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Pospuesta la votación sobre transgénicos en México
Fecha de publicación:28/05/2012
País: México

El 14 de mayo pasado, 19 hombres decidieron cambiar el rumbo de la producción agrícola en México. Con sus firmas, los miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados ratificaron la minuta sobre la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), la apuesta más firme por la privatización de las semillas en el país.

Cuatro meses antes, en noviembre de 2011, la reforma fue aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados para su debate en el pleno. Los senadores argumentaron la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones sociales en México, como son el aumento de población o la reducción de la superficie agrícola, entre otros factores.

No hubo ninguna consulta a productores, científicos ni académicos del país, pero la decisión de los senadores ponía en jaque al sistema productivo agroalimentario de 30 millones de mexicanos que dependen de la tierra para vivir. “Estamos ante un atraco contra las variedades nativas, contra todo lo que hemos ido trabajando durante miles de años”, afirma el doctor Alejandro Espinosa, miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Espinosa pasó tres días en la Cámara de Diputados tratando de aplazar la votación y el “sí” definitivo a la reforma. Estaba nervioso y expectante. “Les dije que se tocaran el corazón y la conciencia como mexicanos, que si votaban esta ley estarían propiciándole a México un mal terrible”, recuerda. Y lo consiguió. El 26 de abril, “después de una álgida discusión con legisladores”, se consiguieron las firmas necesarias para retirar la minuta de la orden del día. La votación se pospuso hasta nuevo aviso. Los opositores respiraron.

Ante un momento trascendental en el devenir de los modos de producción en el país, M Semanal expone la opinión de cuatro investigadores vinculados al estudio de variedades vegetales como el maíz, producto del que dependen más de 10 millones de mexicanos para su subsistencia diaria. Sus voces coinciden en algo: la reforma está impulsada por intereses privados y de grandes corporativos que ponen en riesgo la soberanía alimentaria de México.

PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA

La LFVV se creó en 1996 con el objetivo de establecer las bases para la protección de los derechos de obtentor, es decir, de aquellos que desarrollen y mejoren variedades vegetales a partir de las ya existentes.

La ley provocó entonces interpretaciones contrapuestas. Para algunos especialistas, se trataba de una regulación necesaria para poner orden al flujo comercial de la producción agrícola; para otros, la atribución de derechos significaba ceder terreno a grupos empresariales que podrían estandarizar el uso de cultivos comerciales en detrimento de las variedades de uso común, desarrolladas por la población indígena y campesina.

“En México hay una gran diversidad que ha ido cambiando con base en un manejo comunal que es esencial para mantener la capacidad de adaptación de la semilla a las dinámicas sociales y ambientales. Pero este manejo comunal está siendo alterado sin consultar, violando los derechos indígenas y originarios de México”, afirma Elena Álvarez Buylla, coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Ecología de la UNAM.

La doctora Álvarez desarrolla estudios genéticos en plantas desde los años ochenta. Premiada por la American Society of Naturalists y la Academia Mexicana de Ciencias, Álvarez pone en tela de juicio el uso del conocimiento científico para facultar este tipo de leyes. “Más que proteger los recursos genéticos, la nueva ley otorga a las empresas títulos de propiedad para ejercer un mayor control sobre los acervos genéticos”.

La reforma a la LFVV, ahora en la Cámara de Diputados, pretende fortalecer los derechos del obtentor y penalizar el uso comercial y reproductivo de las variedades sujetas a derechos de propiedad (artículo 5 bis). Si la semilla que desarrolla el campesino tuviese genes de una variedad sujeta a derechos de propiedad, este campesino podría ser sancionado económicamente con hasta 20 mil días de salario mínimo (más de un millón de pesos). A través de esta ley, manifiesta Espinosa, el campo mexicano podría someterse a las reglas y la oferta alimentaria impuesta por la empresa privada.

AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD

México es el principal centro de origen de productos como el maíz. Durante más de tres mil 500 años las poblaciones nativas han consumido y desarrollado cientos de variedades, 75 por ciento de la cuales se mantienen aún están en manos del campesino.

El germoplasma de las variedades nativas tiene un vigor único, capaz de resistir a condiciones climatológicas y geográficas adversas. Pero la nueva ley no sólo ignora estos acervos, sino que promueve el ingreso de empresas privadas que puedan poner nombre y apellidos a las variedades, acaparar estos recursos e invadir el suelo cultivable de México con semillas comerciales, transgénicas o no.

“Las leyes se dirigen a reducir los derechos de los agricultores introduciendo patentes en el caso de los transgénicos. No es descabellado pensar que en un periodo de 40 a 80 años los agricultores no tengan semilla propia y todas estén en manos de esos intereses privados”, afirma el doctor Hugo Perales Rivera, director de la División de Sistemas de Producción Alternativos del Colegio de la Frontera Sur.

Doctorado en la Universidad de California en 1998, Perales Rivera investiga desde hace 32 años aspectos relacionados con la conservación de los recursos genéticos del maíz en estados del sur de México. Perales se refiere entonces a la resistencia de las variedades desarrolladas por campesinos, aptas, por ejemplo, para alturas mayores a los mil 400 metros sobre el nivel del mar, donde las semillas comerciales no pueden resistir.

“Desde este punto de vista hay una ignorancia extrema del gobierno sobre la importancia que tienen las semillas nativas. Las estructuras del sistema de semillas son a escala comunitaria, pero la ley no está preocupada por eso. Esa semilla no es importante porque, para el gobierno, la comercial siempre será mejor”, afirma.

Entre las razones del Senado para promover la reforma se encuentra la adhesión de México al Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), revisada en 1991. El sistema UPOV surgió para reconocer en todo el mundo derechos de los obtentores sobre sus variedades; en otras palabras, crear un marco legal para que las trasnacionales puedan acceder a los distintos mercados y así llegar a homogeneizar el sistema de variedades vegetales.

“¿Qué implica sumarse a esa acta? Que se descobijarían y no se podrían proteger los recursos filogenéticos; es un acta que no va en paralelo con otras leyes mexicanas, porque en México no se patentan los seres vivos”, afirma Espinosa.

Los derechos de semilla, según Perales, empiezan a ser “patentes de semilla”, un fenómeno avanzado en Europa o Estados Unidos, donde los agricultores tienen que pagar a compañías privadas por la reproducción de una variedad. “Poco a poco vamos nos dirigimos hacia allá. México tiene más población campesina, y, sin embargo, están empujando un proceso de privatización para que esta semilla pase a intereses privados”.

“BENEFICIO” DE LA LEY

La reforma de ley (artículo 49) prevé penalizaciones por comercializar o reproducir variedades sin la autorización del obtentor. Las sanciones oscilan entre los 200 y 20 mil días de salario mínimo, y la clausura parcial o definitiva de los lugares donde se hayan cometido las infracciones. Para vigilar el cumplimiento de la ley, la reforma fortalece las facultades del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, responsable último de decidir sobre la expedición de los títulos de obtentor.

Un ejemplo cercano de los efectos penalizadores se da en Estados Unidos, donde Monsanto, principal proveedor de tecnología y productos agrícolas en el mundo, demandó a más de dos mil agricultores por violación a la leyes de la propiedad privada. Campesinos que explotaban libremente su propia semilla, hoy luchan por evitar la cárcel.

Para el 2008, el 82 por ciento del mercado global de semillas estaba bajo propiedad intelectual (patentes o certificados de obtentor), y sólo tres empresas: Monsanto, Syngenta y DuPont (los mayores productores de transgénicos), controlaban 47 por ciento del mercado. La presencia de Monsanto en México es ya una realidad: en 2005 compró el principal banco de semillas del país, Seminis, operación con la que pudo acceder al germoplasma y suministro de tres mil 500 variedades de semillas.

“Si Monsanto toma una variedad y le mete un transgeno, reclama propiedad sobre todo el genoma. Lo podrías pelear si tuvieras un equipo de 40 abogados, pero el campesino no tiene esta posibilidad”, afirma el antropólogo Ronald Nigh Nielsen, de la Universidad de Stanford y miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Nigh alerta sobre la amenaza y el soporte que este tipo de leyes otorga a los cultivos transgénicos. El seis de marzo de 2009, un decreto presidencial puso fin a la moratoria que prohibía la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en México, por ser centro de origen. A partir de ahí, el gobierno mexicano no tardó en autorizar proyectos experimentales en estados como Sinaloa, Tamaulipas o Sonora. Monsanto se encontraba entre los beneficiados.

“Hay muchas solicitudes para la siembra de maíz transgénico, y el gobierno está en disposición de autorizarlas. Ni las compañías ni los agricultores van a asumir responsabilidades respecto a contaminación o escape de sus materiales. Los transgénicos reducen costos, pero no van a compensar el costo que va a tener para la sociedad”, afirma Perales.

Aunque la biotecnología genética es expuesta por el gobierno como un medio para generar una agricultura más productiva y reducir la pobreza, para muchos científicos el objetivo no es otro que generar beneficios. “La ciencia real, la que no traiciona un valor epistémico por un valor económico, tiene soluciones totalmente distintas, que no requieren de estas leyes y que, justamente, estarían asentadas en un intercambio de conocimientos mucho más integrativo, sistémico y dinámico”, afirma Elena Álvarez.

Las corporaciones buscan que los agricultores compren los insumos más recientes y se prohíba la compra o venta de semillas con derechos de propiedad intelectual (llamados custodios, propietarios u obtentores), bases de la nueva reforma de ley. Para muchos investigadores, la desigualdad y la falta de acceso a la comida o la tierra son las causas reales del hambre. Pero ninguno de estos factores está contemplado en la reforma, una ley ratificada por 19 hombres que pueden decidir el destino alimentario de 114 millones de mexicanos.


Palabras clave: México, votación, transgénicos, reforma
Author: Samuel Mayo y Renzo D’Alessandro
Publicado por: Milenio (México)