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Los conflictos por tierras han dejado más de 50 muertes en Atlántico hondureño
Fecha de publicación:28/03/2012
País: Honduras

Los conflictos por tierras entre terratenientes y campesinos, ha dejado un saldo de al menos 50 personas muertas de forma violenta en los últimos dos años en el sector del Bajo Aguán, Colón, revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),  sobre la situación de los derechos humanos en el país. Según el documento, de diciembre de 2009 a diciembre de 2011 han muerto en circunstancias violentas alrededor de 25 campesinos,  15 guardias de seguridad, dos policías, un soldado, un gerente de la empresa y seis particulares.

Sólo en el 2011, se reportaron 20 hechos violentos que dejaron como saldo, al menos, 30 muertos  entre campesinos, dirigentes campesinos, guardias de seguridad, policías, soldados, un gerente administrativo y personas particulares. En su totalidad, las personas perdieron su vida víctimas de las armas de fuego. Producto de esos actos de violencia también resultaron heridas más de 30 personas entre campesinos, guardias de seguridad, soldados, policías y personas particulares.

El informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también establece la desaparición de campesinos y guardias de seguridad. El documento se remite al 20 de abril de 2011, fecha en la que  fueron llevados por desconocidos armados los campesinos Carlos Acosta Canales y Darin Daniel García Enamorado, mientras pescaban en el río de la Finca “El Mocho”, quienes fueron encontrados asesinados tres días después.

El 26 de mayo del 2011, los campesinos de la Finca El Despertar, Segundo Gómez y Olvin Omar Gallegos, fueron vistos por última vez en la Finca El Mocho, al parecer las víctimas continúan desaparecidas. Ambos delitos, según el informe, fueron cometidos por hombres que se desplazaban en un vehículo con las mismas características supuestamente utilizado en otras agresiones, el mismo tipo de armas y gozando de la misma impunidad por parte de todas las autoridades competentes.

Estos no son los únicos hechos delictivos, establece el informe, no obstante, aclara, que son los delitos sobre los cuales el CONADEH tiene testimonios suficientes para sospechar que allí se ha venido  practicando la violencia en contra de los campesinos, con la tolerancia de las autoridades. Otro hecho lamentable se registró el 4 de junio, luego que un guardia de seguridad plenamente identificado murió en forma violenta, en la finca La Trinidad, bajo el ataque de unos 60 campesinos fuertemente armados con AK 47, razón por la cual los guardias armados con escopetas calibre 12 optaron por retirarse.

Estos son hechos que según el organismo humanitario, prueban la violencia practicada por ambas partes, tolerada igualmente por las diferentes autoridades. Actualmente, el CONADEH le da seguimiento de oficio o por denuncias a los casos sucedidos mediante el registro de los hechos.

De acuerdo al organismo humanitario, su personal esta en la obligación de receptar todas las denuncias ya sea por impunidad, negligencia en la deducción de responsabilidades, investigación de actuaciones o de negligencias en la resolución definitiva y justa de la crisis, por las autoridades competentes.

Participación de poderes del Estado ha sido desafortunada

De acuerdo al informe remitido al Congreso Nacional, el CONADEH percibió, desde un inicio, que la situación de la tenencia de la tierra  en el Bajo Aguán, era una crisis que demandaba la atención inmediata de las autoridades concernidas. De haber ocurrido lo anterior, según el organismo de derechos humanos, se pudo haber prevenido muchas vicisitudes, entre muertes anunciadas, desapariciones, heridos y otras consecuencias de la violencia que ha producido víctimas de todas las partes confrontadas.

Señala que cada poder del Estado ha tenido en su momento una participación más o menos desafortunada, revelando la falta de una política pública del Estado, sustituida por  decisiones inapropiadas, actitudes irracionales y hasta demagógicas propias del oportunismo político. Indicó que las actuaciones del Poder Ejecutivo solamente han generado confusión, entre la población, al poner en practica su política de nombrar comisiones, abrir y cerrar supuestas negociaciones, improvisar operativos, y otros tantos desaciertos propios del dejar hacer y dejar pasar.

Cuestionó que hasta ahora cada quien se ocupa de echarle la culpa al otro, haciendo sus propias listas de víctimas, lo cual encubre la realidad pero no la cambia. La Reforma Agraria, en Honduras, fue iniciada en los años sesenta del siglo XX, con la aprobación de una ley que, según el CONADEH, nunca fue reglamentada, ni se crearon los tribunales agrarios ni otros órganos de ejecución, predominando más el pleito por la tenencia de la tierra.

El artículo 344 constitucional establece que “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario”.

El fracaso que llevó al desprestigio de la reforma agraria, fue invocado años más tarde, para “sepultarla” a inicios de los años 90, con la creación de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Parte de ese final ignominioso, según el CONADEH, fue la venta ilegal e inconstitucional de las tierras afectadas por la reforma agraria, excluidas por ley del mercado de tierras.

Uno de los casos más escandalosos señala el documento fue la venta de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), que resultó en una reconstitución del latifundio, con la diferencia que parte del mismo se ha convertido en unidades de producción y sostén de una agroindustria altamente tecnificada que contribuye al soporte de la economía nacional.

Palabras clave: Honduras, Atlático, conflicto tierras, muertes, sector agropecuario
Publicado por: Centinela Económico (Honduras)