La evaluación de los recursos forestales en Guatemala es una tarea asignada al servicio forestal. No obstante, hasta el momento, no existe una entidad específica que se encargue de realizar esta actividad. Las evaluaciones de recursos forestales han sido informes aislados sobre el estado de los recursos y solo han respondido a las solicitudes de entidades nacionales e internacionales. Algunos de estos informes son:
• Boletín anual del Registro Nacional Forestal.
• Informe del estado de los bosques para el informe presidencial anual.
• Informe del estado de los bosques para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
• Informe del estado de los bosques para la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT)
Actualmente no existe una entidad que se encargue de la compilación de toda la información forestal a nivel nacional, lo cual no es una tarea fácil porque, como se analizará posteriormente, en el país existen dos servicios forestales que operan según el área geográfica de los bosques dentro y fuera de áreas protegidas.
El Instituto Nacional de Bosques (INAB), a través de la unidad de planificación e información, compila la información forestal fuera de áreas protegidas: específicamente se tiene un registro de todas las actividades y empresas dedicadas al aprovechamiento forestal, se publica anualmente el boletín de estadísticas forestales y se genera también información geográfica. Por otro lado, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, encargado de la ordenación de bosques dentro de áreas protegidas, compila información a través de cada una de sus unidades, pero hasta el momento no existe un ente administrativo que se encargue de compilar toda la información que se genera en la institución. Sin embargo, tanto el INAB como CONAP se encuentran gestionando sus proyectos para la creación de sus Sistemas de Información, así como también existe un proyecto de creación del Sistema de Información Forestal a Nivel Nacional donde se unirá la información de los dos servicios forestales e información sobre producción, industria y comercio, que sería una responsabilidad de la gremial de productores forestales.
Con el propósito de tener mayor información acerca de los recursos forestales, en los últimos años se han implementado una serie de acciones para producir información más actualizada, tales como la elaboración del Mapa de Cobertura Forestal de 1999, el Mapa de Ecosistemas Vegetales y el Estudio de Dinámica de Cobertura Forestal (1991-2001). Sin embargo, hasta antes del IFN 2002-03, no se había recopilado información a nivel nacional sobre las existencias volumétricas de maderera y leña, estado de los bosques, aprovechamiento y manejo sostenible, productos forestales no maderables, servicios de los bosques, usos y existencias de los árboles fuera de bosque. Antes del IFN únicamente se tenía conocimiento de inventarios forestales a nivel regional, 2 en el departamento de Petén y 2 en las Verapaces.
El IFN 2002-03 surge del apoyo para evaluaciones forestales nacionales, del Programa de Evaluación de Recursos Forestales Mundiales (ERF). La intención de ERF es colaborar con los países en desarrollo para la creación de capacidades nacionales que contribuyan a la adecuada recopilación de datos para: apoyar la toma de decisiones y la vigilancia de los procesos; el mejor acceso a la información y el conocimiento; y la mayor utilización de los recursos de información y conocimientos en los procesos de elaboración de políticas. Al otro lado, Guatemala también está sirviendo de país piloto para el desarrollo de estas metodologías, proporcionando experiencia técnica, administrativa y operativa a la FAO.
Para llevar a cabo el Inventario Forestal Nacional se estableció un acuerdo de cooperación entre El Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la oficina de apoyo al Plan de Acción Forestal para Guatemala (PAFG). La ejecución se realizó a través de una unidad técnica con el apoyo de un Comité Directivo, formado por un representante de cada una de las instituciones participantes, cuyo objetivo fue la coordinación de actividades según su competencia.
