Los estudios de la FAO revelan que el ritmo del avance de la biotecnología en los países en desarrollo es muy diverso, y que muchos países no están experimentando toda la variedad de instrumentos de la biotecnología. En todo el mundo, el 85 por ciento de las plantaciones de cultivos transgénicos constan de soya resistente a los herbicidas, maíz resistente a los insectos y algodón mejorado genéticamente. Estos cultivos se han creado para reducir el costo de los insumos y la mano de obra en los sistemas de producción a gran escala, y no para alimentar al mundo en desarrollo ni para mejorar la calidad de los alimentos. No existen inversiones serias para mejorar el sorgo, el mijo perla, el guandú, el garbanzo ni el cacahuete, los cinco cultivos más importantes del trópico semiárido. Esto obedece sobre todo a que el 70 por ciento de la inversión en biotecnología agrícola procede del sector multinacional privado, que se concentra en producir organismos modificados genéticamente (OMG) y combatir los motivos de estrés biótico. Prácticamente no existen programas importantes del sector público para combatir los problemas críticos de los pobres y el medio ambiente, o que se ocupen de los rumiantes pequeños o de cultivos como la yuca.
Estamos presenciando la formación de una brecha molecular entre los países desarrollados y los países en desarrollo, entre los agricultores ricos y los agricultores pobres, entre las prioridades de investigación y lo que hace falta investigar, entre el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología, en pocas palabras, entre la promesa de la biotecnología y sus verdaderas repercusiones. Conforme se abre esta brecha ¿agravará la biotecnología las desigualdades de hoy en el mundo?
Tres principios. No hay atajo para conquistar la confianza del público y hacer que acepte la biotecnología agrícola, ni para asegurar que ésta contribuya a satisfacer las apremiantes necesidades sociales. Se necesita celebrar un nuevo contrato entre todos los participantes: entre el Norte y el Sur, entre la investigación pública y la investigación privada, entre los científicos y los ciudadanos. Ese contrato se basaría en tres principios, a saber:
El camino a seguir. Para hacer un nuevo contrato social se necesita, ante todo, procedimientos eficaces, aprobados regional o internacionalmente cuando sea posible, a fin de supervisar dónde, cómo y cuándo se han introducido productos y procesos de OMG, así como los efectos de éstos después de su introducción. Debería darse apoyo a los países en desarrollo para definir y ejecutar políticas nacionales eficaces en materia de biotecnología agrícola.
Los países en desarrollo necesitan también, con urgencia, establecer una capacidad para evaluar y llevar la gestión de todos los aspectos relacionados con los riesgos a través de su cadena alimentaria. Se necesita una red mundial de investigación para difundir el uso de biotecnologías para la agricultura sostenible, y hacer aportaciones paralelas para satisfacer las necesidades y la demanda de cualquier parte del mundo con la amplia experiencia, tecnología y recursos económicos disponibles. Semejante red de conocimientos y especialización crearía una plataforma equitativa que permitiría a los países en desarrollo producir cultivos de importancia mundial.
Aun en estos tiempos de limitación económica, deben dirigirse recursos a la investigación pública y producirse bienes públicos. La FAO llama a las empresas privadas a difundir sus tecnologías e información en los países en desarrollo sin costo o con un costo mínimo, en particular en los casos en que no se pierde un mercado importante al facilitar ese acceso a la información. Es necesario considerar la formación de alianzas para constituir un banco público de tecnología, que pondría las tecnologías y los productos más importantes a disposición de los campesinos pobres del mundo en desarrollo.
Para comenzar, hay que superar los prejuicios y la inercia. La biotecnología promete mucho, pero también supone riesgos. En la mayor parte de los países las bases científicas, políticas, económicas o institucionales todavía no están bien cimentadas para proporcionar las salvaguardias adecuadas para el desarrollo de la biotecnología y su aplicación, y cosechar todos sus posibles beneficios. Es evidente que no se está hablando de posibilidades técnicas, sino de dónde y cómo las ciencias de la vida y la biotecnología pueden contribuir a satisfacer los desafíos de la agricultura sostenible y el desarrollo en el siglo XXI. Nos corresponde a nosotros "decidir el rumbo" y movilizar la voluntad política para cerrar la brecha molecular.