Las cuestiones de género en el contexto de las políticas y la planificación




Mujeres en Zambia leen los precios del mercado en un períodico local
FAO/17821 /A. Conti

A menudo, el problema fundamental en el ámbito de las políticas y la planificación relativas al sector de la agricultura y la alimentación es convencer a las personas con capacidad de decisión de que deben tenerse en cuenta los aspectos de género. Los encargados de la adopción de decisiones consideran que el 'género' no es una categoría útil a los efectos de la planificación y la elaboración de políticas económicas, o bien aducen que la falta de información y datos desglosados por sexos impiden incorporar los aspectos de género en la labor de análisis.

Los efectos negativos de las políticas de ajuste estructural (PAE) sobre la mujer rural han venido recibiendo creciente atención. Las PAE promueven la producción de cultivos comerciales y la agricultura en gran escala y descuidan el sector de subsistencia. Como resultado de ello, se han desviado a la producción de cultivos para la exportación recursos previamente dedicados a la producción de subsistencia (como tierra, mano de obra e insumos). Esta tendencia tiene amplias repercusiones, especialmente sobre las mujeres, que están concentradas en el sector de subsistencia. Las PAE tienen por objeto reducir el gasto público y el nivel de sostenimiento de los precios, liberalizar los mercados, reducir y eliminar las subvenciones de la agricultura y los alimentos y eliminar los controles del transporte y la comercialización. Una disminución de la participación gubernamental en esferas como la comercialización y la fijación de precios en la agricultura de subsistencia hace que recaiga en los agricultores la responsabilidad por ciertas esferas en las que no tienen experiencia ni capacitación. Además, las PAE entrañan por lo general una reducción del gasto público en servicios sociales como la enseñanza, la sanidad y la infraestructura rural, lo cual redunda en un aumento de las demandas sobre el tiempo y la energía de las mujeres a fin de suplir las deficiencias en esas esferas.

¿Por qué incluir las cuestiones de género en el análisis de las políticas?

Pese a todo, cada vez son más numerosas las pruebas y la experiencia que justifican la incorporación de una perspectiva de género en el análisis de las políticas, tanto por razones de equidad como de eficiencia económica.

La capacidad de las mujeres para reorganizar su tiempo a fin de dedicarse a otras actividades, en respuesta a cambios en las oportunidades de mercado (por ejemplo, el aumento de los precios al productor o la creación de puestos de trabajo), puede verse obstaculizada por las normas sociales que establecen papeles diferentes para el hombre y la mujer y, en consecuencia, limitan la posibilidad de intercambio de la fuerza de trabajo masculina y femenina.

La economía familiar, con su asimetría respecto del control de los ingresos, puede impedir que los cambios de los precios surtan el efecto de incentivar a las mujeres.

Las reducciones de los impuestos sobre las exportaciones, combinadas con la reducción de los tipos de cambio, proporcionan incentivos para aumentar la producción de cultivos comerciales en detrimento de los cultivos de subsistencia, que normalmente no son comercializables y y son por lo general responsabilidad de las mujeres. El incremento del volumen de comercialización de productos agrícolas puede tener como resultado una mayor demanda de trabajo familiar, con una consiguiente depreciación del valor de la enseñanza en relación con las ventajas de utilizar mano de obra infantil (especialmente en el caso de las niñas). Además, puede hacer que aumenten las responsabilidades de las mujeres en la "economía no reconocida", es decir, la administración doméstica (producción de más artículos de consumo familiar a nivel interno, compra de alimentos menos elaborados que requieren un mayor tiempo de preparación). Esto puede producir efectos negativos sobre los recursos humanos a largo plazo.

Las políticas de gasto público que comportan la reducción de la infraestructura social (por ejemplo, la atención de la salud y el saneamiento) pueden entrañar la transferencia de los costos de esa atención de la economía remunerada a la economía no reconocida de la familia, y en particular a la mujer.

¿Es conveniente incluir las cuestiones de género en la planificación del desarrollo rural?

En un contexto nacional favorable a la adopción de políticas de índole económica, jurídica y normativa con objeto de igualar el acceso de la mujer a los recursos productivos y los mercados de trabajo y capital, la planificación a nivel local (o del distrito) ofrece las mayores posibilidades de traducir esas políticas en programas y proyectos preparados aplicando una perspectiva de género. Las razones de ello son varias:

  • En primer lugar, el distrito es el nivel más adecuado para obtener información detallada sobre la zona, la comunidad y los hogares, así como para integrar esa información en el diseño de programas o proyectos. El personal en el plano del distrito tiene por lo general un conocimiento razonablemente bueno de las condiciones locales y, si la información necesaria no está inmediatamente disponible, pueden encontrar medios para obtenerla con relativa facilidad; por otra parte, es el nivel en el que las comunidades o los grupos de presión pueden manifestar sus intereses.
  • En segundo lugar, los proyectos y programas se ejecutan en el plano local y del distrito, por lo que es a ese nivel donde se pueden identificar y corregir los problemas de ejecución relacionados con las diferencias entre hombres y mujeres.
  • En tercer lugar, el distrito es el nivel apropiado para aplicar un enfoque participativo de la planificación, que haga posible la interacción de administraciones locales, organizaciones comunitarias y grupos de presión respecto de la asignación de recursos públicos. En muchos casos, los intentos de mejorar el acceso de las mujeres a los recursos surgen como grupos de presión organizados compuestos fundamentalmente o por completo de mujeres; si bien los funcionarios gubernamentales pueden intervenir en los procesos de planificación promovidos de forma autónoma por esos grupos, normalmente ello ocurre en las últimas etapas de dichos procesos.

 

 

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