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Fallo de la corte constitucional sienta un nuevo precedente para las víctimas del despojo y abandono forzado de las tierras
Fecha de publicación:06/06/2011
País: Colombia
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Aprobada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que crea el procedimiento de justicia transicional para responderle a 400 mil familias colombianas que fueron despojadas de sus tierras o tuvieron que abandonarlas, el Gobierno Nacional inicia la dura labor de implementación y adecuación institucional requerida para ponerla en marcha.

En este escenario, se han producido recientemente dos importantes decisiones judiciales en materia de restitución, que aran camino en la definición judicial de situaciones de despojo de tierras, aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, restitución jurídica y material y medidas para la garantía de las condiciones de sostenibilidad en la restitución.

 

La primera de esas decisiones, tomada por la Corte Constitucional (Sentencia T-076 de 2011), con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, sienta un nuevo precedente para las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en Colombia.

 

La Corte Constitucional, al resolver la acción de tutela presentada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales para la recuperación del predio “La Porcelana” en Cáceres (Antioquia), impuso una novedosa tesis que vincula de manera directa la situación de desarraigo y despojo de la tierra con la afectación grave de los derechos fundamentales a la vida, vivienda digna y mínimo vital de los campesinos y sus núcleos familiares.

 

Con esta decisión la Corte da respuesta al caso de 16 familias campesinas, que explotan el predio desde 1988, que tras padecer un proceso administrativo de 16 años de extinción del dominio por no explotación económica, el desplazamiento forzado y el despojo, por fin tienen la posibilidad de acceder a la restitución jurídica de sus tierras.

 

La Corte en el caso concreto dejó sin efectos la decisión tomada por el INCODER en junio de 2007 que revocó la extinción del predio “La Porcelana” de Cáceres (Antioquia), y le ordenó en el término de 15 días que resolviera nuevamente el recurso de reposición que se interpuso contra la extinción del dominio, con miras a corregir los graves defectos en que se incurrió en su momento por parte de la administración.

 

Igualmente, ordenó otras medidas dirigidas al INCODER, al juez y alcalde de Cáceres (Antioquia) y al registrador de instrumentos públicos de Caucacia (Antioquia), tendientes a preservar la posesión, y goce efectivo material de las tierras y otros derechos de las familias campesinas beneficiadas con el fallo.

 

Debido a las pruebas aportadas en el proceso, la Corte remitió el caso ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, con el fin que se adelanten las respectivas investigaciones disciplinarias y penales, por las conductas de funcionarios públicos y particulares involucrados; entre ellos, el particular ÁLVARO IGNACIO ECHEVERRIA RAMÍREZ, representante legal de la Sociedad Agropecuaria La Porcelana.

 

Esta sentencia, a partir de ahora, se convertirá en un documento de consulta obligatoria, en vista a la juiciosa delimitación de la línea jurisprudencial de rango constitucional, sobre aspectos tan importantes como la procedencia de la acción de tutela como mecanismo excepcional para prevenir un daño irremediable ante actuaciones administrativas que incurran en vías de hecho, la fuerza vinculante de instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de restitución de tierras, el debido proceso en las actuaciones administrativas, el derecho fundamental a la vivienda digna y la protección del acceso a la tierra de la población en situación de desplazamiento.

 

La segunda decisión, proferida el ocho de agosto por el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, doctor Olimpo Castaño, canceló los títulos de propiedad obtenidos de forma fraudulenta que dieron lugar al despojo de tierras en un caso del Municipio de Mutatá (Antioquia), y abrió la ventana para que este tipo de decisiones puedan seguir tomándose en el procedimiento de Justicia y Paz para dar lugar a la restitución de tierras a las víctimas de los grupos armados desmovilizados acogidos a esa ley.

 

La decisión fue tomada en respuesta a la petición de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación para el caso de Hernando Cardona, quien el 25 de diciembre de 1997 fue asesinado por hombres pertenecientes a las AUC,  y 3 años después de fallecido supuestamente se presentó ante el Notario de Carepa (Antioquia) firmando escrituras públicas de venta de sus 3 propiedades de más de 100 hectáreas.

 

La decisión resulta importante, porque ratifica el camino trazado por la Corte Suprema de Justicia que faculta a los magistrados de control de garantías de justicia y paz para tramitar la cancelación de los títulos obtenidos de manera fraudulenta. Con esta vía, de manera complementaria a la recién aprobada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se puede lograr la restitución jurídica de tierras a las víctimas de despojos cometidos mediante ventas forzadas, ventas falsas, adulteración de documentos y registros, y decisiones judiciales y administrativas viciadas que hayan sido obtenidas de manera fraudulenta.

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aplaude estas valerosas decisiones judiciales y hace un merecido reconocimiento a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, los Magistrados de Control de Garantías de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación, y a todas las demás entidades del Estado, que han emprendido acciones que, como éstas, viabilizan la restitución de tierras a las familias colombianas, y se constituyen en precedentes ejemplarizantes de como la justicia será administrada de manera implacable para sancionar a quienes tuvieron responsabilidad en el despojo. 

Palabras clave: despojados, tierras, restitucióm, ley, constitucional