Cuando los agricultores privados necesitan apoyo para controlar las plagas, los comerciantes de plaguicidas siempre se ponen a su disposición para darles asesoría gratuita. Naturalmente, incentivados por las ganancias que realizan con las ventas de sus propios plaguicidas, los intermediarios tienen un interés particular en promoverlos. No fomentan prácticas que no pasen por la adquisición de su línea de productos plaguicidas.
Los vendedores empujan las compras al por mayor ofreciendo rebajas en el precio unitario del litro o kilogramo para que la rotación de productos del distribuidor sea mayor. Así, los usuarios finales de plaguicidas a veces se quedan con productos para los que no tienen ningún uso específico, de tal manera que pueden terminar ya sea aplicándolos en situaciones o cultivos para los cuales no fueron concebidos, hacer un uso excesivo, deteriorarlos almacenándolos por períodos prolongados, o dañarlos al conservarlos en contenedores inadecuados. Utilizar plaguicidas cuya eficacia se encuentra disminuida por su deterioro puede tener por efecto desarrollar mayor resistencia en la plaga, lo cual a su vez requerirá un mayor uso de plaguicida para tratar de controlar al depredador.
Los pequeños vendedores de plaguicidas a menudo desconocen los peligros de estos productos porque tienen poca o ninguna capacitación en el ramo. No se protegen ellos mismos ni protegen al personal que trabaja en sus instalaciones. Escasamente suministran a sus operarios los equipos y ropa de protección y no tienen los medios para hacerse cargo de manera segura de los plaguicidas en desuso, como los que se han deteriorado, los que han perdido sus etiquetas, los que han caducado o los que ya no son eficaces.
Sin duda los agricultores están conscientes de los intereses comerciales de los intermediarios, pero les resulta muy difícil obtener una segunda opinión autorizada acerca de los métodos alternativos de control de plagas. Muchos agricultores no pueden pagar los servicios de un agrónomo profesional que visite sus cultivos y por otro lado los servicios gubernamentales de extensión agrícola funcionan con escasos recursos.
En el ámbito nacional, las compañías agroquímicas o sus agentes locales a menudo toman la iniciativa de ofrecer servicios de asesoría sobre protección ambiental y sus requerimientos en materia de plaguicidas. Debido a que cada compañía tiene un número limitado de productos en su línea, el abanico de opciones que presentan por lo general no cubre las necesidades locales. Además, sus evaluaciones pueden estar muy por encima de la necesidad real. Las recomendaciones de estos vendedores son a menudo las que luego se utilizan como referencia para las solicitudes de donaciones y favorecen la acumulación de plaguicidas obsoletos.
Los países que donan plaguicidas pueden a veces estar motivados por el deseo de que sus industrias nacionales de estos productos obtengan beneficios. Sin embargo, los productores de esos países pueden no estar fabricando los plaguicidas más apropiados para los países a quienes las donaciones están destinadas. Los plaguicidas donados a través de este tipo de mecanismo de ayuda condicionada a los beneficios propios tienen muchas posibilidades de deteriorarse ya que la necesidad específica de control de plaga del país beneficiario no fue el único factor considerado al momento de tomar la decisión de enviar la ayuda.
Se invierten grandes sumas de dinero en la compra de plaguicidas. Siempre existe la posibilidad de que haya prácticas oscuras al momento de sellar un acuerdo de venta. Las ofertas "bajo la mesa" entre negociadores de ambas partes pueden influenciar las decisiones de los gobiernos relativas a las importaciones de plaguicidas.
La corrupción gubernamental puede conducir a compras innecesarias de plaguicidas. Los funcionarios que tienen una relación "privilegiada" con ciertas compañías agroquímicas sacan provecho personal del incremento de las ventas de dichas empresas. Estos funcionarios fomentan las adquisiciones de plaguicidas aun cuando no hay demanda.
