La economía verde ha sido uno de los temas estrella en la última Cumbre de la Tierra Rio +20, además del principal punto de desencuentro entre los gobiernos y las organizaciones sociales. Mientras las instituciones internacionales presentaron las capacidades y ventajas de este nuevo sistema, la sociedad civil, representada por las ONGs, alertaba sobre el peligro de “extender el capitalismo al medio ambiente”. La secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamérica y del Caribe (SELA) propone elementos para contribuir a una definición propia de economía verde para la región, dando prioridad a la inclusión social ante la inminente necesidad de atender las graves desigualdades existentes en ALC.
La economía verde ha sido uno de los temas estrella en la última Cumbre de la Tierra Rio +20, además del principal punto de desencuentro entre los gobiernos y las organizaciones sociales. Mientras las instituciones internacionales presentaron las capacidades y ventajas de este nuevo sistema, la sociedad civil, representada por las ONGs, alertaba sobre el peligro de “extender el capitalismo al medio ambiente”. La secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamérica y del Caribe (SELA) propone elementos para contribuir a una definición propia de economía verde para la región, dando prioridad a la inclusión social ante la inminente necesidad de atender las graves desigualdades existentes en ALC.
¿ Qué es la economía verde?
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define la economía verde como “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas”
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también ha aportado su propia definición, sin embargo, ha creado un nuevo concepto: prefiere hablar de crecimiento verde, en lugar de economía verde. Así, en el documento Hacia el crecimiento verde, la OCDE lo define como la forma de “fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades económicas”.
Los organismos internacionales, especialmente los relacionados directamente con la economía, están apostando muy fuerte por este nuevo concepto. Durante el seminario “Comercio internacional y economía verde” organizado por el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ITCSD, siglas en inglés) pudimos escuchar diversas opiniones muy favorables a la implantación nuevas legislaciones nacionales que potencien la economía verde:
Ludavine Tamiotti, OMC: “Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están autorizados a modificar las leyes de comercio para obtener resultados ambientalmente sostenibles. Sólo en ese caso están autorizados los cambios [unilaterales]. Sin embargo, el comercio [internacional] no puede ser una herramienta para, con la excusa de conseguir un desarrollo más sostenible, desplegar medidas proteccionistas”.
Mahesh Sugathan, (ICTSD): “Confío plenamente en las ventajas que tiene la economía verde para el Planeta, basada en las potencialidades que tiene para el comercio y el desarrollo, sirvan como ejemplo las energías renovables como dinamizadoras de la economía mundial para generar empelo y riqueza.”
Economía verde, no gracias
Por su parte, en contra de la economía verde se han situado todas las organizaciones sociales que han participado en la Cúpula de los Pueblos en Río. Precisamente, este rechazo frontal al desarrollo de un sistema económico que tenga como centro el medioambiente ha sido el nexo de unión de todas ellas, a pesar de la diferencias ideológicas que se dieron cita en el Aterrao de Flamenco durante los ocho días que duró el evento.
Es urgente establecer un mecanismo multilateral de evaluación previa ambiental, social, económica y cultural de las tecnologías, con participación real de la sociedad civil y de los potenciales afectados, antes de que aquéllas lleguen a los mercados. Silvia Ribeiro, directora para América Latina del grupo ETC
En el mismo sentido se expresaba también la secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Nesly Lizarazo, en la entrevista que concedió a agronoticias durante la cumbre:
Aquí, aunque hay muchos temas alrededor, hay una consigna común muy fuerte, el no a la economía verde: la confrontación total con lo que se está “cocinando” allá en la Conferencia, donde parece que no les va muy bien. Cosa que nos alegra.
Un tono más moderado y conciliador fue el que utilizó el sociólogo brasileño, Emir Sader, en el stand de la Fundación Ford:
Debemos trabajar para buscar alternativas para atender las necesidades de la humanidad, pero al mismo tiempo proteger el medio ambiente como fuente inagotable de energía y prosperidad. Por tanto, en lugar de economía verde deberíamos hablar de “humanización de la naturaleza”: trabajar para conseguir el equilibrio medioambiental al mismo tiempo que avanzamos en el desarrollo del Planeta.
América Latina y el Caribe (ALC)
La región no es la más pobre del Planeta, pero sí es la que presenta una mayor nivel de desigualdad. Por ello, los gobiernos y organismos regionales han visto en la economía verde un sistema para cerrar las graves brechas y para una redistribución más equitativa del crecimiento económico que han experimentado en los últimos años las naciones de América Latina y el Caribe, debido, principalmente, al auge el sector agropecuario.
Sin embargo, la secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamérica y del Caribe (SELA) advierte que el paso de una economía de carbón hacia una economía verde no se puede hacer de manera automática. El proceso requiere de inversiones importantes, pues implica modificar patrones de producción y consumo, pero también de la intervención directa del Estado, en donde las políticas públicas tienen un papel central que jugar, en particular la fiscal, regulatoria y de financiamiento. El Estado tiene que desarrollar políticas y programas que aseguren la mejor forma para evitar desajustes severos en los mercados laborales que podrían generarse cuando se transite hacia nuevas formas de producción. Unas inversiones que puedan generar riqueza en una región que tiene grandes potencialidades de producción de energía “verde”.
Si bien, la economía verde no es la solución para reducir la desigualdad social de América Latina y el Caribe, sí puede ayudar a cerrar la brecha y obtener beneficios de los recursos naturales con los que cuenta la región. En palabras del el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), José Rivera. "no se trata de cambiar de la noche a la mañana los patrones de producción y consumo, sino de avanzar en la buena dirección, construyendo consensos regionales para inversiones, políticas públicas, incentivos, subsidios, normas, labores de formación y de concientización, más la cooperación internacional".
