A partir de la década de los cincuenta, Costa Rica desarrolla una base socioeconómica y política que le permite elevar la calidad de vida de sus habitantes y situarse entre las naciones con mejor nivel de vida del continente. El PIB/per capita aumentó de 144.000 colones en 1989, a 394.000 colones en 1994. El crecimiento económico superior al 5% en 1986 y 1987, estimulado por las tendencias internacionales, hizo posible la expansión del sector no tradicional de exportación y el desarrollo de nuevos mercados de exportación3.
La sociedad costarricense se caracteriza por su estabilidad política y sus altos niveles de justicia social, calificados como únicos en la región. Un aspecto notable de esta sociedad es la cláusula en su constitución, vigente desde 1949, que prohibe la creación de un ejército.
En el plano educacional, Costa Rica presenta altos niveles de alfabetismo, en 1993 llegaron al 94%, sobrepasando los estándares latinoamericanos. Estas cifras, sin embargo, esconden tasas de alfabetismo inferiores al 30% entre la población indígena.
Si bien Costa Rica ha obtenido logros sociales y económicos importantes, aún existen agudas disparidades regionales y profundas desigualdades sociales. Las más impactantes son la inequidad en la distribución del ingreso y la concentración de la tierra. Con relación a la distribución del ingreso, el 20% de las familias consume más del 50% del ingreso nacional, mientras el otro 20%, en el extremo más bajo de la escala social, absorbe escasamente el 5%4. Respecto a la distribución de la tierra, en 1984 2,9 % del total de las explotaciones -las mayores de 200 has. -ocupaban el 47% del total de las tierras de finca del país, mientras que el 59,9% del total de las explotaciones - las menores de 10 has.- ocupaba el 5,4% del total de la superficie agropecuaria5.
La mitad de la población está localizada en el Valle Central del país y particularmente en la gran área metropolitana de San José, principal polo de atracción para la migración interna6. En la región central se concentran las inversiones públicas y los servicios básicos que demanda la sociedad. De hecho, ninguna de las áreas periféricas recibe ni siquiera el 50% del presupuesto asignado a la región central7.
El indice de pobreza ha disminuido sensiblemente en las últimas décadas, pasando del 55% al comienzo de los ochenta, a un porcentaje que en los últimos años osciló entre el 18% y el 22%. No obstante, la reciente recuperación masiva de los niveles de ingresos y salarios no ha favorecido a los sectores más vulnerables de la población. Entre las causas de la pobreza se identifican problemas relativos al empleo y a las remuneraciones. En 1993, el 33% de los asalariados ganaba salarios inferiores al mínimo establecido. Esta situación es particularmente seria entre las mujeres asalariadas en las áreas rurales, 60% de las cuales reciben un salario más bajo del mínimo y sólo un 34% obtiene un poco más8.
La concentración del ingreso y otros desequilibrios, unidos a la crisis mundial y a los programas de ajuste estructural han acentuado las condiciones de pobreza, particularmente entre las familias del área rural. Tres cuartas partes de los pobres residen en estas zonas, sobre todo en los lugares en los que habitan las comunidades negras, indigenas y campesinas, donde se presenta una mayor concentración y uso extensivo de la tierra. El 50% de estos pobres vive en condiciones de miseria9. La situación de las mujeres rurales jefas de hogar es especialmente alarmante: éstas constituyen entre el 22 y el 23% del total de las familias pobres, lo que significa que hay entre 35.000 y 47.000 mujeres jefas de hogar pobres10.
Los recursos naturales constituyen la base de la economía costarricense. Durante la última década, la agricultura, silvicultura, caza y pesca generaron alrededor del 20% del PIB, el 28% del empleo y el 67% de las exportaciones11. De los 5.180.000 de hectáreas del territorio costarricense, 3.500.000 están dedicadas a la producción agropecuaria12. 55,9% de la población vive en zonas rurales y se encuentra vinculada, directa o indirectamente, a actividades agropecuarias. La producción de subsistencia está ubicada en áreas con limitaciones edafológicas o climáticas lo que impide un mayor desarrollo de la agricultura comercial y disminuye la capacidad de los productores/as para garantizarse su alimento en todas las épocas del año13.
Aún gozando de una de las mayores riquezas en biodiversidad, Costa Rica enfrenta una alarmante crisis ambiental. Una de las causas fundamentales es la deforestación. Se estima que mientras en 1940 los bosques cubrían el 70% del territorio nacional, en los últimos años el área boscosa disminuyó al 30% del territorio, implicando una pérdida mayor del 50% en 5 décadas. La industria maderera y la ganadería se han convertido en los principales agentes deforestadores ya que para expandirse requieren de talas masivas14.
A partir de los años 80, Costa Rica experimentó un periodo de inestabilidad sin precedentes, que incidió negativamente en el proceso de desarrollo que caracterizaba hasta entonces la economía nacional. El sector agropecuario se vió seriamente afectado por la crisis económica de los años 1979-1982 y por las estrategias de estabilización y ajuste estructural promovidas desde 1983. Así mismo, la guerra centroamericana tuvo consecuencias negativas sobre el comercio regional.
A los cambios de orden económico y comercial que se producen en el contexto internacional, el país reacciona adoptando un Programa de Reconversión Productiva del sector agropecuario15. Su integración dentro de la economía global, exige una modernización del aparato productivo y una reorientación de la producción hacia los bienes que mejor se comercializan en el mercado mundial. Dentro del nuevo escenario, el Estado cambia su papel paternalista e intervencionista dando lugar a una política de concertación en la que las bases campesinas tienen un rol protagónico en la toma de decisiones y en el desarrollo económico del sector. Se espera que con esta orientación, se produzca un aumento en la productividad de los pequeños agricultores campesinos -hombres y mujeres- para enfrentar los retos de la competitividad y contribuir a mejorar su calidad de vida. La agricultura podrá transformarse así en un sector ampliado, integrado con la agroindustria, la comercialización y otros sectores.
El nuevo patrón de competitividad no sólo se apoya en la cantidad, calidad y biodiversidad de los recursos naturales y en el mejoramiento tecnológico y de la capacidad gerencial, sino que también requiere de un proceso de modernización institucional. El Programa de Reconversión Productiva adhiere a los principios de la Agenda 21, lo que determina una orientación política comprometida con el desarrollo sostenible.
Dentro del proceso se reconoce la importancia de la participación de los campesinos en la construcción de su propio desarrollo, haciéndolos participes de las actividades que conducen al desarrollo autogestionario. De esta forma, las instituciones públicas asumen el papel de facilitadoras y orientadoras del desarrollo productivo del agro, y para ello se hace indispensable "incrementar la eficiencia institucional en la atención a los productores (y productoras)"16
A pesar de la ideología humanista que orienta la propuesta de desarrollo económico y social de Costa Rica, cuyo reto es promover una sociedad solidaria e integrada con igualdad de oportunidades, la preocupación por incorporar la dimensión de género en la política agraria y ambiental es bastante reciente17.
Las iniciativas previas en favor de la mujer se caracterizan por un marcado sesgo urbano. Estas se institucionalizan a partir de 1975 con la creación de la primera Oficina de la Mujer, que adquiere rango de Dirección Nacional de la Mujer y la Familia en 1979 y de Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en 1986.
La Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer de Marzo de 1990, otorga a las pequeñas productoras mayores posibilidades de acceder a la tierra. Por su parte, la `Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer18 establece en su artículo 14, párrafo g) el derecho de las mujeres a "recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y reasentamiento". Con el presente gobierno se instaura una base institucional para atender las necesidades de las mujeres rurales, mediante la creación de las oficinas de la mujer (OMM y OSM) dentro del sector agropecuario en 1994.
No obstante, Costa Rica llega a la Conferencia de Beijing y adhiere a la Plataforma de Acción con un Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres centrado básicamente en la problemática urbana. En efecto, solamente se hacen algunas alusiones a la mujer en las secciones "Mundo Económico y Empleo" y "Género y Medio Ambiente". Estas carencias, unidas al empobrecimiento de las campesinas, particularmente en los hogares encabezados por mujeres, y al proceso de reconversión productiva por el que atraviesa el país, llevan a un replanteamiento del problema. Los trabajos de investigación llevados a cabo, entre otros, por IICA, IICA/BID y otras instituciones documentan el subregistro del empleo femenino en el sector y la escasa valoración que se asigna a las actividades que ésta realiza. Diversos estudios ponen en evidencia el aporte de la mujer a la producción de granos básicos y seguridad alimentaria, su rol en las actividades de cosecha y poscosecha y su papel como mano de obra asalariada en los cultivos no tradicionales de exportación.
La voluntad política de incorporar la perspectiva de género en los lineamientos de los sectores agropecuario y del ambiente, se manifiesta en la creación, en junio de 1997, de la Unidad de Género (en SEPSA), que se convierte en ente rector de las políticas de género en el sector agropecuario. La misma función es asumida en el sector ambiental por la Oficina Ministerial de la Mujer.
Es interesante anotar que prácticamente hasta 1997, la documentación oficial hace referencia a "los campesinos" como un grupo homogéneo, englobando a productoras y productores bajo el mismo rubro sin hacer una alusión directa a la mujer.
El cambio de lenguaje aparece en la revisión y ajuste de Mayo de 1997 de las "Políticas del Sector Agropecuario19". Allí se da un énfasis especial a la reorientación de las políticas para responder a las necesidades de los productores y productoras del sector. En concreto, señala la importancia de "contribuir a la disminución de la pobreza rural mediante la incorporación plena de los productores y productoras del agro en la economía, aplicando políticas diferenciadas con perspectiva de género"( parr.1 Políticas).
Las políticas de autogestión promovidas por la reconversión productiva y su énfasis en las organizaciones de base mediante "la participación activa de los productores, productoras y las organizaciones campesinas en la definición de políticas y en la identificación, ejecución , seguimiento y control de las acciones" (Políticas), abre nuevos espacios a las productoras. La conquista y consolidación de estos espacios se asienta en la capacidad y posibilidad de las campesinas de organizarse y de entrar a formar parte de las organizaciones ya existentes. Además, las oportunidades de mejorar la productividad y estimular el desarrollo de la mujer aumentan no sólo cuando éstas tienen el acceso y control de los recursos productivos disponibles, sino también cuando participan en las actividades que el Plan de Reconversión considera como más rentables. El Informe de Propuestas en el se apoya este estudio de caso orienta las recomendaciones hacia estos dos aspectos.
Finalmente, hay que señalar que el mejoramiento de las condiciones de la mujer rural forma parte del compromiso asumido por Costa Rica al adherir a la Plataforma de Beijing, que recomienda incorporar la equidad de género como parte de las políticas públicas. Este compromiso afecta no sólo a sectores o grupos de mujeres sino al conjunto de la población y se basa en la convergencia de distintas fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales, para asegurar su sostenibilidad20.
