Capítulo I. Género y participación en las teorías de desarrollo rural
En los años 60, el tema del desarrollo entra plenamente en la agenda mundial, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la "década del desarrolló". A partir de ahí se refuerzan las políticas de cooperación con los países en situación de pobreza; varios países latinoamericanos están en esta situación. La cooperación fue encarada a través de políticas públicas de las organizaciones gubernamentales y de programas de cooperación a través de proyectos de organizaciones no gubernamentales (Murguialday 1994).
Sin embargo, las acciones promovidas no contribuyeron en mucho a un verdadero desarrollo, principalmente, en el área rural; es más, por el tipo de desarrollo que generaron, no fueron excepcionales los casos en los que las consecuencias resultaron adversas para la población rural. La creciente migración a las ciudades ocasionó, entre otras cosas, la desintegración de la familia campesina, pauperización y abandono del campo y para las mujeres migrantes, una pérdida en su status. El poco poder y el reconocimiento que habrían, probablemente detentado en su comunidad, a través de sus roles productivos y maternales, los perdieron totalmente en la ciudad, por su inserción marginal.
La propuesta de integrar a las mujeres en las acciones de desarrollo es consecuencia de la evaluación de los escasos resultados obtenidos por los programas de desarrollo que señalaba, entre otras causas, la marginación de las mujeres en éstos.
El planteamiento de incorporar a la mujer es acogido por instituciones dirigidas principalmente a las mujeres y los niños, a través de programas asistenciales con donaciones de alimentos. Se reconoce a la mujer a partir de sus roles domésticos tradicionales, sólo como sujeto de asistencia social (Carafa 1992), sin considerar su participación activa en las labores productivas. Las mujeres se convierten en receptoras pasivas de las donaciones y es así que la distribución de alimentos por los programas de cooperación resultó perjudicial porque no ofrecía perspectivas de desarrollo (Terpstra 1993).
En la década de los 70 y 80 el desarrollo fue implementado bajo la consigna de crecimiento económico y redistribución del beneficio económico. La dimensión humana de este modelo de desarrollo permitió visualizar la categoría de los pobres como un elemento estructural de la sociedad latinoamericana (Murguialday 1994).
La pobreza se convirtió en una categoría económica que puso en evidencia el hecho de que las mujeres eran las más pobres de los pobres y que las actividades que realizaban, al no generar ingresos, consolidaban su situación de pobreza extrema. Empieza a adquirir importancia la generación de ingresos económicos por parte de las mujeres; los proyectos se tornan de asistenciales en proyectos productivos destinados a superar la pobreza de las familias y a la revalorización social de la mujer por su aporte en la producción.
En Bolivia surgen proyectos productivos para mujeres, generalmente de pequeña magnitud que no logran elevar ni mejorar la valoración de las mujeres. No obstante, en alguna medida, llegan a constituirse en espacios para trabajar sobre su autoestima. Este proceso, en general, se dio a través de los Centros de Madres donde las mujeres van asumiendo, relativa y paulatinamente, roles en ciertos niveles organizativos comunales, sin que esto signifique, necesariamente, que las mujeres ya hayan ganado un espacio de poder.
En el norte de Potosí, con apoyo del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), los sindicatos campesinos promovieron una mayor y efectiva participación de las mujeres en las estructuras organizativas. Esta promoción se realizó desde los sindicatos hasta las federaciones campesinas, sobre todo, en las carteras de vinculación femenina. Se trata de la apertura de un espacio que, hasta cierto punto, potenció a algunas mujeres líderes pero, en muchos casos, mantuvo a las mujeres en la pasividad porque en los eventos organizados por los sindicatos, las mujeres participaban sólo preparando los alimentos.
Estos enfoques de desarrollo han ubicado a las mujeres en su rol comunitario pero, generalmente, fomentando su participación desinteresada en beneficio de la comunidad, lo cual no ha contribuido a valorar su accionar en términos de justicia y equidad. No obstante, se han reforzado sus acciones reivindicativas a nivel organizativo. Hasta fines de esta década, se trabaja en la promoción de la participación de la mujer en el desarrollo.
Durante los años 80 hubo algunos avances a raíz de la preocupación por la esperanza de vida de hombres y mujeres, un indicador de la pobreza y del desarrollo humano. Fue en esta década cuando se empieza a ver la participación de las mujeres desde la perspectiva de género. Se manifiesta, principalmente, en la preocupación por equilibrar los beneficios del desarrollo, a partir de la situación de pobreza que encaran hambres y mujeres.
La integración de las mujeres al proceso de desarrollo se viene dando de una u otra forma. Sin embargo, esto no implica que su participación sea en igualdad de condiciones y con iguales beneficios. Hemos dicho que las mujeres son las más pobres de los pobres. Esta constatación es la que sustenta, principalmente, el surgimiento del concepto de género.
Género se define como los atributos masculinos y femeninos asignados y desarrollados en cada sociedad. Esto quiere decir que cada sociedad enseña qué es lo propio de ser mujer y lo propio de ser hombre. "El concepto de género expresa las relaciones sociales entre hombres y mujeres, en toda su complejidad. Permite poner en evidencia la situación de discriminación y marginación de la mujer, pero al mismo tiempo enfatiza a la mujer como agente de cambio antes que receptora pasiva de asistencia. Este concepto, además, enriquece la comprensión de las relaciones de poder que se instauran en la sociedad". (Bojanic et al. 1994:20)
En las relaciones de género, la desigualdad de oportunidades es muy diferenciada y desventajosa para las mujeres. Es evidente en el acceso a la educación, por ejemplo, y en los diferentes niveles de decisión, sea en el hogar o en la comunidad. De igual manera, es desigual la participación en las actividades de desarrollo donde el apoyo y los beneficios, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo favorecen, indudablemente, a los hombres. Para citar unos ejemplos, pensemos en la capacitación y en la tecnificación mucho más accesibles a los hombres y que redundan en la marginación y en el distanciamiento sociocultural de las mujeres respecto a los hombres. Asimismo, la Ley de Reforma Agraria (1953) asignó tierras a los campesinos mayormente pongos (sirvientes) de los latifundistas o terratenientes, hasta ese entonces. Sin embargo, la distribución de tierras a las familias campesinas se hizo siempre a nombre del jefe de familia, es decir, a los hombres y no a nombre de las mujeres ano cuando éstas fueran, también en algunos casos, jefes de familia.
La perspectiva de género, como categoría analítica, es un instrumento que permite visualizar la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Permite así, analizar los efectos de las acciones planteadas o propuestas por una institución en función de su importancia y significado respecto a los hambres y a las mujeres, discriminadamente.
Tanto hombres como mujeres tienen conocimientos, responsabilidades y actividades especificas dentro de la comunidad y de la familia. El aporte de cada uno puede ser decisivo para enmarcar una determinada acción. Es pues indispensable analizar los comportamientos y roles femeninos y masculinos en la construcción social para tener una visión integral de la realidad.
El análisis de género ha mostrado que las mujeres cumplen roles específicos en el proceso de producción, en la reproducción de la fuerza de trabajo y en las actividades comunales. Estos roles, no siempre intercambiables, redundan en una acumulación de actividades que van generando una continua superposición y simultaneidad de tareas. Ha mostrado también un desigual acceso de las mujeres a los recursos productivos, a la información y a la toma de decisiones (Bojanic et al. 1994:20).
"Por tanto, la perspectiva de género implica estrategias definidas por los hombres y las mujeres de la comunidad, que aseguren una mejor correlación de la mujer con el desarrollo (y no simplemente su integración) y un análisis crítico de las estructuras sociales, económicas y políticas del sistema" (Bojanic et al. 1994:20).
El análisis de género en la realidad boliviana, particularmente para el área rural, resulta dificultoso y complejo por diferentes motivos. Por un lado y, principalmente, los agentes externos a las comunidades piensan que trabajar este aspecto es entrometerse en la vida privada de las familias, que es un concepto feminista importado de los países occidentales y, por tanto, no aplicable a nuestra realidad. Por otro, las relaciones de género en el área rural son, evidentemente, complejas por la complementariedad entre hombres y mujeres, sobre todo, en el desarrollo de las labores productivas; es decir, en la agricultura y la ganadería, fundamentalmente.
La relación que se establece entre la fertilidad de la mujer con la fertilidad de la tierra (pachamama); la responsabilidad sobre el ganado ovino, caprino, porcino correspondiente a la mujer y la del hombre, por el cuidado del ganado vacuno, expresan esa complementariedad sustentada en diferentes planos de la realidad que se manifiesta en actividades y comportamientos cotidianos, rituales, públicos y privados de todo tipo. Es por ello que se puede afirmar que existe complementariedad en el trabajo entre hombres y mujeres; principalmente, en los roles productivos y en las acciones comunales como indica Carafa (1992).
La migración es un fenómeno común en las familias campesinas, a veces más temporal que permanente, para complementar o incrementar su economía o por razones de desarrollo personal, educacionales o culturales, etc. Lo cierto es que cuando un miembro de la familia migra, se produce un desequilibrio en esa unidad de consumo y producción porque ésta se apoya en la capacidad de la fuerza de trabajo de todos los miembros de la familia. "La migración temporal se apoya en la permanencia de la unidad doméstica familiar y el hombre es quien busca nuevas alternativas de trabajo, permaneciendo, la mujer, como responsable de la mantención del hogar. Si bien esto ocurre generalmente en épocas de descanso agrícola, las necesidades económicas y del mercado de trabajo, pueden producir variaciones determinando que las mujeres se responsabilicen de todas las tareas que exige su unidad productiva" (Carafa 1992).
Esto implica que la mujer en determinadas épocas es responsable de todo el proceso productivo y la administración de los ingresos provenientes de la comercialización de los productos. Es decir que durante estas épocas la mujer asume la conducción de la unidad económica familiar (Carafa 1992).
Asimismo, se hace responsable de todas las tareas y presiones específicamente domésticas durante la ausencia del esposo. De igual manera, los roles de autoridad (sucesivos y por turno según el sistema de cargos comunales) a veces son ejercidos por mujeres cuando se ausentan los hombres. Sin embargo, esta notoria complementariedad, no significa que exista una relación armónica y equitativa. La mistificación de estas relaciones impide desentrañar la desigualdad y realizar un análisis desde un punto de vista más crítico y con un sentido constructivo.
La discriminación es evidente cuando se trata de necesidades e intereses específicos de las mujeres. El menor acceso a la educación, a la capacitación técnica o social, y principalmente, a los niveles públicos de decisión, contrasta con la riqueza cultural acumulada a partir de sus actividades no sólo en la producción, sino también en otros aspectos culturales y de conocimientos que trasmite a sus hijos. La mujer es quien más aporta a la conservación de la cultura en el área rural por su permanencia y menor movilidad espacial. Esto le permite, por ejemplo, ser poseedora de muchos conocimientos vinculados a las estrategias de sobrevivencia y por ende, al desarrollo de su comunidad.
Durante décadas los agentes externos, llámense maestros, sanitarios, autoridades y representantes de los organismos oficiales o promotores del desarrollo, cuyas funciones generalmente han estado destinadas al cambio en las comunidades en diversos aspectos, no contribuyeron, en mucho, a conocer y menos aun a superar la discriminación de las mujeres, tampoco a equilibrar condiciones desventajosas como el analfabetismo, marginación y la poca valoración de su aporte a nivel familiar y comunal.
En la actualidad, la mayoría de los proyectos o de las instituciones de desarrollo tienen como uno de sus componentes la temática de género o de la mujer. Sin embargo, a pesar de que los beneficios de un proyecto de desarrollo se destinan a toda la comunidad, generalmente, se diseñan y aplican solo en función del hombre porque se le considera pública y explícitamente activo y con poder de decisión. Todo esto, porque la unidad familiar sigue siendo la categoría clave para trabajar en el área rural. Es así que las mujeres y los niños son sólo mano de obra, cuyos intereses y decisiones se asumen como implícitos en los del hombre. La categoría familia debe ser reconsiderada.
Por tanto, esta problemática debe estar inserta en todos los temas y los proyectos de desarrollo, para que los mismos resulten eficaces y aporten realmente a un verdadero desarrollo, conociendo y dando atención a las necesidades y demandas específicas de hombres y mujeres.
Por todo lo dicho y, pese a las dificultades expuestas, la perspectiva de género no puede ser reducida a una temática aislada y únicamente conceptual. Se trata de buscar la complementariedad con equidad entre hombres y mujeres a partir de las particularidades de cada realidad.
