Diciembre 1997
| Food and Agriculture Organization of the United Nations | United Nations Capital Development Fund | International Fund for Agricultural Development | German Agency for Technical Cooperation | Swiss Agency for Development and Cooperation | World Bank |
Rome
16-18 December 1997
Technical Consultation on Decentralization
Una característica de la gestión pública ha sido la formulación centralizada de políticas públicas y su aplicación vertical. Las políticas así formuladas tienen alto grado de generalidad, lo que restringe su capacidad para responder a las necesidades concretas de los productores y del desarrollo local. Este tipo de políticas generalmente no expresan consensos con los actores locales sobre los que incidirán, los que por tanto no se sienten convocados a apoyar su ejecución; por lo general no cuentan con la flexibilidad política necesaria para garantizar su efectiva implementación; y, las inversiones derivadas de su aplicación difícilmente logran comprometer cofinanciamiento de recursos locales, particularmente privados. Estos aspectos reducen la calidad y eficacia de las políticas públicas, limitan su efectividad como instrumentos de desarrollo y generan tensiones entre actores locales y nacionales, que muchas veces tienen percepciones distintas y aún contradictorias acerca de la orientación futura del desarrollo y de las prioridades de inversión.
Por otra parte se han producido desequilibrios regionales causados por la concentración espacial de los recursos y del poder. En las sedes de los gobiernos centrales y -en menor medida- en las regiones más vinculadas a esos centros de poder se han concentrado las inversiones públicas y privadas, las capacidades institucionales, los recursos humanos calificados y la información. Mientras tanto, las demás regiones se caracterizan por una enorme debilidad institucional, escasa capacidad de gestión, carencia de recursos humanos calificados e inversiones insuficientes, lo que en conjunto limita sus posibilidades para generar procesos dinámicos de desarrollo local.
Otra consecuencia del centralismo es la construcción de estructuras institucionales cerradas, costosas e ineficientes en el nivel central, poco permeables a la opinión de actores no estatales, y cuya inflexibilidad las hace incapaces de adecuarse a las cambiantes y crecientes exigencias que enfrentan las sociedades para su desarrollo. La centralización de la gestión pública, la concentración del poder y la cerrazón de las instituciones estatales han dado lugar también a una gran pérdida de legitimidad, credibilidad y representatividad del sistema político y de la administración pública. Este deterioro debilita la democracia, distancia a la sociedad civil de la sociedad política y motiva escepticismo de la población que percibe al sistema político y a la administración pública como poco confiables, distantes, incapaces de responder a sus necesidades y retiscentes a permitir su participación.
Hasta hace algunos años esta situación era común a casi todos los Estados, pero en las últimas décadas sus connotaciones obligaron a iniciar y/o a profundizar procesos de descentralización estatal y, por tanto, a impulsar creciente protagonismo local.
Estas grandes tendencias de orden mundial pueden contribuir a romper las trabas para el desarrollo causadas por la centralización de los Estados y la concentración del poder. En años recientes ello ha inducido a la reorganización de los Estados a través de procesos de descentralización que implican la
"redistribución de recursos y de poder, tanto de manera espacial como entre organismos y redes gubernamentales y no gubernamentales. Esta fase redistributiva de recursos, espacios de decisión y responsabilidades, es en esencia un proceso descentralizador, que tendrá diferentes grados de profundidad, modalidades y ritmos en cada país, y que también enfrenta de diferentes maneras los riesgos de dispersión, atomización y, en suma, la propia crisis del Estado-Nación" [1].Los procesos de descentralización tienen gran potencial para transformar y modernizar la gestión pública; redefinen las modalidades de formulación y ejecución de políticas públicas; influyen para que la asignación de los recursos sea más armónica; obligan a una relativa redistribución del poder político y económico; rediseñan las instituciones estatales; y favorecen la relegitimación del sistema político. A través de los procesos de descentralización, la formulación y ejecución de políticas públicas deja de ser atribución exclusiva de los gobiernos centrales, se convierte en una responsabilidad compartida con los gobiernos locales y posibilita mayor participación de actores privados. En un Estado descentralizado los gobiernos centrales definen los lineamientos nacionales de las políticas de desarrollo y de asignación de inversiones públicas. Por su parte los gobiernos locales definen políticas específicas para su jurisdicción, para lo cual deben compatibilizar los lineamientos de políticas nacionales con las características y necesidades específicas de su jurisdicción, e incorporar a los actores locales para formular políticas de consenso y comprometerlos en su ejecución.
De este modo la formulación de políticas se convierte en un proceso de concertación entre los niveles nacional y local, y entre actores públicos y privados. La construcción de consensos permite a los gobiernos locales (GL) compatibilizar las exigencias técnicas con flexibilidad política, equilibrio en muchos casos imprescindible para viabilizar la implementación de políticas públicas. De este modo la descentralización incrementa la efectividad de las políticas públicas porque éstas responden con mayor precisión a problemas concretos, y viabiliza su aplicación porque suponen consensos que comprometen voluntades y recursos de los involucrados.
Los procesos de descentralización también crean condiciones para una distribución espacial más armónica de los recursos y permiten una asignación más equitativa de las inversiones públicas. Si la inversión pública crea condiciones favorables para la producción al mismo tiempo atrae inversión privada y, entre ambas, estimulan el desarrollo económico-productivo local y crean las bases para revertir -o al menos atenuar- los desequilibrios regionales. Pero para que la inversión pública desencadene esta dinámica, los GL deben disponer de recursos propios [2], desarrollar su capacidad para generar nuevos recursos y destinar parte importante de los mismos a inversiones orientadas a la promoción productiva.
Por otra parte, la transferencia de responsabilidades exige construir instituciones locales que se hagan cargo de nuevas tareas y obliga a desarrollar sus capacidades técnicas y de gestión. Con la descentralización también es posible retener a los recursos humanos calificados que antes eran atraídos por el centralismo, pero que en la nueva situación encuentran posibilidades locales para desarrollarse profesionalmente, para servir a su gente y para mejorar sus ingresos.
La descentralización abre posibilidades para transformar las instituciones estatales y hacerlas más ágiles, eficientes y abiertas, obliga a redimensionar el gobierno central (GC) y a redefinir sus atribuciones, porque parte de las mismas son delegadas a los gobiernos locales. Pero para que el rediseño institucional reporte mayor eficiencia y calidad en la gestión pública, la descentralización debe estar acompañada del fortalecimiento de la capacidad institucional y de gestión local. En estas condiciones, la transformación de las instituciones estatales provocada por la descentralización aumenta su eficiencia en tanto operadores de políticas públicas, lo que a su vez incrementa la efectividad de las políticas.
El rediseño del Estado también crea condiciones para que otros actores de la sociedad se involucren en la gestión pública, ya sea participando en la definición de políticas, en su ejecución o en el cofinanciamiento de inversiones. De este modo la descentralización permite construir estructuras estatales menos excluyentes, con capacidad para fortalecerse y renovarse gracias al impulso que reciben de actores privados.
Finalmente, la descentralización crea condiciones favorables para mejorar la credibilidad, legitimidad y representatividad del sistema político y de la administración pública. Un sistema político que expresa a la sociedad civil no sólo fortalece la democracia, sino que también tiene mayores aptitudes para impulsar el desarrollo local. La democratización implícita en la descentralización permite a la sociedad participar en la definición de políticas públicas, incorporar sus necesidades entre las prioridades de los gobiernos locales, incidir en la asignación de inversiones y ejercer control social sobre la gestión pública; es decir, abre el Estado a la sociedad y obliga a un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.
Lo dicho hasta aquí muestra potenciales presentes en todo proceso descentralizador. Pero la posibilidad de aprovecharlos efectivamente depende al menos de los siguientes aspectos:
En este marco, en muchos casos la descentralización exige radicales cambios en la concepción acerca del carácter y de los roles del municipio y de sus actores.
Para aprovechar los potenciales implícitos en la descentralización, sin caer en un determinismo economicista es necesario entender al municipio como un espacio económico, al gobierno municipal como el principal promotor del desarrollo local, y a los actores locales como agentes económicos que producen, consumen, compran y venden en un espacio concreto. Con la descentralización los actores municipales se involucran de manera creciente en la formulación de políticas públicas y en la promoción del desarrollo económico-productivo, lo que obliga al gobierno municipal a crear condiciones favorables para la producción y el desarrollo local, que permitan a los agentes económicos que actúan en su jurisdicción producir con eficiencia y competir. Esta visión va más allá de aquella que entiende al municipio sólo como el espacio donde los pobladores acceden a infraestructura básica y servicios públicos, y al gobierno municipal como el encargado de proveer esos servicios y embellecer las ciudades.
El contexto general en el que operan la descentralización y el creciente protagonismo local está marcado por la apertura de los mercados nacionales, la integración regional y la globalización de la economía. Estas tendencias generalizadas e irreversibles constituyen las principales características de la economía de estas décadas y seguramente de las futuras.
Con la globalización decrece la importancia del Estado Nacional en la formulación de políticas y en la promoción del desarrollo y, aumenta la importancia de los gobiernos locales en esos ámbitos. Por eso, con el apogeo de la aldea global los municipios se convierten en escenarios económicos fundamentales, y en protagonistas del diseño y ejecución de políticas económicas.
En este mundo global el municipio debe promover el desarrollo económico y fomentar la producción para satisfacer las necesidades locales, pero también para que los productores puedan subsitir a la globalización y competir en mercados abiertos. Para los municipios de países con economías desarrolladas es prioritario crear condiciones para que los productores compitan en mercados abiertos; pero en países con escaso desarrollo como Bolivia, la prioridad es crear condiciones para que al principio la producción local pueda subsitir a la globalización y después pueda competir en mercados abiertos.
Todo proceso descentralizador debe tener presente que el contexto en el que se desenvuelve está marcado al mismo tiempo por la globalización y la emergencia local. Si es así, es posible aprovechar el carácter concreto de lo local para generar condiciones favorables para lograr una mejor inserción de los agentes económicos en mercados abiertos. Pero si no se tiene presente la doble perspectiva de lo local y lo global, las dimensiones locales pueden resultar demasiado pequeñas, débiles y fragmentadas para enfrentar los desafíos de la globalización, y el proceso de descentralización originará el aislamiento de los espacios locales y su avasallamiento en manos de la economía global. Keinert y Castro Silva resumen muy bien estos complejos procesos cuando afirman que
"... se verifica la emergencia y el fortalecimiento de las instancias locales de poder (que además de los municipios pueden ser también estructuras microregionales, consorcios entre ciudades, asociaciones interregionales, regiones metropolitanas, etc.) como contrapartida al fenómeno de la globalización y el debilitamiento de los Estados nacionales. Los gobiernos locales deben responder a un ambiente competitivo y en constante cambio, en la forma de políticas específicas de desarrollo local. Anteriormente, esta atribución era casi exclusiva del Estado nacional, y los gobiernos locales aparecían como meros coadyuvantes o actores de una política económica concebida centralmente. ... Así, la globalización -y la consecuente creación de bloques regionales- 'debilita' el concepto de soberanía y de Estado nacional, al mismo tiempo que fortalece las instancias locales de poder. Le otorga a estas últimas nuevas oportunidades de acción, pero también grandes desafíos. La cuestión que antes pertenecía al ámbito de los Estados nacionales parece mucho más pertinente, hoy, si está relacionada con las instancias locales de poder: ¿cómo conciliar el desarrollo económico local con la democracia y la justicia social? Y más específicamente, ¿cómo garantizar este objetivo en un contexto de integración regional y global?" [3]
Estas transformaciones han comenzado con la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) en abril de 1994, que inició el proceso descentralizador por la vía municipal. El proceso continuó en el nivel departamental con la promulgación de la Ley de Descentralización Administrativa (LDA) en Julio de 1995.
La División Político Administrativa de Bolivia define la existencia de 9 Departamentos, 111 Provincias y 311 Secciones de Provincia. Antes de la promulgación de la LPP y la LDA, prácticamente todas las decisiones sobre políticas de desarrollo, asignación de recursos y priorización de inversiones estaban concentradas en el Poder Ejecutivo Nacional. El rol de los Prefectos y Subprefectos -primeras autoridades políticas en los Departamentos y Provincias respectivamente- se reducía a representar al Presidente de la República y a preservar el orden público. En la inmensa mayoría de las Secciones de Provincia las autoridades no tenían ninguna función efectiva. La LPP y la LDA han cambiado radicalmente la situación ya que actualmente los Departamentos y las Secciones de Provincia -actualmente convertidas en muncipios- son los principales niveles de planificación y gestión pública.
Los cambios estructurales desencadenados por la LPP produjeron una profunda reorganización del Estado, reconfiguraron el escenario institucional y político, descentralizaron la gestión pública y la abrieron a la participación social y ensancharon la democracia. Sin duda los efectos positivos de estos cambios son mucho mayores en las áreas rurales que en las urbanas.
Los cambios en la organización estatal, en la gestión pública y en la democracia son contundentes pero no son los únicos. Al mismo tiempo, de manera silenciosa y casi natural se han construido escenarios y se han generado condiciones favorables para impulsar el desarrollo rural. Esto muestra que la participación social, la descentralización del Estado y la gestión local tienen enorme potencial para generar procesos de desarrollo.
Al principio paradógicamente la LPP fue duramente cuestionada por los Comités Cívicos, entes corporativos de la sociedad civil que hasta entonces eran los principales abanderados de la descentralización. La LPP también fue rechazada por las organizaciones campesinas, pese a que privilegia a la población rural campesina e indígena. En este marco es curioso constatar que el proceso de descentralización en los términos definidos por la LPP surgió casi exclusivamente de la iniciativa del Gobierno Central.
Los aspectos más importantes de la LPP y de los Decretos Supremos que la reglamentan son los siguientes:
Sin embargo, pese al avance que implican estas definiciones básicas de la LPP, también están presentes en élla limitaciones y sesgos:
Los aspectos más relevantes de la LDA son los siguientes:
En Bolivia, como en cualquier otro país, la descentralización crea condiciones favorables para la formulación concertada de políticas públicas y para lograr que la gestión pública sea más eficiente. Pero en nuestro caso, la descentralización vía municipio iniciada por la LPP tiene además el rol implícito de construir Estado en la mayoría de los municipios en los que éste en realidad no existía. Por eso la descentralización no sólo implica rediseñar el Estado y sus instituciones, sino también iniciar su construcción en el nivel local, lo que implica construir instituciones locales y desarrollar capacidad de gestión local.
En el proceso boliviano es evidente la voluntad política para descentralizar. Esa voluntad se expresa en una nueva modalidad descentralizada para la formulación y aplicación de políticas públicas con participación municipal, lo que crea condiciones favorables para la construcción de consensos entre los niveles municipal, departamental y nacional y, entre actores públicos y privados. Sin embargo la todavía enorme debilidad institucional local hace lento el aprendizaje necesario para formular y ejecutar políticas públicas, y disminuye las posibilidades efectivas de ejecutar inversiones pese a que existen recursos disponibles.
La voluntad política también se expresa en la transferencia de recursos de coparticipación tributaria a todos los municipios del país, en las nuevas atribuciones de las administraciones departamentales para tomar decisiones sobre políticas públicas, y en la potestad de las Prefecturas Departamentales y de los Gobiernos Municipales para priorizar inversiones y asignar recursos para financiarlas. Muestra de ello es que antes de iniciarse el proceso de descentralización el gobierno central decidía sobre el 75% de la inversión pública, mientras que actualmente decide sólo sobre el 30% de la misma; esto implica que en el presente el destino del 70% de la inversión pública es definido en los niveles departamental y municipal.
En cuanto a los actores locales, en Bolivia existe larga tradición de organización social, lo que en el nivel local determina la presencia de legítimas organizaciones sociales de carácter territorial, lo que se convierte en un gran potencial que fortalece y dinamiza el proceso. Sin embargo las organizaciones de productores tienen menor presencia local y -cuando existen- suelen ser más débiles que las organizaciones sociales. Por otra parte, pese a su larga tradición las organizaciones sociales recién fueron reconocidas por el Estado a partir de la LPP, y sólo desde entonces han comenzado a relacionarse formalmente con el Estado y sus instituciones, y de algún modo a participar en la gestión pública.
La tendencia generalizada a un creciente involucramiento de los municipios y de sus gobiernos en el ámbito económico-productivo también adquiere connotaciones particulares en Bolivia. Como sabemos, en países con economías desarrolladas la gran tarea de los municipios es crear condiciones favorables para que sus productores puedan competir en un mundo con mercados abiertos y economía globalizada. En economías como la boliviana los municipios también están obligados a favorecer el desarrollo productivo, pero las condiciones existentes hacen que la producción en primer término esté dirigida a satisfacer necesidades locales y que sus bajos niveles de productividad no le permitan competir, por lo que de mantenerse esta situación la globalización puede convertirse en una amenaza.
En otro ámbito, en un proceso tan incipiente que se inició con enormes limitaciones institucionales todavía está en riesgo la sostenibilidad financiera de muchos municipios, los que podrían quedar atrapados por la inversión social que genera costos de administración pero no reporta nuevos recursos. Por ello, para hacer sostenibles a los municipios se debe invertir en fomento a la producción, ya que esas inversiones pueden generar nuevos recursos para los productores y para el municipio. De otro modo el futuro de los municipios está en riesgo porque la inversión social y el urbanismo no son sostenibles sin inversión productiva y sin la generación de nuevos recursos.
Como vemos, en Bolivia los municipios deben priorizar el fomento a la producción, la generación de procesos dinámicos de desarrollo económico local y garantizar la sostenibilidad de las finanzas municipales. Estas tareas resultan particularmente complejas en las condiciones de la economía boliviana, porque además se desarrollan en el marco de mercados abiertos y economía globalizada.
La LPP norma el uso y destino de los recursos públicos en el nivel municipal. Sin embargo la experiencia boliviana reciente muestra que los recursos correspondientes a otras fuentes e instituciones, paulatinamente también se van asignando en función de los planes de desarrollo municipal y a partir de la concertación local.
Algo similar ocurre en el plano institucional, donde la LPP y la LDA definen y norman las competencias y el ámbito de acción de las instituciones públicas. En este caso, la experiencia muestra que de manera casi natural el proceso induce a la redefinición de los roles de instituciones privadas y organizaciones sociales, las que ahora tienen creciente participación en la planificación y gestión pública local, en la definición de prioridades de inversión, en el cofinanciamiento de inversiones, etc. Esto es evidente -aunque con intensidades y características distintas- en el caso de ONGs, organizaciones sociales, asociaciones productivas, iglesias, etc.
En los municipios con mayoritaria población rural, la participación social ha determinado que se asigne mayor prioridad a las inversiones de apoyo a la producción, ya que la población campesina percibe claramente la urgencia de fortalecer las condiciones productivas. En las áreas urbanas esta tendencia no es tan marcada como en las rurales, en parte porque las prioridades colectivas de la población están más ligadas al desarrollo urbanístico y al acceso a servicios públicos; y en parte porque en muchos casos persiste una visión del municipio como mero administrador del espacio urbano y de infraestructura básica [6].
Con la descentralización el Estado boliviano por primera vez se ha "apropiado" de todo el territorio nacional, y ha comenzado a construir institucionalidad pública allí donde en los hechos nunca existió Estado. Pero en este proceso la ocupación del territorio no es -al menos no prioritariamente- una forma de sentar soberanía, sino que obedece a la necesidad de construir capacidad de gestión para el desarrollo local. Por ello esta ocupación territorial genera exigencias que obtienen respuestas en la lenta pero evidente construcción de instituciones, en el desarrollo de capacidades técnicas locales, y en la participación de la población en definiciones propias de la gestión pública. Al mismo tiempo, esta construcción institucional fortalece la capacidad de interlocución de los municipios, lo que paulatinamente permite a los GM convertirse en ordenadores de la inversión y de las acciones institucionales en su jurisdicción.
En términos económicos, se ha visto que la ejecución de inversiones con recursos humanos e institucionales locales abarata los costos de inversión, incrementa la eficiencia en el uso de los recursos de inversión. Además el proceso genera empleo localmente y atrae recursos humanos calificados, lo que cualifica la capacidad de gestión local [7].
En el ámbito político la democracia boliviana se ha ensanchado y fortalecido gracias a la descentralización por la vía municipal, lo que ha permitido que -al menos en el nivel local- el sistema político y la administración pública mejoren paulatinamente su deteriorada legitimidad, representatividad y credibilidad. Hasta antes del proceso de descentralización iniciado por la LPP, en Bolivia en los hechos el municipio era estrictamente urbano, lo que marginaba a la población rural de toda posibilidad de participación formal. Con el proceso de descentralización y la territorialización de los municipios -ahora urbano-rurales- la democracia se ha ampliado permitiendo la participación de toda la población en la vida municipal [8].
Pero no todo son logros en este proceso, en el que también están presentes numerosas limitaciones, riesgos y amenazas. Por ejemplo, pese a los evidentes avances recientes persiste enorme debilidad en la capacidad institucional para la gestión local, y déficit de recursos humanos, técnicos e institucionales. Esa debilidad institucional preocupa sobre todo en el caso de los GM, que pueden terminar subordinado a otras instituciones con mayor capacidad técnica y recursos humanos más calificados.
Por otra parte, es todavía insuficiente la articulación de los municipios entre sí y con los niveles de gestión pública departamental y nacional, lo que tiene el riesgo de un extremo localismo y de la fragmentación municipal. Esta situación limita el abordaje de problemas estructurales que por lo general exigen inversiones de envergadura, implican el manejo de recursos naturales en espacios supramunicipales, o que por su complejidad requieren de capacidad técnica inexistente en el municipio. Por otra parte, la situación descrita evita la articulación de los planes e inversiones municipales con sus similares departamentales y con las políticas nacionales.
Pese a que al menos la mitad de los municipios del país se han dotado de planes multianuales de desarrollo, persiste el riesgo de que las inversiones se orienten sobre todo a responder a la coyuntura y a paliar urgencias, antes que a impulsar dinámicas sostenibles de desarrollo local. En el mismo ámbito de las inversiones, también está presente el riesgo de invertir desproporcionadamente en proyectos que generan altos costos de operación, sin que los municipios generen simultáneamente nuevos recursos que cubran esos costos. Por otra parte, persiste un desequilibrio en la asignación sectorial de las inversiones municipales que privilegia las inversiones sociales en desmedro de las de apoyo a la producción [9]. A todo lo anterior se suma la insuficiencia de información sobre el potencial productivo de los municipios, lo que evita un manejo estratégico y sostenible de los recursos naturales.
En lo que se refiere a la participación social, de los 311 municipios del país sólo alrededor de 150 cuentan actualmente con Planes Participativos de Desarrollo Municipal multianuales, mientras que los restantes municipios siguen orientando sus inversiones a partir de Planes Municipales formulados con muy poca participación social. En el caso de los municipios que cuentan con Planes Participativos multianuales, varios de ellos tienen dificultades técnicas y políticas para traducirlos en Planes Operativos y en presupuestos de inversiones anuales.
En este marco de aciertos y errores, de potenciales y limitaciones, es evidente que los municipios se han convertido en la unidad básica de la gestión pública, y pueden convertirse en el principal escenario para el desarrollo local, al menos en el área rural. Pero para pasar de la administración burocrática a la gestión del desarrollo, es necesario entender que el municipio no es sólo una porción de territorio sino también un espacio económico y que, además de administradores de infraestructura y servicios, los GM deben convertirse en los principales promotores del desarrollo en sus jurisdicciones, lo que implica que su rol fundamental es crear condiciones favorables para el desarrollo de la economía local.
2. "Disponer" de recursos propios significa poseerlos y tener potestad para decidir su destino. Si las instancias locales no deciden el destino de los recursos, antes que gobiernos locales descentralizados son administradores de una gestión pública desconcentrada.
3. Keinert, Tania; de Castro Silva, Claudete; 1996. En Nueva Sociedad No 142, pp. 102-103.
4. Ley No 1551 de la República de Bolivia, promulgada el 20 de abril de 1994.
5. Ley No 1654 de la República de Bolivia, promulgada el 28 de julio de 1995.
6. En 1995, la entonces Secretaría Nacional de Desarrollo Rural (SNDR) estudió la composición sectorial de las inversiones municipales en 32 municipios con mayoritaria población rural. El ritmo político del incipiente proceso descentralizador hizo que los primeros planes operativos de esos municipios -correspondientes al segundo semestre de 1994- fueran elaborados con escasa o ninguna participación campesina, lo que en parte motivó que se destinara sólo el 28% del total de inversiones a proyectos de apoyo a la producción. En esos mismos municipios, los planes anuales operativos correspondientes a 1995 fueron fruto de un proceso de planificación participativa impulsado por la SNDR, en el que participó en promedio el 80% de la población campesina. En estos planes participativos con presencia campesina, las inversiones en proyectos de apoyo a la producción representaron alrededor del 70% del total de inversiones municipales.
7. He tenido la oportunidad de constatar en varios municipios "rurales" que, atraídos por nuevas oportunidades de trabajo y por la posibilidad de servir a su gente, volvieron a sus comunidades y pueblos de origen pobladores -generalmente jóvenes- que habían migrado definitivamente a las ciudades. En muchos casos se trata de campesinos sin tierra o con parcelas demasiado pequeñas, que migraron a las ciudades donde se convirtieron en albañiles calificados, pero que con el proceso de descentralización volvieron para trabajar en sus comunidades en su nuevo oficio. Otro ejemplo notable es el de muchos jóvenes que abandonaron sus pueblos para formarse en las universidades de las ciudades, y que han vuelto a sus lugares de origen a prestar servicios profesionales en los GM, ONGs y/o pequeñas empresas consultoras locales. Esta migración selectiva seguramente no incide en los indicadores demográficos, pero permite recuperar recursos humanos calificados.
8. De los 311 municipios que existen en Bolivia alrededor de 280 registran población rural mayoritaria en una proporción promedio de 78% de población rural y 22% de población urbana. Antes de iniciarse la descentralización por la vía municipal, sólo el 22% urbano de la población de esos 280 municipios elegía a Concejales y Alcaldes Municipales, mientras que ahora se ha incorporado al voto municipal el restante 78% de la población que es rural.
9. A nivel nacional, las inversión municipales de apoyo a la producción programadas para el año 1997 representan el 34% del total de inversiones municipales, mientras que las inversiones en infraestructura social representan el 61% del total. Esto muestra que en 1997 se ha incrementado la participación relativa de las inversiones de apoyo a la producción en comparación con años anteriores, pero que pese a ello persiste un desequilibrio que privilegia en extremo a la inversión social.
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