Agriculture in Cuba and the land reform of 1993

The land tenure and land use reform of 1993 was a central component of the policy of adjustment and reform of Cuba's economic model in the 1990s. Land reform promoted the cooperative use of land formerly held by state agricultural enterprises, drawing its inspiration from the cooperative experiences of 1959-62 and from the successful rural cooperative movement of the immediate preceding period. This work examines the nature and objectives of the reform in the context of global economic crisis and of Cuba's policy of adjustment and reform. It analyses the new agricultural structure and the process of agricultural recovery that has been under way since 1995.

La réforme agraire de 1993 et la nouvelle agriculture cubaine

La réforme du régime foncier et de l'exploitation des terres de 1993 représente l'un des principaux maillons de la politique d'ajustement et de réforme relevant du modèle économique national mis en oeuvre dans les années 90. L'élément le plus marquant de cette réforme agraire est la promotion du mouvement coopératif pour les terres des anciennes entreprises agricoles nationales, qui s'appuie intégralement sur l'expérience des coopératives entre 1959 et 1962 et tire les leçons du rôle fructueux du mouvement coopératif paysan lors de la période précédant 1959. Dans cet article, les auteurs étudient la nature et les objectifs de la réforme agraire de 1993 dans le contexte global de la crise économique et des politiques d'ajustement et de réforme mises en oeuvre à Cuba, procèdent notamment à une analyse de la nouvelle structure du secteur agricole, et présentent dans ses grandes lignes le processus encourageant de reprise agricole enclenché en 1995.

La agricultura cubana y la reforma agraria de 1993

Víctor M. Figueroa Albelo y Alberto Averhoff Casamayor

Víctor M. Figueroa Albelo es Director del Grupo de Estudios de Desarrollo Rural y Cooperativismo (correo electrónico:
[email protected]); Alberto Averhoff Casamayor es Subdirector del Grupo de Estudios de Desarrollo Rural y
Cooperativismo (correo electrónico: [email protected]), Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), Santa Clara, Cuba.

La reforma de la tenencia y explotación del suelo de 1993 constituye uno de los eslabones más importantes de la política de ajuste y reforma del modelo económico nacional cubano de la década de los noventa. Esta reforma agraria consiste en la promoción del cooperativismo en las tierras de las antiguas empresas estatales agropecuarias, y se inspira en las experiencias cooperativistas de los años 1959-62 y en el desempeño exitoso del cooperativismo campesino durante el período inmediatamente precedente. En el presente trabajo se estudian las características y objetivos de la reforma en el contexto global de la crisis económica y de las políticas de ajuste y reforma que se llevan a cabo en Cuba, y se analiza la nueva estructura del sector agropecuario y el proceso de recuperación agrícola que ha tenido lugar desde 1995.

FUNDAMENTOS GENERALES DE LA REFORMA DEL SISTEMA AGRARIO

Las causas generales y los fundamentos político-jurídicos de la reforma agraria coinciden con la reforma del modelo económico de Cuba: la crisis económica y agroalimentaria que tuvo lugar luego del derrumbe de las economías de Europa del este, y los ajustes necesarios para la reinserción del país en las corrientes del mercado mundializado.

Describir la trayectoria integral del sector agropecuario sería una tarea que rebasaría los límites del presente trabajo; aquí se esbozarán solamente algunos de los momentos esenciales del desarrollo rural, y las contradicciones del sistema agrario que dieron pie a la reforma.

La revolución agraria en Cuba promovió desde 1959 el desarrollo rural con una visión integradora: transformación radical de las relaciones de propiedad de la tierra y relaciones distributivas a favor de los trabajadores rurales y del campesinado; apoyo financiero, técnico y comercial de los nuevos productores; creación de industrias y servicios productivos; modernización de la infraestructura productiva; desarrollo científico, técnico y social en materia de salud, educación y relaciones comunitarias.

La solución de los problemas de la tierra y de los problemas rurales tuvo siempre como referencia las características históricas de la economía nacional, el sistema agrario y sus articulaciones intereconómicas y clasistas y las demandas asociadas a los cambios en el modelo económico-social. En el desarrollo histórico del sector agrario se manifestaron elementos del modelo soviético, especialmente en el sistema de administración agrícola.

La característica fundamental del sector agrario cubano, desde el triunfo de la Revolución y hasta 1993, consistió en el predominio de la fórmula estatal¹. Esta tendencia comenzó con la aplicación de la I Ley de Reforma Agraria (1959) y se consolidó a partir de la II Ley de Reforma Agraria (1963). La tendencia estadista del modelo agrícola tuvo su origen, entre otras razones, en el hecho de que aunque Cuba es un país pequeño y en desarrollo, no era estrictamente un país agrario ni campesino, sino más bien un país agroindustrial exportador de una agricultura de plantaciones en gran escala.

Paralelamente a la política estadista quedó, hasta 1977, un pequeño remanente de una economía campesina que abarcaba alrededor del 20 por ciento de la tierra; de esa economía emergería un sector cooperativo de origen campesino -refrendado por la I Ley de Reforma Agraria-, con poco más de la mitad de las tierras, organizado en latifundios cañeros expropiados donde quedaban antiguos jornaleros agrícolas permanentes y temporales.

En la década de los sesenta, el cooperativismo campesino resultaba una necesidad debido a la transición al socialismo. En 1959, más de 100 000 productores habían recibido gratuitamente tierras que trabajaban como propiedad privada; sin embargo estas entregas tuvieron un apoyo político, material y financiero discreto. Entre 1966 y 1974, con el paso a la política de estatización voluntaria del campesinado, el cooperativismo fue literalmente suprimido con el objeto de completar lo más rápidamente posible la construcción socialista en el medio rural y establecer los grandes planes agropecuarios estatales. Este enfoque multiplicó al mismo tiempo el número de fincas de autoconsumo muy pequeñas y el conuquismo² entre los obreros agrícolas estatales³. Las Sociedades agropecuarias (SA), que aparecieron en 1961, fueron las primeras cooperativas de producción de origen campesino; a partir de 1964 dichas cooperativas se debilitaron hasta casi desaparecer⁴.

El cooperativismo campesino fue relanzado⁵ en los años setenta bajo el principio de la voluntariedad; el objetivo de tecnificar y humanizar el trabajo agrícola y la construcción de modernas comunidades electrificadas atrajo a gran parte del campesinado, especialmente a las mujeres. Casi un tercio de las fincas, que comprendían el 51,3 por ciento de las tierras campesinas, se integraron a las Cooperativas de producción agropecuaria (CPA) entre 1977 y 1987⁶. Con la socialización de la mayoría de las fincas «grandes» (de 30 a 67 ha), se amplió la minifundización. Las CPA adoptaron el modelo de las SA y se reforzaron gracias al apoyo de las Cooperativas de crédito y servicios (CCS)⁷.

En razón de su estrecha conexión con la economía nacional, la evolución del cooperativismo puede enmarcarse en tres etapas⁸:

• De 1977 a 1983: multiplicación acelerada del número de cooperativas y de campesinos asociados durante una época de crecimiento económico nacional, y predominio de las pequeñas cooperativas de gestión muy eficiente. Desde 1981 la política de agrandamiento de las CPA tuvo efectos negativos, que se hicieron patentes a partir de 1983.
• De 1984 a 1987: disminución creciente de la integración a las cooperativas de nuevos campesinos; gigantismo cada vez más acentuado de estas entidades; disminución de la rentabilidad y aumento del número de cooperativas no rentables, con un período crítico entre 1986 y 1987 coincidente con la fase recesiva de la economía nacional.
• De 1988-1993: agotamiento y parálisis del movimiento de transformación cooperativa del campesinado. El apoyo estatal se concentró en el fortalecimiento del sector de las CPA y no en la expansión del movimiento cooperativo. Si bien la crisis económica de 1991-93 afectó a las CPA, su repercusión fue menor que en 1986-87. Más del 70 por ciento del total de las CPA y el 90 por ciento de las cooperativas cañeras fueron rentables entre 1991y 1993. En la práctica, el modelo cooperativo reveló sus ventajas frente al modelo estatal, aunque no logró un éxito semejante entre los pequeños productores.

El modelo estatal agropecuario identificó en un solo elemento la propiedad, la gestión y la administración directa por el Estado de las explotaciones agropecuarias a través de un sistema empresarial con poca o casi ninguna autonomía. Una densa red institucional de administración centralizada implantó delegaciones territoriales del sector cañero y no cañero y dos ministerios que cerraban la pirámide superestructural. El predominio de los métodos y mecanismos de dirección del sector estatal terminó modificando los modelos cooperativo y campesino, integrándolos a sistemas no mercantiles. La tendencia al gigantismo de las entidades agrícolas estatales no siempre respondía al concepto de economías de escala y a una base material y técnica de sustentación; igual fenómeno se observó en el sector cooperativo.

La pérdida de eficiencia e integridad del desarrollo rural se hizo manifiesta a finales de los años ochenta y más aún en 1993 y 1994. La tecnificación «fordista» derivada de una tecnología soviética importada; la asimilación del modelo eurosoviético de dirección de la agricultura, y ciertos elementos de la integración progresiva al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) obraron en direcciones que fueron alejando progresivamente el desarrollo rural de las normas de la eficiencia.

En el Programa Alimentario Nacional (PAL), aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1990, fueron a parar las deficiencias acumuladas y las principales soluciones que debían adoptarse lo más rápidamente posible en virtud del agravamiento de las condiciones internacionales, pero sin cambios en el régimen de tenencia ni en el mecanismo económico. Apenas un año después, se desintegró la Unión Soviética, y Cuba perdió unos vínculos comerciales, financieros y tecnológicos forjados a lo largo de más de 30 años.

Este conjunto de fenómenos internos y externos daría paso a las políticas económicas específicas de ajuste y reforma en el primer tercio de los años noventa, y especialmente a la reforma agraria; en 1994 abriría sus puertas el mercado agropecuario de libre oferta y demanda, y a finales del decenio se pondrían en marcha otra serie de transformaciones relativas al funcionamiento económico y al redimensionamiento de la superestructura de dirección de la agricultura.

BASES POLÍTICO-JURÍDICAS

La reforma del régimen de tenencia y explotación de la tierra tuvo su base jurídica en la Constitución de la República de 1992⁹. La Constitución reconoce la posibilidad de enajenación de una parte de la propiedad estatal socialista al transferir su propiedad o administración a colectivos y personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras. El Estado deja de ser a la vez propietario y productor directo, y actúa como propietario en nombre de la sociedad; los productores se ocupan de la administración de los bienes públicos. La lógica de esta política consiste en que el Estado centra su atención en el manejo del excedente económico y ejecuta, como todo propietario, una labor de control y fiscalización.

La dirección política máxima del país estableció, el 10 de septiembre de 1993, el principio de los cambios en el régimen agrario; seguidamente, ese mismo mes, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dictó los Decretos-Ley 142 y 2 708, que definen el carácter y alcance de la apertura en materia de tenencia del suelo y los principios del funcionamiento de las nuevas cooperativas agropecuarias y de otros productores¹⁰. Los Reglamentos Generales de las Unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) fueron dictados por los ministerios correspondientes; y el Reglamento Interno, democráticamente consensuado y aprobado por los colectivos de las UBPC, cerró la lógica institucional del sistema.

CONTENIDO DE LA REFORMA AGRARIA DE 1993

La reforma de la tenencia de la tierra de 1993 difiere de las reformas de 1959 y 1963 y de la política agrocampesina de 1966-74 porque si éstas propugnaron la socialización de la gran propiedad privada agrícola y del campesinado, la presente reforma llevó a cabo un ajuste estructural de la propiedad estatal mediante la parcelación de la tierra bajo diferentes regímenes: en régimen cooperativo (fórmula dominante); en régimen de autogestión participativa¹¹ en las granjas no cooperativizadas; en régimen individual a favor de personas y familias; y en régimen privado empresarial de parcelación. A continuación se hace un análisis de la reforma de 1993 tomando en cuenta diversos aspectos analíticos¹².

Objetivo de la reforma

El enfrentamiento a la crisis agroalimentaria fue el objetivo más inmediato de una nueva reforma agraria que debía crear las condiciones que reactivaran la producción agropecuaria y agroindustrial. Era indispensable lograr un ajuste del conflicto entre fuerzas productivas, formas de explotación del suelo y funcionamiento del sistema agropecuario, es decir una fórmula de desestatización de la agricultura. Los cambios se efectuaron en medio de la crisis económica y de la ruptura del patrón de la agricultura convencional, en una época en que se imponía una intensificación del trabajo manual para garantizar la supervivencia y superar la crisis agroalimentaria. La promoción del cambio fue el resultado de una iniciativa de la dirección política central del país, y no el producto de imperativos políticos, o de reivindicaciones de trabajadores y demás productores agrícolas.

Beneficiarios de la parcelación de la tierra

Los beneficiarios de la parcelación de la tierra fueron:

• colectivos de cooperativistas integrados por ex trabajadores agrícolas estatales;
• colectivos agrícolas autogestionados de las granjas estatales agropecuarias;
• campesinos y parceleros usufructuarios que se beneficiaron de la repartición de las tierras estatales. Bajo régimen de usufructo gratuito se produjeron productos de subsistencia y comerciales (café, tabaco, etc.). Esta repartición persiguió, además, la «rerulalización» y un nuevo desarrollo campesino;
• colectivos laborales de las empresas mixtas dotadas de capital extranjero destinado a actividades agropecuarias;
• colectivos laborales de carácter extraordinario y temporal que comprendían miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, y entidades no agrícolas dedicadas a la producción comercial y de autoconsumo. Una finalidad implícita de estos colectivos era la asimilación laboral de una parte de los trabajadores en paro forzoso a causa de la crisis.

La reestructuración del sistema agrario dio lugar a un modelo de economía agraria heterogénea (mixta) compuesta por una diversidad de agentes económicos. Las nuevas formas económico-organizativas encerraban incentivos potenciales superiores, y posibilitaron una articulación más eficiente del sistema agrario con la agroindustria, el ámbito del consumo interno y el comercio exterior.

Parcelación y propiedad de la tierra

La parcelación de la tierra del Estado se realizó en régimen de usufructo gratuito y por tiempo indefinido. La intangibilidad del monopolio estatal de la tierra como objeto de propiedad se mantuvo en la mayor parte del suelo nacional. (El resto de las tierras era propiedad colectiva de las cooperativas campesinas o propiedad u objeto de usufructo de campesinos y parceleros.) La renta del suelo y la valorización de la tierra siguieron siendo conceptos excluidos de la práctica económica.

Activos y financiamiento

La enajenación de los activos fijos (excluida la tierra) y circulantes de las empresas estatales agropecuarias y de los complejos agroindustriales azucareros (CAI) en beneficio de las nuevas cooperativas se realizó mediante su venta; y, en el caso de las granjas «de nuevo tipo» (en autogestión participativa) «en administración», con la excepción de los activos circulantes, que les fueron vendidos. En ambos casos, el financiamiento de la inversión inicial se garantizó mediante un crédito bancario blando que contemplaba un período de gracia de 3 a 5 años. En situaciones especiales, las inversiones productivas corrientes contaron con un apoyo financiero presupuestario. En ningún caso se admitió la individualización del patrimonio colectivo con sus efectos correspondientes.

Reforma y superestructura

En 1993, durante el proceso de cambio, tuvo lugar una asincronía entre la reestructuración de la base productiva y la reestructuración del aparato superestructural nacional y provincial de la agricultura cañera y no cañera, que incluyó la reorganización indispensable del sistema empresarial estatal. Este último debió monitorear la repartición de las tierras y asumir funciones de control y fiscalización. La reestructuración comenzó en 1998 y aún no ha concluido.

Reforma y mecanismo económico

La nueva economía agropecuaria implicó una modificación sustancial del mecanismo de planificación, que ahora debía orientarse hacia el mercado. La apertura del mercado libre agropecuario en 1994 fue seguida de otras medidas como los esquemas de financiamiento y estímulos en divisas para determinados sectores relacionados con las exportaciones; la reducción de las importaciones de alimentos; y las aportaciones de capital extranjero para reactivar la producción nacional, estabilizar y ulteriormente ampliar la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura.

Otros cambios paralelos

El ajuste estructural se vinculó también a otro conjunto de acciones y cambios, entre los que cabe destacar los siguientes:

• desarrollo de la agricultura urbana mediante organopónicos y huertos integrales urbanos destinados a la producción de hortalizas, arroz y otros cultivos en el interior y en los alrededores de ciudades y pueblos.
• introducción de sistemas tecnológico-productivos de bajos insumos y alta densidad de mano de obra, con el propósito de combinar más racionalmente el modelo productivo convencional o clásico con un modelo de producción sostenible.
• fortalecimiento de los centros de investigación agropecuaria con el objeto de introducir nuevas tecnologías sustitutivas de los insumos agroquímicos y de la mecanización.

CAMBIOS ESTRUCTURALES INTRODUCIDOS EN EL SISTEMA AGRARIO

La reforma agraria ha modificado sustancialmente la estructura de la tenencia del suelo existente hasta finales de 1992 (Cuadro 1). En poco menos de tres años, a partir de finales de 1993, se parcelaron más de 3,3 millones de hectáreas de superficie agrícola estatal a favor de colectivos y trabajadores. Los cambios han sido considerables: en septiembre de 1993, el sector estatal agropecuario comprendía unas 400 grandes empresas que reunían 735 granjas cañeras¹³ y 835 explotaciones agropecuarias; sus dimensiones promedio eran de 5 796 ha respecto a una superficie total de 9,1 millones de hectáreas de las cuales 5,1 millones de hectáreas eran de suelos cultivables. El sector estatal disponía por sí solo de más de 75 000 tractores con un potencial energético de 5,9 millones de caballos, y de una superficie bajo riego de 870 000 ha. El capital fijo acumulado se estimaba en 7,356 millones de pesos en 1988. Había alrededor de 587 000 trabajadores ocupados, en su mayoría jóvenes e instruidos¹⁴: uno de cada 5 trabajadores era técnico de nivel intermedio y tenía formación universitaria¹⁵.

La reforma privilegió la repartición de la tierra estatal en favor de las Unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), que recibieron en usufructo gratuito alrededor de 3,1 millones de hectáreas de superficie agrícola hasta 1995. Por otro lado, algo más de 125 700 ha se distribuyeron a pequeños productores (este proceso aún no ha concluido). Al mismo tiempo se amplió el fondo de tierra en explotación extraordinaria en manos de las granjas militares y del Ministerio del Interior, hasta alcanzar unas 219 000 ha.

En 1998, algo más del 50 por ciento del fondo agrícola nacional correspondía al sector cooperativo, mientras que el Estado disponía de un tercio de dicho fondo: una parte era explotada según el esquema tradicional, y otra se encontraba en transición a granjas integrales de nuevo tipo. El resto de la tierra era explotado por las granjas militares, los colectivos de contingentistas, las entidades del Poder Popular, instituciones científicas y otras instituciones. Finalmente, el sector privado campesino y parcelero disponía de algo más del 16 por ciento de la superficie agrícola nacional (el 72,1 por ciento del fondo de tierra privada en CCS, equivalente a un 12 por ciento de la tierra agrícola nacional). Los agricultores privados restantes eran campesinos no asociados a CCS y la casi totalidad de los parceleros o conuqueros (Cuadro 1).

En el año 2000, el número de agentes agrícolas consistía en más de 4 300 entidades estatales, cooperativas y asociaciones económicas, y 2 709 CCS con alrededor de 90 000 asociados; el resto del sector privado incluía unos 118 000 a 125 000 productores campesinos, parceleros y patieros¹⁶ independientes. La nueva estructura de la tenencia de la tierra -en una época en que la reforma aún no ha concluido- responde a una economía agraria heterogénea debido a la diversidad de los actores agrarios. En las distintas provincias del país la estructura agraria es semejante a la ya descrita.

La composición de la tenencia de la tierra por sectores principales agrícolas revela que el cooperativismo es absolutamente dominante en el sector cañero; que su presencia es fuerte en el sector no cañero; y que su función es importante en el sector campesino-parcelero de la agricultura no cañera, donde su peso relativo equivale a casi 2,8 veces la tierra de la agricultura cañera. Por su parte, la función del Estado es importante en el sector no cañero, aunque es predominante solo en el sector arrocero. En general, la presencia de las granjas integrales es importante en los sectores forestal, arrocero, citrícola y en la ganadería de ceba.

COOPERATIVIZACIÓN DE LA AGRICULTURA ESTATAL

Las Unidades básicas de producción cooperativa son cooperativas de tipo empresarial, y están integradas por granjeros estatales asalariados procedentes de las empresas estatales agropecuarias. La formación del sector de las UBPC representa un proceso singular de desestatización de la posesión de la tierra y de los activos estatales. Desde un punto de vista social, las UBPC han producido el «desclasamiento» de los asalariados estatales, que se convirtieron en trabajadores-propietarios colectivos, con intereses propios de tal categoría.

Las UBPC son algo más que empresas: constituyen una comunidad económico-social integrada en el medio rural. Se distinguen de las empresas mercantiles convencionales -subordinadas a la maximización de la tasa de beneficio- en que, sin dejar de perseguir un afán de beneficio, están obligadas a tener otros objetivos de índole social-comunitaria. La satisfacción de ambos aspectos es un concepto básico para entender su racionalidad.

En los documentos fundacionales de las UBPC se definen los principios generales, las finalidades y la misión fundamental de estas entidades; y en su formulación se refleja la urgencia de un proceso funcional y utilitario¹⁷:

• la vinculación directa del hombre a la explotación agrícola como forma de estimular su interés por el trabajo y el sentido de una responsabilidad individual y colectiva directa;
• el autoabastecimiento del colectivo de obreros y sus familias mediante un esfuerzo cooperativo, así como el mejoramiento progresivo de las condiciones de vivienda y otros aspectos relacionados con la atención a las personas;
• la asociación rigurosa de los ingresos de los trabajadores a la producción alcanzada;
• un amplio desarrollo de la autonomía de gestión;
• la administración por las nuevas entidades de sus propios recursos, y la autosuficiencia en el orden productivo.

A continuación se ofrecen algunas características que ilustran el proceso de cooperativización proletaria, sobre todo para establecer las diferencias con la cooperativización que tuvo lugar entre los campesinos en los años setenta.

• La transformación de los granjeros estatales en cooperativistas no resultó de una reivindicación formulada por éstos, sino de un cambio introducido por la dirección central del país; dicho cambio fue consensuado luego por los granjeros en las asambleas constitutivas.
• La transformación estuvo bajo regulación y control estatal, y en ella intervinieron los ministerios, las delegaciones provinciales y finalmente las empresas, con la participación activa de las organizaciones sociales. Las relaciones agrícolas productivas, económicas y sociales conservaron, a pesar de la rapidez del cambio, su unidad y disciplina.
• La integración de los trabajadores a las cooperativas se guió por el principio de voluntariedad (solicitud individual de ingreso) y por el ejercicio democrático en la selección de la membresía. Los equipos de dirección y el tamaño de las UBPC resultaron mucho más pequeños que las empresas y granjas precedentes.
• Las nuevas entidades contaron con la ayuda del sistema financiero nacional. La relativa conservación de la superestructura que dirigió la cooperativización y el control y fiscalización se tradujo en muchos casos en actitudes paternalistas o abiertamente intervencionistas que limitaron, y aún limitan, la autonomía de las UBPC.

La formación de las UBPC en la agricultura estatal no cañera fue más lenta¹⁸ que en el sector cañero. La reestructuración de la agricultura preveía la organización de un total de 2 654 UBPC¹⁹: a fines de 1994 había 958, y a fines de 2000, 1 709. En 1996, ocupaban una superficie de 1 512 200 ha, equivalente al 42 por ciento de la tierra, y daban empleo al 33 por ciento de los trabajadores, que dependían del Ministerio de la Agricultura. A principios de 2001 su superficie total era de 1 457 000 ha. La inmensa mayoría de los trabajadores agropecuarios estatales se integró a las UBPC: un 95-96 por ciento de los granjeros de las empresas del Ministerio de la Agricultura (MINAG); solo un 2,5 por ciento de los solicitantes fueron rechazados por las Asambleas constitutivas y un 2,8 por ciento no manifestó interés por el cooperativismo. Las mujeres representaron entre el 16 y el 21 por ciento de los ubepecistas. Características de la colectivización fueron el número de entidades creadas, la tierra colectivizada y el número de trabajadores integrados (Cuadro 2)²⁰.

El proceso de cooperativización no ha concluido aún en la agricultura no cañera debido a la aguda escasez de mano de obra en muchas empresas agropecuarias, a la repartición con carácter extraordinario de tierras a familias y colectivos de otras instituciones, y a la introducción de un esquema autogestionado participativo en la avicultura, porcinocultura, ganadería de ceba, acuicultura, servicios agropecuarios e incluso en el sector de los cultivos varios. La disminución del número de UBPC respecto al plan original se debe a que su tamaño resultó siendo mayor que el se había concebido inicialmente.

La cooperativización en el sector cañero tuvo lugar en apenas un mes antes del inicio de la zafra de 1993-94, cuando alrededor del 87,3 por ciento de la tierra y el 88,5 por ciento de la superficie cultivable de los complejos agroindustriales azucareros (CAI) se organizaron en 1 561 UBPC, con algo más de 153 000 asociados. Al final del siglo el número de UBPC había quedado reducido a 955, con unos 137 000 miembros.

La tendencia general del sector de las UBPC cañeras a la concentración por fusiones sucesivas, o su conversión en granjas estatales a causa de dificultades económicas y organizativas, ha sido un factor desestabilizador que ha afectado al sentido de pertenencia de los ubepecistas. No debe sorprender que las UBPC hayan perdido alrededor de 15 800 asociados en los últimos 6 años, a pesar de que se observa un incremento apreciable del número promedio de ubepecistas por cooperativa.

La creación del sector de las UBPC ha reducido el tamaño de las explotaciones agrícolas; por ejemplo, en 1993, las cooperativas cañeras y ganaderas equivalían, respectivamente, a 1/7 y 1/15 de las antiguas empresas estatales. Esta tendencia positiva comenzó a revertirse con las fusiones y disoluciones de las UBPC, y tuvo múltiples efectos que dañaron el sentido de pertenencia y de propiedad de la membresía. La superficie de tierras por ubepecista era relativamente grande: en 1993 era de 11,1 ha, y siguió incrementándose ulteriormente. En 2000 era de 12,7 ha en las UBPC no cañeras y de 11,5 ha en las cañeras. En la situación actual, caracterizada por la escasez de mecanización y de insumos agroquímicos, estas cifras no pueden considerarse accidentales (Cuadro 3).

La compra de los activos fijos²¹ y circulantes fue financiada mediante créditos de la banca estatal a una tasa de interés baja y con un período de gracia de tres años, prorrogables excepcionalmente hasta cinco. Los activos fijos no incluían la tierra. El presupuesto nacional de 1994 ingresó por ventas de activos 843,5 millones de pesos²². En el marco de los programas de recuperación, se creó un fondo de ayuda económica gratuita en apoyo de las UBPC, y se destinaron a éstas 67,8 millones de pesos en 1994; 319 millones en 1995; 541 millones en 1996; 480 millones en 1997; 399 millones en 1998, y 199,5 millones en 1999. En definitiva, la ayuda económica representó una mínima parte del subsidio multimillonario estatal que recibían las empresas estatales agropecuarias en el período anterior a la reforma²³.

FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA GLOBAL

La estructura productiva por rubros del sector agropecuario nacional se ha mantenido prácticamente inalterable a lo largo del tiempo. En 1997, el 57 por ciento del fondo agrícola nacional se encontraba cultivado, y un 35 por ciento se encontraba cubierto de pastos naturales. Los cultivos permanentes siguen siendo la ocupación fundamental de la agricultura, con alrededor del 70 por ciento de la superficie cultivada. La caña de azúcar ocupa el primer lugar, con el 48 por ciento de la superficie cultivada, y los pastos y forrajes el segundo lugar, con el 10,2 por ciento. Las plantaciones de café, cacao y cítricos cubren el 7 por ciento (Cuadro 4). En general, la ganadería se practica en una superficie total de casi 2,8 millones de hectáreas, equivalente al 49,4 por ciento de toda la superficie agrícola del país, aunque se trata en la mayoría de los casos de tierras marginales, poco apropiadas a la agricultura.

A los cultivos temporales -fundamentales en la dieta del cubano-, se dedican unas 995 000 ha, que equivalen al 29,4 por ciento de la superficie cultivada, es decir 0,09 ha (900 m2) per cápita, extensión que resulta muy insuficiente respecto a los niveles de productividad actuales.

El sector cooperativo (constituido por las UBPC más las CPA) ocupa el primer lugar por superficie cultivada, y está encabezado casi sin excepción por las UBPC; siguen de cerca productores estatales, y luego los campesinos pequeños y medios. Los productores privados de la agricultura de plantaciones ocupan un lugar muy menor, excepto en el caso del café.

La función agregada de la producción agrícola por tipos y formas de economía agraria es muy variada (Cuadro 5). El sector cooperativo se caracteriza por un alto nivel de especialización en cultivos permanentes. Las UBPC dedican el 89,2 por ciento de la superficie cultivada a la caña de azúcar; el subsector de las CPA posee una economía más diversificada. En la agricultura estatal se ha producido un cambio importante debido a que en la actualidad hay un mayor equilibrio entre la proporción de cultivos de plantaciones y de cultivos temporales. Por su parte, la economía campesina y parcelera reproduce el modelo clásico de una función productiva altamente diversificada, centrada en la producción de alimentos (con el 70 por ciento de la superficie cultivada).

A diferencia de la agricultura precedente y del cooperativismo, el sistema agrario actual -eje central de la agricultura cubana- es heterogéneo; dicha heterogeneidad se debe a la coexistencia de diversos patrones económico-sociales. En la recomposición del medio rural es aún necesario:

• acabar de generalizar el modelo de autogestión participativa en las granjas estatales;
• continuar la parcelación privada hasta límites razonables;
• crear progresivamente nuevas asociaciones económicas con el capital extranjero convenientes para Cuba.

La futura ampliación de la agricultura privada campesina y parcelera plantea interrogantes acerca de la posibilidad de reducir la conflictividad de la recomposición económica y social que tiene lugar en el campo, y de la factibilidad y oportunidad de relanzar el cooperativismo. Este último factor dependerá de la capacidad de recuperación y de la competitividad del sector cooperativo.

RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DESPUÉS DE LA REFORMA

El sector cooperativo, vinculado con la agroindustria de exportación y el mercado interno, se ha convertido en el elemento principal de la recuperación agroalimentaria y, por consiguiente, de la reactivación económica y del desarrollo rural en sentido amplio. En 1996 las UBPC producían productos tan esenciales como la caña de azúcar, la leche y el arroz húmedo (Cuadro 6) en proporciones que se han mantenido sin cambios sustanciales en los años siguientes.

En el contexto de una economía agraria heterogénea, las UBPC han debido enfrentar grandes dificultades para llevar adelante la recuperación económica, porque su modelo productivo surgió tiempos en que la agricultura estaba en quiebra, y la crisis económica y agroalimentaria había registrado su punto más agudo. El reto histórico de estas cooperativas consistió en la promoción de la agricultura y en la reactivación de la economía nacional en su conjunto.

El repunte económico de Cuba -y el de su agricultura- no es una tarea del corto ni del mediano plazo. Las condiciones creadas por la crisis económica, el cambio tecnológico, los ajustes y los conocimientos que exigen las nuevas organizaciones agropecuarias, agroindustriales y otras organizaciones vinculadas con el sector agropecuario, amén de la implementación de los cambios económicos, son factores que actúan con mayor o menor intensidad e influencian el proceso de recuperación agrícola y en particular el funcionamiento de las UBPC.

La reducción de la producción agropecuaria en los años 1993-94 respecto a la media del trienio 1990-92 fue considerable: la producción de la mayoría de los sectores fue inferior al 40 o al 50 por ciento. No es casual que los sectores que mejor soportaron la crisis fueran los que se asocian tradicionalmente al consumo popular: los del maíz, frijol, viandas y carne porcina (Cuadro 7).

La agricultura en su conjunto se ha recuperado progresivamente a partir de 1995, e incluso ha habido algunos sectores que han logrado superar sus niveles históricos de producción, aunque con un comportamiento inestable en los últimos años noventa; ello se refleja en las tasas de crecimiento comparadas de la agricultura y del producto interno bruto. Un papel destacado en este proceso corresponde a las UBPC, así como a la agricultura urbana y suburbana (organopónicos y huertos suburbanos). Otros sectores se han mantenido en una situación de crisis -por ejemplo el de la caña de azúcar-, con una producción promedio de 1995-98 que fue un 51,1 por ciento inferior a la de 1990-92. La ganadería también sufrió pérdidas: el rebaño bovino disminuyó a una tasa media anual del 1,4 por ciento entre 1967 y 1998²⁴.

En el cuatrienio 1995-98, la recuperación indicaba que todas los sectores habían superado los bajos niveles de producción de los dos años más críticos; sin embargo, salvo para cinco bienes agregados, la producción todavía estaba lejos de volver a alcanzar los niveles medios de 1990-92, con la excepción del maíz, frijoles, tabaco y carne porcina, productos que superaron los picos históricos de producción.

La disminución de la producción cañera de las UBPC ha sido una constante en las últimas siete zafras, salvo en la última del siglo pasado cuando se registró una leve recuperación; pero la producción aún distaba un 19 por ciento de la que se había alcanzado en 1993-94. La caída de los rendimientos cañeros desde 1993, hasta llegar a unas 39 200 arrobas²⁵ por caballería, significó un rudo golpe para la economía azucarera del país; en las dos últimas zafras del siglo pasado se logró una leve recuperación con un incremento de apenas unas 1 300 arrobas por caballería respecto a 1993-94 (Cuadro 8).

Entre 1995 y 2000 la agricultura se recuperó paulatinamente, aunque todavía a un nivel insuficiente y sin que se consiguiera un mejoramiento en cantidad y calidad de una canasta racionada, o reducir los precios de los productos en los mercados liberados e incrementar el suministro de materias primas a la industria alimentaria. La producción tampoco ha alcanzado a satisfacer adecuadamente la demanda del sector turístico. Las importaciones de alimentos resultan excesivas y deprimen las exportaciones. Los sectores agropecuario y agroindustrial exportador están llamados a dar una mayor contribución al proceso de recuperación de la economía, sobre todo al reducir las tensiones en la balanza en cuenta corriente.

Hay que considerar dos circunstancias que dificultan la comprensión del crecimiento acumulado en el sector agropecuario. Por una parte, Cuba no puede dejar de importar determinados alimentos y materias primas necesarios para la producción interna de calorías y, sobre todo, de proteínas. El país no ha sido ni será plenamente autosuficiente en la esfera alimentaria, y debe soportar tensiones financieras agravadas por el alza de los precios de los alimentos en el mercado internacional, que limitan los volúmenes de importación.

Por otra parte, la expansión creciente del turismo eleva necesariamente la demanda interna de alimentos, y ejerce una presión sobre los suministros disponibles para la población. Esta demanda también ejerce una presión sobre la balanza en cuenta corriente de importaciones indispensables, a pesar de que el sector turístico contribuye a su financiamiento. Resulta paradójico que el sector turístico se haya convertido en un factor clave del despegue agropecuario debido a que el mercado interior de divisas contribuye en numerosos aspectos a su financiamiento.

Al hacer una evaluación general de la reforma agraria desde 1993, se puede afirmar que a pesar de la aguda carencia de insumos y equipos en que ésta ha debido desarrollarse, existen signos alentadores de un repunte de los sistemas productivos, de la producción de bienes de consumo directo y de materias primas destinadas a la agroindustria, y del mercado interno y externo. La reforma ha contribuido además al incremento y a la estabilización de la mano de obra rural.

CONTRADICCIONES Y DESAFÍOS DE UNA AGRICULTURA HETEROGÉNEA

La estructura de la base económica de la nueva agricultura nacional cubana representa un modelo de economía agraria heterogénea. El cooperativismo de origen proletario se desarrolló en una economía que reunía distintas formas -contradictorias y en cierta medida antagónicas- de producción e intercambio. Junto al capitalismo de Estado, diversas clases y grupos sociales manifiestaron intereses económicos específicos y diferenciados: agentes socializadores, individuos privados, y segmentos de campesinos ricos.

Antes de 1992, el desarrollo rural integral había traído consigo una diversificación de la composición social en las zonas agrícolas. La tecnificación, la industrialización, la urbanización y la implantación de los servicios productivos y sociales modificaron mucho la estructura social tradicional, el empleo, la cultura y el modo de vida rural. El campesinado se redujo numéricamente al tiempo que cobraba peso su homogeneidad económica. Los cooperativistas surgieron como un nuevo grupo social; y aumentó el número de trabajadores agrícolas y no agrícolas en las empresas estatales. Hacia finales de los años ochenta se produjeron fisuras en la composición social del medio rural debido a la expansión del conuquismo entre las filas de los trabajadores agrícolas. A causa del desarrollo del mercado y de la agudización de la escasez de alimentos durante los años siguientes, tuvo lugar un proceso creciente de diferenciación económico-social de los campesinos pequeños y medios. Las diferencias antes apenas perceptibles de tamaño, localización y especialización de las fincas obraron con mayor fuerza.

Los cambios estructurales en la explotación del suelo durante los años noventa han recompuesto el espectro social en el medio rural. Este fenómeno está en proceso de maduración conforme se consolidan nuevas formas de producción y se producen cambios en la estructura económico-social y en la economía en su conjunto. El cooperativismo está en vías de autoafirmación como actividad de un grupo social consciente, dotado de identidad propia y diferenciado. Los campesinos privados y los usufructuarios tienden, bajo la influencia de las leyes del mercado, a la diferenciación, y en no pocos casos acceden, unos a la asalarización -sobre todo los pequeños y muy pequeños propietarios de tierras-, y otros a la capitalización. Se ha ampliado el estrato de los campesinos medios. El mercado y la intermediación han reforzado estas tendencias.

Sin embargo, en el cooperativismo se encuentra una doble orientación: por una parte, una creciente asalarización sustitutiva o complementaria y, por otra, la mezcla de asociados finqueros privados con asociados usufructuarios de parcelas. Los trabajadores del sector del capital extranjero agrícola presentan un implícito dualismo social-productivo. Por último, los granjeros de nuevo tipo de un sector estatal en proceso de reforma presentan una cierta semejanza con los cooperativistas, y conforman otro grupo social en transición que difiere del de los obreros agrícolas de las granjas estatales tradicionales.

La nueva agricultura ha cambiado un modo de hegemonía social que antes descansaba en el predominio del Estado como propietario y productor directo. Esta agricultura presupone un sistema técnico-productivo, económico y social que se proyecta a distintos niveles estructurales y funcionales dentro del sistema agrario y de sus relaciones con la economía nacional.

El carácter mercantil de la producción y del intercambio -y de la regulación planificada- es inherente a la economía agraria y a cada uno de sus componentes. Por consiguiente, la planificación y el mercado están indisolublemente ligados a una contradicción que es la forma en que se realiza la producción y se distribuyen los factores de producción, las actividades mercantiles y los ingresos agropecuarios.

La ley de los precios es un atributo común a todas las formas de economía agraria existentes. La forma mercantil de realización de la totalidad del producto agrícola expresa la necesidad de una articulación de los productores -de diversa naturaleza social- aislados e independientes en el marco de una única economía nacional. El valor (precio) asume precisamente esa función homogeneizadora de los gastos individuales del trabajo.

Por su parte, la regulación social se impone como una necesidad objetiva a causa del predominio de la socialización socialista de las fuerzas productivas en el sector agrícola. Dicha regulación, que asegura el decurso socialista, también es necesaria para garantizar un equilibrio dinámico y una proporcionalidad en las esferas productiva, económica, social y política en función del desarrollo eficiente de la agricultura. La planificación del desarrollo es el instrumento fundamental mediante el cual la sociedad puede ordenar y dominar las tendencias contradictorias que se gestan en la nueva economía agraria.

En consecuencia, la planificación y el mercado coexisten obligatoriamente, sin excluirse absolutamente, en una contradicción permanente de negación recíproca. Es necesario perfeccionar la planificación, abandonando lo más rápidamente posible el modelo de balances materiales para dar paso a una regulación financiera del libre juego de las relaciones económicas agrícolas con los demás componentes de la economía nacional.

La eficiencia económica y social es el factor determinante de la viabilidad de unas y otras formas agrarias de producción. Existe una relación competitiva entre la tendencia a regular el movimiento económico -sin excluir el mercado- y a colocar en primer lugar el bien colectivo y social de la producción y de los servicios, y aquellas corrientes económicas que tienden a la anarquía, a la espontaneidad y a la capitalización.

La autogestión y el autofinanciamiento son la forma general de gestión de todos los sujetos agrarios. La maximización de la rentabilidad requiere como nunca antes la armonización de los intereses de los productores con los de la sociedad. La acumulación se fragmenta debido a la intervención de todos los productores, y por consiguiente deja de ser una función exclusiva del Estado; sin embargo este último no abandona su papel protagónico en el desarrollo de la agricultura nacional. En esta esfera se requieren nuevos instrumentos que estimulen el ahorro y la inversión, al tiempo que orientan y controlan la reproducción y la actuación de los agentes económicos.

En Cuba existen las siguientes condiciones que aseguran la hegemonía de los intereses sociales y el curso socialista de la agricultura:

• El Estado es propietario, en nombre de la sociedad, del 80 por ciento del suelo nacional, y participa activamente en inversiones en proyectos de infraestructura, agroindustriales, medioambientales y en otras esferas decisivas del desarrollo agropecuario y rural.
• Las entidades socializadas tienen una función predominante en el régimen cooperativo y autogestionario-participativo de las granjas agrarias de nuevo tipo.
• Las empresas agroindustriales socializadas y el sector de las exportaciones (que están en proceso de perfeccionamiento empresarial) son los instrumentos para mantener el desempeño adecuado y el control social sobre el mercado principal agrícola nacional, y sobre los vínculos comerciales externos.
• La planificación sigue permitiendo regular, en función de los intereses y necesidades de la sociedad -aunque todavía de forma insuficiente-, una parte significativa de la producción agropecuaria en los sectores socializado y privado.
• Una política flexible y unitaria en el sector cooperativo, y la extensión del cooperativismo entre los campesinos a partir de las CCS -incluyendo los pequeños productores urbanos- responde a las fuerzas contradictorias que actúan en el medio rural y en las ciudades y realzan las fuerzas socializadoras.
• El robustecimiento del control político y jurídico de la sociedad en materia de desarrollo agrario; y el refuerzo, mediante un enfoque clasista renovado, de la alianza política de un proletariado urbano y rural y del campesinado, son elementos fundamentales de la nueva etapa histórica cubana.

La reforma agraria de 1993 ha renovado las bases de una economía agraria heterogénea, y ha correspondido a las fuerzas productivas propias de un país pequeño en desarrollo en transición al socialismo. La reforma ha creado las premisas objetivas necesarias para dar eficiencia a las fuerzas productivas, a los rendimientos y a la producción; ha mejorado la alimentación y el bienestar popular, y ha permitido que existan, al mismo tiempo, impulsos socializadores indispensables que sustentan el decurso socialista en el medio rural.

¹ Hasta agosto de 1962, el sistema agrario estuvo compuesto por cuatro sectores: el estatal, el cooperativo, el privado capitalista y el campesino. En agosto del 1962 se estatizó el sector cooperativo, y con la II Ley de Reforma Agraria se expropió y estatizó el capital privado agrícola remanente.

² El conuco es una parcela de tierra de dimensión variable cuya finalidad es la producción de subsistencia para la familia, sobre todo durante el período de desempleo estacional, llamado «tiempo muerto». Los conucos fueron reivindicados, desde la década de 1940, por los jornaleros agrícolas bajo la conducción de los sindicatos ante los grandes patrones latifundistas.

³ Véase V. Figueroa. 1998. La economía campesina en la transición socialista antes de la reforma agraria de 1993. En Campesinado y participación. Ed. Universidad de La Habana y ONG Acción Popular Noruega. La Habana.

⁴ Solo 43 Sociedades agropecuarias sobrevivieron hasta 1977, transformándose en Cooperativas de producción agropecuaria.

⁵ La vía cooperativa del desarrollo rural constituyó una parte importante del paquete global de medidas de rectificación económica que se llevaron a cabo en esos años, y contó con condiciones macroeconómicas y sociales favorables.

⁶ Más de 44 000 fincas campesinas de una superficie total de alrededor de 1 049 000 ha existían en 1978.

⁷ Informe al I Congreso del PCC, 17-18 de diciembre de 1975. En El militante comunista de Cuba, enero-febrero de 1976. Discurso de Fidel Castro, Primer Secretario del CC del PCC en el VI Congreso de la ANAP. En Discursos en tres Congresos. Ed. Política. La Habana, 1982.

⁸ Véase S. Alemán, V. Figueroa et al. 1985. Bosquejo histórico del proceso de cooperación socialista de la agricultura cubana. Premio Ensayo. Concurso de Historia «Primero de Enero 1983». Ed. Política. La Habana; D. Deere et al. 1991. Hacia una periodización del proceso de colectivización cubano: incentivos y respuestas campesinas. MIMO. La Habana y Massachusetts.

⁹ La Constitución de 1992 sustituyó a la Constitución de 1976, y dio lugar a ajustes y aperturas económicos.

¹⁰ Posteriormente se dictaron las Resoluciones No 354 y No 60 de 1993 del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y del Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ), respectivamente, que concretizaron etapas y fórmulas organizativas y otras mediaciones del proceso de cambio.

¹¹ Las entidades de autogestión participativa operan en forma descentralizada y sufragan sus propios costos; sus beneficios, una vez pagados los impuestos, los destinan a la inversión y a reservas. Los beneficios restantes pueden ser repartidos entre los trabajadores según sus aportes laborales.

¹² Véase V. Figueroa. 1997. El modelo cooperativo en la reforma del modelo económico de la transición al socialismo en Cuba. Biblioteca Central de la UCLV. Santa Clara.

¹³ Las granjas cañeras fueron el producto de subdivisiones administrativas en el interior de las empresas, y aparecieron apenas un año antes de la reforma.

¹⁴ En 1986, el 58 por ciento de los trabajadores tenía una edad promedio de 25 a 44 años, y el 60 por ciento superaba el nivel primario de enseñanza.

¹⁵ La revolución educacional no se detuvo en los años subsiguientes, y este indicador siguió creciendo.

¹⁶ Trabajadores en patios de menos de 2 000 m2, generalmente aledaños a casas de zonas urbanas y rurales.

¹⁷ Véase el Decreto-Ley 142 de septiembre de 1993.

¹⁸ Las primeras UBPC fueron «La Miriam» (La Palma, Pinar del Río), creada el 28 de septiembre de 1993; y la «Simón Rodríguez» (Melena del Sur, La Habana), creada el 29 de septiembre de 1993.

¹⁹ Las UBPC eran 559 en 1994, 246 en 1995, 103 en 1996 y apenas 9 en 1997.

²⁰ La colectivización más intensa se observó en los sectores cañero, tabacalero y cafetalero, con más del 85, 76 y 85 por ciento de la tierra, respectivamente. En marzo de 1995, en el sector de los cultivos varios, se colectivizó el 54 por ciento de la tierra; en el citrícola el 45 por ciento, y en el del arroz el 48 por ciento.

²¹ El valor de los activos fijos se estimó según el valor en libros y el estado técnico de los medios de producción. Este valor era muy inferior a los costos reales de producción y se tradujo en una «descapitalización» de unos 250-300 millones de pesos del sector estatizado.

²² CEPAL. 2000. La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los noventa. México. El 30 de septiembre de 1996, el MINAG, había vendido activos por 742 millones de pesos, con un valor en libros de 1 300 millones.

²³ Los subsidios a las empresas agropecuarias y a la agroindustria en 1992-93 se estimaron en alrededor de 1 800 millones de pesos.

²⁴ En 1967 en el hato de bovinos de Cuba había 7 172 000 cabezas; en 1998 había sólo 4 643 000 cabezas.

²⁵ 1 arroba = 11,5 kg aproximadamente.