluso las opiniones públicas, están cada vez más sensibilizadas con la relación bosque-árbol-medio ambiente. La gestión a favor de los bosques y las plantaciones, junto con la agrosilvicultura, pone indirectamente de manifiesto a los árboles fuera del bosque. Estos últimos, después de la reunión de expertos de junio de 1996 para la evaluación de los recursos forestales (Kotka III), han aparecido en la escena mundial (Nyyssönen y Athi, 1996), y ya son tenidos en cuenta en la evaluación de los recursos forestales, aunque todavía no está previsto inventariarlos sistemáticamente.

Gestiones innovadoras y legislación renovada

Para considerar las estrategias de apoyo y promoción de los árboles fuera del bosque, se debe pensar en la articulación de las razones de los diferentes interlocutores. Por un lado, se encuentran las instituciones, que elaboran políticas a favor de los árboles fuera del bosque y conciben estrategias basadas en la devolución de las competencias y el recurso a iniciativas de carácter participativo. Por otro lado, se sitúan los primeros usuarios y gestores, que tienen sus propias razones técnicas y socioeconómicas, con vistas a la seguridad alimentaria, la adquisición de rentas y la permanencia de los recursos. Estos dos grandes grupos de agentes pueden chocar en el momento en que se planteen cuestiones de uso y control en el centro del debate. Las situaciones conflictivas se pueden evitar promoviendo unas negociaciones para una gestión sostenible de los recursos.

Descentralización, negociación y planificación

El crecimiento demográfico y el empobrecimiento que le acompaña con demasiada frecuencia se traducen en una competencia cada vez mayor por la utilización y el control de los recursos arbóreos. El aprovechamiento de la tierra y de los árboles y las dinámicas económicas resultantes generan fenómenos de apropiación que son origen de graves conflictos, y esto en un contexto en el que están fuertemente correlacionadas la sobreexplotación de los recursos y la pobreza.

El concepto de desarrollo sostenible, que sitúa al hombre en el centro de la gestión de los recursos, especialmente arbóreos y arbustivos, adquiere entonces todo su sentido; pone en el orden del día la descentralización y la transferencia de la gestión de los recursos del Estado a las comunidades locales, provistas de una responsabilización de los usuarios. Ésta se basa en el reconocimiento de la dependencia de las poblaciones respecto a los recursos y en su interés por gestionarlos lo mejor posible en sus prioridades... La devolución de los poderes lleva consigo que los usuarios tengan más ocasiones de obtener beneficio de los recursos arbóreos, y que las autoridades estén más atentas a las necesidades de las colectividades a escala local. Unos y otras tendrán también como objetivo una perspectiva común de establecimiento de sistemas de gestión sostenible.

Las divergencias de opiniones y prácticas relativas a los derechos de acceso, los objetivos y los sistemas de gestión y el acceso a la información y a los recursos, pueden ser el origen de posibles conflictos (FAO, 2000b). Por ejemplo, en Vanuatu, el hecho de bloquear tierras para usarlas en una plantación con fin comercial no entra en la lógica de la gestión tradicional de las tierras, lo que puede generar conflictos sociales (Walter, 1996). Asimismo, el acceso a los recursos choca muy frecuentemente con las lógicas comerciales. El ejemplo de las relaciones campesinos-leñadores-forestales es elocuente en este campo (Recuadro 32). Igualmente, en la República Dominicana, después de un largo período de deforestación y de conflictos, una serie de intervenciones, llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales (ONG) durante los años 80 y 90, ha suscitado un nuevo interés por el cultivo de los árboles. Se ha propuesto a los agricultores un amplio abanico de especies y una vasta gama de técnicas, habiendo resultado rentables las plantaciones de árboles fuera del bosque y los micro-repoblaciones.

La resolución de los conflictos pasa por la negociación del cambio y la consecución de un consenso, donde se deben tener en cuenta los intereses de los que sufren más dramáticamente las condiciones de marginación económica, especialmente las mujeres. En efecto, la promoción de medios de existencia sostenibles supone que los recursos sean accesibles tanto a los hombres como a las mujeres y otros grupos marginados. Esto implica comprender la especificidad y complementariedad de los papeles de unos y otros en la gestión de los árboles. Y esto supone, por otra parte, sacar a la luz sus limitaciones y sus posibilidades de uso y control, respetando siempre los mecanismos de regulación social (Recuadro 33) y optando por acciones pertinentes que favorezcan la mejora del nivel social y económico de las personas marginadas.

Recuadro 32 .

Relaciones campesinos, leñadores, forestales

Los conflictos de uso y apropiación de los recursos y su agravación son el centro de la problemática de la gestión sostenible de los recursos arbóreos. La mayoría de las veces están condicionados por una dinámica económica. Desde hace una decena de años, en el Sahel, especialmente en Níger, se han puesto en marcha proyectos para gestionar los mercados de leña, con el objeto de aumentar el control de las cadenas de producción por parte de las poblaciones campesinas, para que éstas puedan, mediante un apoyo institucional, sacar provecho de una explotación racional y sostenible de la madera (Montagne, 1997). Las gestiones preconizadas tienen en cuenta la revalorización del árbol en pie que depende, además de la estructuración del mercado de los combustibles, de la relación de fuerza entre los comerciantes urbanos (explotación minera) y las comunidades aldeanas todavía poco capaces de controlar sus propios recursos. Dichas gestiones promueven la flexibilidad y reforma de las legislaciones nacionales para permitir una gestión concertada entre los diversos agentes de las cadenas de aprovisionamiento de combustibles leñosos.

Los enfoques deben dirigirse a la ampliación del acceso a los recursos y de la capacidad de gestión y control, con el fin de que las repercusiones de las acciones sean paritarias. Se sabe, por ejemplo, que gracias a las actividades en los campos comunitarios, las mujeres son capaces de obtener más ingresos de su trabajo. Esto se ha demostrado en Bangladesh, entre otros países, donde ellas son las principales agentes del éxito del programa de plantaciones de aldeas (Hocking e Islam, 1996). Además, los proyectos orientados hacia los árboles fuera del bosque, ya sea a través de la agrosilvicultura o de la forestación comunitaria, tendrán tanto más éxito cuanto más interés se conceda a los modos de comunicación (informal, en lengua local, a través de personalidades legítimas y con soportes adecuados) y a los mecanismos existentes en el seno de las comunidades. De esta forma, las mujeres acceden más fácilmente a la tierra, a las ayudas técnicas y al crédito a través de organizaciones colectivas, reconocidas socialmente, como las agrupaciones. Éstas confieren más poder a las mujeres y abren el camino a una participación negociada, tanto a nivel familiar como a nivel de las instancias políticas locales y nacionales.

Recuadro 33 .

Riesgos de conflictos por desconocimiento de los usos y costumbres

En el norte de Camerún, en las poblaciones Mafa de los montes Mandara, los árboles son escasos y a las mujeres les cuesta mucho trabajo recolectar los frutos, las hojas e incluso la leña para sus hogares. Aunque ninguna prohibición se opone a que las mujeres planten árboles, pueden aparecer en cambio ciertos tabúes a posteriori. Éste ha sido el caso como consecuencia de la intervención de una ONG dirigida a las mujeres para ampliar sus actividades de producción. Se ha desarrollado una acción agroforestal, que se apoyaba en el establecimiento de viveros y de plantaciones de árboles. Aunque los hombres han dejado trabajar a las mujeres, autorizando la plantación de árboles frutales con carácter efímero (dos o tres años), como las papayas, las mujeres que han trabajado en el proyecto han tenido que sufrir muchas molestias. Algunas acusaciones de brujería han sembrado la discordia. El proyecto ha revelado la gravedad del hecho de plantar un árbol y ha puesto de manifiesto elementos susceptibles de otorgar a la mujeres cierta libertad y generar cambios en las relaciones sociales (Abega, 1997).

Por otra parte, las instituciones no poseen siempre la capacidad necesaria para anticiparse a los conflictos o resolverlos, o no pueden remediar las dificultades financieras creadas por la necesidad de personal y equipo. Además, la superposición de dominios de competencia y actividades de las diferentes instituciones puede limitar su capacidad de conciliación de las diversas partes interesadas. Paralelamente, hay que tener siempre presente que las degradaciones ecológicas pueden estar directamente relacionadas con situaciones políticas (crisis, guerra, etc.) o incertidumbres gubernamentales. Numerosos observadores en Asia están de acuerdo en reconocer que la degradación de las formaciones forestales no procede de un proceso gradual de extracción de los recursos, sino de perturbaciones momentáneas de las estructuras políticas e institucionales responsables de su gestión (Dove, 1995). Algunos países con economías en transición, como en Europa central y oriental, demuestran que una mala gestión de los recursos naturales no es consecuencia directa de la pobreza, sino que depende más de un problema institucional (Mearns, 1996). En Europa, y especialmente en Francia, existen igualmente, con un grado de entropía menor, situaciones confusas que competen a la reglamentación de la propiedad, que engendran conflictos de apropiación, de acceso a los recursos y de desmontes incontrolados (Gadant, 1991).

Coherencia de la legislación

La mayoría de los países sufren un pluralismo jurídico y existen conflictos entre los diversos instrumentos legislativos, lo que contribuye a una falta de cohesión y coordinación entre los textos legislativos. Se trata pues de producir una legislación no sectorial ni contradictoria, que tenga en cuenta los derechos sobre la tierra, los árboles y los productos.

Si tomamos el caso de Francia, podemos observar que el camino a recorrer es largo y está sembrado de dificultades. Francia ha optado por una ley de descentralización en 1983, que da a las personas elegidas localmente la posibilidad de gestionar su territorio y suscitar la puesta en marcha de nuevas políticas. La ley del agua (1992), la ley del paisaje (1993), la ley relativa al urbanismo (1994) y las leyes de modernización de la agricultura y de protección del medio ambiente (1995) reflejan la voluntad de intervención de los poderes públicos para conseguir que se tengan mejor en cuenta los medios naturales y los paisajes en la ordenación del territorio (APCA, 1996). Estas leyes constituyen diversas etapas de la evolución de los textos relativos a la gestión de la propiedad del territorio rural, y permiten el paso de la noción de ordenación agrícola a la de la ordenación del territorio rural. En Francia, la noción de los árboles fuera del bosque se ha tenido en cuenta parcialmente, sobre todo para su preservación, pues ciertos agrosistemas (huertos empradizados) forman parte del patrimonio nacional (Belouard y Coulon, 2000).

De modo general, ya sea en los países en desarrollo o no, los textos legislativos y reglamentarios se encuentran dispersos en diferentes códigos. Hay que preconizar la necesidad de coherencia de la política y la legislación para la gestión de los espacios arbóreos y de los árboles a escala regional, nacional y local. Esta falta de coherencia y la ausencia de homogeneidad pueden constituir un factor de bloqueo. A veces se trata de una simple adaptación de los textos existentes al respeto de las particularidades locales. Por otra parte, será útil legalizar experiencias locales de gestión. En todos los casos es indispensable la creación de grupos de reflexión, contratos, objetivos plurianuales e indicadores de seguimiento para establecer una legislación nueva que regule las relaciones entre los propietarios privados y los usuarios públicos, y en un espíritu que esté menos orientado hacia el mercado y más hacia el desarrollo sostenible de los recursos arbóreos.

Orientación y acciones futuras

Las perspectivas ofrecidas por los árboles fuera del bosque requieren aún su exploración y valorización, lo que supone desarrollar estrategias dirigidas a profundizar los conocimientos y difundirlos a todos los públicos interesados, mediante métodos de divulgación y formación destinados a convertir en realidad el potencial de este recurso tan diversificado. Estas medidas tendrán tanto más peso cuanto más se acompañen de mecanismos económicos que sostengan la introducción de los productos leñosos y no leñosos en mercados formales, dándoles toda posibilidad de alcanzar su verdadera dimensión.

Medidas de acompañamiento

Hasta hace poco, la investigación forestal se preocupaba principalmente de los bosques, naturales o plantados, y muy poco de los árboles fuera del bosque. La investigación agroforestal ha estado más próxima a los centros de interés de los campesinos que tienen que gestionar un número a veces elevado de árboles dispersos, alineados o en bosquetes. En cuanto a la investigación agrícola en sí, no ha hecho más que abordar un poco las relaciones entre los cultivos y los árboles fuera del bosque, excepto en el campo del pastoreo. El sector agrícola estaba mucho más animado por la palabra clave que era la intensificación, y más ocupado en gestionar los efectos positivos y negativos. Sacando lecciones de los éxitos y fracasos de esta lógica, se han desarrollado nuevos enfoques, especialmente el que ha sido considerado para la Revolución doblemente verde y que ha sido retomado en sus orientaciones por muchas políticas de desarrollo rural. Se ha dado así preferencia a la conservación de la diversidad biológica y de la resiliencia14 de los ecosistemas, a los rendimientos satisfactorios pero de menor coste económico y ecológico, a las técnicas con escasos medios de producción y a la lucha contra los riesgos por asociación de plantas (Griffon y Weber), así como a la mejora de los recursos genéticos, el apoyo a los cultivos anuales y a su comercialización. Estas líneas de investigación se han vuelto a considerar en su mayoría en la agrosilvicultura, en particular en sus componentes sobre la optimización de las interacciones ecológicas y económicas entre árboles y cultivos (Griffo y Mallet, 1999).


Foto 31. Ordenación paisajística y conservación de árboles, setos y micro-repoblaciones en el medio rural, Francia.(© Bellefontaine/Cirad).

Se vislumbra entonces todo lo que pueden ofrecer los árboles fuera del bosque como campo de estudio en investigación y desarrollo, en la perspectiva de una mejor utilización del espacio. Además, si las poblaciones se asocian, se podría ralentizar el éxodo rural y se podría descartar la sobreexplotación potencial del medio. Los temas de estudio podrían centrarse en el enriquecimiento de los barbechos, la doble inoculación micorriza-bacteria, la multiplicación vegetativa natural, la escamonda racional de los árboles forrajeros, la mejora de los sistemas de poda, la conservación de los conocimientos locales y tradicionales y la investigación de los factores determinantes para reforzar la relación entre los individuos y los árboles fuera del bosque. Igualmente, se deberían elaborar métodos que permitan evaluar los recursos múltiples de los árboles fuera del bosque, poniendo un acento especial en los indicadores de la gestión sostenible que tengan en cuenta la dimensión social. Esta última, difícil de comprender, exige más investigaciones, que deben ser más metódicas y sistemáticas para estar en condiciones de entender no solamente los usos, sino también las prácticas y las representaciones que se hacen los hombres de su ambiente natural.

El papel de la investigación es estudiar también los efectos positivos y negativos de todas las acciones de promoción, situándolas de nuevo en su contexto. De esta forma, los análisis socioeconómicos, teniendo en cuenta los papeles y caracteres específicos de hombres y mujeres, pueden contribuir a resolver las dificultades de cada uno para acceder a los productos y gestionarlos mejor. Más importante aún, pueden influir en la política para un mejor reparto de la riqueza a través, entre otras cosas, del desarrollo de las competencias y el reconocimiento de los saberes.

Las necesidades de formación y divulgación son con frecuencia muy grandes, pero los conocimientos y los estudios relativos a los árboles fuera del bosque son raros, excepto para algunos árboles con frutos, como los olivos y las palmeras. Las acciones de divulgación y los programas de formación, todavía compartimentados y sectoriales, tienen que ser reforzados y ampliados para promover el cultivo del árbol fuera del bosque y poner a disposición técnicas de gestión viable y medios de valorización de los recursos leñosos y no leñosos. Los métodos de divulgación, basados en una visión multidisciplinar, deberían integrar las prácticas locales y estimular la creación de redes con el fin de estar mejor dispuestos a la diversidad de bienes y servicios que caracterizan las múltiples funciones y usos de los árboles fuera del bosque.

Mecanismos económicos

Igualmente, hay que recurrir al uso de instrumentos económicos, que integren las dimensiones ecológicas, para promover los árboles fuera del bosque. Esto puede consistir en el establecimiento de impuestos o cánones, cuotas, contratos, subvenciones o primas, etiquetado o eco-certificación. Estos mecanismos pueden ser útiles a condición de que los campesinos se asocien para su puesta en marcha y que estén regularmente informados sobre la evolución de estas medidas. En efecto, los productores se verán impulsados a invertir si controlan los beneficios potenciales que dependen especialmente de su capacidad para negociar los precios, acceder a nuevos mercados o percibir una plusvalía. La eco-certificación y la fiscalidad descentralizada se inscriben en este enfoque.

En los países en desarrollo, la esperanza de mejorar las condiciones de vida se reduce muchas veces a nada si no se pueden vender los productos en un mercado estructurado. El ciclo siguiente se repite con mucha frecuencia. Para responder a las necesidades financieras ordinarias y extraordinarias, se ha desarrollado, y después ampliado, una producción artesanal. Atraídos por estos ingresos, los otros campesinos producen a su vez, lo que lleva consigo la bajada del precio de venta, el aumento del coste de la materia prima y la sobreexplotación de ésta, dificultando su disponibilidad o provocando su desaparición. Puede producirse entonces un hundimiento completo del mercado. Las condiciones de vida se deterioran. Todos los agentes económicos pierden con ello y los perjuicios ligados a la destrucción del ecosistema y a la ausencia de regeneración de los recursos alcanzan todavía con más fuerza a los habitantes del medio rural.

Paralelamente, las condiciones de comercialización y organización no son las óptimas aun cuando constituyen factores clave del éxito. Con mucha frecuencia, el aprovisionamiento de los mercados primarios sufre una falta crónica de organización y de un adecuado marco legal, jurídico, financiero y de la propiedad (Müller, 1997). Por ejemplo, para la goma arábiga, producto forestal importante, la difícil apreciación de los circuitos de recogida, almacenamiento y selección de la goma, y las transacciones entre los operadores económicos, transmiten hacia abajo limitaciones reconocidas, mientras que hacia arriba las disposiciones legislativas reglamentarias de recogida de la goma son casi inexistentes o a veces inadecuadas.

Hasta ahora, los productos de los árboles fuera del bosque, procedentes de producciones artesanales rurales o periurbanas y que dependen de una producción informal, tienen un apoyo insuficiente de fondos privados y de las autoridades competentes en la materia (Estado, asociaciones, etc.), aunque tienen evidentemente, además de su papel económico, un papel social importante. Se trata, por tanto, de comprender mejor las relaciones entre los individuos, los grupos sociales y los árboles, con el fin de estructurar las cadenas de producción y ordenar de forma armónica el espacio urbano y el medio rural.

En Níger, a partir de los años 80, se ha puesto en práctica una gestión conjunta de los mercados rurales de leña, que se basa en un sistema contractual y de cogestión entre el Estado y las comunidades rurales (Mahamane et al., 1995). Estas últimas están responsabilizadas e interesadas directamente, y aseguradas a largo plazo por un contrato escrito y claro. Los costes ambientales se internalizan por un juego de fijación de tasación diferencial, que tiene en cuenta especialmente la distancia entre el lugar de producción de la leña y la ciudad principal a abastecer. Cuanto más alejado esté el lugar de donde proviene la leña, menos gravosa es esta tasa. Esto tiene por objeto penalizar a las explotaciones próximas a las aglomeraciones urbanas que sobreexplotan los recursos (Mahamane y Montagne, 1997). "El establecimiento de tasas sobre las extracciones en el ecosistema puede tener el efecto requerido, a condición de una inversión del circuito clásico de los ingresos fiscales: las comunidades recaudan la tasa, conservando un porcentaje, y envían el resto a los servicios del Estado" (Griffon y Weber, 1996). Los servicios ambientales que proporcionan los árboles son numerosos y su valorización económica tiene un efecto nada despreciable en las rentas de los agentes interesados.

En las tierras agrícolas, los productos procedentes de los árboles fuera del bosque pueden beneficiarse de las eco-etiquetas o de denominaciones específicas en concepto de su papel de protección del suelo, mejora de la fertilidad y conservación de la diversidad biológica. El objetivo de esta cualificación de las producciones es acceder a ciertos sectores de mercado, por ejemplo el de los productos biológicos, y obtener un precio de venta más ventajoso por el reconocimiento de su calidad o modo de preparación. La certificación de las producciones vale tanto para la madera como para los productos no leñosos. La certificación tiene un coste suplementario, el del control y el mantenimiento de registros. La eco-certificación y la fiscalidad descentralizada siguen siendo una vía a explorar para ciertos países. Es muy probable que los planes de gestión paisajística, el seguimiento de los productos y la eco-certificación (Recuadro 34) se pongan poco a poco en marcha. Este tipo de operación podría persuadir a los beneficiarios para autofinanciar los gastos de plantación y crear así un fondo de operaciones, que permitiría la plantación de un número importante de árboles fuera del bosque.


Foto 32. Ordenación simplificada y cogestión de los ecosistemas contratados (sabanas atigradas) en Níger. (© Gschladt/Cirad)

Los productos no leñosos de los árboles fuera del bosque son sin duda los que pueden beneficiarse del etiquetado. Sin embargo, es preciso medir lo que esto puede significar como obligaciones ligadas, por ejemplo, al seguimiento de los productos. Se necesitan pliegos de condiciones y la fijación de un logotipo común a una región, a una tierra o a un terruño para introducir la imagen del producto en la opinión pública y en los consumidores. Numerosas restricciones comerciales van con frecuencia asociadas con esto, ya que las "etiquetas verdes constituyen un instrumento necesario, pero sin duda insuficiente a largo plazo" (Griffon y Weber, 1996). Entre cumplir un pliego de condiciones preciso y definir los principios y criterios de una etiqueta, no es siempre fácil conseguir un compromiso entre los productores que buscan un beneficio y los consumidores que adoptan iniciativas diversas. Más que arriesgarse en una gestión conflictiva, ciertas organizaciones prefieren animar a los productores a adoptar una gestión viable de los productos forestales, agrupando a diferentes socios, en ciertos casos el Estado entre ellos.

La cogestión y el sistema contractual (Le Roy et al., 1996), todavía noveles, parecen indispensables para el fomento de los bosques y probablemente de los árboles fuera del bosque: vale la pena explorar las posibilidades de las etiquetas y la eco-certificación. Las dos primeras son posibles respuestas a los numerosos problemas que se encuentran en la gestión sostenible de los proyectos de desarrollo que persiguen la conservación de los ecosistemas y la ordenación del territorio. Sin embargo, hay que recurrir a la motivación de los agentes económicos, agricultores, ganaderos, personas locales elegidas y otros socios, para imprimir una dinámica real de gestión de los árboles fuera del bosque que desemboque en una verdadera rentabilización del recurso y sus productos.


Foto 33. Fomento de la producción de nueces etiquetadas procedentes de pastizales, Belley, sur del Jura. (© Bellefontaine/Cirad)

Recuadro 34 .

Etiquetas y eco-certificación

El concepto de eco-certificación surgió en noviembre de 1989 en Japón. Tiene por objeto garantizar el origen de los productos forestales comercializados, a saber, el de los bosques gestionados sosteniblemente. Aunque después de esta fecha se ha mejorado a nivel mundial la definición de los términos "bosque" y "gestión sostenible", estas nociones varían todavía considerablemente entre países. La lógica de la eco-certificación de las maderas templadas y tropicales no es admitida por todos los agentes de la cadena de producción. Algunos son todavía indiferentes a las cuestiones de la ordenación sostenible y viable de los bosques tropicales. Los países productores estiman que estas etiquetas podrían convertirse en normas rígidas que tengan un carácter discriminatorio. Las críticas son numerosas (trampas, ventajas para los grandes empresarios, inspección de pago y por tanto redhibitoria para los explotadores sin grandes medios y las asociaciones de los países pobres, multiplicación de los organismos de certificación y de las etiquetas que conducen a confusiones para el consumidor, etc.) En julio de 1998, los países europeos han decidido crear un nuevo sistema de certificación forestal, el Pan European Forest Certification (PEFC), que distingue las siguientes funciones: i) establecimiento de normas de certificación; ii) acreditación de sociedades de certificación; y iii) verificación de la realización de los criterios de certificación. Así, el sistema puede seguir siendo totalmente transparente y objetivo (Barbier, 1999). A pesar de un avance bastante claro, los escollos son todavía numerosos para los productores de madera.




14 Resiliencia: capacidad de recuperación del estado inicial después de un choque externo.

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