Cuando los conflictos afectan a los bosques D.A. Taylor David Taylor es escritor, editor y documentalista especializado en recursos naturales, residente New Haven, Connecticut (Estados Unidos). Conflict and political instability often provide challenges to sustainable forest management. Frecuentemente surgen conflictos en los bosques tropicales o en sus proximidades (Kaimowitz, 2001) alejados de los centros de gobierno, con importantes recursos naturales y capaces de ocultar a grupos armados. A menudo, los bosques son objeto de enfrentamientos entre comunidades locales que durante mucho tiempo han dependido de ellos para obtener su sustento y grupos externos –revolucionarios, gubernamentales o empresariales–, que han comprendido los beneficios económicos que podría reportarles su explotación. Según el Banco Mundial (Schroeder-Wildberg y Carius, 2003), los bosques contribuyen a la subsistencia de la mayor parte de los 1 200 millones de personas pobres que existen en el mundo. Cuando las leyes que determinan el acceso a esos bosques son vagas o ineficaces existe un grave riesgo de que se produzcan conflictos violentos. ¿Cómo afectan los conflictos a los bosques? El enfrentamiento por el acceso a las tierras forestales puede causar por sí sólo daños a los bosques. En 1997-1998, los incendios ocurridos en Indonesia, en muchos casos deliberados, asolaron una superficie estimada de 9,7 millones de hectáreas (Applegate, Chokkalingam y Suyanto, 2001). Los residentes habituales recurrían al fuego en el proceso de desbroce de los bosques y tierras arbustivas como instrumento legal para reclamar sus derechos históricos a las tierras otorgadas en concesiones forestales; con arreglo a la ley de Indonesia, los pequeños productores pueden acceder con mucha mayor facilidad a los bosques o tierras de cultivo desbrozados que a los bosques naturales o plantaciones de palma. Los enfrentamientos entre las empresas, el gobierno y la población local redujeron a cenizas los bosques naturales y las plantaciones. Aun en los casos en que el objetivo no es la explotación forestal, los conflictos internos prolongados pueden influir negativamente sobre los bosques. La tala o destrucción intencionados de bosques es una práctica militar que se utiliza a menudo para privar de protección al enemigo, como cuando los Estados Unidos utilizaron el agente defoliador naranja en Viet Nam. Asimismo, cuando con ocasión de un conflicto los organismos estatales pierden su efectividad, se interrumpen las intervenciones de protección de los bosques y los explotadores ilegales, aunque no estén involucrados directamente en el conflicto, pueden actuar sin cortapisas. En la República Democrática del Congo, las guerras civiles del decenio de 1990 originaron un vacío de poder y desarticularon los regímenes convencionales de ordenación forestal, favoreciendo la explotación ilegal y otros conflictos por los recursos (Renner, 2004). Con frecuencia, una de las consecuencias de los conflictos es el desplazamiento de núcleos importantes de población de sus hogares a las regiones y países vecinos. El aumento de la presión sobre los bosques en las zonas de acogida en razón de la necesidad de obtener alimentos, cobijo y combustible puede resultar abrumador y estas necesidades primarias dejan en un segundo plano el objetivo de la gestión sostenible de los recursos. En 1994, casi 2 millones de refugiados huyeron de Rwanda para evitar el genocidio y muchos de ellos penetraron en el Zaire oriental (la actual República Democrática del Congo), donde consumían casi 1 000 toneladas de leña al día, deforestando grandes extensiones (Renner, 2004). La afluencia de refugiados afganos a las zonas fronterizas del Pakistán produjo una situación similar. Los conflictos también pueden tener efectos positivos sobre los bosques, cuando menos a corto plazo. Tal cosa ocurre cuando, por ejemplo, un ejército impone la protección forestal con mayor rigor que el régimen gobernante en tiempo de paz. Cuando un ejército explota el bosque para cubrir sus necesidades, ese aprovechamiento puede ser menos intensivo que la explotación comercial. Además, la presencia de grupos armados puede frenar la explotación ilegal y las prácticas de explotación inadecuadas de elementos que operan legalmente. En Colombia, las minas terrestres han tenido el efecto inesperado de proteger los bosques y algunos grupos de guerrilleros han utilizado la amenaza de la violencia para practicar «la conservación a punta de pistola» (Álvarez, 2002). Sin embargo, lo cierto es que a largo plazo los conflictos no favorecen el manejo sostenible de los recursos, que depende de la participación de los interesados y de que se garanticen beneficios a las poblaciones locales y a las economías nacionales. Consecuencias generales de los conflictos Los mencionados incendios de Indonesia destruyeron ecosistemas y una rica diversidad de especies tropicales. Tuvieron también efectos negativos inmediatos sobre la salud humana, con consecuencias que traspasaron las fronteras: los incendios cubrieron gran parte de Asia sudoriental de una espesa nube de humo que causó graves problemas respiratorios a más de 60 000 personas y afectó a más de 75 millones en total, no sólo en Indonesia sino también en Malasia y Singapur (Taylor, 1997; Applegate, Chokkalingam y Suyanto, 2001). Por otra parte, los cambios demográficos causados por los conflictos pueden tener repercusiones importantes a largo plazo sobre los bosques. Las peores consecuencias se producen a veces cuando concluye el conflicto. Los arreglos posteriores al conflicto pueden dar lugar al pillaje de recursos (Kaimowitz, 2001); para apaciguar a los antiguos enemigos o recompensar a grupos que han prestado apoyo se pueden otorgar concesiones forestales. Por ejemplo, cuando después de varios años de guerra civil en El objetivo de la reconstrucción nacional exige a menudo mayores ingresos procedentes de la madera y debilita la voluntad política de poner en práctica la ordenación forestal sostenible. Tras la reciente guerra de la República Democrática del Congo, el Gobierno otorgó en concesiones más de un tercio de la superficie forestal del país, sin la debida atención a las garantías silvícolas en los acuerdos contractuales. La voluntad política necesaria para una gestión forestal adecuada a largo plazo reside a menudo en la perspectiva de un futuro estable. Cuando un conflicto impone la inestabilidad, las comunidades y los responsables de los bosques se ven enfrentados a problemas aún más difíciles de lo habitual.
Álvarez, M.D. 2003. Forests in the time of violence: conservation implications of the Colombian war. Journal of Sustainable Forestry, 16(3/4): 49-70. Disponible en Internet: www.columbia.edu/~mda2001/FV.html Applegate, G., Chokkalingam, U. y Suyanto. 2001. The underlying causes and impacts of fire in Southeast Asia. Bogor, Indonesia, Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR). Girot, P.O. 2002. Environmental degradation and regional vulnerability: lessons from Hurricane Mitch. En M. Halle, R. Matthew y J. Switzer, eds. Conserving the peace: resources, livelihoods and security, p. 275-323. Winnipeg, Canadá, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD). Kaimowitz, D. 2001. Get serious about averting trouble in the forest. International Herald Tribune, 30 de noviembre, p. 8. Organización de Estados Americanos (OAE). 2003. Declaration on Security in the Americas. OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/DEC. 1/03 rev.1. Washington, DC, Estados Unidos. Renner, M. 2002. The anatomy of resource wars. Washington, DC, Estados Unidos, WorldWatch Institute. Schroeder-Wildberg, S. y Carius, A. 2003. Illegal logging, conflict and the business sector in Indonesia. Berlín, Alemania, InWEnt. Taylor, D. 1997. Seeing the forests for more than the trees. Environmental Health Perspectives, 105(11): 1186-1191. Thomson, J. y Kanaan, R. 2003. Conflict timber: dimensions of the problem in Asia and Africa, Vol. 1, Synthesis report. Burlington, Vermont, Estados Unidos, Associates in Rural Development. La degradación de los bosques amenaza la seguridad nacional Cuando el huracán Mitch azotó América Central en octubre de 1998, las zonas montañosas de la región se encontraban gravemente alteradas tras decenios de migración de poblaciones humanas hacia zonas forestales y tierras frágiles, con la deforestación y erosión consiguientes provocadas por la utilización de métodos inadecuados de cultivo, agravadas por decenios de conflictos y enfrentamientos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por ello, cuando se produjo el huracán Mitch, las inundaciones y corrimientos de tierras tuvieron mayores costos en vidas humanas que si la situación hubiere sido diferente. El temporal causó más de 10 000 muertes, obligó a 2 millones de personas a abandonar sus hogares y dejó a varios millones más sin acceso a agua potable. La catástrofe destruyó el sistema de salud pública y las infraestructuras de transporte, abastecimiento de agua, eliminación de desechos, energía y telecomunicaciones de la región. Provocó pérdidas directas estimadas en 4 000 millones de dólares EE.UU. en los sectores forestal, agrícola, pesquero e industrial de América Central, situando a los gobiernos nacionales al borde del colapso (Girot, 2002). Los dirigentes nacionales aprendieron las lecciones de esa catástrofe y reconocieron que las causas se encontraban en el deterioro del medio ambiente. Desde entonces, se acepta cada vez más abiertamente la relación entre la gestión de los bosques y la seguridad nacional. En octubre de 2003, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocieron esta relación en una declaración conjunta en la que se señalaba que la degradación de los bosques y de otros elementos del medio ambiente es una «amenaza, preocupación o reto potencial para la seguridad de los Estados del hemisferio» (OEA, 2003). Para los responsables de la gestión forestal, este reconocimiento puede traducirse en un apoyo político más decidido a unas políticas bien definidas de tenencia de la tierra y a una adecuada gestión forestal. |
Bibliografía