Cuando en 1983 se adoptaron las iniciativas que apuntaban a reforzar la participación de las campesinas en la producción agrícola hondureña, la situación de la mujer rural se caracterizaba por:
· alta tasa de analfabetismo;
· falta de motivación para asumir nuevos papeles;
· escasos conocimientos de alternativas de producción;
· falta de tiempo para participar en grupos debido a las exigencias de las tareas domésticas.
A los aspectos mencionados se adicionaba la carencia de mecanismos institucionales para trabajar con la mujer campesina como agente productivo.
Ante esta realidad, las acciones iniciales del proyecto se dirigieron a mujeres en diferentes comunidades esperando que se agruparan paulatinamente. Se pensó que el impulso a la organización grupal y la concesión de créditos fortalecerían las labores agrícolas y empresariales de las campesinas12.
La falta de una oportuna y adecuada asistencia técnica llevó a la paralización de algunas actividades productivas, haciendo manifiesta la necesidad de adelantar tareas de capacitación en las instituciones y organizaciones campesinas, y de profundizar los conocimientos de las mujeres rurales.
Paralelamente se fue ganando espacio a nivel institucional, ya que con base en la experiencia y en las acciones del proyecto, el INA, organismo ejecutor de la reforma agraria y del proyecto, creó el Departamento de la Mujer y del Joven Rural, como instancia técnica de coordinación y dinamización de las políticas institucionales de participación de la mujer.
El espacio institucional se amplió gradualmente con la inclusión de la Secretaría de Recursos Naturales como entidad co-ejecutora del proyecto13. Su atención se dirigió a la alfabetización y capacitación destinada no sólo a las campesinas, sino también a los extensionistas gubernamentales y dirigentes campesinos, dado que era evidente que el crédito por sí sólo no era suficiente para reforzar el rol productivo de las mujeres.
Era necesario un cambio de mentalidad - institucional, comunitaria y familiar- para que la mujer pudiera asumir nuevos papeles y fuese aceptada socialmente. Para lograrlo se debían vencer las limitaciones culturales del medio social (machismo, analfabetismo, insuficiente capacitación para realizar pequeños proyectos productivos, escasez de ideas para formular proyectos en función de la realidad de la mujer) las barreras institucionales (falta de servicios complementarios, concepción errónea sobre las necesidades de las campesinas y uso de técnicas productivas inadecuadas para las mujeres) y las restricciones legales (que por ejemplo obstaculizaban el acceso de la mujer a la tierra art. 79 de la Ley de Reforma Agraria).
La metodología se centró en la capacitación a todos los niveles, empezando con las campesinas y grupos de base y continuando con las ONG, organizaciones campesinas, instituciones públicas, a fin de permear la concepción de género en todas las instancias públicas y privadas y relacionar los grupos de base con la dirección organizacional e institucional.
La capacitación en áreas tradicionales de escaso rendimiento y consideración (huertos familiares y colectivos para mejorar la alimentación y la nutrición) valorizó y reforzó el papel productivo de la mujer. A medida que se fueron desempeñando estas tareas agrícolas, la demanda de crédito y asistencia técnica por parte de las campesinas se incrementó. La participación progresiva de la mujer en las esferas productivas conllevó a un aumento de la producción, que en muchos casos, generó excedentes para la venta y por lo tanto, ingresos adicionales para la unidad familiar.
Vale mencionar específicamente la metodología de capacitación de las Productoras Enlace (PREN), dado que dio excelentes resultados y fue el eje central de todo el proceso, proceso orientado a promover la posición y condición de la mujer campesina, mejorando su liderazgo, conocimientos y acceso a la tecnología y a los recursos de producción. La estrategia consiste en la formación de Productoras Enlace (PREN), un prototipo de "Campesinas Extensionistas" que representan a un grupo de base y son capacitadas para multiplicar sus conocimientos y experiencias en favor de otras mujeres.
La formación de las PREN se realizó mediante acciones sistemáticas de investigación, promoción, capacitación, asistencia técnica y manejo de recursos durante cinco años aproximadamente. Se obtuvieron resultados concretos relacionados con cambio de actitudes, comportamientos y espacios de participación con equidad de género en la familia y la comunidad, manejo de mecanismos de financiamiento y ejecución de proyectos específicos productivos sostenibles. Todos estos resultados conllevaron al mejoramiento de la calidad de vida de las participantes y de sus familias.
Entre los instrumentos utilizados figuran las Cajas Rurales de Ahorro y Préstamo. Fueron creadas por el Proyecto para fomentar el ahorro y el acceso al crédito de socias y mujeres de la comunidad y fuera de ella, con el fin de elevar su nivel de vida personal y familiar mediante el desempeño de actividades productivas individuales y colectivas. Aún si dichas cajas fueron establecidas en un marco legal existente, la ausencia de reglamentaciones específicas limitan de hecho su operatividad. Funcionan de acuerdo a Estatutos y Reglamentos de Créditos y Ahorros y por disposiciones emanadas de las asambleas. El Reglamento establece que las cajas deben ser organizaciones participativas y democráticas con gestión eficaz, eficiente y autosostenible y que el número de miembros asociados no puede ser superior a 50 ni inferior a 10.
Las Cajas financian principalmente y mayoritariamente actividades agropecuarias con capital semilla, permitiendo concretar actividades de interés para las mujeres como proyectos agrícolas, siembra de hortalizas y de frutales de altura, etc.
Otros instrumentos fueron los diagnósticos regionales sobre los factores que condicionan el acceso de las mujeres a la tierra y a los servicios. Se elaboraron con un enfoque simultáneo de género y etnia y fueron divulgados mediante talleres de retroalimentación para funcionarios de las instituciones de contraparte, dirigentes regionales de la SRN y todos los directores de proyectos rurales en el país. Dichos diagnósticos regionales generaron un Diagnóstico Nacional.
A través de la formación y la participación se estimularon y fortalecieron capacidades a nivel individual, grupal e institucional.
A nivel individual. Gracias a la capacitación en aspectos productivos, organizativos y de autoestima se logró fortalecer a la mujer campesina, elevar su nivel de conocimientos, facilitar y hacer más eficiente su papel tradicional, mejorando la calidad de vida y aliviando su carga de trabajo. Se consiguió también que ejerciera liderazgo en su ámbito de acción, que se evidenciara su papel productivo y comunitario en estructuras tradicionalmente de hombres, y que manejara elementos contables y accediera al crédito a través de las CRAH.
A nivel grupal. El efecto multiplicador de las promotoras campesinas permitió promover, organizar y consolidar los grupos de base. Sin embargo, la acción de mayor trascendencia fue la apertura de nuevos espacios de participación en las decisiones de las organizaciones campesinas, las ONG y las instituciones gubernamentales.
En las organizaciones campesinas las mujeres lograron el derecho al voto en todos los eventos electorales. El liderazgo femenino en las OC, tradicionalmente dominadas por hombres, fue incrementándose al participar como delegación en las instancias de concertación del sector público agrícola y al ejercer presión para la búsqueda de cambios legales y mayores oportunidades para la mujer en los programas y proyectos. Asumieron con éxito responsabilidades relativas al seguimiento de las actividades financieras llevadas a cabo por los grupos de base y como consecuencia, el Comité Coordinador de Organizaciones Campesinas adoptó el modelo de cajas rurales.
A nivel institucional se estimuló una coordinación -promovida y apoyada por el proceso aún si no fue resultado exclusivo del mismo- que llevó a la creación de diversas comisiones y comités, a saber: la Comisión de Asuntos de la Mujer y el Foro Permanente de la Mujer en 1991, el Comité de Integración de la Mujer Rural a la Reforma Agraria, bajo la dependencia de la SRN, la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Mujer Rural (CODEMUR) como mecanismo de coordinación entre las OC, las ONG y las instituciones gubernamentales, la Oficina Gubernamental de la Mujer en 1994 adscrita a la Presidencia de la República y la Sub-Comisión sobre participación de la mujer en el desarrollo agrícola que propició la constitución de un Comité Técnico Interinstitucional del Sector, con el mandato expreso de revisar las políticas sectoriales agropecuarias y hacer las recomendaciones de reforma pertinentes, para asegurar mayor igualdad a las mujeres rurales.
Si bien generar información sobre la contribución de las mujeres al desarrollo agrícola y rural no constituía una de las finalidades de los proyectos, se llevaron a cabo algunas actividades que tuvieron incidencia en el sistema de recolección, procesamiento y análisis de información para la formulación, elaboración y ejecución de las políticas agropecuarias.
Tres, en particular, fueron las acciones emprendidas. En primer lugar se realizaron eventos dirigidos a sensibilizar y capacitar a los cuadros ejecutivos y técnicos de instituciones públicas (INA, SAG, etc.) y a los dirigentes de las OC sobre el tema de género y desarrollo. Con ello se consiguió que los participantes adquirieran una mayor conciencia sobre la invisibilidad de la mujer en las estadísticas oficiales relativas a la producción y al impacto de las políticas de desarrollo rural.
En segundo lugar, el INA recibió asistencia técnica para incorporar la perspectiva de género en el Programa Nacional de Titulación de Tierras, con miras a mejorar las condiciones de acceso de la mujer rural a este recurso. Dicha labor contribuyó a que, mediante la modificación de algunos mecanismos del Programa de Titulación, se iniciara la desagregación de estadísticas en el Instituto. Entre los mecanismos empleados vale mencionar los siguientes: inclusión de hombres y mujeres en las actividades infomativas y de promoción del Programa, adopción de medidas institucionales para recopilar información y divulgar las actividades del Programa con estadísticas desagregadas por sexo, modificación y ajuste de mecanismos e instrumentos para la investigación, solicitud y aprobación de titulos de propiedad. Un ejemplo concreto con relación a este último instrumento es la inclusión del nombre de la mujer en la boleta de caracterización de los productores y los titulos de propiedad de las fincas, de modo que la "jefe de hogar" pueda ser considerada automáticamente titular beneficiara y puedan ser desagregados todos sus datos por sexo.
Finalmente, se desarrolló, con la participación activa de técnicos y ejecutivos de las ONG, instituciones públicas y OC, un análisis de las políticas agropecuarias bajo la perspectiva de género, lo cual permitió ratificar el vacío existente en la información desagregada por sexo. En la actualidad está en proceso de discución la propuesta de un proyecto, "Los Lineamientos Estratégicos del Plan de Acción sobre Equidad de Género en el Agro Hondureño 1996-2000, que incluye dentro de sus ámbitos de acción la planificación e información sectorial.
En una etapa complementaria que queda por trabajar, se deberían continuar las prácticas encaminadas a revisar los sesgos de género que prevalecen tanto en la planificación sectorial como en las estadísticas oficiales respecto de la participación y contribución de las mujeres al desarrollo agrícola y rural. Es una tarea importante ya que esto constituye una de las principales causas de las deficiencias que hasta ahora han mostrado las estrategias, planes y políticas agrarias para asegurar la participación de hombres y mujeres en condiciones de equidad.
Así mismo, sería pertinente sistematizar y oficializar los mecanismos, métodos y procedimientos para corregir los severos problemas de subregistro y subestimación que presenta la información estadística oficial; normalizar y reglamentar las estadísticas sectoriales desagregadas por sexo; oficializar una "Tipología de Mujeres en el Agro" para facilitar el reconocimiento de las mujeres rurales como población meta diferenciada desempeñando múltiples funciones; institucionalizar el tema de la equidad de género y fortalecer la capacidad institucional en lo que respecta a la introducción del análisis de género en la planificación sectorial.
El enfoque de valorización del rol productivo de la mujer ha mostrado resultados positivos en el proceso lento y complejo que implica la busqueda de autonomía de las mujeres campesinas en el contexto de una realidad social y cultural adversa. En efecto, las PREN lograron participar en ámbitos no tradicionales (crédito, actividades productivas, capacitación de género, gestión fuera de la casa) contando con el apoyo del cónyugue, de la familia y de la comunidad. La contribución de las mujeres a los ingresos y al trabajo de la unidad de producción fue reconocida por sus parejas, así como el hecho de que son más responsables y persistentes.
El rol organizativo y de promoción de la mujer fue reconocido por extensionistas y promotores sociales, que se vieron obligados a cambiar sus tareas de organización y promoción por las de supervisión y apoyo. Por otro lado, el poder de decisión sobre las actividades productivas y financieras de la mujer dentro y fuera de los hogares y de los grupos de mujeres en las comunidades generó vínculos con productores hombres y con organizaciones de agricultores.
A nivel global (ver Gráfico adjunto) la Capacitación A Grupos/Pren, que fue el eje central del proceso, propició y favoreció el establecimiento de variados vínculos. En efecto, mediante la adopción de esta metodología, orientada a promover la valorización del papel de la mujer como agente productivo, se generó una valiosa relación con dos organismos del sector agropecuario: el INA y la SRN. Trabajar en colaboración del INA permitía asegurar que la regularización de la tenencia de la tierra favoreciera efectivamente a las mujeres, y la participación de la SRN contribuiría a asegurar la incorporación de un enfoque de género en la generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal, dentro del marco de la Política Nacional de la Mujer. Los proyectos apoyaron y participaron a la definición de esta Política Nacional, que entre otras, condujo a la creación de Unidades y Departamentos de la Mujer a nivel nacional y sectorial.
Al inicio se pensó que la Institucionalización de dicha capacitación se realizaría particularmente con el sector no gubernamental, para aprovechar, en lo posible, sus capacidades y su experiencia directa en el campo. No obstante, tan sólo una ONG, Save the Children, pudo adptar la metodología a sus programas. El proceso demostró, entonces ser lo suficientemente flexible ante la realidad y de hecho los esfuerzos se dirigieron hacia la búsqueda de participación y apoyo de las Organizaciones Campesinas a través del Comité Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH), proyectos de desarrollo en diversas regiones, Fondos de Investigación Agrícola, Fondos de Inversión Social y la Organización Nacional Indígena Lenca (ONIL), habiendo éstas dos últimas replicado sólo las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.
Es de hacer notar el fortalecimiento de los nexos entre los grupos comunitarios y las organizaciones de mujeres campesinas: Federación de Mujer Campesina (FEHMUC), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas(ANAMUC),el Comité de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) y la Secretaría de Asuntos Femeninos de la Alianza Campesina(ACAN) y organizaciones campesinas: la Unión Nacional de Campesinos (UNC), la Alianza Campesina de Organizaciones de Honduras (ALCONH), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Federación Campesina Agropecuaria Diversificada de Honduras (FECADH).
Como resultado del proceso de expansión de organizaciones y de vínculos entre ellas, fue necesario establecer una Estrategia de Coordinación. Se realizaron talleres con los directivos en los que se delinearon los elementos a tener en cuenta en los Lineamientos estratégicos para la formulación del Plan de Acción sobre equidad de género en el agro hondureño.
Otras de las relaciones, entre los diferentes agentes involucrados, que se estimularon durante el proceso fueron las siguientes:
· Entre las campesinas, los grupos de base y los extensionistas mediante la formulación y ejecución de pequeños proyectos productivos mirados a mejorar los ingresos y a estimular la participación de la mujer;
· Entre las promotoras campesinas, los grupos de base y las OC a través de las actividades de seguimiento de las Cajas Rurales de Crédito y Ahorro que llevó a cabo el personal calificado de seis OC;
· Entre representantes de las ONG, instituciones públicas, organizaciones campesinas y grupos de mujeres, como resultado de una acción conjunta con miras a una revisión de las políticas sectoriales agrícolas para que integraran las nociones de género y equidad de género.
Durante el desarrollo del proceso se instauró una estrecha relación con varios institutos del sector agropecuario (desde los de planificación hasta los financieros) para que sus iniciativas e intervenciones fuesen congruentes con las finalidades de los proyectos.
Organismos e Instituciones con los cuales se colaboró |
Finalidades |
INA |
Asegurar que la regularización de la tenencia de la tierra favoreciera efectivamente a las mujeres. |
SRN |
Asegurar el desarrollo y la adopción de tecnologías agropecuarias y forestales adecuadas para las mujeres. |
Impulsar un programa de promoción, organización y capacitación para grupos de mujeres rurales microempresarias | |
BANADESA |
Definir una reglamentación para las cajas rurales creadas como mecanismo de financiamiento alternativo. |
Para fortalecer la participación de la mujer en las tareas productivas y en la toma de decisiones se consideró vital introducir un cambio de actitud en el Instituto Nacional Agrario (INA), cuya concepción del desarrollo rural estaba dirigida a la producción masculina. La capacitación de técnicos institucionales en metodologías de promoción y organización de la mujer se orientó a difundir una nueva perspectiva sobre el papel fundamental que juegan las campesinas en las actividades productivas, fomentar entre los extensionistas la aceptación de la idea de trabajar con las mujeres en programas de desarrollo rural y reforzar la capacidad institucional para proseguir las labores iniciadas una vez concluidos los proyectos.
Al final del proceso se evidenciaron cambios significativos por parte de los técnicos del INA respecto a la concepción de género, fruto del trabajo de sensibilización que los proyectos realizaron sobre las diferencias y desigualdades de género. Esto ha contribuido a fortaler a los grupos que cuentan con el recurso legalizado y que aspiran a ser reconocidos como empresas asociativas.
Cambios institucionales importantes se produjeron con el nuevo gobierno que en enero de 1994 adoptó una serie de medidas relativas a la modernización del Estado, la reducción del aparato público y la redefinición de las funciones públicas. Como órgano rector del sector agropecuario, la Secretaría de Recursos Naturales (SRN) entró en un proceso de restructuración que se manifiestó en la reducción de su tamaño y del personal, así como en la privatización de los servicios de investigación y extensión agropecuaria, hasta entonces prestados por su personal técnico. Se crean dos grandes direcciones técnicas en la SRN, la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), junto con su Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA) y la Dirección de Desarrollo Rural.
Paralelamente y de acuerdo con las reformas registradas en la Ley de Modernización del Sector Agropecuario, se limitaron las acciones del INA a la titulación de tierras y a la reconversión productiva de las empresas establecidas por la reforma agraria. En este contexto, el campesinado en general y las mujeres campesinas en particular, vieron reducidas las oportunidades de obtener nuevas tierras.
La Unidad Técnica de la Mujer adquirió un mayor estatus cuando el INA creó el Departamento de la Mujer y del Joven Rural incorporándolo en la División de Reconversión Empresarial y dotándolo de recursos para trabajar. Es de resaltar que la oficina también coordina acciones con la División de Titulación de Tierras y que ha logrado mejorar el acceso de la mujer a los títulos de propiedad.
En lo que concierne específicamente a género, el gobierno creó en 1994 la Oficina Gubernamental de la Mujer, con la función de coordinar las políticas y acciones en favor de la mujer en el marco de la Política Nacional de la Mujer adoptada en 1989. Esta Oficina ha desarrollado una labor de sensibilización en el sector público respecto a la igualdad de oportunidades y beneficios entre hombres y mujeres.
Posteriormente, al interno de la SRN se crearon dos unidades de la mujer que fueron integradas en las dos direcciones anteriormente mencionadas, DICTA y Desarrollo Rural. Aunque estas fueron la contraparte en la última etapa del proceso del fortalecimiento de la mujer como agente productivo, no pudieron desempeñar adecuadamente sus funciones técnicas debido a la escasez de recursos.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que reemplazó a la SRN a partir del 1 de enero de 1997 en su carácter de ente rector de la política agrícola y coordinadora del sector público agropecuario, propició la revisión de las políticas sectoriales definidas por PROAGRO14 para crear condiciones de participación más equitativas para las mujeres rurales.
