AGRONoticias América Latina y el Caribe
 

Inclusión social y género

1. Contexto y principios claves

Las políticas de inclusión social tienen un efecto intangible, pero estratégico, para un desarrollo sostenible y equitativo, en cuanto que refuerzan la justicia y la calidad de vida de sus habitantes, generan sinergias de colaboración, refuerzan la identidad local, visibilizan colectivos infrarrepresentados o marginados, y aumentan en definitiva la competitividad social de un territorio.

Las políticas de inclusión social y de perspectiva de género, constituyen, en ese sentido, elementos definitorios y medulares del modelo de desarrollo territorial inteligente y sostenible.

Y puesto que los mercados y el crecimiento económico por sí mismos no son capaces de asegurar que el territorio avance en inclusión social, en igualdad de género, o en sostenibilidad en general, se necesita trabajar con un nuevo enfoque transversal e integrador en el territorio, un enfoque sistémico y responsable socialmente.

En relación con el papel de las políticas de equidad de género no sólo están dirigidas a crear una cultura institucional sino también a proporcionar “un paradigma igualitario y de derechos humanos que tiene como centro a los seres humanos” (CEPAL, 2001a, p. 13).

Las mujeres aportan contribuciones significativas a la economía rural en todas las regiones de los países en desarrollo. Sus roles difieren según las regiones, aunque siempre tienen un menor acceso que los hombres a los recursos y oportunidades que necesitan para ser más productivas. Si se incrementara el acceso de las mujeres a la tierra, la ganadería, la educación, los servicios financieros, la extensión, la tecnología y el empleo rural, aumentaría su productividad así como la competitividad global y el bienestar social del territorio. 

Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos en los diferentes ámbitos para alcanzar la equidad de género, aún se necesita desarrollar más estas políticas, junto con acciones de visibilización de la aportación que las mujeres realizan a las economías rurales y urbanas, a la reproducción de patrones culturales, a la administración del ecosistema, a los procesos de representación social, y a otros de importancia vital para el desarrollo (Peredo, 2004).

La Declaración del Milenio en el año 2000  reconoció que la desigualdad de género era un impedimento para el desarrollo de la humanidad, y, por ello, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se logró incluir un objetivo independiente sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (ODM 3), además de integrar  la perspectiva de género en otras metas, mediante la inclusión de  algunos objetivos e indicadores.

En estos años, el cumplimiento de los ODMs en materia de igualdad presenta algunos avances: se ha conseguido avanzar en paridad entre los géneros en la enseñanza primaria; se ha avanzado en el acceso al empleo; se ha producido un avance en el acceso a los espacios públicos. Sin embargo, lo ODM no han conseguido abordar temas  como la violencia contra las mujeres, la mortalidad materna, el trabajo de cuidado no remunerado, el control de la mujer sobre los bienes y propiedades, la discriminación salarial y sexual, la salud y los derechos reproductivos, y la desigual participación en la toma de decisiones públicas y privadas en todos los niveles.

De cara a conseguir un verdadero desarrollo sostenible es necesario que la agenda post 2015 incluya tanto los factores estructurales que están en la base de la desigualdad, como las actitudes sociales que han de ser modificadas. En la nueva agenda mundial post 2015, los retos se dirigen hacia la implementación de políticas públicas transversales de inclusión y empoderamiento de las mujeres.

La creación o consolidación de espacios y dinámicas  sociales propias para la participación efectiva de todos los grupos sociales  en la toma de decisiones, así como en los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas e iniciativas de desarrollo territorial, permiten avanzar tanto en la transversalidad de las políticas de inclusión social y género; como en la propuesta de acciones para grupos específicos de la población que se encuentran en situaciones especiales de vulnerabilidad o marginalidad, tales como jóvenes, o pueblos indígenas y afrodescendientes.

Precisamente, junto con la igualdad de género, las acciones dirigidas a los  grupos étnicos minoritarios son otro de los ejes prioritarios de las políticas de inclusión social.

El Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda Post-2015 ha presentado recientemente un Informe en el que hace un llamamiento a forjar una nueva alianza mundial, basada en un “nuevo espíritu de solidaridad, cooperación, responsabilidad mutua, y una misma comprensión de una humanidad compartida (anclado en el respeto y el beneficio mutuos); y estar centrada en las personas”.

 

2. Algunas consideraciones de inclusión en América Latina y Caribe.

Entre los mayores obstáculos identificados para el desarrollo de la región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran la desigualdad, la pobreza y la gran discriminación hacia la mujer, además de la persistencia de prácticas de discriminación racial y sociocultural que se han asociado de manera casi ‘funcional’ con las condiciones de extrema pobreza y marginalidad de grandes grupos humanos.

Aunque hay ahora más clase media que pobres en la región ALC, alrededor de 80 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema, la mitad de ellos en Brasil y México. Y millones más que han salido de la pobreza corren el riesgo de volver a ella debido a las crisis económicas y a las condiciones meteorológicas adversas fruto del cambio climático. Por ello, las políticas tendentes a la equidad social son claves, porque contribuyen  a generar  un círculo virtuoso que acelera el crecimiento y eleva el nivel de vida de los menos favorecidos (Tuluy, 2013).

Género

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima que cerca del 70 por ciento del trabajo en la agricultura es realizado por mujeres. En América Latina y el Caribe, Bolivia es el país donde más mujeres trabajan en el campo llegando al 70 por ciento, en contraposición a Chile que condensa el menor porcentaje en la región con una cifra inferior al 25 por ciento. Las mujeres participan activamente en todas las etapas de la cadena de valor, desde la siembra hasta la cosecha, los procesos agroindustriales y la comercialización. El aumento de la mano de obra femenina en el sector agropecuario, incluyendo la industria procesadora y embalaje, corresponde – en parte – al incremento de las exportaciones agrícolas de la región. Así por ejemplo, la cadena del café en Nicaragua emplea un 30 por ciento de mano de obra femenina en Nicaragua y un 55 por ciento de mujeres en Perú, donde hay un mayor equilibro de sexos, y la cadena de la flor en Ecuador emplea a un 60 por ciento de mujeres, siendo el porcentaje aún mayor en las labores finales de recolección y embalaje

El acceso de las mujeres al mercado de trabajo agrícola logra mitigar la pobreza de buena parte de los hogares, además de contribuir a elevar su estatus en la familia y en la comunidad en la que viven. La labor de las mujeres repercute en la seguridad alimentaria de las comunidades y en la erradicación de la pobreza. Las mujeres del agro en América Latina y el Caribe producen aproximadamente un 45 por ciento de los alimentos que son consumidos en el hogar como granos, hortalizas y otros alimentos básicos.

Según datos del estudio titulado “Políticas para fortalecer la  contribución de las mujeres a la agricultura y la seguridad alimentaria” (IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2010), gran parte de las mujeres rurales se inserta en un  tipo de agricultura familiar que se caracteriza principalmente por utilizar mano de obra familiar, métodos tradicionales de labranza y tecnología artesanal; y por comercializar el margen limitado de producción de excedentes en mercados locales. Dentro de esta matriz productiva, el trabajo de la mujer en la agricultura familiar se da como una extensión del trabajo doméstico y generalmente no es remunerado.

La demanda de mano de obra en el sector agropecuario de la región ha creado trabajo remunerado para las mujeres, sin embargo, sus condiciones laborales se caracterizan por la inseguridad, jornadas prolongadas, riesgos para la salud, menores salarios, dificultad de acceso a la propiedad de las tierras y limitadas oportunidades para la capacitación y la formación. La igualdad entre hombres y mujeres no debería ser simplemente una cuestión de números, sino más bien de reconocimiento de derechos y eliminación de obstáculos.

Entre los mayores obstáculos al que se enfrentan las mujeres está el acceso a la tierra. En América Latina y el Caribe, entre el 8 y el 30 por ciento de las explotaciones están a cargo de una mujer. Esta proporción está aumentando cobrando así cada vez mayor importancia para la autonomía económica de las mujeres, la seguridad alimentaria y el bienestar de la sociedad. Según datos estadísticos de la FAO sobre Mujeres Rurales en la región publicados en 2013, Chile encabeza los países de América Latina y el Caribe cuyas explotaciones agrícolas están a cargo de mujeres, con un 30 por ciento, seguido por Panamá (29 por ciento), Ecuador (25 por ciento) y Haití (25 por ciento). En el otro extremo se encuentran Argentina y el Salvador (12 por ciento), República Dominicana (10 por ciento) y Belice (8 por ciento).

A pesar de los avances, el acceso a la tierra para mujeres sigue siendo un tema pendiente en la región, las cuales además tienen predios siempre más pequeños y en tierras de menor calidad, con menos acceso a crédito, asistencia técnica y capacitación. La brecha de género en la propiedad de la tierra está históricamente relacionada con factores como la preferencia masculina en la herencia. En general, la herencia constituye la forma principal por la cual las mujeres obtienen la propiedad de la tierra, mientras para los hombres es de mayor importancia el mercado de tierras. Asimismo, se constata que generalmente el Estado, en tanto forma de adquirir la propiedad de la tierra, siempre ha favorecido más a los hombres que a las mujeres.

En las últimas décadas, muchos países de la región han realizado modificaciones legales en relación al acceso a la tierra con avances hacia una mejor equidad; pero no han tenido efectos considerables. Esto se explica porque los derechos efectivos a la tierra toman en cuenta no sólo los derechos legales, sino también el reconocimiento social de estos derechos, ámbito en que persiste la inequidad. Sin embargo es necesario realizar más estudios sobre el trabajo femenino en la agricultura pues al no estar debidamente contabilizado en las estadísticas, afecta la formulación de políticas públicas que se ajusten a su realidad y a las brechas de equidad existentes.

Las mujeres agricultoras, ya sean asalariadas o trabajadoras familiares, son parte fundamental de la cadena alimentaria: cultivan, crían, procesan, transportan y distribuyen los alimentos que consume no sólo su núcleo doméstico, sino la sociedad en su conjunto. Sin embargo, a pesar de la importancia de la mano de obra femenina en el sector agropecuario a lo largo de toda la cadena, aún queda mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones laborales que permitan una igualdad real entre ambos sexos.

Indígenas y grupos étnicos minoritarios.

Los pueblos indígenas constituyen un tercio de los 900 millones de personas que viven en zonas rurales en condiciones de extrema pobreza (FIDA, “Los pueblos indígenas”, 2008). Frecuentemente se les discrimina, y muchos de ellos no cuentan con un completo reconocimiento jurídico, social o cultural. El tema de la tierra y los derechos territoriales suscitan especial preocupación, puesto que los pueblos indígenas están propensos a experimentar desposesión, desplazamiento y otras situaciones de inseguridad.

Otro elemento importante es el aumento de la degradación del medio ambiente, que amenaza los recursos naturales de los que muchas comunidades indígenas dependen para su supervivencia. Aunque en muchos estados, en particular latinoamericanos, el crecimiento económico va en aumento, poco ha cambiado la situación de los pueblos indígenas de esos mismos países. Por el contrario, mientras que el beneficio estatal derivado de la explotación de los recursos naturales localizados en el territorio nacional incrementa cada año el PIB, los pueblos indígenas en cuyas tierras se encuentra la mayor parte de estos recursos están sufriendo cada vez más la usurpación de sus tierras por parte de compañías multinacionales (FAO, 2012). Se agrava su situación con el  cambio climático, están amenazando sus territorios.

Finalmente, es de recordar en qué medida muchas tierras indígenas se han vuelto aún más interesantes (para fines productivos o de extracción minera) para gobiernos y empresas transnacionales que en algunos casos intentan comprarlas (o arrendarlas a largo plazo) y en otros casos simplemente desalojan a las comunidades residentes sin una adecuada compensación que se ajuste a la legislación nacional y a los principios internacionales de derechos humanos. Los resultados negativos son múltiples: por un lado, a las comunidades les resulta más difícil reivindicar con éxito el derecho a las tierras ancestrales. Por otro lado, se alimenta el conflicto entre las comunidades mismas, pues si bien hay comunidades y personas dispuestas a vender, también hay otras que quieren seguir viviendo conforme a sus tradiciones. El cambio climático, entre otros factores, amenaza, por ende, no sólo la base vital de las comunidades indígenas, sino también su cultura, su identidad y su estilo de vida tradicional ( GFBV. 2009. Copenhague: más de 150 millones de indígenas están amenazados por los cambios climáticos).

 

3. El modelo social europeo: una referencia fundamental.

La Unión Europea (UE) es un modelo a escala mundial en materia de sistemas de protección social. Estos sistemas permiten afrontar situaciones de precariedad como el desempleo, el estado de salud, la discapacidad, la situación familiar o la vejez. Además, garantizan el acceso a numerosos servicios indispensables para la dignidad humana.

La sociedad europea se encuentra en un proceso de cambio, en el que influyen factores tales como los avances tecnológicos, la globalización del comercio y el envejecimiento de la población. Existe una política europea de empleo, de asuntos sociales y de igualdad de oportunidades cuyos objetivos son el crecimiento del empleo, la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, la movilidad de los trabajadores, la información y consulta a los trabajadores, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la igualdad entre los hombres y las mujeres, y la modernización de los sistemas de protección social.

La organización y la financiación de los sistemas de protección social son competencia de los Estados miembros. Sin embargo, la UE puede desempeñar un papel específico a través de su legislación: por  ejemplo, elabora un marco jurídico de protección de los ciudadanos europeos o coordina los regímenes nacionales de seguridad social, principalmente en lo que toca a la movilidad dentro del espacio comunitario.

La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador establece metas para sacar por lo menos a veinte millones de personas de la pobreza y la exclusión social y aumentar al 75% la tasa de empleo del grupo de personas con edades comprendidas entre 20 y 64 años. Las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, y en especial la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleos, favorecen los esfuerzos para alcanzar esas metas.

 

4. Elementos metodológicos.

La FAO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mantienen una línea de trabajo abierta para mejorar los estándares laborales rurales, y señalan que en este ámbito los desafíos son el aumentar los niveles de formalización de los empleos y mejorar los salarios mínimos, a fin de impedir que los asalariados caigan debajo de la línea de la pobreza.  Y es que los datos indican que la disminución de la pobreza durante la última década (2002-2011) ha sido más lenta en las zonas rurales de la región latinoamericana, -donde cayó de 62 por ciento a 49 por ciento- que en zonas urbanas, donde bajó de 38 por ciento a 24 por ciento.

En cuanto a enfoques metodológicos relacionados con el impacto de género, mencionamos el Programa de análisis socioeconómico y de género (ASEG), que sigue un enfoque elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de reforzar la capacidad de los especialistas en desarrollo y los oficiales que se ocupan de asuntos humanitarios para incorporar los análisis socioeconómicos y de género en las iniciativas de desarrollo y las intervenciones de rehabilitación.

Una serie de guías técnicas están disponibles para apoyar la incorporación de la perspectiva de género en diferentes ámbitos, como la gestión del agua en la agricultura, las microfinanzas, la ganadería y los programas de de emergencia y rehabilitación.

 

5. Áreas de intervenciones para potenciar la inclusión y género en el territorio.

Los enfoques territoriales de desarrollo rural pueden contribuir a mejorar las tendencias señaladas, por tres vías: a) estimular los flujos de inversión hacia territorios rurales afectados por la pobreza y la desigualdad; b) "territorializar" dichas inversiones con la finalidad de que respondan a las condiciones locales; y c) modificar los marcos institucionales para constituir actores territoriales y para la inclusión de los sectores pobres y excluidos  (Berdegué y Shejtman, 2008).n este sentido, el  informe “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América y el Caribe 2014 (CEPAL, FAO e IICA, 2013)  incluye, entre sus recomendaciones para mejorar la institucionalidad en el área ALC, el implementar, de manera efectiva, políticas (acompañadas con instrumentos y presupuestos) que incluyan ejes transversales como juventud, género y poblaciones indígenas.

Promover y reforzar las alianzas e interconexiones entre la cooperación internacional, organizaciones indígenas y de la sociedad civil, ONG y actores territoriales con el fin de crear acuerdos legitmados por todos es fundamental para la consecución de la cohesión social en el territorio.

 

6. Enlaces y fuentes de referencia:

Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial. Inmaculada Caravaca, Gema González, Rocío Silva. Revista eure (Vol. XXXI, Nº 94), pp. 5-24, Santiago de Chile, diciembre 2005

Dinámicas territoriales rurales, mercados y estructuras productivas. RIMISP, 2012.

Berdegué, J.y Schejtman, A.  La desigualdad y la pobreza como desafíos para el desarrollo territorial rural. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 2008, 218:99-122  

Coaliciones sociales, transformadoras y desarrollo rural inclusivo. Serie Claves para el Desarrollo Territorial. RIMISP 2012.

 “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas 2014: una mirada hacia América Latina y el Caribe”, elaborado en forma conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano.

Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América Latina. Elizabeth Peredo Beltrán. Unidad Mujer y Desarrollo. Secretaría Ejecutiva. S E R I E mujer y desarrollo 53. Santiago de Chile, abril de 2004. CEPAL.

América Latina: tres claves para mantener el progreso económico y social. Hasan Tuluy. Foro - Invertir en el Perú. Lima, Perú. Junio 27, 2013.Banco Mundial

Observatorio centroamericano Mujer y Tierra.

Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social.

Agenda europea de nuevas cualificaciones y empleos.