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Voto a favor de los indígenas en Costa Rica
Fecha de publicación:23/09/2011
País: Costa Rica
Fuente: Prensa Latina

Por primera vez en la historia de Costa Rica, una comunidad indígena demanda al Estado y, en consecuencia, alcanza el reconocimiento de su derecho sobre territorios que le fueron arrebatados hace mucho.

  La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, del 12 de septiembre, ordena expropiar cuatro mil 500 hectáreas usurpadas por una treintena de personas y devolverlas en un plazo de un año a sus dueños originales, los bibris de Keköldi, en Talamanca.

Los estatales Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Consejo Nacional de Asuntos Indígenas deberán realizar los estudios respectivos para definir a quién expropiar y desalojar, en tanto el Poder Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa un plan de indemnizaciones, precisó.

"Y lo más importante: les puso plazos para cumplir", destacó el abogado defensor de los nativos, Danilo Chaverri, citado por el diario El País.

"Los indígenas de Keköldi son los primeros en demandar al Estado para de una vez por todas les entreguen las seis mil hectáreas que les pertenecen, expropiando o desalojando a quien corresponda", ratificó Gerardo Vargas, líder comunitario de la provincia caribeña de Limón.

El también guía religioso precisó que, hasta la fecha, esta comunidad posee menos de mil 500 hectáreas y el resto está en manos no-indígenas.

Esa situación es similar a la de otras etnias en Costa Rica, donde los originarios pelearon siempre, con recursos muy limitados, contra las invasiones a sus jurisdicciones pese a la aprobación de la Ley Indígena del 29 de noviembre de 1977.

La Ley 6172 dispuso que "las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan".

Las personas no originarias "que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el IDA deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas", añade.

El artículo cinco precisa, además, que "si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo sin pago de indemnización alguna".

Convenios internacionales, como el 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, igual imponen al Estado la obligación de recuperar terrenos en territorios de nativos que no son ocupados por estos.

A 34 años de la Ley Indígena, es menor la cantidad de tierras que está bajo el control de los originarios y existen múltiples pruebas de que las autoridades estatales dejaron de cumplir con su deber respecto al tema.

Los pueblos Cabecar de Talamanca, Bajo Chirripó y Alto Laguna de Osa mantienen procesos judiciales por similares razones a las defendidas por los bibris de Keköldi, de acuerdo con Chaverri.

Estas demandas todavía no fueron resueltas, como otras tantas disputas sobre derechos territoriales y recursos naturales, que más de una vez desencadenaron batallas legales entre los nativos y el gobierno costarricense.

"En buena hora resulta esta sentencia del contencioso, un pequeño paso para hacer justicia también a otras comunidades que están luchando por su derecho a la tierra", expresó José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio.

El fallo del 12 de septiembre marcó un hito en cuanto a la reivindicación de los derechos de las ocho etnias asentadas en este país centroamericano, por lo general, desconocidas por los medios de comunicación y sujetas a un creciente etnocidio.

Bribris, gabecar, maleku, chorotega, huetar, teribe, bruncas y guaymi representan el dos por ciento de los 4,5 millones de habitantes de Costa Rica, y poseen una historia y un conocimiento milenarios.

Sus 24 reservas -cada una tiene de dos a 40 comunidades o pueblos- poseen importantes riquezas medioambientales y a pesar del aporte a la cultura nacional, enfrentan una progresiva depauperación.

Especialistas concuerdan en que hay pueblos imposibles de recuperar o tienen su muerte anunciada, mientras otros quizás salven parte de su acervo si se adoptaran medidas urgentes.

Una de ellas pudiera ser la defensa de las jurisdicciones creadas como parte de las reservas, en más de una ocasión sujetas a modificaciones en interés de empresarios, políticos y hasta de ambiciones foráneas.

Hecho sabido es que las tierras tienen un significado especial para los indígenas, con lugares sagrados para ellos, unido a la necesidad de garantizar la subsistencia a partir de la agricultura, la ganadería y otras labores.

En esas regiones habitan seres ancestrales como los Tamí (dueños de la montaña), la gigante Áknsura (termita o comején) o Uréke (señor de los peces), por lo que deben velar y evitar la intromisión de los usurpadores.

"Es una barbaridad que, un día sí y otro también, sujetos inescrupulosos, con la ayuda de funcionarios públicos, también inescrupulosos, sigan inscribiendo como fincas privadas los territorios indígenas, despojando a los pueblos autóctonos de sus tierras ancestrales", enfatizó Villalta.

Frente a este estado de hecho, decenas de agrupaciones civiles claman por superar la soberbia que lleva a desconocer la sabiduría ancestral costarricense y a aprender el pacto de estos con la naturaleza, medicina oportuna frente a las amenazas crecientes contra nuestra especie.

Palabras clave: indígenas, agricultura, Costa Rica
Author: Isabel Soto Mayedo
Publicado por: Prensa Latina