Community paralegals and land tenure
Despite the
efforts of the National Agrarian Development Institute (INDA) and
non-governmental organizations to promote the legalization of community lands,
land tenure continues to be a highly topical issue in Ecuador. After reviewing
the subject of land titling and the different jurisdictions, the article looks
at land disputes between the Chachi and the Afro-Ecuadorian peoples living in
the province of Esmeraldas.
The ancestral lands of these two groups are under pressure from external players (settlers, logging companies, palm growers, shrimp farmers) causing the displacement of the Chachi and the Afro-Ecuadorians, resulting in reciprocal land invasions and land-tenure disputes, with consequent pressure on natural resources and change in land use. The article proposes settling such disputes through paralegals, whose mediation would take into account the cultural framework and the human/land relations that are generally determinant factors in such conflicts or disputes.
Entités communautaires et régime foncier
En dépit de
l'impulsion imprimée par l'INDA et différentes organisations non
gouvernementales au mouvement de légalisation des terres communautaires, le
problème du régime foncier continue de se poser avec beaucoup d'acuité en
Equateur. Après avoir analysé la question de l'attribution de titres pour les
terres selon les différentes juridictions, l'auteur nous propose une étude de
cas sur les conflits à propos des terres qui opposent les peuples Chachi et
Negro, installés dans la province d'Esmeraldas.
A l'heure actuelle, les terres ancestrales de ces deux groupes sont soumises à des pressions extérieures (colons ou entreprises récoltant le bois, l'huile de palme ou les crevettes) qui donnent lieu à des déplacements de population contraignant les membres de chacun de ces groupes à s'installer sur les terres de l'autre, d'où l'existence de conflits fonciers qui ne font que renforcer les pressions auxquelles sont soumises les ressources naturelles, et se traduisent par un changement de destination des terres. L'auteur de l'article propose un mode de gestion des conflits faisant appel aux organisations communautaires, ce type de médiation permettant de mettre en jeu le système culturel et de prendre en compte les relations homme-terre, généralement déterminantes dans ce type de conflits ou de différends.
Consultor, ha colaborado en consultorías con la FAO, el Banco Mundial y el BID
A pesar del
impulso que el INDA y diferentes Organizaciones no gubernamentales han dado a la
legalización de tierras comunitarias, la problemática de la tenencia de la
tierra sigue siendo muy relevante en Ecuador. Después de pasar en reseña el tema
de la titulación de tierras según las distintas jurisdicciones, el autor
presenta el caso de la problemática de tierras entre los pueblos Chachi y Negro,
asentados en la provincia de Esmeraldas.
En la actualidad estos dos grupos están viviendo una presión sobre sus tierras ancestrales, provenientes de actores externos (colonos, empresas madereras, palmacultoras, camaroneras) causantes del desplazamiento de Chachis y Negros, ocasionando de este modo la invasión de unos a otros y provocando conflictos por la tenencia de la tierra, con la consiguiente presión de los recursos naturales y cambio en el uso del suelo. El autor del artículo presenta una propuesta de manejo de conflictos basada en paralegales, cuya mediación permite tomar en cuenta el orden cultural, la comprensión de las relaciones hombre - tierra, que generalmente en este tipo de conflictos o disputas son determinantes.
El Ecuador ocupa una superficie de 271 667 Km2 (el 0,17 por ciento de la superficie terrestre del planeta) que equivale aproximadamente a 27 166 700 ha de tierra continental, incluyendo la región insular de Galápagos. El Ecuador continental está dividido geográficamente por la Cordillera de los Andes en tres regiones naturales: Sierra, Costa y Oriente, que poseen en conjunto 46 ecosistemas diferentes, y hacen del país una de las regiones con mayor diversidad biológica del mundo.
El 50 por ciento de la superficie territorial del Ecuador corresponde al Oriente representando 13 113 700 hectáreas, mientras que el 50 por ciento restante se reparte proporcionalmente entre la Sierra y la Costa.
En total, el 31 por ciento de la superficie continental del Ecuador, alrededor de 8 173 000 hectáreas está dedicada a alguna actividad relacionada con actividades agrícolas y pecuarias, mientras que 18 192 000 hectáreas, el 69 por ciento, no tienen uso agrícola y corresponde a la superficie ocupada por las ciudades, áreas protegidas, sistemas fluviales y demás áreas naturales que no tienen uso agrícola directo como el alto páramo, cadenas montañosas, etc.
La provincia de Esmeraldas tiene una superficie de 15 216 Km² o 1 521 600 hectáreas, de las cuales el 60 por ciento son tierras por legalizar, que corresponden a 912 960 hectáreas. De esta superficie, el 10 por ciento pertenece a la zona urbana; y el restante 90 por ciento a la zona rural. De este total en la zona rural, el 60 por ciento corresponde a tierras de colonos, mientras que el 40 por ciento está en manos de posesionarios ancestrales o comunidades.
Entre los principales grupos ancestrales asentados en las zonas rurales de Esmeraldas, se destacan tres grupos étnicos que corresponden a las nacionalidades Awá, Chachi y al pueblo afroecuatoriano.
El régimen de tenencia de la tierra en Esmeraldas entre estos grupos tiene diversas formas y connotaciones: la propiedad es comunitaria, sin excluir la existencia de formas mixtas de tenencia en donde se combina la propiedad comunitaria con la posesión familiar, y en otras, el eje de la tenencia es familiar con pequeños espacios para uso comunitario, tampoco está ausente la posesión comunitaria combinada con posesión familiar, individual y propiedad particular.
En el período entre 1971 y 1992, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, actualmente Instituto Nacional de Desarrollo Agrario ( INDA) adjudicó alrededor de 240 000 hectáreas; de ellas 128 000 para colonos, 62 721 para Chachis, 30 351 para Awá y 18 304 para Negros.
En los últimos cuatro años el Proyecto SUBIR ha facilitado la adjudicación de aproximadamente 65 000 hectáreas en el norte de la Provincia de Esmeraldas, a favor de los tres grupos anteriormente anotados, como un medio para realizar un manejo adecuado de los recursos naturales.
A pesar del impulso que el INDA, y diferentes Organizaciones no gubernamentales (ONG) han dado a la legalización de tierras comunitarias, la problemática de la tenencia de la tierra en Esmeraldas persiste. Existen también empresas madereras y palmicultoras que han generado un grave conflicto socioambiental, al punto que su tratamiento es preocupación primordial del Ministerio del Ambiente.
FIGURA 1
Distribución de la tierra por región geográfica y uso agropecuario
El objetivo de la titulación es el de «dar seguridad en la tenencia de la tierra para generar confianza y atraer la inversión al sector agrario, a fin de promover el desarrollo sostenible de este sector...», según lo prevé el Manual de Procedimientos del INDA.
Existen dos entidades en el país con la potestad de regularizar la tierra en el Ecuador, dependiendo del marco legal y de la naturaleza del suelo. El INDA, tiene potestad sobre el patrimonio de tierras agrarias; mientras que el Ministerio del Ambiente (Ex INEFAN) tiene jurisdicción sobre el patrimonio de tierras protegidas. Es así que el INDA adjudica las tierras que están en su potestad y que cumplen con los preceptos del Art. 27 de la Ley de Desarrollo Agrario y que en su generalidad tienen vocación agrícola y pecuaria. Por su parte, el Ministerio del Ambiente tiene a su cargo la regularización de las áreas contempladas dentro del «Sistema Nacional de Areas Protegidas» (SNAP) que incluye el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y las Áreas Naturales (AN).
El ámbito de acción de la titulación de tierras contempla tres tipos:
Además, sobre la base del Convenio suscrito con el Ex Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) y de la resolución 001 del año 1996, el INDA adjudicará las tierras ubicadas dentro de las áreas de Bosques y Vegetación Protectores del Estado y del Patrimonio Forestal del Estado a las personas naturales o jurídicas que se encuentren en posesión de la tierra.
CUADRO 1
Resumen de la información sobre regularización de la tierra ajustada con el Patrimonio forestal del Estado (PFE) y los bosques protectores
(Hectáreas) | |
Superficie del país hasta 1998 |
27 166 700,0 |
Patrimonio del INDA |
9 876 080,3 |
Áreas naturales |
4 617 665,6 |
Patrimonio forestal del Estado |
1 161 956,2 |
Bosques protectores |
2 289 713,2 |
Tierra adjudicada hasta 1998 |
7 862 949,7 |
Tierra urbana, carreteras y otros usos |
1 358 335,0 |
27 166 700,0 | |
Superficies adjudicadas hasta 1998 |
7 862 949,7 |
Superficie adjudicada en forma individual |
5 081 046,1 |
Superficie adjudicada en forma comunal |
2 781 903,6 |
Superficie por adjudicar |
2 627 508,9 |
Superficie adjudicada por ONG hasta 1998 |
94 278,0 |
Superficie linderada |
10 490 458,6 |
Superficie por linderar |
7 248 571,4 |
Patrimonio forestal del Estado |
1 161 956,2 |
Bosques protectores |
2 289 713,2 |
Tierra urbana, carreteras y otros usos |
1 358 335,0 |
Áreas naturales |
4 617 665,6 |
27 166 700,0 |
Fuente: Elaboración del autor a partir de a): datos estudios de Luciano Martínez, caracterización de la situación de la tenencia...; b) datos Patrimonio Forestal del Estado; c) datos Bosques protectores.
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FIGURA 2 Distribución de la superficie nacional por superficie linderada |
La Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, establece dos componentes del patrimonio del Ministerio del Ambiente, a saber: el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y el Patrimonio de Áreas Naturales (PAN).
Respecto al primero, la mencionada Ley en su Art. 2 determina la imposibilidad de obtener el dominio sobre el PFE, esta disposición legal va más allá al determinar que tampoco cabe en el mismo ningún otro derecho real por prescripción, es decir, que ninguna persona puede argüir la pretensión del dominio por el mero hecho de haberse establecido o posesionado por cierto lapso de tiempo.
Con relación al otro patrimonio, la misma ley Forestal determina claramente que el PAN es inalienable, es decir, está fuera del comercio; ratifica, al igual que el anterior, que es imprescriptible y sobre él no puede constituirse ningún derecho real, que se ejerce sobre las cosas, en este caso sobre el territorio controlado y administrado por el actual Ministerio del Ambiente1.
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FIGURA 3 Distribución de la superficie del país por tipo de área y patrimonio |
La redacción legal en este patrimonio es más explícita al decir que el PAN deberá mantenerse «inalterable» disposición un tanto extremista ya que puede entenderse que es un territorio intocable al cual hay que no sólo conservarlo sino preservarlo.
Además, el Reglamento a la Ley Forestal ratifica lo dicho con el PFE y determina como condiciones que cuando el mismo se haya adjudicado a una organización campesina con vocación forestal, se la hará como cuerpo cierto, sin que haya lugar a su fraccionamiento o división; y lo retira del comercio cuando dispone que, una vez hecha la adjudicación, los adjudicatarios no podrán venderla a favor de otro u otros2.
CUADRO 2
Superficie por legalizar del patrimonio del INDA distribuida por región
Región |
Superficie Total |
Patrimonio del INDA |
Superficie no sujeta a legislación 1 % |
Superficie total sujeta de adjudicación |
Superficie total región % |
Superficie total país % |
Sierra |
6 576 000 |
3 332 976,0 |
33 329,7596 |
3 299 646,2 |
50 |
12 |
Costa |
6 676 000 |
3 122 161,2 |
31 221,6123 |
3 090 939,6 |
46 |
11 |
Oriente |
13 113 700 |
3 417 396,7 |
341 739,6691 |
3 383 222,7 |
26 |
12 |
Insular |
801 000 |
3 546,4 |
35,4643 |
3 511,0 |
0 |
0 |
Total |
27 166 700 |
9 876 080,3 |
98 760,8 |
9 777 319,5 |
36 |
36 |
Fuente: Elaborado por el autor para el informe final de Consultoría Regularización de la Tenencia y Administración de Tierras. Análisis Financiero y Económico. Banco Mundial, Manolo Morales, Diego Andrade, Quito, marzo de 2001.
En lo relativo al patrimonio que el INDA puede adjudicar en beneficio de los indígenas, montubios y afroecuatorianos que demuestren su «posesión ancestral sobre las tierras», con la condición de que los prenombrados conserven sus usos, costumbres y tradiciones. Esto se vio reforzado con las normas constitucionales que tienen relación con los derechos colectivos, derechos que atañen a los pueblos indígenas y afroecuatorianos, y que marcan un hito y reconocimiento histórico al sacar del mercado de tierras a los territorios de los cuales son sus propietarios.
Estas normas legales impiden la compraventa de propiedades colectivas o comunitarias, que se definen legalmente como aquellas tierras en las cuales varios grupos de personas son dueños, sin que ninguno o todos ellos puedan enajenarlas, dividirlas, prorratearlas ni fraccionarlas; se establece que sus propiedades tampoco se verán afectadas por decisiones judiciales o institucionales, que en cualquier otro caso podrían quitar el derecho del dominio por el hecho de constituir gravámenes o hipotecas sobre sus territorios. Adicionalmente, como un beneficio, la norma suprema establece para este tipo de propiedad territorial la exención del pago del impuesto predial.
Los pueblos Chachi y Negro son dos grupos humanos que, desde tiempos muy remotos, viven en la provincia de Esmeraldas, principalmente en la región alta de los ríos Santiago, Cayapas y Onzole. Profundamente hermanados en el arte de vivir en armonía con la naturaleza y con la vida del bosque, estas dos etnias, con características raciales y orígenes históricos muy diferentes, tienen en común una gran cantidad de rasgos culturales, una concepción similar y muy propia; en cuanto al manejo y uso de los recursos naturales, y una filosofía particular sobre la tenencia de la tierra.
Mal conocidos en el contexto nacional, Chachis y Negros fueron dueños, durante cientos de años, de un armonioso y particular equilibrio sociocultural, con uso compartido por mandato ancestral de los recursos del bosque. Cada uno tenía su pequeña propiedad, pero el bosque era de todos porque constituía la fuente de la vida. «Antes aquí, en estos montes, había animales para todos, nadie peleaba por la comida, todos éramos dueños, uno podía entrar y cazar lo que necesitaba para su alimento...». «Todo lo que había en los montes era puesto por Dios para la vida del hombre». Entonces estaba claro para todos, que cuidar la vida del bosque era lo más importante para garantizar su propia vida. Era el mandato de los ancestros.
Ambos grupos aceptan tener al momento ciertos conflictos con los otros, pero en muchos de los casos tienen dificultades para entender las razones de estos conflictos. Muchos de esos conflictos actuales son el resultado de la reclamación, por parte de los dos grupos, de un derecho ancestral a vivir en estas tierras y a usarlas para su sobrevivencia cultural.
La convivencia entre estos dos grupos es posible, pero en la actualidad existe la disputa por un espacio de tierra, y no solamente entre Chachis y Negros, sino también con actores externos como colonos, empresas madereras, palmacultoras, camaroneras que desplazan a las comunidades ancestrales provocando de esta manera un conflicto socioambiental muy grave.
En la actualidad estos dos grupos están viviendo una evidente presión sobre sus tierras ancestrales que proviene de muchos actores externos, que son causantes del desplazamiento de Chachis y Negros, ocasionando la invasión de unos a otros provocando los conflictos por la tenencia de la tierra, con la consiguiente presión de los recursos naturales y cambios en el uso del suelo.
Por un lado, los colonos buscan tierras baldías para colonizar y cuando no las encuentran ofrecen fuertes cantidades de dinero a los nativos por un pedazo de tierra para trabajar, incluso a las comunidades que poseen título sobre las mismas; a pesar de que existe una disposición constitucional de que las tierras comunales no pueden ser vendidas, ni fraccionadas.
La mayoría de los procesos de fraccionamiento de predios comunitarios son promovido por terceros, con la finalidad de empujar a las comunidades a la «venta» de una parte o de la totalidad de sus tierras, dejando a sus habitantes cantidades de dinero que en muy poco tiempo desaparece de la economía familiar, sin contribuir al desarrollo a largo plazo de las poblaciones locales. Por otro lado, las grandes compañías encuentran en el Estado una apertura para obtener concesiones en tierras ancestrales.
Los habitantes, al quedarse en primer lugar sin tierra y luego sin dinero se ven obligados a buscar otros espacios donde asentarse, donde vivir y desarrollar su existencia. ¿Cómo lograrlo?, invadiendo u ocupando territorios legalizados o no, donde se encuentran asentadas otras personas, desplazándolos ya sea por la fuerza o utilizando estrategias que atentan a la convivencia pacífica de la comunidad afectada.
Esta situación contribuye también de manera directa a incrementar los índices de migración del campo a la ciudad, con consecuencias socioambientales que repercuten a nivel nacional; debido a que quienes compran la tierra en los casos mencionados, no lo hacen para contribuir al desarrollo de las comunidades locales o para conservar recursos, sino para iniciar monocultivos, arrasando el bosque nativo y cambiando el uso del suelo, lo que está en contra de todo criterio de manejo sostenible de los recursos.
La situación de inseguridad de tierras genera otras que agravan el problema de la tenencia de la tierra, más aún cuando la mayoría de Chachis y Negros no tienen legalizadas sus tierras por diferentes causas:
De la mano con la diversidad cultural y biológica que tiene el país, existe también una diversidad de formas de tenencia de la tierra, cuyo tratamiento depende del Patrimonio al que corresponden, como son:
Un total de 12 de estas formas de tenencia, están contenidas en cuerpos legales aunque no debidamente normadas, en cuanto a trámites, requisitos y demás exigencias procesales en cada caso.
Surge entonces la pregunta de cómo enfrentar el proceso de formulación de políticas por parte de las organizaciones de base, cuando en algunos casos no poseen la información necesaria sobre esta realidad. Normalmente tienen dos opciones: la primera es contratar profesionales para elaborar propuestas; y la segunda es capacitar recursos humanos.
La primera opción podría generar propuestas no deseadas y además se deben pagar esos servicios. De escoger la segunda opción, hay que estar preparados a varios niveles, en la universidad, en la dirigencia y en el nivel de paratécnicos que son los asesores comunitarios para cada tema.
A inicios de la década de 1990, ante la situación de inseguridad de la tenencia y de conflictos de tierras reinantes en la zona de Esmeraldas, los grupos indígenas tenían un gran interés a fin que se reconocieran sus derechos ancestrales sobre la tierra en forma legal. Fue así como en 1992 la Federación de Grupos de Chachis de Esmeraldas, a través de la Confederación Ecuatoriana de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) solicitó a dos grandes ONG internacionales, el financiamiento del reconocimiento de sus derechos legales sobre la tierra en la región del río Cayapas. Ambas organizaciones decidieron financiar la iniciativa sobre la base de los impactos ambientales que la pérdida de dichos derechos ancestrales sobre la tierra estaba favoreciendo.
Al iniciarse el trabajo, no se realizó un análisis profundo de la situación, lo que impidió a las ONG considerar que las tierras que los Chachis tenían interés por legalizar, eran tierras que también eran reclamadas por las comunidades afroecuatorianas, es por ello que este conflicto debía haber sido resuelto antes de poder iniciar cualquier proceso de reconocimiento legal de los territorios. De aquí que cuando los trabajos de delimitación de tierras fueron iniciados, fueran parados por las comunidades afroecuatorianas, y los conflictos de tierras ya existentes en el pasado entre ambos grupos Chachis y afroecuatorianos, se agravaron.
Ante esta situación, a finales de los años 90, el proyecto CARE-SUBIR fue invitado a ayudar a mediar el conflicto. Hasta ese momento, el Proyecto CARE-SUBIR había estado financiando el desarrollo de un catastro multifuncional y un registro de tierras en los municipios de San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas. El objetivo del proyecto era el titular tierras que habían sido invadidas y/o colonizadas en zonas de gran riqueza en su bio-diversidad dentro de la provincia de Esmeraldas. La idea de base era el favorecer la seguridad de la tenencia a fin de facilitar la conservación de los recursos naturales de la zona. Para el desarrollo de las actividades del Proyecto, CARE-SUBIR desarrolló un programa de apoyo legal para el manejo de conflictos de tierras, a través de asesores comunitarios paralegales. Seleccionados a través de las propuestas de las comunidades y de las organizaciones indígenas, los asesores paralegales recibieron capacitación en aspectos legales referentes a derechos, usos y manejo de tierras y recursos naturales en general, así como sobre el contexto agrario y organización comunitaria. Recibieron sobre todo capacitación en técnicas de mediación y negociación de conflictos. Su rol fundamental era asesorar a las comunidades con relación a los aspectos legales del conflicto y servir como facilitadores en la mediación y en el manejo de los conflictos de tierras.
El poseer recursos humanos capacitados en las propias organizaciones, permite que puedan resolverse conflictos con sus propias propuestas, los conflictos fundamentados en la tenencia de la tierra tienen diferentes connotaciones, diferentes actores, uno de ellos es el conflicto por la posesión de tierras entre dos grupos étnicos en la provincia de Esmeraldas al noroeste del Ecuador, conflicto en el que se evidencia una disputa por la ocupación de la tierra y sobre todo del recurso bosque que es la vida de estos grupos.
Las disputas originadas por la tenencia de la tierra entre estos dos grupos étnicos (Chachis y afroecuatorianos), requería un tratamiento novedoso y práctico a la vez; la intervención de los propios recursos comunitarios locales, como mediadores en el conflicto.
Generalmente, la mediación en conflictos socioambientales es una forma alternativa y consensual de solución de disputas en la que interviene un facilitador o mediador. La intervención de este facilitador «externo» en muchas ocasiones ha sido un fracaso estrepitoso por factores diversos, que van desde la falta de «representatividad» o «legitimidad» ante las comunidades, hasta la falta de comprensión de las legítimas aspiraciones de cada una de las partes en disputa.
A las sesiones o asambleas generalmente asisten las partes litigantes y/o sus representantes. Frecuentemente las sesiones empiezan con declaraciones de ambas partes acerca de sus demandas y defensas, dibujos de mapas parlantes en los que se identifica gráficamente el problema. Pueden proseguir con reuniones privadas entre el paralegal y cada parte, en las que se aclaran las conveniencias de llegar a acuerdos basados más en la cosmovisión y comprensión de la realidad en la que cohabitan. En las inspecciones de campo, en la que participan los diferentes actores en el lugar de la disputa, constituyen un paso indispensable hacia el acuerdo definitivo.
El paralegal que en todo momento se mantiene objetivo y neutral, intenta reducir los desacuerdos entre las partes y estimular a que lleguen a un acuerdo final sobre la conciliación de la disputa. El paralegal explora también los aspectos de la disputa más allá de las disposiciones legales. Solucionado el conflicto, es el propio paralegal, la persona que realiza el levantamiento planimétrico con sistema de posicionamiento geográfico y redacta la respectiva acta de entendimiento y compromiso, que será señalada en una Asamblea General en las respectivas comunidades.
Este tipo de mediación, nos permite consideraciones de orden cultural, la comprensión de las relaciones hombre-tierra, que en la mayoría de este tipo de conflictos o disputas son determinantes.
Paralelamente fue necesario trabajar en una inciativa política para crear un «Instructivo sobre adjudicación, posesión, y tenencia de la tierra a comunidades de posesión ancestral» cuyo objetivo fundamental era la armonización de procedimientos en el proceso de legalización de la tierra entre las diferentes instancias e instituciones copartícipes de este proceso, y principalmente entre INDA-INEFAN (hoy Ministerio del Ambiente), cuyas competencias para adjudicar tierra no estaban bien definidas cuando se trataba de adjudicaciones a posesionarios ancestrales en tierras de patrimonio del INEFAN.
Este esfuerzo terminó con la aprobación de los dos instructivos aclarando competencias y áreas susceptibles de adjudicarse. La importancia de esta Resolución administrativa está en que una vez aprobado conjuntamente con los paralegales se ha tenido la posibilidad de apoyar a comunidades forestales a legalizar su posesión ancestral, actividad que continúa y día a día y se estan viendo los frutos de los paralegales capacitados.
Los conflictos son de los jóvenes. La opinión de los mayores, es que estos problemas (tenencia de la tierra) son nuevos y en la región del Cayapas empiezan más o menos por los años 1991-93, cuando los jóvenes inician sus funciones como dirigentes modernos de las comunidades en remplazo de las autoridades tradicionales.
Nadie quiere ver los conflictos. De alguna manera los dos grupos habían venido solucionando desde 1991 y 1992, pequeños problemas entre familias, los cuales no quedaban solucionados del todo, porque las comunidades no eran participes de estos arreglos y muchas familias miraban al Estado como la última salida a los problemas de la tenencia de las tierras en esta región y no acudían a estas instancias.
Los de afuera hacen más grande el problema. En este momento histórico, Chachis y Negros intuían que la falta de solución en los linderos afectaría a todos. Por gestión de la CONAIE, la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas (FECCHE) gestiona que INDIO HILFE y la Fundación Inter Americana entreguen dinero para delimitar y legalizar las tierras de los Centros Chachis de Esmeraldas, que según estas dos Fundaciones estaban en peligro de perder sus tierras ancestrales, sin tomar en cuenta al pueblo Negro, que tenía necesidades iguales al pueblo Chachi.
Esta óptica de las dos fundaciones, de alguna manera agrava el conflicto, ya que no se toma en cuenta al pueblo Negro, que era parte integral de los problemas suscitados por la tenencia de la tierra. El realizar la linderación del territorio, solamente con la visión e intereses de los Chachis, excluía y desconocía tácitamente el asentamiento afroecuatoriano.
Por eso cuando los Centros Chachis iniciaron las mediciones con el apoyo de estas dos fundaciones, las comunidades de Negros se opusieron y como era de esperar se iniciaron los enfrentamientos entre estos dos pueblos. Como resultados de estos enfrentamientos y de las discusiones, es evidente el conflicto y la necesidad de convocar a los pueblos a participar en la solución del conflicto.
En este momento trascendental para los dos pueblos, ingresa el proyecto SUBIR a la región, y se inicia la capacitación de un grupo de Chachis y Negros de las comunidades locales, para que apoyen la solución de los conflictos de tierras que en ese momento estaba en su punto mas alto de enfrentamiento, estos recursos humanos comunitarios serán los futuros paralegales.
Nadie es profeta en su tierra. Desde que se inicio la capacitación a los paralegales, las comunidades de Negros entendieron muy bien la función que estas personas podían cumplir frente a los conflictos de tierras, pero no sucedió lo mismo con los dirigentes Chachis, ellos no aceptaron la función de los paralegales y al comienzo más bien los rechazaban. El rechazo venía de los dirigentes, ellos pensaban que su presencia se podía debilitar frente a estas nuevas presencias en las comunidades.
Buscando caminos para resolver los conflictos. De alguna manera tanto los Negros como los Chachis tienen mucho respeto por los papeles escritos, esto lo aprendieron en las escuelas y en las instituciones del Estado. Por eso tanto Negros como Chachis, estuvieron de acuerdo que el primer paso para lograr acuerdos en este asunto de las tierras era lograr un documento escrito. Una carta de entendimiento que dejara en claro las voluntades para iniciar una negociación.
La utilidad de estas primeras cartas de entendimiento permitían tener memoria de los acuerdos logrados y éstos se podían usar en cualquier momento para retomar las negociaciones. Eran documentos escritos con la firma de las partes en conflicto.
Los primeros pasos en el camino. Con las actas que salían de estas asambleas conjuntas se dejaba constancia de todos los elementos básicos para que las comunidades conocieran el estado de las negociaciones y pudieran ver el camino que se tenía que seguir en el futuro para lograr una buena negociación. Se describían los linderos naturales que cada uno reclamaba como propio, los nombres de las personas que podían aportar testimonios para la solución del conflicto y finalmente se anotaban los plazos para la próxima reunión de trabajo con los otros.
Esta fase de la negociación fue la más demorada porque se repetían las asambleas y las conversaciones y esto demandaba mucho tiempo y mucha paciencia por parte de los encargados de sacar adelante las negociaciones que en es época eran los dirigentes y los paralegales.
En este tiempo se llego a una tregua que duró mas o menos año y medio, espacio de tiempo donde se concertaron y se resolvieron muchas cosas en el interior de cada uno de los grupos que son parte de la historia particular de cada uno de los pueblos.
Para los paralegales este fue un período de aprendizaje y de poner en práctica todo lo aprendido en los diferentes talleres, tanto centrales como regionales. De igual forma en este espacio de tiempo, los dirigentes de los dos pueblos «aprendieron» a coordinar acciones e iniciativas con los paralegales, comprendiendo de esta manera, que «su» gente capacitada, estaba al servicio de las comunidades.
Otro paso en el largo camino de la resolución. Los paralegales tenían y tienen presencia en cada una de las reuniones de trabajo, ya sea acompañando a las partes, buscando alternativas de solución, proponiendo mesas de trabajo; los Chachis con los Chachis y los Negros con los Negros y cuando eran reuniones de entendimiento estaban todos para facilitar las tratativas.
Todas estas reuniones apuntaban a visualizar el conflicto y a buscar en conjunto el camino para su solución, los encuentros apuntaban a comprender mejor los derechos del otro, partiendo de las propuestas de las generaciones actuales y teniendo presente las recomendaciones de los ancianos.
Frente a este acuerdo de las bases, los paralegales tenían su propia filosofía, «Cuando el trabajo en el campo fracasa o se dificulta, tenemos que regresar a las mesas de tratativas, porque esto significa que alguna de las partes no estaba de acuerdo con lo que se resolvió en las asambleas de trabajo».
Esbozando y dibujando los derechos de cada uno. Todo lo hablado y acordado en las reuniones, además de quedar escrito en un documento, debía quedar registrado en un papel que fuera de fácil lectura para las personas que sabían leer. Es así que conocieron y se apropiaron para este proceso de los mapas hablados o parlantes, cuando se reunían para discutir los problemas de tierras en las comunidades. Cada grupo dibujaba en un papel sus aspiraciones, ilustraba sus derechos, marcaba sus linderos, ubicaba las casas de sus testigos, mejor dicho con dibujos le daba forma a sus posesiones territoriales.
Este ejercicio de dibujar y discutir, volver a dibujar y discutir se hacía en conjunto y por separado, tantas veces como fuere necesario para lograr los acuerdos. Finalmente los dirigentes concertaban y aprobaban el mapa que las bases les entregaban para su ejecución en el campo.
Este mapa concertado, se apoyaba con un acta de entendimiento entre las partes donde quedaba asentado todo lo acordado, con estos dos instrumentos se podían ya iniciar los tramites. El acta con el mapa era enviada al Proyecto SUBIR por los paralegales para iniciar el trámite y notificar al Estado que se había llegado a un acuerdo para iniciar el trabajo de delimitación.
Con todos estos instrumentos concertados y con la presencia del Estado comprometida, se iniciaba la apertura de las calles en los lugares del conflicto. La abertura de las calles se tenía que hacer en conjunto, esto aseguraba que las partes ponían en práctica lo logrado en las negociaciones. La definición de las calles era dejar en claro los compromisos y sobre todo la voluntad de resolver el conflicto.
1 De acuerdo a la Ley de Desarrollo Agrario, las adjudicaciones de tierras rústicas agrícola y forestal en Ecuador están condicionadas a la preparación y aplicación de un plan de explotación y manejo sostenible del predio (Art. 39). Dicho plan, en el caso de tierras que se encuentran en Patrimonio Forestal, suele restringir ciertos usos que impiden un aprovechamiento sostenible del mismo, especialmente si se trata del aprovechamiento de madera.
2 Art 87. Reglamento a la Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre: « La adjudicación se efectuará como cuerpo cierto a favor de la organización, y el área adjudicada no podrá ser fraccionada en beneficio de sus socios ni enajenada en favor de terceros...»
