Túnez, país de Africa del Norte, está limitado al norte y al este por el mar Mediterráneo, al sudeste por Libia y al oeste por Argelia. El clima mediterráneo está determinado por la irregularidad de las lluvias y por un período de sequía (5 a 6 meses en el norte y 7 a 9 meses en el centro y en el sur). Las lluvias, de septiembre a marzo, varían de 1.200 milímetros en el norte a 50 milímetros en el sur. Las formaciones vegetales naturales son más importantes y diversificadas en el norte.
La superficie total del territorio es de 16,4 millones de hectáreas, de las cuales el 42% son tierras sin cultivar. Las tierras productivas no cubren más que 9 millones de hectáreas. La erosión es muy fuerte y una parte importante de estos suelos (alrededor del 46%) presenta signos de disminución de la fertilidad. La desertificación avanza en el centro y el sur del país. Una explotación excesiva de los recursos vegetales y prácticas agrícolas inadecuadas son las causas de este fenómeno.
En 1995, la población era de 9 millones de habitantes, de los cuales el 39% habitaba en zonas rurales (67% en 1956). El crecimiento anual de la población es de 1,8%. La población activa ocupada representa el 23,3%, con un crecimiento anual del 3%.
El Producto Interior Bruto (PIB) ubica a Túnez en el puesto 66 entre 174 países en desarrollo, y el Indice de Desarrollo Humano (IDH) le da el lugar 75 (PNUD, 1995). El PIB ha crecido un 4% al año entre 1986 y 1996. La política de liberalización de la economía ha estimulado la iniciativa privada y ha fomentado las inversiones extranjeras. Estas pasaron de 190 millones de dólares entre 1982-1986 a 508 millones de dólares en el período 1992-1995. Los esfuerzos de desarrollo económico han sido acompañados de una fuerte política social. El país reserva alrededor del 25% de su presupuesto a la educación y el 5,9% a la salud. En 1993-1994 la tasa de la escolarización global (6-13 años) era del 91%, y del 82% para las niñas (indicadores socioeconómicos complementarios en el Anexo I).
La superficie cultivada es de alrededor de 5 millones de hectáreas, es decir un 30,5% del territorio. Los cultivos de riego constituyen el 7% de esta superficie. Se cultivan principalmente cereales, leguminosas y plantas oleaginosas y se practican también la arboricultura y la ganadería (ovina, bovina y caprina). La población activa del sector primario es del 21,6% (Institut Nacional des Statistiques, 1994). El sector agrícola representa el 15% del PIB y el 14% del comercio exterior. Estas tasas están en regresión, en beneficio de los sectores secundarios y terciarios (industrias manufactureras, servicios, turismo), que están creciendo rápidamente.
Aunque la agricultura es ampliamente tributaria de las fluctuaciones climáticas, es considerada primordial para la autosuficiencia alimentaria del país. Las reglas de inversión y los modos de financiamiento rural han implantado medidas incitativas para estimular la expansión de las actividades agrícolas.
Las zonas forestales representan un poco más de un tercio del territorio. Los pastizales y los bosques cubren respectivamente el 82% y el 18% de esa superficie. La tasa de forestación es del 5,1% de la superficie total del país. Las zonas forestales, muy pobladas (densidad media de 80 a 200 habitantes por km2), ofrecen una gran diversidad de productos y subproductos forestales: corcho, madera, forraje, plantas aromáticas (romero, arrayán), piñones, hongos, alcaparras. Su interés económico es manifiesto. Túnez exporta aceites esenciales de plantas, esencias de trementina, champiñones, alcaparras y garrobas hacia Europa (Francia, Italia, España, Bélgica, etc.).
La zona de producción forestal más importante es la región de Krumiria- Mogods (zona del estudio de caso, ver anexo 2). A pesar de sus potencialidades ecológicas, forestales y de pastoreo, es la zona más afectada por la pobreza y por la degradación de los recursos naturales y de los ecosistemas. Los organismos de intervención para el desarrollo1 recurren de manera creciente a un enfoque participativo e integrado, y al concepto de la agrosilvicultura, ciencia y práctica de manejo integrado 2.
Los recursos agroforestales tienen un valor socioeconómico innegable. Permiten satisfacer en lo esencial las necesidades de la población que vive en las zonas boscosas. Asimismo, la agrosilvicultura es un eslabón reconocido por la importancia del papel que desempeña la mujer. En efecto, la mayor parte de las actividades de cuidado y "rehabilitación" de los sistemas de producción, basados en la supervivencia y la explotación de estos recursos forestales, son asumidos por mujeres. Más aún, la mano de obra empleada para la valorización de los subproductos del bosque es, en su mayoría, femenina. Sin embargo, las mujeres no están suficientemente implicadas en la dinámica de desarrollo y su papel continúa siendo marginal, en circunstancias que ellas deberían estar imperativamente asociadas como actores decisivos si se considera la preponderancia de sus actividades en el espacio forestal.
Los primeros años de la independencia de Túnez dieron lugar al nacimiento de un Estado-nación, símbolo de identidad del país. Las organizaciones tradicionales, como las tribus, vieron disminuir sus prerrogativas y su influencia en beneficio del aparato del Estado. Las instituciones y las estructuras políticas y administrativas se transformaron en "pasajes obligados" para el ciudadano, en desmedro de la participación de la sociedad civil.
Desde 1973, Túnez se fija planes quinquenales de desarrollo económico y social. En ellos están definidas las orientaciones de desarrollo rural. En el curso del decenio 1970-1980, los pilares estratégicos esenciales han sido la promoción del empleo y la mejoría de los ingresos de la población desfavorecida. Con todo, los programas ejecutados no han aportado los resultados esperados, lo que llevó al gobierno a crear programas de desarrollo rural integrado (PDRI), asociando la mejoría de las condiciones de vida y la promoción de acciones productivas. Pese a esta nueva concepción y a la descentralización a nivel regional de los esfuerzos de desarrollo, quedaron en evidencia la débil participación de la población y las dificultades para mantener los logros. Con la crisis económica de los años 80 y la apertura hacia una mayor democratización, el estado entonces intentó movilizar a la sociedad civil, alineándose con las corrientes internacionales. Las tentativas de aplicar enfoques participativos, sostenidas por las ONG, se han multiplicado.
El cambio político del 7 de noviembre de 1987 y la adopción de un programa de ajuste estructural coincidieron con el VII Plan de desarrollo (1987-1991). La disminución del rol del estado en beneficio de actores privados y la promoción de la organización de las poblaciones fueron entonces las orientaciones centrales del desarrollo. Las reformas destinadas a movilizar los recursos humanos y valorizar sus potencialidades han afectado tanto al sector económico como a la administración, en ámbitos político y jurídico. La descentralización de los organismos de decisión y de gestión confirió a las regiones y a las colectividades locales plenos poderes para la concepción y la aplicación de los planes de desarrollo. De esta manera, desde el VIII plan (1992-1996) se ha aplicado la consulta nacional. Se ha solicitado el concurso de todas las fuerzas vivas para la definición y la elaboración de la estrategia de desarrollo. La integración de las mujeres y la promoción de su papel económico y social han constituido un pilar importante.
La implicación de las ONG en el proceso de los proyectos no ha dejado de crecer. La colaboración con los organismos estatales de desarrollo rural se instaura y se concreta por acuerdos con, entre otras, APEL, ATLAS, la Fundación del KEF para el desarrollo regional (FEKDR), la fundación tunecina para el desarrollo comunitario (FTDC). En este marco se han ejecutado numerosos proyectos3, que ilustran esta voluntad de colaboración.
La ausencia de organización a nivel de las comunidades rurales incitó al estado a estructurarla. El consejo rural, a nivel del sector, el consejo local de desarrollo, a nivel de la delegación, y el refuerzo del consejo regional, a nivel de gobernación, constituyen los eslabones de una cadena que vincula a la población con el poder regional (cf. anexo 3, organización de los organismos públicos). Esta organización se ocupa de la coordinación y la coherencia entre los proyectos. Refuerza el proceso de descentralización y al mismo tiempo establece un marco de participación de los organismos para el desarrollo local y regional. Los textos legislativos confieren a las administraciones un papel consultivo "de comunicación de las preocupaciones de los habitantes y de soluciones posibles".
La estructuración del aparato público fue un paso importante en la implicación de las poblaciones rurales en el desarrollo. Sin embargo, esto no le permite todavía a la población imponerse como contraparte válida para el autodesarrollo. En efecto, en una óptica de estrategia de desarrollo local participativo e integrado, la importancia territorial de cada nivel de organización supera ampliamente el espacio de los grupos sociológicos de base. Por este motivo, para complementar el dispositivo administrativo, se han desarrollado otras formas de organización a un nivel más cercano a las comunidades rurales. Se trata de:
· comités de desarrollo (todavía en estado informal), establecidos por los proyectos, a nivel de areas rurales explotadas por una aldea (douar) o un grupo de aldeas (proyectos ODESYPANO, ATLAS y APEL); la extensión de los comités de desarrollo en el seno de los proyectos se ha desarrollado en el marco del programa de solidaridad nacional 2626;
· asociaciones forestales de interés colectivo (AFIC), previstas por la revisión del Código Forestal de 1988;
· asociaciones de conservación de aguas y suelos (ACES), previstas por la Ley No.095-70 de 14 de julio de 1995 (hasta hoy ninguna ha sido aplicada).
El estado todavía promueve organizaciones formales, más antiguas, para estimular la participación de los labradores en la gestión de la producción, los equipos y los recursos4. Estos son:
· las asociaciones de interés colectivo (AIC), órganos de autogestión de los sistemas públicos de riego y acometidas de agua potable;
· las cooperativas agrícolas de servicios, organizaciones de productores y de empresas.
La adopción de un enfoque participativo e integrado en la aplicación de proyectos de desarrollo rural y de manejo de recursos naturales ha favorecido la participación de la mujer. La experiencia principal en este campo es la de ODESYPANO. Desde 1990, esta organización desarrolló la creación de comités de desarrollo para integrar a la población (hombres y mujeres) en la planificación y la programación de las acciones. La envergadura de un comité es la de una aldea (douar), que forma un grupo sociológico y una unidad territorial homogéneos. Este comité está compuesto por hombres y mujeres elegidos por la población, y es un órgano de representación comunitaria. El papel que desempeña es el de "interlocutor-tomador de decisiones", y la base de su funcionamiento es contractual. Las mujeres son sistemáticamente involucradas en todas las etapas del proceso.
La experiencia de la DGF, más reciente (1995), incluye una decena de operaciones-piloto de desarrollo rural integrado en las zonas forestales del norte y del centro del país (proyecto de desarrollo forestal cofinanciado por el Banco Mundial). La DGF llamó a las ONG nacionales para estimular un proceso de desarrollo participativo integrado con las poblaciones en el momento de elaborar el contenido del proyecto. Su funcionamiento se inició este año.
En Túnez, desde la independencia, mejorar la situación de la mujer no ha dejado de ser una prioridad en la política de promoción de los recursos humanos. El Code du statut personnel (código de status personal), promulgado en 1956, orienta las reformas hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Es actualizado regularmente. La poligamia, el matrimonio obligado y el repudio unilateral han sido abolidos; el divorcio judicial fue instituido; los derechos de la mujer divorciada sobre la tutela de los hijos han sido reforzados. Estas conquistas legales tienen su prolongación en la constitución tunecina, el código de trabajo y la promoción de las asociaciones femeninas.
En el plano institucional, el Ministère des affaires de la femme et de la famille (Ministerio de Asuntos de la Mujer y de la Familia -MAFF), vinculado al Primer Ministro (1992), es responsable de la concepción de la política nacional de promoción de las mujeres y de la familia, y supervisa el respeto y el perfeccionamiento de las leyes en estas esferas. Este ministerio asesora y coordina los programas y las acciones para integrar a las mujeres en los diferentes sectores del desarrollo. El Centre de recherches, d'études, de documentation et d'informations sur la femme (Centro de investigación, de estudios, de documentación e información sobre la mujer - CREDIF), creado en 1991, ejerce un papel de observación de la condición de la mujer tunecina.
Túnez se alinea en la política internacional relativa a la situación jurídica de la mujer, adaptándola al contexto árabe-musulmán de la sociedad. El país ratificó, en 1991, la Convención de Copenhague sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW,1985). Túnez participó, en 1992, en la Cumbre de Ginebra para la promoción económica de la mujer rural, y suscribió los principios de contribución igualitaria de la mujer rural a la democracia y al desarrollo socioeconómico.
Las mujeres ocupan un lugar cada vez más importante en la vida pública. La escolaridad prolongada y la voluntad política han favorecido su acceso a la vida política (17% de los diputados son mujeres) y a las estructuras públicas. Todas las células del partido político desturiano tienen miembros femeninos. La Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Unión Tunecina de la Agricultura y de la Pesca -UTAP), organización sindical de esta profesión, creó en su seno una federación nacional de agricultoras, que tiene 15 delegaciones regionales, todas dirigidas por mujeres.
Es difícil establecer un perfil-tipo de la mujer rural tunecina. Existen grandes disparidades regionales entre los contextos socioculturales y los modos y sistemas de producción. Los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Agricultura no traducen estas diferencias, pero muestran la importancia del lugar de la mujer en el sector agrícola (ver Anexo 1). Si bien las mujeres no representan más que el 5% de los jefes de explotación agrícola, ellas constituyen el 64,3% de los ayudantes agrícolas familiares (mano de obra no remunerada). Las actividades agrícolas temporales muestran una creciente participación de la mujer (cultivos intensivos de regadío, cultivos en invernaderos).
Tradicionalmente, lo esencial de las tareas femeninas se efectúa en el espacio doméstico y agrícola. Las mujeres son cada vez más frecuentemente "jefes de familia de hecho", debido al éxodo temporal o permanente de los hombres y su doble actividad. Ellas han visto aumentar sus responsabilidades y su trabajo a nivel de la actividad agrícola familiar. Las mujeres, antes que nada proveedoras de mano de obra, raramente tienen acceso a los medios de capitalización que son la tierra y el ganado. En el conjunto del país, menos del 15% de las mujeres son propietarias de tierras. En las zonas forestales este porcentaje es todavía menor. La tierra ha sido siempre obtenida por herencia. La mayor parte de las mujeres declaran ceder su parte de herencia a sus hermanos, con el fin de evitar la dispersión del patrimonio familiar. La carencia de capital, la falta de movilidad espacial, la insuficiencia de formación/información y la persistencia del analfabetismo obstaculizan el acceso de las mujeres a los factores de producción y a las medidas de apoyo: suministro, comercialización, créditos, divulgación, etc.
Las mujeres tienen un papel predominante en la reproducción y la gestión del hogar, la producción agrícola y extra agrícola y los servicios comunitarios. La carga de trabajo resultante de estas responsabilidades impide a menudo a las mujeres involucrarse en el proceso de desarrollo de la misma manera que los hombres. La "visibilidad" creciente de las mujeres en las actividades agrícolas provocó una toma de conciencia progresiva sobre la importancia capital de su rol socioeconómico en la dinámica del desarrollo rural. De ser beneficiarias pasivas, asistidas socialmente, ellas se están ganando el estatus de actores económicos activos de la agricultura moderna y del desarrollo regional.
La política de promoción de las mujeres rurales promueve su integración en un proceso de desarrollo equitativo y duradero. Durante la elaboración del VIII y IX planes quinquenales se establecieron comisiones transversales "Mujeres y Desarrollo", para tratar cada sector del desarrollo. Una subcomisión "Mujeres rurales" también fue creada. Con la adopción cada vez más extendida del enfoque participativo, numerosos proyectos están actualmente desarrollando5:
· componentes "Promoción de mujeres rurales", con acciones específicas: capacitación, extensión, crédito, organización;
· componentes "Desarrollo comunitario" abiertas a la problemático hombre/mujer;
· estrategias que consideran tanto a las mujeres como a los hombres como beneficiarios y actores de las diferentes etapas del ciclo de proyectos para las actividades de valorización, formación, organización, etc.
La mayoría de estos proyectos están actualmente en una fase de inicio o de test. Es demasiado prematuro para extraer lecciones. Sin embargo, ellos muestran la voluntad de tener en cuenta las cuestiones de género en los enfoques de desarrollo.
1 Se trata de la Office de développement sylvo-pastoral du nord-ouest (Oficina silvo-pastoral del noroeste - ODESYPANO), la Direction générale des forêts (Dirección General de Bosques - DGF), del Ministerio de Agricultura y algunas ONG: la Fondation pour l'auto-développement et la solidarité (Fundación para la Autoayuda y la Solidaridad - ATLAS) y la Association pour la promotion de l'emploi et du logement (Asociación para la promoción del empleo y la vivienda -APEL).
2 La agrosilvicultura es definida como "un sistema integrado de ordenación y manejo del espacio rural, asociando el árbol y las prácticas de producción agrícola, y aplicando métodos de intervención compatibles con las condiciones de la población rural" (Séminaire maghrébin d'agroforesterie, Túnez 1989).
3 Por ejemplo, los proyectos Sidi Bouzid y Siliana en el sector del micro-crédito, cofinanciado por la Caja Francesa de Desarrollo (CFD); el proyecto de desarrollo de las zonas montañosas del noroeste, cofinanciado por el Banco Mundial; las operaciones piloto del desarrollo rural integrado en áreas forestales, con la colaboración de la Dirección General de los Bosques; etc.
4 La implicación y la presencia de las mujeres en estas organizaciones son muy limitadas sino inexistentes.
los proyectos de manejo de los recursos naturales: operaciones-piloto de desarrollo integrado del proyecto de desarrollo forestal, proyecto de desarrollo de las zonas de montaña del noroeste ODESYPANO, proyecto de manejo de los recursos naturales y conservación de las aguas y los suelos;
los proyectos de desarrollo agrícola integrado en las regiones de Kasserine, Kairouan, Kef, Siliana, Sidi Bouzid, Zaghouan, etc.
