En el primero de una serie de artículos referentes a proyectos de la FAO en el sudeste de Africa, Leyla Alyanak informa sobre una nueva ley agraria en Mozambique que devuelve los derechos de la tierra a las manos de la comunidad.
La nueva ley agraria concede seguridad a la población de Mozambique
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Mozambiqueñas trabajando el
campoUn sencillo azadón es la única herramienta con que Elisa Matlombe mantiene a sus cinco hijos. Desde el amanecer hasta que se pone el sol, se afana en su pequeña parcela situada al sureste de Mozambique, donde cultiva un poco de maíz y cacahuetes.
Tampoco hay un Sr. Matlombe que lleve dinero a casa desde las minas de la vecina Sudáfrica o de algún empleo en la cercana Maputo. Los insurgentes renamo lo asesinaron a golpes durante la guerra del país que duró 16 años. Como si fuera poco, Elisa está bajo amenaza constante de desalojo. No tiene un título claro de propiedad agraria y un urbanista local reclama esa parcela.
Pero puede estar por llegar la ayuda para la Sra. Matlombe, y para los cientos de miles de personas que están en su situación y que huyeron del campo durante la guerra, si el Parlamento mozambiqueño aprueba una nueva ley agraria elaborada con ayuda de un proyecto de la FAO.
Esta nueva ley, que llegó al Parlamento en noviembre, daría respaldo jurídico a una política agraria creada para reconocer tanto la realidad actual como los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra. Sustituiría a una ley aprobada en 1979, poco después de que Mozambique venciera su prolongada guerra de independencia del Portugal.
La ley de 1979, que refleja la postura nacionalista y socialista del entonces nuevo gobierno de Mozambique, estipula que los agricultores deben utilizar las tierras para tener derechos sobre ellas. En aquel momento la intención era apoyar la conversión de grandes propiedades abandonadas por los colonizadores portugueses en fincas estatales.
En 1993, cuando Elisa Matlombe volvió a su aldea situada en la parte alta de una colina de Munhuangue, Mozambique estaba tratando de reanimar su economía destrozada por la guerra a través de directrices orientadas al mercado, prescritas como parte de un programa de ajuste estructural. Se encontró con que las autoridades habían incluido su parcela, parte de una sección de 40 hectáreas que la aldea tradicionalmente había utilizado para pastoreo y para dar tierras a las familias nuevas, en una lista de tierras abandonadas y la habían concedido a un inversionista.
“No tenía adónde ir, ninguna otra cosa -recuerda-. No tenía opción, tenía que quedarme”. Entonces sembró sus tierras y se ocupó de alimentar a su familia.
Muchos otros campesinos y comunidades mozambiqueños se encontraron en la misma situación, conforme los inversionistas se apresuraron a comprar derechos agrarios otorgados por las autoridades: el Estado es propietario de todas las tierras del país, y lo seguirá siendo de acuerdo a la nueva ley propuesta. Y muchas de estas concesiones han producido disputas agrarias entre las comunidades y los inversionistas ajenos a éstas.
En todo el resto de la zona de Munhuangue -afirma el dirigente campesino Paulo Manhica- “los funcionarios están ejerciendo presión sobre las personas para que acepten dividir las tierras entre la comunidad y el especulador. Pero nos estamos negando, somos campesinos de subsistencia, no tenemos más recursos que la tierra”.
La nueva política agraria y el proyecto de ley que se está discutiendo y que daría autoridad jurídica a dicha política, es probable que aminoren esos conflictos.
“Nuestra intención con esta revisión jurídica era proporcionar un mecanismo de protección más amplio para salvaguardar los derechos agrarios de la comunidad respecto a las tierras que las comunidades no están utilizando pero que consideran suyas histórica y culturalmente”, afirma Chris Tanner, jefe de grupo de dos proyectos de la FAO elaborados para examinar detenidamente la política y la ley agrarias del país. “La intención era protegerlos de una clase de invasión del sector privado y de los llamados inversionistas”.
Prosigue: “Si no se respetan los derechos agrarios de las personas, sobre todo donde carecen de cualquier otro medio de ganarse la vida, se marginaliza a una proporción muy grande de la población y se les relega a una vida de pobreza absoluta”. Aproximadamente el 60% de la población ya vive por debajo del umbral de pobreza sin acceso seguro a las tierras.
El grupo de la FAO comenzó a trabajar en el tema agrario en enero de 1995, tres meses después de las elecciones que sellaron el fin de la devastadora guerra de Mozambique. Una comisión nacional agraria reconstituida que se instaló en mayo tuvo tres meses para preparar una nueva política agraria, con la consigna de que sentase la base de una legislación agraria revisada.
El grupo de la FAO contribuyó en los aspectos jurídico y técnico e insistió en que la reforma tenía que tomar en cuenta a todos los usuarios de las tierras y no sólo a los pequeños campesinos. De otra manera, pensaron Tanner y sus colegas, los derechos de los pequeños campesinos jamás se respetarían. La política agraria ahora garantiza derechos agrarios a todos los mozambiqueños y reconoce la función de los sistemas de ordenación tradicional de las tierras.
“Encontramos un concepto nuevo denominado comunidad rural, que habría de definirse por la ocupación consuetudinaria”, explica el jefe del grupo de la FAO. “Esa abarca una superficie mayor de la que está actualmente en explotación. Comprende zonas en barbecho o que están todavía sin cultivar, bosques, derechos a los recursos hídricos, tierras de pastoreo, zonas que se reservan para las futuras generaciones o sitios sagrados o de importancia cultural. En estas zonas, la comunidad local tiene libertad de asignar, heredar o transmitir tierras entre sus miembros, de acuerdo a las prácticas locales”.
Una vez instalada la nueva política agraria, la FAO apoyó a un grupo jurídico para ocuparse de que la ley se adecuara a esta nueva política. Se concluyó un proyecto final de esta nueva ley y se convirtió en documento de discusión de una conferencia nacional de amplia base celebrada con éxito el pasado mes de junio. El apoyo de la FAO a la comisión agraria incluyó la creación de un nuevo programa nacional agrario y un marco para poner en práctica las nuevas política y ley agrarias.
Si bien el proyecto de ley sigue permitiendo que los inversionistas tengan acceso a las tierras comunales, ya no es posible hacerlo a espaldas de la comunidad. “La nueva ley confiere derechos a los dirigentes tradicionales, y no es posible ceder tierras a los urbanistas sin consultar primero a la comunidad”, explico João Muthombene, coordinador de ORAM, una organización que defiende los derechos de los campesinos en las disputas agrarias.
Ese documento también incluye una cláusula clave que estipula que la ausencia de un título formal registrado no perjudica los derechos garantizados por la nueva ley.
Esa cláusula por sí sola representa un importante paso hacia la restauración de una vida segura para cientos de millares de mozambiqueños, personas como Elisa Matlombe. “Si pudiera cumplírseme un deseo -afirma ella- pediría más herramientas. Pero me contento con poder conservar mi parcela”.
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