Capitulo 2: Inserción productiva de las mujeres en el medio rural
2.1. El "trabajo invisible" do las mujeres rurales
2.2. Las distintas formas de inserción económica do las mujeres en el campo
América Latina y el Caribe, como ya se vio, se caracteriza por una estructura productiva heterogénea. Las mujeres participan social y económicamente en ella en distinta. formas áreas y roles productivos y reproductivos al interior de la familia. Por este motivo, parece conveniente más que referirse a ola mujer rural" como entidad abstracta, hablar de "mujeres en áreas rurales", que son dueñas de un predio, asalariadas,- en distintas relaciones de dependencia, ya sea inquilinas, temporeras u obreras de la agroindustria- artesanas, comerciantes y por supuesto siempre madres de familia.
Ahora bien, en la Región aún prevalece un problema que ha sido detectado hace muchos años por los estudioso. de genero. Este consiste en la diferenciación de los ámbitos asignados a las mujeres en su rol social; el ámbito privado en el cual se incorporan sus labores relacionadas con la producción y reproducción familiar y el público, que se relaciona con el medio a trove" de los salarios e instituciones sociales y políticas, el primero de los cuales usualmente desconoce o simplemente discrimina el aporte productivo de la mujer. En las zonas rurales, el problema es mucho más complejo por la diversidad de tareas que esta realiza, por la dificultad para diferenciar actividades productivas cotidianas y por los sesgo" que genera el proceso de obtención de información veraz (elación entrevistador-entrevistato), lo cual puede incidir en la adopción de criterios que posteriormente orientan políticas- discriminadores y subregistros importantes.
Según el informe BID (1990), en América Latina y el Caribe, en general, la mujer participa en casi todas las actividades agropecuarias y además existe evidencia de que la población económicamente activa (P.E.A) rural de la Región esta feminizándose. Como evidencia "e señala que a) la PEA rural femenina esta subestimada en mas de 50% ; b) que algunas estimaciones señalan que prácticamente 50% de los ingresos de los hogares campesinos provienen de actividades realizadas por mujeres, lo que ha llevado a muchos de ellos a salir de la situación de pobreza; y c) que los resultados de diversos estudios de caso evidencien los distintos roles que asumen las mujeres en la producción agrícola.
Sin embargo, la participación de las mujeres en la producción agrícola en América Latina y el Caribe ha estado, por lo general, subestimada, tanto en su magnitud como en las formas diversas en que se manifiesta. Es común que las estadísticas reflejan como actividad productiva sólo aquella. que responden al patrón moderno de la economía, cuyo indicador básico es la remuneración. La insuficiencia de estadísticas en relación al trabajo femenino, tanto al interior del hogar y del predio agrícola, como del trabajo asalariado en la agricultura campesina o tradicional y moderna, es un problema presente en todos lo. países de la Región. Este fenómeno ha sido denominado por la literatura de los ochenta como el "trabajo invisible" o la "invisibilidad de las mujeres".
La consideración del trabajo femenino es un tema de discusión en la cuantificación del trabajo familiar no remunerado. A nivel rural, la discusión se plantea en relación a las funciones de la mujer ama de casa, las cuales no se reducen al rol reproductor biológico y social de la fuerza de trabajo, sino que realiza otras funciones productivas, propensas a ser mensurables o cuantificables dentro del producto económico agrícola.
El subregistro de las actividades económicas productivas de las mujeres rurales, se relaciona tanto con los criterios, instrumentos y métodos de medición utilizados, como con la percepción de su trabajo por parte de las propias mujeres.
Respecto de los instrumentos de medición, en el caso de los censos y encuentas de hogares, por la forma como se elaboran y generalmente la falta de preparación adecuada de lo. entrevistadores y encuestadores, se omite información que permite determinar la verdadera magnitud y diversidad de la participación económica y de las mujeres. Por ejemplo, Karremans (1993), al analizar los porcentajes de la población económicamente activa (PEA) femenina como porcentaje de la PEA. rural total, entre 1970 y 1985, para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, observa que, con excepción de Honduras, en el resto de los países la PEA. agrícola femenina se ha mantenido constante a lo largo de todo el período. Según el autor, esta situación no puede explicarse sino por la utilización de instrumentos inadecuados para representar la realidad en que viven los hombres y las mujeres del medio rural.
Además de las deficiencias en los instrumentos de medición, distintos instrumentos oficiales muchas veces dan origen a distintas cifras. En Chile, por ejemplo, la población económicamente activa (PEA.) femenina en el área rural en 1982, según el censo de ese año, era de 10,8%. Para el mismo periodo según la Encuesta Nacional de Empleo era de 17,4% (Aranda, 1992:24).
De alguna manera, las preguntas y las respuestas están precodificadas, y tanto quien pregunta como quien responde omite las múltiples actividades que no corresponden al rol tradicional de las mujeres, vale decir el cuidado de los hijos y las labores domésticas. De esa manera, las preguntas formuladas en los censos, encuestas de hogar o de empleo, dirigidas a establecer lo que se llama "condición de actividad" del sujeto, (tales ¿cuál es su actividad principal?), dan origen a la respuesta "duefia de casa", "labores del Hogar", "ama de Casan, efe" que clasifican ulteriormente a las mujeres en la categoría de "económicamente inactivos " .
Un censo de reducciones indígenas efectuado en cuatro distritos rurales del sur de Chile intentó abordar este problema, incorporando a la pregunta" ¿Qué actividad hizo la semana pasada?", la categoría de respuesta "dueña de casa y trabajó", diferenciándola de la de "ducha de case". Sin embargo, el análisis de los resultados revelo que las mujeres excluyen actividades como la crianza de aves y animales menores, y también actividades agrícolas y artesanales que realizan y que en no pocos casos suelen ser de responsabilidad exclusiva de las mujeres (UFRO/INE/FII/ PAESMI/ CELADE, 1990). Esto muestra que no basta con modificar los instrumentos de recolección de información. Sugiere mas bien que la metodología de investigación debe ser afinada. En este sentido adquiere relevancia lo planteado por Lanz y Valdivia (1990), a propósito de estudios relacionados con pequeños agricultores en Yaracuy (Venezuela): "... desde el punto de vista científico, uno de los mayores aprendizajes que hemos obtenido de la relación con los pequeños agricultores, es que la metodología tradicional de investigación, presenta limitaciones severas a la obtención de la verdad ... el herramental técnico debe ser modificado y probablemente deba hacerse énfasis en técnicas de observación y e la definición de indicadores como complemento de las encuestas dado los amplios sesgos de error que ésta. introducen en la aprehensión del conocimiento".
La percepción de las mujeres frente a su trabajo productivo depende mucho del contexto en que viven. En efecto, su desempeño como trabajadora familiar no remunerada o ayudante sin remuneración, no suele ser reconocido en su familia ni en la sociedad, lo que hace muy difícil que sea reconocido por ellas mismas. Es decir, nos encontramos frente a un "circulo vicioso", en el cual la sociedad no las se define como trabajadoras y ellas tampoco. La salida de este círculo supone, antes que nada, la toma de conciencia recién aludida: que sean ellas mismas quienes primero asuman su condición productiva.
Además de la autodefinición de las mujeres en términos de su rol productivo y las deficiencias de los instrumentos oficiales de medición, como factores asociados al subregistro de la actividad productiva de las mujeres en las áreas rurales de la Región, se debe agregar un tercero: cuando las mujeres trabajan en forma asalariada - situación que podría ser tomada como indicador de inclusión en la PEA.- la proporción que lo hace en forma estacional tiende a considerarse no cesante, incluso si en el momento de la medición no están trabajando. Esto dificulta tanto la medición, como el reconocimiento de su actividad económica por parte de la propia mujer (Aranda 1992, Errázuriz 1987). Un ejemplo de esto es señalado por la FAO: según cifras más conservadoras de los censos agrícolas, 19% de las mujeres participan en la fuerza de trabajo agrícola en América Latina y 54% en el Caribe. Las diferencia. ce relacionan con la forma en que se tomaron los datos: en el Caribe se preguntó por un periodo de seis mese. a un año, mientras que en el resto de la Región, en general, sólo por la semana anterior ("Paraguay, Estudios de caso. sobre Ojopoi: una cooperativa campesina y repatriación: un área de asentamiento antiguo en descomposición, 1983, en CEPAL 1986).
Otro factor explicativo a considerar es que las actividades domésticas y productivas realizadas por las mujeres al interior del hogar campesino se han desarrollado históricamente sin una delimitación clara. La orientación hacia el autoconsumo hace más difícil la separación entre las actividades económicas y las propiamente domésticas. De ello resulta que las mujer campesina, como eje de la reproducción y sobrevivencia de su familia, ce desplaza entre ambos tipos de tareas, procurando en todo caso el logro del mayor bienestar de su grupo familiar.
En este marco, Errázuriz (1987) señala que el trabajo productivo no genera conflictos de roles entre la" mujeres, por cuanto o bien lo realiza dentro del mismo espacio físico, es decir, sin abandonar el hogar, o si trabaja fuera del hogar como asalariada temporal, en muchos casos, para acomodar sus periodo. de trabajo, suele contar con diversas opciones todavía posibles en el medio rural (porque existe aún una cierta integración familiar y comunitaria), como es dejar los niños con otros miembros de la familia, con los hermanos mayores o vecino", cuando no puede llevarlos al trabajo. "La ausencia de conflicto en el desempeño de sus roles, permite una menor consideración social del aporte doméstico y productivo de las mujeres y la misma naturalidad con que éstos se ejecutan hace que disminuya su real significado para la familia" (p. 219).
Ahora bien, esa integración familiar y comunitaria tiende a disminuir como efecto de la dinámica económica y social (migraciones a las ciudades, ausencia de tierras para parejas nuevas, entre otros)' con el efecto inmediato de la aparición de este tipo de conflicto en el rol doméstico y productivo de la mujer rural. De hecho, una de las reinvidicaciones señaladas por un grupo de temporeras asistentes a una "Escuelas mujeres rurales" en Chile fue la de obtener "guarderías infantiles" en lo. lugares de trabajo (empresas, packing de frutas y parronales), ya que hay una gran cantidad de mujeres en estas actividades y no se respeta la legislación existente, según la cual, una faena debe contar con guardería si trabajan en ella 20 mujeres o más (Valdés 1992).
Errázuriz agrega, sin embargo, otro elemento importante para comprender "invisibilidad" del trabajo productivo al interior del hogar. Postula que las mujeres privilegien su rol domestico porque les otorga una identidad y una posición social que no depende del poder económico como criterio de diferenciación social. El rol de madre constituye la única posición en la cual es insubstituíble. En efecto, la autora estima que n... las actividades domésticas de las mujeres constituyen un sistema semiautónomo, centrado en el bienestar familiar, que es controlado por la. mujeres y constituye un área única donde la mujer puede ejercer su poder de decisión con legitimidad y mayor autodeterminación" (p. 222). Según la autora, esto explica por qué cuando la mujer adquiere nuevas tareas alarga su jornada de trabajo pero no dejar de hacer algunas tareas vinculadas a su rol femenino tradicional. Cabria considerar, sin embargo, que la extensión de la jornada de trabajo de la mujer rural usualmente constituye una decisión económica mas que social; el hecho de que ejecute adicionalmente las tareas que se le asignan socialmente como parte de su rol femenino tradicional, no siempre sucede en razón de asumir tales tareas por su condición de mujer, sino como consecuencia de la necesidad.
Una tarea pendiente en la mayor parte de los países de la Región es el refinamiento de los instrumentos utilizados en la medición de la actividad económica, generalmente censos o encuestas nacionales de empleo, para lo cual numerosos estudios en el área de género han producido recomendaciones. Lo que más se necesita es la voluntad política de cambiar los instrumentos de medición y de familiarizar al personal encuestador con la nueva modalidad.
El refinamiento de los instrumentos de medición utilizados, tarea pendiente en la mayor parte de los países de la Región. Entre las alternativas posibles, dos de ellas merecen especial atención: a) la incorporación en la" actuales encuestas de empleo o de hogares (temes específicos destinados a medir la actividad productiva de las mujeres en las áreas rurales; y b) la realización de estudios periódicos especialmente destinados a este propósito. Desde luego, la información que proporcionarían dichos estudios sería fundamental para la formulación de estrategias destinadas a fortalecer la inserción productiva de las mujeres en las áreas rurales de la Región.
El rol económico que asumen las mujeres en las áreas rurales se relaciona generalmente con las estrategias de sobrevivencia del grupo familiar de origen o propio. Una gran parte de las mujeres asume el rol de trabajadora familiar no remunerada o ayudante sin remuneración, vinculada a la producción parcelaria familiar o en comunidades campesinas. En muchos casos se desempeña como trabajadora asalariada temporal o permanente en la agricultura para el consuno interno y de exportación. Además se inserta en la economía informal como comerciante ambulante o artesana.
Según informe BID (1990) ya señalado, en América Latina y el Caribe, en general, existe evidencia de que la población económicamente activa (PEA.) rural de la Región esta feminizándose y que las mujeres asumen distintos roles en la producción agrícola.
La famenización de la PEA. rural obedecería a la modernización de la actividad agropecuaria, al empobrecimiento de la economía campesina o a una combinación de ambos fenómenos. Por una parte, la demanda de mano de obra asalariada, para la producción agrícola de bienes transables, obtiene respuesta con mayor facilidad de parte del hambre, quien deja la explotación del minifundio a cargo de su mujer. Por otra, el déficit de ingreso de los hogares campesinos estimula al hombre a buscar empleo fuera del predio familiar(6). Algunas de las principales conclusiones que se derivan de informaciones nacionales y de estudios de casos, señaladas en ese informe del BID, son:
6 A juicio del BID, el no reconocimiento de este hecho podría explicar la permanencia de muchos de loa problemas de la explotación minifundista. Además, impide el diseño de políticas exitosas: la población que intenta beneficiarse es otra, con características y necesidades distintas, debido a que la forma de organización de loa minifundios ha cambiado.
a) que las mujeres tiene una enorme participación en el minifundio, donde se produce la mayor parte de lo" alimentos para el consumo interno. Las mujeres trabajan en labores de siembra, fertilización, escarda, cosecha, trilla, cuidado de animales y recolección de forraje.
b) que el deterioro del nivel productivo del sector ha llevado a las mujeres a aumentar su participación en la actividad económica, como estrategia de supervivencia del grupo familiar. Su participación es heterogénea y depende de la estructura familiar, del tamaño de la parcela, del tipo de cultivo, de la tecnología utilizada y de las tradiciones culturales.
Según las mediciones convencionales referidas a la participación de las mujeres en la PEA. agrícola, la PEA. femenina dedicada a actividades agrícolas ha disminuido: en 1950 28.2% de las mujeres económicamente activas de la Región se dedicaban a actividades agrícolas; en 1980 14:9% se insertaba en este sector (BID, 1990). Esto concuerda con el comportamiento de la PEA total y señala una tendencia creciente a la inserción económica de la población en otras áreas, en particular en el sector servicios.
Información disponible para 12 países de la Región da cuenta de situaciones diversas, tanto en el porcentaje de mujeres dentro de la PEA agrícola total, como en el porcentaje de la PEA femenina dedicada a labore" agrícolas (cuadro 6) FLACSO-CHILE, 1993.
Esa misma fuente, respecto la participación de las mujeres en la PEA agrícola total, relativamente importante es en Brasil 1988 de (21,2%), Cuba -1981- de (14,3%), Ecuador -1990- de (12,7%) y Perú -1981- de (15,1%), siendo la participación de las mujeres de los ocho países restantes en la fuente reseñada inferior, a 10%.
Respecto del porcentaje de la PEA femenina dedicada a labores agrícolas, se observa, en general, que cuando la mano de obra de un país está fuertemente concentrada en la agricultura, la PEA femenina en esta actividad es mayor. Es el caso de Perú (26,1%), Ecuador (15,8%) y Guatemala (16,0%), países donde la PEA agrícola total tiene un poso significativo (superior a 30%). Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, en Paraguay, donde casi la mitad de su PEA total trabaja en el sector agrícola (46,7%), sólo 12% de la PEA femenina se desempeña en dicho sector; del total de la P.E.A agrícola, las mujeres representan 8010 5,1%. (cuadro 6).
En cuanto al tipo de ocupación que desarrollan las mujeres, según cifras elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, "Anuario de estadísticas del trabajo 1988" en BID 1990), en América Latina 44,5% de las mujeres que participan en la agricultura lo hace como "jornalera", 32,5% como "ayudante familiar" y 20,9% como "trabajadora por cuenta propia". Es decir, la mayoría de la PEA femenina registrada en la Región, trabaja como asalariada. Sin embargo, esta situación varia según distintas áreas: en Sudamérica Tropical, la mayoría (53,7%) trabaja como ayudante familiar; en América Central 64,0% es trabajadora por cuenta propia; en el Caribe, 64,5% es Jornalera. En Sudamérica Templada el mayor porcentaje se observa en las trabajadoras por cuenta propia (43,0%) (cuadro 7).
Respecto del trabajo asalariado, según Errázuriz (1987) 108 cambios en la actividad agrícola han provocado una reducción del tamaño de los predios y del valor de la producción campesina, lo que ha obligado a la fuerza de trabajo familiar a insertarse en ocupaciones asalariadas. Las mujeres han sido parte importante de este proceso y su proletarización representa la precariedad en que viven las familias campesinas: las familias campesinas pobres tienen una dependencia creciente de los ingresos que aportan las mujeres.
A juicio de la autora, esta" razones explican la significativa presencia del trabajo asalariado, especialmente en aquellas zonas que demandan intensivamente trabajo temporal y en aquellas que se especializan en actividades agroindustriales. Mencionando diversas fuentes, señala que en Colombia las mujeres han llegado a constituir 70% de la fuerza de trabajo en el cultivo de las flores; en México, 60% de las ocupaciones en la producción de fresas son desempeñadas por mujeres; en Honduras, 40% de la fuerza de trabajo del tabaco es femenina; en Jamaica, 52% de los trabajadores del banano son mujeres.
En Chile, las mujeres alcanzan a cerca de 52% de la fuerza de trabajo de temporada en la fruticultura. Fundamentalmente, las tareas requeridas en este rubro son de tipo manual, y dada la creencia de que las mujeres realizan mejor este tipo de trabajo y son mas meticulosa" que los hombres, se prefiere su contratación (Valdés 1992). Sin embargo, se ha estimado que las mujeres alcanzan a s% de los trabajadores frutícolas permanentes (Rodríguez y Venegas 1990: "De praderas a patronales: un estudio de estructura agraria y mercado laboral en el Valle de Aconcagua" en Aranda, 1992).
CUADRO N° 6: AMERICA LATINA: P.E.A. FEMENINA AGRICOLA (%)
Países |
Año |
FEMENINA (1) |
TOTAL (2) |
Brasil |
1988 |
14.7 |
21.2 |
Costa Rica |
1992 |
5.5 |
6.8 |
Cuba |
1981 |
10.8 |
14.3 |
Chile |
1989 |
5.9 |
9.3 |
(Ecuador |
1990 |
15.8 |
12.7 |
Guatemala |
1989 |
16.0 |
8.9 |
Panamá |
1991 |
2.8 |
3.5 |
Paraguay |
1982 |
12.0 |
5.1 |
Perú |
1981 |
26.1 |
15.1 |
Rep. Dominicana |
1991 |
6.0 |
6.3 |
Uruguay |
1985 |
4.4 |
9.2 |
(Venezuela |
1990 |
2.5 |
5.5 |
(1) Porcentaje de la P.E.A. femenina en el Sector Agrícola
(2) Porcentaje de mujeres en la P.E.A. total Agrícola FUENTE: Elaborado en base a "Mujeres Latinoamericanas en Cifras. FLACSO-CHILE, INSTITUTO DE LA MUJER DE ESPAÑA, 1993 (Volúmenes correspondientes a cada país)
CUADRO N° 7: AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARTICIPACION FEMENINA EN LA AGRICULTURA POR OCUPACION
Región/ País |
Ayudantes Familiares |
Trabajadoras por cuenta propia |
Jornaleras |
Brasil |
35.7 |
17.1 |
47.2 |
México |
35.4 |
44.0 |
20.1 |
Sudamérica Templada |
53.7 |
18.9 |
23.8 |
América Central |
14.1 |
64.0 |
19.1 |
Caribe |
18.0 |
11.4 |
64.5 |
Sudamérica, Zona Templada |
30.2 |
43.0 |
24.9 |
Total América Latina |
32.5 |
20.9 |
44.5 |
FUENTE: OIT. Anuario de Estadísticas del Trabajo 1988 En BID, Progreso económico y social en América Latina Informe 1990
El asalariado en agroindustrias ha sido desarrollado por muchas mujeres en los últimos años. De hecho, la mayoría de los estudios indican que estas empresas han generado empleo para la mano de obra femenina. Se ha observado además que existe gran diversidad entre los países respecto de las condiciones de trabajo, si bien hay algunas constantes: discriminaciones salariales, falta de seguridad social y otros beneficios. A ello contribuiría la estacionalidad del trabajo y la debilidad organizativa de las mujeres (CEPAL 1990a). Al respecto, Díaz (1992) en un estudio de casos realizado en el Valle Central de Chile, constató que, de las 44 temporeras de la agroindustria participantes en la investigación, sólo 21 hablan firmado un contrato de trabajo en la temporada anterior al estudio.
Respecto de las mujeres rurales asalariadas, en general, en todos los países de la Región, reciben sueldos inferiores a los hombres. En Bolivia, por ejemplo, las empresas cañeras contratan hombres para voltear la caña, mientras que las mujeres y los niños despuntan, pelan y amontonan. A esto se le llama "la cuarta", ya que las mujeres recibe la cuarta parte de lo que gana el hombre (FAO 1991b).
Las diferencias salariales, como una constante en las agroindustrias de la Región, parecieran no aplicarse en Chile. Venegas ("El mercado de trabajo de la fruta en Chile. Informe final (inédito) en Venegas, 1992) plantea que no existe discriminación salarial en contra de las temporeras empleadas en la fruticultura: en las principales regiones frutícolas, las temporeras de la fruta ganan mas por hora de trabajo que los temporeros. A juicio de la autora, no es la variable genero la que marca las principales diferencias, sino la posición ocupacional, y en relación con ésta, el tipo de tarea. En el mismo sentido, estimaciones provenientes de la Encuesta Nacional de Empleo de Chile, octubre-diciembre de 1992, señalan que las mujeres que trabajan por cuenta propia en "agricultura, casa y pesca" ganan más, que los hombres ubicados en esta misma categoría: su ingreso promedio representa 127,3% del ingreso promedio de los hombres. Sin embargo, en los asalariados de esta actividad la relación se invierte, el ingreso promedio de las mujeres representa 85,3% del ingreso promedio de los hombres (INE, 1994).
Otra de las actividades económicas desarrolladas por las mujeres en las áreas rurales es el comercio. Un estudio realizado en un departamento de Honduras (penen 1993) encontró que las actividades de comercialización siguen la misma lógica que la división del trabajo en la producción: las mujeres procesa buena parte de los productos agropecuarios en o alrededor de la casa, donde a veces tiene instalada una pequeño puesto de venta. Los ingresos de dichas las mujeres forman mas de la tercera parte del total de ingresos generados por la venta total de productos agrícolas. Sin embargo, existen disparidades en la actividad comercial de hombres y mujeres: las ventas con valor mayor monetario son desarrolladas por hombres; ellos venden y compran tanto en la finca como en lugares apartados. Las mujeres venden especies menores, realizan mayor número de transacciones y tienen un radio de acción más limitado.
Al referirse al trabajo productivo de las mujeres, no se debe omitir la producción de bienes y servicios domésticos, que tampoco figura en las cuentas nacionales y también sufre de "invisibilidad". Esta invisibilidad hace tiempo que ha "ido puesta en evidencia por los estudios de género. Lo que importa destacar aquí es que sea cual "ea la actividad productiva desarrollada por las mujeres rurales, ésta es paralela a la realización del trabajo doméstico, el cual, en la mayoría de los casos, es realizado en condiciones que exigen una dedicación considerable de tiempo y un gran esfuerzo físico, puesto que suelen no contar con artefactos modernos tales como lavadora" de ropa, cocinas a gas etc. Esto lleva a que las mujeres deban desarrollar una "doble", o incluso "triple jornada de trabajo". Al respecto, Grunfeld, (1990) refiriéndose a mujeres campesinas del sur de Chile, señala que las tareas domésticas, tales como acarreo de agua, lavado de ropa y preparación de alimentos, le demandan gran cantidad de tiempo y esfuerzo, además de desgastarlas y limitarlas para desarrollar otras actividades, económicas, culturales, políticas, sociales, recreativas, etc.
El acceso de las mujeres a la tierra y al crédito, ha sido considerado como un elemento fundamental para la realización del trabajo productivo en las mismas condiciones que los hombres. Sin embargo, en la mayoría de los países de la América Latina y el Caribe este acceso es limitado y está relacionado directamente con la baja productividad del trabajo agrícola femenino, especialmente en los minifundios (BID, 1990). La. limitaciones para acceder a la tierra y al crédito se deben, fundamentalmente, a factores de tipo cultural y legal.
En el ámbito cultural, se observa que, por lo general, las mujeres se define como productora y reproductora de bienes y servicios en el ámbito doméstico y el hombre como responsable de lo productivo. Esto dificulta que las mujeres pueda ser concebida como beneficiaria de programas productivos. De hecho, la mayoría de ellos se dirige básicamente al hombre, mientras que para las mujeres se formulen programas sociales orientados al mejoramiento del hogar (León, Prieto Salazar, 1987). Lo anterior señala que hay barreras culturales al interior de los mismos organismos que planifican, gestan y diseñan programas y políticas. Sin lugar a dudas, contribuye a mantener la postergación de las mujeres, la subestimación sistemática del rol productivo de las mujeres en las áreas rurales de la Región, asunto ya tratado anteriormente.
Las barreras culturales, presente" en los gestores de programas y proyectos, lo están también al interior de las áreas rurales, tanto en sus organizaciones de base, como en la familias, las parejas y hasta en las propias mujeres. De esta forma, las barreras existentes en los organismos de planificación y en la propia población rural se refuerzan mutuamente, llevando incluso a que, muchas voces, las mismas mujeres no se reconozcan como beneficiarias potenciales de programas de acceso a la tierra o al crédito.
El escaso acceso de las mujeres a la tierra y al crédito se relaciona, además, con la existencia de una serie de disposiciones legales discriminatorias ( 7 ) . A esto se agrega que en la mayoría de los países hay una brecha entre la legislación y su aplicación en el sector rural. Esto lleva a que, en muchas oportunidades, la costumbre se imponga sobre la ley, reforzando la subordinación de las mujeres (FAO 1990a).
7 Para una explicación de estas disposiciones legales discriminatorias ver 7.1. "Legislación y mujer rural"
En el ámbito del acceso a la tierra, se ha visto que las políticas de reforma agraria han =ido discriminatorias hacia las mujeres. En algunos países las disposiciones legales constituyen un obstáculo. Cuando no hay obstáculos legales, muchas voces la tradición y la débil organización de las mujeres actúan como barreras (FAO 1992b). En general, se ha tendido a definir como beneficiario al "jefe de hogar", entendiendo que este es un hombre. Esto ha ignorado tanto la existencia de hogares con jefatura femenina, como también el derecho de las mujeres casada a una participación conjunta.
De manera explícita, en Cuba y Nicaragua las mujeres han nido beneficiarias de las reformas agrarias, países en los cuales la participación de la mujer rural es un objetivo definido en las políticas nacionales (FAO 1989). Sin embargo, en Nicaragua la mayoría de las mujeres han sido beneficiarias indirectas, a troves de las cooperativas. El acceso directo de las mujeres a la tierra ha sido muy reducido: en 1984 sólo 8% de 106 beneficiarios directos fueron mujeres. En esto influyen disposiciones legales contradictorias. Si bien la Ley de Reforma Agraria reconoce la igualdad entre el hombre y las mujeres, establece que el titulo de propiedad debe emitirse a nombre del demandante y no de la familia. Esto ha llevado a que los títulos de propiedad sean adjudicados a los hombreó. Además, si bien la Ley de Cooperativas plantea impulsar la participación de las mujeres a troves de BU integración en la gestión económica y social de la" cooperativas, no otorga derechos legales de herencia a las viudas de 106 socios (Nicaragua, 1993).
El limitado acceso de las mujeres al crédito, es parte de un problema mas general que suele afectar a los pequeños productores campesinos. De hecho, en las experiencias de crédito rural para las campesinas, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador, se ha constatado que éstas han sido buenas administradoras y pagan el crédito (FAO 1992b). A pesar de representar un riesgo menor que el hombre para las instituciones financieras, ya que su tasa de retorno por lo general es más elevada, 106 bancos e instituciones de crédito son reticentes a otorgárselo debido a que "... no poseen propiedades que puedan ofrecer como garantía, por lo general solicitan cantidades pequeñas y suelen carecer de experiencia en la actividad crediticia" (FAO 1989:95).
Diversas organizaciones campesinas y de mujeres han planteado como demandas el acceso a la tierra y al crédito. A continuación se señalan varios ejemplos nacionales. Una encuesta efectuada a 25 representantes del Comité Nacional de Mujeres campesinas e Indígenas de Colombia, arrojó que casi la totalidad de ellas admitieron que la falta de tierra es un obstáculo para obtener créditos y asistencia técnica. Lo primero estaría dado por no contar con un bien hipotecable. Lo segundo, porque "u condición de no propietarias las excluiría del diseño de programas de asistencia técnica (León, Prieto y Salazar, 1987).
En Guatemala, la Coordinadora de Pequeños y Medianos Productores, CONAMPRO, planteó en BU Primer Congreso Nacional Campesino (1992) que debía darse prioridad en la entrega de la tierra a las mujeres, quienes tampoco tenían acceso al crédito. Sin embargo, el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, como incorpora a la" mujeres como beneficiaria de la tierra a través del grupo familiar (Fundación Arias/Tierra Viva, 1993).
En Perú, las asociaciones distritales de mujeres campesinas, creadas en Puno en 1982 y extendidas a Junín y Piura, han demandado tierra y crédito, entre otras reivindicaciones. En Brasil, las presencia de las mujeres rurales fue indispensable en las grandes romerías en la lucha por la reforma agraria, en el periodo 19851988 (Instituto de la Mujer, España-FLACSO Chile, ed. 1993. Volúmenes correspondiente" a cada país) .
En República Dominicana, el programa Mínimo Feminista, elaborado en el marco de las elecciones de 1990 por el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, contemplaba como una de sus demandas el derecho de las mujeres campesina a la tierra (Instituto de la Mujer, España-FLACSO Chile, ed. 1993. República Dominicana).
En Paraguay, la Coordinación de Mujeres Campesinas, CMC, organismo interno del Movimiento Campesino Paraguayo, fue creada en 1985 planteando como una de sus demandas el acceso a la tierra (Instituto de la Mujer, España-FLACSO Chile, ed. 1993. Paraguay).
Como se puede observar, las demandas de acceso a la tierra y al crédito por parte de las mujeres se sitúan tanto al interior de organizaciones campesinas, formando parte de las reinvidicaciones del campesinado en general, como en organizaciones específicamente femeninas.
Las mujeres tienen diversas formas de inserción social y económica en las áreas rurales de América Latina y el Caribe, por ello en vez de hablar de "la mujer rural", sea más exacto referirse a las "mujeres en áreas rurales'.
La información disponible muestra que se mantiene un problema detectado hace varios años por los estudios de género. En efecto, la participación económica de la" mujeres en las áreas rurales de la Región ha sido y es sistemáticamente subestimada, tanto en su magnitud como en la diversidad de sus expresiones. Este problema, que también existe en las áreas urbanas respecto del trabajo de la dueña de casa, ha llevado a acuñar el concepto de "trabajo invisible" o de la "invisibilidad de las mujeres". En las áreas rurales, tiene particular fuerza por cuanto las actividades productivas y las domesticas, tienden a no ser diferenciadas ni en su práctica, evaluación ni objetivos, aunque se realicen dentro o fuera del predio de la vivienda, lo que hace difícil la cuantificación de lo que genera beneficios, ingresos monetarios, no monetarios o ahorros, por la vía del consumo y venta de vienes y/o servicios.
En torno al subregistro del trabajo femenino en las áreas rurales, se ha detectado que intervienen elementos de tipo oficial en cuanto a los criterios utilizados; métodos e instrumentos de medición precodificados que omiten información relevante y en muchos casos, la falta de conciencia de la mujer respecto al valor productivo de lo" roles que cumple. Esos tres aspectos determinan lo que se ha denominado como "círculo vicioso" del subregistro.
Si nos basamos en las estadísticas convencionales, vale decir aquellas donde existe el subregistro, y siguiendo la tendencia general de la Región, se observa que, entre 1950 y 1980, cada vez tiende a ser menor la población económicamente activa (PEA) femenina dedicada a actividades agrícolas.
Datos recientes disponibles para algunos países de la Región muestran situaciones diversas: los porcentajes de la PEA femenina dedicada a actividades agrícolas varían desde 26.1% en Perú hasta 2.5% en Venezuela. Estos porcentajes pueden significar que la proporción de mujeres dedicadas a la agricultura sigue la tendencia general del país de que se trate, siendo por lo general mayor en aquellos países con mayor PEA agrícola. Sin embargo, es difícil pronunciarse sobre el sentido de las cifras, mientras no se haya superado el problema del subregistro.
La participación de las mujeres en la PEA agrícola total es también heterogénea. La mayor participación (entre 15% y 20%) se observa en Brasil, Cuba, Ecuador y Perú. Una participación inferior a 10% se observa en Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Se constata además, que la PEA rural estaría famenizándose, lo que obedecería a la modernización de la actividad agropecuaria y al déficit de ingresos en los hogares campesinos, que llevan al hombre a abandonar el predio familiar y a ocuparse como asalariado. En ese caso, la mujer tiende a hacerse cargo del predio agrícola, especialmente de 108 minifundios, donde se produce la mayor parte de los alimentos para el consumo interno. Si se asume la producción de la mujer rural dentro y fuera del predio, sus aportes por la vía del ahorro a partir de la producción para el autoconsumo, actividades domestica. o de la venta de bienes y/o servicios, podría afirmarse que una parte significativa de los ingresos de la familia son generados por la mujer.
Las mujeres participan en todas las actividades agropecuarias y asumen diversos roles económicos. Una gran parte se desempeña como trabajadora familiar no remunerada. Son asalariadas, en forma temporal o permanente, en la agricultura para el consumo nacional o de exportación. Son comerciante. ambulantes y artesanas en el sector informal de la economía.
En cuanto al tipo de ocupación, estimaciones de la OIT para 1988 señalan que, en la Región, 32,5% de las mujeres son ayudantes familiares, 20,9% trabajadora. por cuenta propia y 44,5% son jornaleras.
Ateniéndose a las cifras entregadas por la OIT, el trabajo asalariado es una de las actividades económicas más importantes realizadas por las mujeres rurales. En lo. últimos años ha adquirido importancia creciente su participación en las agroindutrias, que han generado empleo fundamentalmente para las mujeres.
En aquellas zonas que demandan intensivamente trabajo temporal y se especializan en actividades agroindustriales, el trabajo asalariado de las mujeres se ha intensificado: representa 70% de la fuerza de trabajo en el cultivo de las flores en Colombia, 60% de las ocupaciones en la producción de fresas en México, 40% de la fuerza de trabajo del tabaco en Honduras y 52% de los trabajadores del banano en Jamaica. En Chile, las mujeres llegan a constituir 52% de la fuerza de trabajo temporal de la fruticultura. Sin embargo, sólo alcanzan a 5% de los trabajadores frutícolas permanentes.
En general, se aprecia en todos los países discriminaciones salariales respecto de los hombres, falta de seguridad social y de otros beneficios, si bien habría algunas excepciones como Chile, donde las temporeras empleadas en la fruticultura ganan más por hora de trabajo que los hombres temporeros.
El comercio es otra de las actividades desarrolladas por las mujeres y consiste básicamente en la venta de productos, la mayoría de los cuáles son elaborados por ellas mimas. Las ganancias generadas por esta actividad representan una parte significativa del total de ingresos familiares. Hay diferencias respecto del tipo de actividad comercial de lo. hombres y las mujeres: ellas venden especies menores, realizan un mayor número de transacciones, su radio de acción territorial es más limitado y BUS ventas alcanzan menor valor monetario que las efectuadas por los hombres.
Las mujeres desarrollan todos los trabajos mencionados en forma paralela a sus actividades domésticas, que les exigen gran cantidad de tiempo y energía, lo que muchas veces se traduce en una doble o triple Jornada de trabajo. A diferencia de las mujeres urbanas, el trabajo doméstico cuenta con menos implementos que lo faciliten.
Barreras de tipo cultural y legal, limitan el acceso de la. mujeres a elemento" fundamentales para el fortalecimiento de sus actividades productivas, vale decir la propiedad de la tierra y el crédito. Esto se asocia con la baja productividad del trabajo femenino, especialmente en los minifundios. Básicamente el problema radica en el no reconocimiento de las mujeres como productoras, concepción muchas veces compartida por los diseñadores de programas y proyectos y las entidades financieras.
La cultura es sancionada por normas legales discriminatorias hacia las mujeres, a lo que se suma al gran desconocimiento que existe en el campo acerca de la legislación, la que muchas veces es reemplazada por la costumbre. De hecho, la mayoría de las políticas de reforma agraria aplicadas en los distintos países de la Región, han definido al beneficiario como el "Jefe de hogar", entendiendo que este rol es desempeñado por un hombre. Esta perspectiva ignora la presencia de hogares con jefatura femenina y el derecho de las mujeres casadas a una participación conjunta. Cuba y Nicaragua constituirían excepciones, si bien se dispone al respecto de informaciones contradictorias.
Las dificultades evocadas en este capítulo son de índole fundamentalmente cultural. Esto significa que la forma en que los individuos y las instituciones interpretan la realidad está marcada por conceptos, y códigos que no corresponden a la velocidad de cambio de la realidad. Para superar la. barreras culturales y legales así como el problema del subregistro del trabajo productivo femenino, se requiere líneas de acción, complementarias, sistemáticas y permanentes en dos ámbitos:
- la sensibilización a la perspectiva de género de los organismos públicos y privados que intervienen en las Áreas rurales, en la medición, planificación o ejecución de programas;
- la sensibilización de las propias mujeres respecto de sus roles productivos. Este punto se desarrollara más en el capítulo referente a la educación. Baste indicar por el momento que lo fundamental en masificar esta sensibilización, y hacerlo desde la infancia vía la educación formal.
Por cierto, no basta sensibilizar a los distintos actores sociales sobre la perspectiva de genero. Problemas tales como la pobreza, el acceso a la tierra y al crédito, son compartidos por las mujeres con los hombres del sector rural de cada país. Lo que parece importante es que las mujeres rurales se integren a las organizaciones sociales del campesinado, con voz y voto y, Junto con apoyar reivindicaciones globales, puedan defender su perspectiva como mujeres.
