Las estrategias proporcionan marcos útiles a las reformas de las políticas. Constituyen tanto una visión del futuro del sector como un mapa de ruta para alcanzarla. Las inversiones públicas son uno de los medios para implementar las estrategias pero, crecientemente, las estrategias se concentran en temas relativos a instituciones, marcos legales, funcionamiento de los mercados y disponibilidad de recursos. Las estrategias deben tener en cuenta objetivos de equidad y eficiencia.
Algunos cuestionan la necesidad de las políticas agrícolas, lo cual coloca al sector en una situación diversa a la de otros en la economía. Una justificación tradicional de la estrategia agrícola es el tamaño del sector. En la mayoría de los países en desarrollo es el mayor empleador de mano de obra y generador de divisas, y es por lo general más grande que el sector manufacturero strictu sensu. También plantea grandes exigencias sobre los recursos naturales del país, especialmente agua y suelos. Una fundamentación más importante de la política agrícola es que la migración de trabajadores rurales fuera del sector representa un flujo esencialmente irreversible de recursos; por lo tanto, el descuido de la agricultura puede dar lugar a cambios estructurales permanentes y no necesariamente deseables. Otra consideración es que las instituciones económicas están por lo general menos desarrolladas en el medio rural que en las ciudades, por lo cual necesitan una especial atención por parte de la política pública.
Los instrumentos de la política agrícola son crecientemente indirectos y multisectoriales. Los gobiernos están en la actualidad menos directamente envueltos en actividades productivas y de mercadeo, y más interesados en asegurar el adecuado funcionamiento de los mercados de factores y productos en las zonas rurales, lo mismo que en el desarrollo de las instituciones económicas. Así, la función reguladora y legislativa de las políticas adquiere mayor importancia.
Los principales grupos de políticas agrícolas, incluyendo las medidas de apoyo a la macroeconomía y los demás sectores son: 1) políticas que afectan los precios relativos, 2) políticas de recursos humanos y naturales, y 3) políticas que promueven el acceso a los insumos, los mercados de productos y la tecnología.
Para que los programas e inversiones del sector público alcancen sus beneficios máximos, deben ser diseñados en el contexto de una estrategia o de un marco de políticas. Existen diversos medios para implementar las políticas.
El objetivo fundamental de la política agrícola no es el de aumentar la producción sino el desarrollo humano, o sea el de cumplir las necesidades humanas básicas. Aumentar los ingresos de las familias rurales es un elemento central para alcanzar dicho objetivo, y eso a su vez requiere promover el aumento de la productividad y adecuados precios reales en finca.
Los principios que respaldan las sólidas políticas agrícolas son: sostenibilidad económica (producir beneficios reales), sostenibilidad social (reducir la pobreza), sostenibilidad fiscal, sostenibilidad institucional y sostenibilidad medioambiental.
El papel de los gobiernos ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Ahora es más indirecto que antes, pero no es menos potente. Existe consenso acerca de que la responsabilidad de los gobiernos incluye el suministro de bienes públicos, la definición y protección de los derechos de propiedad (de varios tipos), la promoción de la competencia, el mejoramiento del funcionamiento de los mercados a través de la regulación y el desarrollo institucional, la seguridad social y la estabilidad económica. Algunas veces el mejoramiento del funcionamiento de los mercados requiere políticas que faciliten el manejo del riesgo. La resolución de conflictos es también un papel importante de los gobiernos. Una función más controvertida, pero aceptada en algunas ocasiones, es la redistribución de activos entre grupos económicos. En muchos casos los gobiernos están en mejor posición para promover y financiar ciertas actividades, dejando su ejecución y administración en manos del sector privado o de ONG.
Existen numerosos tomadores de decisiones en la agricultura de los países en desarrollo, incluyendo varios tipos de organizaciones locales, empresas, ONG, gobiernos locales y organismos públicos descentralizados lo mismo que el gobierno central. Las instituciones internacionales de desarrollo también tienen ese papel en muchas circunstancias.
En el ámbito del gobierno central, la implementación de las políticas tiene lugar a través de cinco formas: nueva legislación, decisiones y decretos administrativos, proyectos de inversión (gastos en cuenta de capital), programas (gastos en cuenta corriente) y ejecución voluntaria a cargo del sector privado y la sociedad civil. La implementación es una tarea compleja que requiere convicción, consenso y coordinación. Los planes operativos y el monitoreo son componentes esenciales para el éxito de la implementación.
