AGRONoticias América Latina y el Caribe
 

Ordenamiento territorial.

 

1.      La planificación y ordenamiento territorial.

El ordenamiento territorial puede definirse como “una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta la apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro” (Lücke, 1999).

El ordenamiento territorial es en sí una planificación del uso del suelo y los recursos, una herramienta de la Administración para guiar a un país hacia determinados objetivos y formas de desarrollo económico y social. Existen muchas definiciones y diversidad de enfoque sobre Ordenamiento del territorio, pero es posible identificar algunos elementos comunes en todas ellas: (i) la finalidad de la transformación del espacio; (ii) el planteamiento desde lo local hacia lo nacional; (iii) la necesidad de un abordaje interdisciplinario y (iv) la consecuencia directa de la interrelación de competencias y potestades administrativas.

Imagen: Viajando por ahí | Blog de viaje por Aniko Villalba

Según Pujadas & Font, para poder hablar adecuadamente de ordenación del territorio se debe prestar especial atención a los siguientes aspectos:

“1. Usos alternativos: En última instancia, ordenar el territorio supone elegir entre diferentes usos del suelo posibles. El proceso de elección implicará un conocimiento profundo de los agentes públicos y privados que intervienen sobre el territorio, de cuáles son sus intereses y de cuál es su manera particular de ocupar el territorio.

2. Criterios sobre qué usos son los más adecuados. Los criterios (ambientales, territoriales, económicos, técnicos) que se debe tener en cuenta han ido evolucionando y recogen las principales preocupaciones de la ordenación del territorio: desarrollo económico, calidad de vida, preservación del medio ambiente. Los principios doctrinales aceptados han de servir para jerarquizar preferencias y escoger las alternativas idóneas. Esto implica normalmente llegar a definir un modelo territorial futuro al que se quiere llegar mediante el proceso de ordenación.

3. Poder político para impulsar la alternativa escogida. Se requiere diseñar un conjunto de políticas territoriales y de instrumentos de planificación que habrán de convertir en realidad las decisiones territoriales tomadas.” (Pujadas, 1998)

Aunque el ordenamiento territorial debe ser una política nacional, es posible distinguir otros niveles o escalas, en función de la complejidad de la temática que se aborde. Según Montes (2001), se le considera una herramienta particularmente valiosa para impulsar acciones en los siguientes ámbitos (Montes, 2001):

  • El desarrollo rural. El ordenamiento territorial se perfila como un instrumento que permite guiar e impulsar las inversiones públicas, promover las inversiones privadas y apoyar las redes sociales, a fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Ayuda a identificar las zonas de mayor riesgo social y ambiental, y permite poner en marcha planes específicos para esos asentamientos humanos; todo ello en un marco que considera el uso racional de los recursos naturales como factor clave para resolver los problemas presentes y prevenir problemas futuros.
  • La productividad de los asentamientos humanos. El crecimiento de la población ejerce una presión considerable sobre los recursos y demanda una mayor productividad. Es necesario impulsar acciones que logren un uso racional de los recursos naturales y sociales. El ordenamiento de los asentamientos humanos, tanto en zonas urbanas como rurales, se constituye, entonces, en un requisito básico para promover estrategias de desarrollo sostenible.
  •  El medio ambiente y la prevención de los desastres. El ser humano es un componente vital de los sistemas ambientales. A partir de ese principio es necesario promover políticas que regulen el uso y el manejo de los recursos naturales y que, al mismo tiempo, contribuyan a prevenir las consecuencias perjudiciales de los fenómenos naturales extremos.
  • La gobernabilidad y la participación ciudadana. El ordenamiento territorial es una herramienta idónea para promover procesos de mayor participación ciudadana, considerando los diversos intereses y visiones que tienen los actores sobre el uso y manejo del territorio.

Se puede hablar también de ordenamiento territorial a escala regional, territorial y municipal, y en todas, la participación ciudadana es un requisito. No son niveles necesariamente secuenciales sino que corresponden con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones sobre el uso de la tierra; sin embargo, la interacción entre los tres niveles de la planificación es un requisito (FAO): 

- En el nivel nacional (o regional), la planificación se relaciona con los objetivos nacionales y la asignación de recursos.  Un plan nacional de uso de la tierra puede abarcar: (i) la política del uso de la tierra ( se equilibran las demandas que competen a la tierra entre diferentes sectores de la producción economía de alimentos, los cultivos de exportación, el turismo, la protección de la flora y de la fauna, las comodidades privadas y públicas, las carreteras, la industria); (ii) los planes nacionales de desarrollo y el presupuesto; (iii) la coordinación de agencias sectoriales involucradas en el uso de la tierra; (iv) la legislación sobre tales temas como la tenencia de la tierra, la autorización de bosque y los derechos al agua.

- El nivel de territorio no se refiere necesariamente a los distritos administrativos sino también a las áreas de la tierra que caen entre los niveles nacionales y los locales. A menudo, los proyectos de desarrollo están en este nivel. 

- La unidad local de planificación podría ser el pueblo, un grupo de pueblos o una pequeña zona de recogida de agua. , y r el l e involucra la participación activa de la comunidad local. La experiencia y el conocimiento local de los usuarios de la tierra y del personal técnico local se movilizan para identificar las prioridades del desarrollo y trazar e implementar los planes.

Por último, para lograr un buen proceso de ordenamiento territorial, resulta clave tener en cuenta los siguientes factores (Pujol, 1994): (1) el balance y equilibrio entre ámbitos diversos - intereses individuales e intereses colectivos; suelos para uso residencial y para uso productivo; intereses locales, regionales y nacionales; necesidades presentes y necesidades futuras; asentamientos humanos y sistemas naturales, entre otros muchos - ; (2) la flexibilidad - capaz de adecuarse a los cambios tecnológicos y poblacionales - ; (3) la participación ciudadana es un requisito fundamental para garantizar el éxito de las políticas de ordenamiento territorial.

La gestión territorial supone como señalan Rosa et al. (2003) un mayor control, por parte de los actores, sobre el manejo de los recursos. La gestión territorial exige, entonces, el empoderamiento de los actores locales, su participación activa y responsable, pero también, la disponibilidad de mecanismos de resolución de conflictos que ayuden a solventar las diferencias que puedan surgir en cuanto al uso y manejo de los recursos. En el caso de los territorios rurales, el proceso de gestión territorial debe tener en cuenta dos elementos fundamentales: i) que en la delimitación de estos territorios pesa más el proceso de apropiación del espacio por parte de sus habitantes que las características biofísicas del terreno, y que ii) aunque esos territorios pueden mostrar concentraciones urbanas relativamente importantes, el manejo de los recursos naturales incide grandemente en su modo de operar (Rosa et al., 2003).

Finalmente, el proceso de gestión territorial está constituido por al menos tres elementos: (1) Identidad territorial construida desde los habitantes del territorio (proceso que refleja una manera particular de apropiarse del espacio, y sobre la que se construyen las redes sociales; (2) Institucionalidad territorial endógena; y (3) Instrumentos de manejo territorial (que permiten poner en marcha las decisiones que se tomen a nivel territorial, y se reflejan en estrategias colectivas y acciones concretas. Pueden construirse alrededor de diversos temas de interés, como manejo de cuencas, conservación de suelos, manejo de áreas forestales, gestión del riesgo, ecoturismo, etc.

2.      Hacia el “ordenamiento territorial” en América Latina.

Según el documento “Estrategias enfocadas hacia las personas: Breve estudio bibliográfico y comparativo (FAO, 2003)[1] – Capítulo 3 Enfoques y enseñanzas en América Latina:

El concepto de ordenamiento territorial nace en América Latina de las políticas verticales impulsadas por el Estado en los noventa, dirigidas hacia la ordenación de los recursos naturales o de los ecosistemas de mayor importancia. Estas acciones se expanden posteriormente hasta abarcar no sólo la ordenación de los recursos naturales sino el desarrollo territorial en general. Además, una vez que el término “ordenamiento” se aplicó a un enfoque “de abajo hacia arriba” de las dinámicas de desarrollo, perdió su connotación “vertical” y pasó a denotar un proceso de concertación en que participaban todos los interesados directos del territorio. Este cambio de orientación doble se vio confirmado por el tono sociopolítico (y no meramente técnico o económico) de las decisiones relativas al ordenamiento territorial. De este modo, el concepto de ordenamiento se articuló con la crítica política predominante en las concepciones de las ciencias sociales y el desarrollo en América Latina.

Los enfoques territoriales latinoamericanos tienen dos orígenes diferentes: Una primera corriente, conocida como “ambientalista” derivada de unir las medidas encaminadas a una utilización más sostenible de los recursos naturales con una modalidad de ordenación que partiera de la base, con el apoyo de metodologías participativas. Un ejemplo útil de esta corriente la ofrecen los resultados obtenidos a partir de la primera mitad del decenio de 1990 por las instituciones y los programas afiliados a la Red Latinoamericana de Manejo de Cuencas Hidrográficas en distintos países (Chile, Bolivia, Ecuador, Perú) mediante sus actividades participativas e integradas de ordenación de cuencas.

La segunda corriente, conocida como “desarrollo local”, se encuentra relacionada con las políticas de desconcentración y descentralización relativas al reajuste postestructural, que impulsaron a los gobiernos locales a asumir las funciones tradicionalmente desempeñadas por el gobierno central, como el fomento del desarrollo económico, el mantenimiento de la infraestructura, la prestación de servicios y cierto grado de protección contra los riesgos para el medio ambiente. Esto facilitó el acceso de las instituciones de la sociedad civil (empresas, centros de investigación, organizaciones populares, sindicatos, cámaras de comercio, etc.) a los Concejos Municipales para prestar un nivel de asistencia apropiado, dado la carencia de la necesaria competencia técnica por parte de los administradores y políticos locales. Además, debido a los limitados recursos públicos, la necesidad de agrupar iniciativas públicas y privadas (y a veces ofrecer asistencia internacional) cobró cada vez mayor fuerza.

Como resultado, las administraciones locales perdieron su alcance “burocrático” tradicional y se convirtieron en el punto de convergencia de los procesos de consulta y de concertación, con participación de todos los actores sociales del territorio municipal.

Posteriormente, valiéndose de los prometedores resultados conseguidos en algunas actividades piloto, los gobiernos nacionales latinoamericanos empezaron a reconocer los procesos locales de ordenamiento territorial y desarrollo local como medios para poner en práctica el objetivo fundamental que había inspirado las políticas de desconcentración y descentralización. Con este fin, en la segunda mitad de los años noventa se promulgaron diversas leyes nacionales de ordenamiento territorial o desarrollo local a fin de facilitar la colaboración entre las instituciones de administración pública descentralizadas y las organizaciones de la sociedad civil, y reglamentar la planificación y gestión del desarrollo. Algunos ejemplos son la Ley de Participación Popular (1995), la Ley Orgánica de Municipalidades (1996) y la Ley de Ordenamiento Territorial (1997) de Bolivia; la compleja recopilación de leyes y reglamentos de ordenamiento territorial emitidos por el Gobierno de Colombia entre 1997 y 2000; y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2002) de México.

En esos mismos años, la ratificación gubernamental de las prácticas de ordenamiento territorial y desarrollo local llevaron a diversos donantes y organizaciones de asistencia para el desarrollo que trabajaban en el continente a incorporar esos nuevos enfoques a sus políticas regionales.

Se trata de foros locales en los cuales los actores sociales e institucionales locales y externos comparten opiniones con objeto de lograr el consenso acerca de cuáles cuestiones deben ser tomadas en cuenta e incluidos en la planificación territorial. De hecho, el papel de las mesas de concertación (u otros foros análogos) es crucial para que la planificación territorial deje de ser un proceso impuesto desde arriba y se lleve a cabo partiendo de la base[72]. Sin embargo, diversos factores pueden comprometer el valor de los resultados obtenidos, en particular: i) la medida en que los participantes en el proceso representan legítimamente los grupos sociales del territorio, y ii) la validez y fiabilidad de la información sobre la que se fundamentan las opiniones formuladas y las decisiones adoptadas.

Por lo que se refiere a este último aspecto, es necesario subrayar que en América Latina buena parte de la experiencia en materia de diagnóstico del territorio se refiere a estudios convencionales “rígidos” que dan escasa cabida a la participación activa de los agentes locales, o bien a actividades basadas en la demanda y de carácter más participativo. Estas últimas a menudo dan como resultado tan sólo unas largas listas en lugar de determinar correctamente la evolución y los problemas del territorio que podrían orientar una planificación acertada a nivel local. Esto ha llevado a algunos profesionales de la FAO a ensayar el uso de la investigación-acción participativa[2] en el contexto de determinadas prácticas de desarrollo territorial. Algunos ejemplos son:

la identificación conjunta por el agricultor y el experto en agronomía de las amenazas y oportunidades agronómicas presentes en la finca; la determinación de los principales factores que ponen en peligro el medio ambiente, mediante la interpretación, en grupos pequeños, de series cronológicas de mapas del territorio realizados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG);el análisis participativo ex-ante o ex-post de los costos y beneficios con respecto a una empresa rural nueva, con la asistencia de un economista agrario; el análisis participativo de los estratos sociales y las relaciones étnicas al interno de la comunidad (análisis de las partes interesadas), con la ayuda de un especialista en ciencias sociales; y el examen, junto con los actores locales, de estudios etnográficos a fin de que la nueva generación tenga conciencia de los factores determinantes, los resultados y las perspectivas de los cambios socioculturales”.

3.      La UE y el ordenamiento territorial.

Las actividades del Consejo de Europa relativas a la planificación territorial empezaron en 1970 en la primera Conferencia Europea de Ministros responsables de Ordenación del Territorio (CEMAT) celebrada en Bonn. La CEMAT se ha consolidado desde entonces como el foro de encuentro y discusión sobre el desarrollo territorial del continente europeo.

Para el Consejo de Europa el concepto de planificación territorial es la expresión geográfica de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es al mismo tiempo una disciplina científica, una técnica administrativa y una política de responsabilidad pública a desarrollar con un enfoque interdisciplinar e integrado y dirigida tanto al desarrollo regional equilibrado como a la organización física del territorio de acuerdo a una estrategia de conjunto.

Las Conferencias CEMAT se celebran cada tres años y son preparadas por un comité de altos funcionarios. Además, cada año se organizan uno o dos seminarios temáticos. Son destacables los siguientes documentos adoptados en el seno de la CEMAT:

  • Carta Europea de Ordenación del Territorio, adoptada en la conferencia de Torremolinos en 1983.
  • Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo, adoptados en Hannover en 2000. 
  • Declaración de Liubliana sobre la Dimensión Territorial del Desarrollo Sostenible, de 2003.

En el sitio web de la CEMAT se pueden encontrar otros documentos que amplían la información anterior.

La  Carta Europea de Ordenación del Territorio, da la siguiente definición: “La expresión espacial de políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector” (CEMAT, 1983). La citada Carta Europea de Ordenación del Territorio, señala como objetivos de la ordenación del territorio, los siguientes:

  • El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones
  • La mejora de la calidad de vida
  • La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
  • La utilización racional del territorio

Las Perspectiva europea de ordenación territorial (PEOT). Hacia un desarrollo espacial equilibrado y sostenible del territorio de la Unión Europea (1999) constituye un marco de orientación política con el fin de mejorar la cooperación de las políticas sectoriales comunitarias con un impacto significativo en el territorio. Nace de la comprobación de que las intervenciones de los Estados miembros son más eficaces cuando se basan en objetivos de desarrollo espacial definidos conjuntamente. La PEOT constituye un documento de carácter intergubernamental, indicativo y no vinculante. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, su aplicación se lleva a cabo en el nivel más apropiado y de acuerdo con la voluntad de los distintos participantes en el desarrollo espacial. La PEOT consta de 2 partes: I) la contribución de la política de ordenación territorial en su calidad de nueva dimensión de la política europea y II) las tendencias, perspectivas y retos del territorio de la Unión

La PEOT parte del supuesto de que el crecimiento económico y la convergencia de algunos indicadores económicos no bastan para lograr el objetivo de cohesión económica y social. Por lo tanto, es deseable una intervención concertada en el ámbito de la ordenación territorial con el fin de corregir las disparidades existentes. La PEOT abarca cuatro ámbitos importantes que interactúan entre sí y ejercen presiones importantes sobre el desarrollo espacial de la Unión Europea: (i) La evolución de las zonas urbanas; (ii) La evolución de las zonas rurales; (iii) Los transportes y (iv) El patrimonio natural y cultural. Las zonas rurales de la Unión Europea corren el riesgo de verse marginadas por la existencia de dificultades específicas, tales como el alejamiento de las grandes metrópolis, los rigores climáticos, la baja densidad de población, infraestructuras deficientes o falta de diversificación económica debido al peso excesivo de la agricultura. En lo que respecta al medio ambiente, se pone de manifiesto la necesidad de proteger los recursos naturales y ecosistemas y de aprovechar de forma distinta el potencial económico que ofrecen estas zonas (turismo rural y cultural, diversificación agrícola).

4.      Algunos enfoques metodológicos para el ordenamiento territorial.

Según Haydée Rodríguez Romero[3], “las formas para abordar el Ordenamiento Territorial son:

  • Desde la política: el Ordenamiento territorial culmina siempre en una decisión política.
  • Desde lo técnico: El ordenamiento del suelo exige un importante componente técnico y profesional para establecer las distintas alternativas posibles
  • Desde los agentes económicos: como destinatarios de las decisiones de ordenamiento y como influencia indirecta en la decisión final
  • Desde los ciudadanos: como usuarios del suelo, partícipes del proceso de formación de políticas y de selección final de alternativas.

El enfoque de Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (DTPN) basado, entre otros, en  las experiencias de campo del Ordenamiento Territorial Participativo y en el manejo concertado de recursos naturales realizado principalmente en América Latina y el Caribe durante la década de los ’90, propone un análisis sistémico del espacio rural. Trata  los vínculos entre territorios, flujos resultantes, dinámicas e impactos derivados de la promoción del desarrollo rural, además de establecer otra serie de enlaces con los mercados nacionales e internacionales. Este tipo de análisis permite la identificación y evaluación de la competencia por el espacio y los recursos, así como de los conflictos de interés entre los diferentes actores, y resalta la falta de confianza entre los actores involucrados desde el inicio.

Paolo Groppo y Carolina Cenerini, (División de Tierras y Aguas- NRL, FAO, 2012), presentan en su Documento de Trabajo: Una visión del tema de la tierra y el territorio orientada hacia los pueblos indígenas: Un enfoque posible [4], principios y herramientas para garantizar un proceso efectivamente inclusivo. Entre las herramientas estas: (A)  Delimitación participativa de tierras; (A.1) El diagnóstico rural participativo; (B) Construyendo territorios y desarrollo; (C) El consentimiento libre, previo e informado; (D) Tener en cuenta la dimensión ambiental y (E) Indicadores territoriales. Y entre sus conclusiones citan que “un enfoque sobre el desarrollo territorial para los pueblos indígenas requiere una visión más amplia, que pueda abordar el tema de la tierra y el territorio a través de sus dimensiones materiales, socioculturales y ambientales. La FAO reconoce que la cuestión de la tierra y el territorio es contenciosa y debe ser considerada con gran sensibilidad. Actuar de facilitadores en las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas supone la búsqueda de puntos de encuentro razonables entre los gobiernos y los actores locales, el reconocimiento de los derechos territoriales y la construcción de los territorios como espacios de desarrollo y de sostenibilidad ambiental, que puedan convertirse en instrumentos eficaces para garantizar la autonomía y la participación política. Para todo eso, los principios antes mencionados, así como las herramientas, deben acompañar a un compromiso de diálogo, negociación y promoción de acciones concertadas”.

El Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) se ha erigido como una herramienta aceptada por las instituciones gubernamentales para planear el uso de los recursos naturales. Una de las finalidades del OTC es formular una base de información geográfica, ambiental, social y económica para el manejo de los recursos naturales de uso común. Las comunidades rurales por años han tenido una normatividad tradicional para el uso de sus recursos, pero ante el nuevo panorama se ha creído conveniente formalizar este conjunto de normas con el objetivo de mejorar el uso de los recursos y dirigir su aprovechamiento hacia el manejo sustentable y la conservación comunitaria.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) define el OTC como: “Un instrumento de planeación que determina el uso del suelo en ejidos y comunidades a corto, mediano y largo plazo. Tiene como objetivo general orientar las actividades productivas en las áreas forestales de uso común, encausar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e impulsar las actividades de conservación protección hacia el desarrollo sustentable de las localidades”. Los beneficiarios son núcleos agrarios que cuenten con la documentación legal probatoria de posesión de tierras registradas en el Registro Nacional Agrario. El OTC está compuesto por tres procesos: (i) Etapa de diagnóstico y caracterización; (ii) Etapa de pronóstico; (iii) Etapa propositiva

La metodología del OTC debe de ser de carácter participativo en el cual la comunidad exprese sus puntos de vista y experiencias sobre las principales problemáticas del ejido, el uso eficiente del suelo y los recursos naturales, la forma en que se han organizado para trabajar, la propuesta o revisión de reglas para el uso y aprovechamiento de los recursos del núcleo agrario, procesos evaluativos multidimensionales, y el mejoramiento de prácticas socio-ambientales que contemplen tradiciones culturales locales y adopción de nuevas tecnologías sustentables para la producción y conservación. Otro aspecto muy relevante para los núcleos agrarios es contar con un reglamento interno o normativa para el uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales así como las disposiciones legales para la organización ejidal.

5.      Enlaces y fuentes de referencia. 

Portal FAO sobre Política y Planificación de la tierra.

Una visión del tema de la tierra y el territorio orientada hacia los pueblos indígenas: Un enfoque posible. División de Tierras y Aguas (NRL). FAO, 2012

Cleary, D. Breve Estudio Bibliográfico y Comparativo de Enfoques Centrados en las Personas, Programa de Apoyo a los Modos de Vida Sostenibles. Serie de Documentos de Trabajo. FAO, 2004.

Guía sobre el uso planificado de la tierra, FAO, 1993

DESARROLLO TERRITORIAL PARTICIPATIVO Y NEGOCIADO (DTPN). Dirección de Desarrollo Rural, FAO, 2005.

Ordenamiento Territorial Comunitario: un debate de la sociedad civil hacia la construcción de políticas públicas. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Instituto Nacional de Ecología Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A.C.; Grupo Autónomo para la investigación Ambiental, A.C.; Grupo de Estudios Ambientales, A.C.: Methodus Consultora, S.C.; Servicios Alternativos para la Educación y el Desarrollo, A.C., 2006

Ordenamiento Territorial Comunitario. Manual Básico. CONAFOR, 2006

Taller de Ordenamiento Territorial Comunitario. Cuaderno de Capacitación. CATIE, 2008

Sepúlveda, S. Gestión del desarrollo sostenible en territorios rurales: Métodos para la planificación. IICA, San José de Costa Rica, 2008

 


1] ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/ad682s/ad682s00.pdf

[2] La investigación-acción participativa consiste básicamente en socializar los conocimientos especializados de profesionales y en ensayar su validez y pertinencia desde el punto de vista de la población del lugar. Esto abarca a la vez la generación de conocimientos y su divulgación a la comunidad. Además, la investigación-acción participativa presupone como “prueba de validación” del proceso de divulgación que se logre generar una mayor conciencia entre los agentes sociales y una actitud favorable al cambio.

[3] La búsqueda del desarrollo sostenible a través del ordenamiento territorial: elementos para Costa Rica, pag. 3

[4] http://www.fao.org/docrep/015/md974s/md974s00.pdf