AgroNoticias América Latina y el Caribe
 

16/11/15

Cohesión social y desarrollo local en América Latina: la experiencia de los acuerdos territoriales en Colombia.

Carlo Tassara. Profesor de la Universidad de Roma Sapienza. Página web: uniroma1.academia.edu/CarloTassara

A partir del inicio de este siglo, América Latina ha consolidado su posición en un escenario internacional caracterizado por el estancamiento de las economías más industrializadas y el auge de los países emergentes. Factores como el elevado crecimiento del producto interno bruto (impulsado por la bonanza en la exportación de materias primas), la disminución de la deuda externa, el incremento de la inversión extranjera y la consolidación de las políticas fiscales y presupuestales (CEPAL 2014b: 75 y OCDE 2014: 39-40), han favorecido el aumento de los recursos disponibles para el mejoramiento de los servicios y la implementación de las políticas sociales (CEPAL 2014a: 49).

Esta coyuntura positiva ha posibilitado el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. A manera de ejemplo, se recuerda que la tasa de desempleo disminuyó del 11,3% en 2002 a un escaso 6% en 2014 (CEPAL 2014b: 75), la esperanza de vida al nacer ha aumentado de 70,0 años en 1995 a 74,8 años en 2013, y el porcentaje de jóvenes que concluyen la escuela primaria y la secundaria han crecido, respectivamente, del 60,5 al 94,0% y del 25,8 al 59,0% (CEPAL 2014a:131).

No obstante los avances mencionados, en 2014 la incidencia de la pobreza en América Latina todavía abarcaba un 28% de la población, incluyendo un 12% que vivía en condiciones de pobreza extrema (CEPAL 2014a: 16). Otros aspectos preocupantes son la desigualdad en la distribución de la riqueza, que sigue siendo la más alta del planeta según el Índice de Gini, y la distribución de la vulnerabilidad a la pobreza, que revela asimetrías notables por edad, género, etnia y lugar de residencia (Tassara et al. 2015: 16-17).

Por eso, la situación es menos positiva de lo que parece y la Hardy (2014: 13) plantea que «América Latina no está transitando de una región de ingresos medios a una de clases medias, sino a sociedades marcadas por inseguridades económicas basadas en las desigualdades que segmentan los ciudadanos». Más en general, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2012: 20-24) incluye entre las brechas de desarrollo de los países de renta media la desigualdad, la poca efectividad de las políticas públicas de inclusión social y el centralismo político y administrativo.

Por ende, una prioridad de América Latina es impulsar políticas orientadas a aumentar el nivel de cohesión social y de desarrollo local participativo, sobre todo en las áreas rurales. Al respecto, Freres y Sanahuja (2006: 35) señalan que la cohesión social es “un nuevo marco de relaciones entre la ciudadanía y el estado, y la sociedad, el estado y el mercado, que posibilite que todos se sientan partícipes y con igualdad de oportunidades económicas, políticas y sociales, y permita hacer frente a las presiones y desafíos de la globalización”.

En este contexto, vale la pena analizar la experiencia de los Acuerdos territoriales (AT). Se trata de una buena práctica que surgió de la realización de varios proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en Colombia, que fueron llevados a cabo por una organización no gubernamental italiana, el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), con la cofinanciación de la Unión Europea y la participación de múltiples actores locales, tanto públicos como privados (Tassara y Grando 2013).

Básicamente, la negociación e implementación de un AT está orientada a la generación de espacios de articulación interinstitucional y de sinergias entre las comunidades, las alcaldías y las instituciones de cada región, posibilitando puntos de concertación, de negociación, de intervención conjunta. Se trata de una herramienta que crea mejores condiciones para que las comunidades puedan perseguir su propio desarrollo en una forma organizada y participativa. Con los AT las comunidades alcanzan una mayor participación ciudadana, las alcaldías desarrollan una mejor gestión pública y las instituciones actúan de manera más efectiva y coordinada, estimulando y consolidando la cohesión social y territorial.

Un AT es el resultado de un proceso que se desarrolla progresivamente con las comunidades, las administraciones locales y los demás actores, públicos y privados, para abordar las problemáticas sociales y económicas de un determinado territorio. En particular, se ha trabajado sobre los siguientes ámbitos temáticos: actividades productivas y micro empresariales, vivienda, saneamiento básico, servicios de salud y educación, fortalecimiento comunitario e institucional.

Desde el punto de vista formal, el AT es un documento que define las prioridades para el desarrollo local: se establece el producto, el servicio, o el importe con el cual cada entidad contribuye a la realización de las actividades identificadas como prioritarias; se identifica la persona responsable en representación de cada entidad; y finalmente se firma el documento.

La primera experiencia se realizó en 2007 en ocho municipios rurales del Departamento de Antioquia (Argelia, Cáceres, Caucasia, Cocorná, Granada, San Carlos, Sonsón y Tarazá), en el ámbito del proyecto “Cohesión social y desarrollo” en estrecha colaboración con la Gobernación. En este marco, se realizó un proceso de articulación con las entidades locales. Posteriormente se planificó un primer AT, a través de la creación de un Consejo comunitario, que abordó el análisis de problemáticas como la seguridad, la salud, la educación y las comunicaciones, y logró implementar varias acciones en y con las comunidades involucradas.

En 2009 los AT trascendieron de lo departamental a lo nacional, realizándose otras experiencias en el mismo Departamento de Antioquia (Municipio de Vigía del Fuerte), y en los Departamentos del Chocó (Bojayá), Magdalena (Santa Marta) y Sucre (Magangué). Entre finales de 2009 y principios de 2010, se realizaron las primeras rendiciones de cuentas y evaluaciones de los AT anteriormente implementados.

Este proceso se sustentó en la utilización de dos herramientas adicionales, como son los intercambios de experiencias y los Planes de desarrollo veredal (PDV), que refuerzan la dinámica interinstitucional y proporcionan otros espacios de participación. Los intercambios de experiencias facilitan la interacción entre las comunidades y enriquecen la dinámica participativa, gracias al conocimiento de los errores y aciertos que se han dado en cada proceso de formulación e implementación de otros AT.

Por otra parte, los PDV ayudan a las comunidades a construir su futuro, partiendo de su propio análisis sobre las necesidades y sus posibles soluciones, y también a generar una gestión más propia. Hasta el momento se elaboraron unos sesenta PDV.

Hoy en día, los AT cuentan con un Comité Técnico de planeación en cada subregión, con un compromiso comunitario e institucional de peso, y otros municipios aledaños están solicitando vincularse al proceso.

En síntesis, se puede decir que las alianzas creadas por medio de un AT permiten ampliar el impacto de las intervenciones y de sus efectos positivos sobre las condiciones de vida de las comunidades, replanteando al mismo tiempo los paradigmas clásicos de la planificación del desarrollo y generando nuevos espacios para la participación, organización y gestión comunitaria. En este marco, ha aumentado la confianza de la población hacia las instituciones, ha crecido el arraigo territorial y se ha fortalecido la transparencia.

En términos generales, los AT representan un buen ejemplo de cómo la cooperación internacional puede apoyar la ampliación y la consolidación de la cohesión social y el desarrollo local participativo.

Además, en los países de ingreso medio, como es el caso de Colombia, la cooperación internacional se orienta cada vez más a apoyar la adopción de políticas y estrategias orientadas al fortalecimiento de las capacidades locales y a la formación de los recursos humanos.

En términos específicos, las lecciones aprendidas con la realización de la experiencia presentada en este artículo pueden ser sintetizadas de la siguiente manera.

1. La cooperación internacional tiene que fundamentarse en un análisis atento de la situación del territorio. Sobre esta base, es muy importante que el diseño de los proyectos se oriente en fortalecer las estrategias y las políticas formuladas por los actores locales, ampliando las dinámicas de participación ciudadana y valorizando las experiencias exitosas y el personal local.

2. Es fundamental trabajar a nivel local, pero es necesario mantener una visión y una estrategia global, que no se agote en perseguir tan sólo objetivos a corto plazo y se oriente a la creación de bases firmes para la introducción de cambios estructurales, cuyos impactos puedan consolidarse a mediano y largo plazo.

3. Consolidar y fortalecer las autoridades locales, por un lado, y apoyar los procesos de participación ciudadana, por el otro, representa una base sólida para conseguir un efecto multiplicador sobre la inversión pública orientada al desarrollo de un territorio. Hasta se podría afirmar, que la cooperación internacional podría lograr mejores resultados sobre la construcción de infraestructuras físicas invirtiendo más recursos en el fortalecimiento de los actores locales que en la construcción directa de estas infraestructuras.

4. La creación y la consolidación de redes territoriales, y la difusión de la capacidad de manejarlas, representan herramientas valiosas para el fortalecimiento de los actores locales. Entre otras razones, por qué el intercambio de buenas prácticas y de lecciones aprendidas por la experiencia, y las alianzas e intercambios que de ahí pueden surgir, constituyen una fuente inagotable para aumentar las capacidades operativas de estos actores.

5. La experiencia antes expuesta ha sido un ejercicio pragmático, fruto de muchos años de trabajo, de algunas buenas intuiciones y, sobre todo, de la capacidad de escuchar a los demás. En este contexto, se puede concluir que los AT representan un instrumento valioso para la promoción de la cohesión social porque: (i) introducen un mecanismo efectivo de articulación y relegitimación de la institucionalidad pública; (ii) viabilizan una visión compartida del modelo de desarrollo local desde una perspectiva de participación democrática; (iii) contribuyen a la definición de soluciones concretas a las necesidades de las familias; (iv) fortalecen el sentido de pertenencia al territorio y a la comunidad; (v) estimulan la participación de los diferentes niveles de gobierno, del sector privado y de otros actores en la implementación de soluciones concretas a las situaciones de exclusión y pobreza, promoviendo al mismo tiempo mecanismos de subsidiariedad vertical y horizontal.

Referencias:

CEPAL (2014a) Panorama social de América Latina 2014. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Naciones Unidas.

CEPAL (2014b) Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2014. Santiago de Chile: CEPAL y Naciones Unidas.

CEPAL (2012) Los países de renta media. Un nuevo enfoque basado en brechas estructurales. Santiago de Chile: CEPAL y Naciones Unidas.

Freres, C. y Sanahuja, J.A. (2006). La cohesión social en las relaciones Unión Europea-América Latina. En: J. Cotler (Editor). La cohesión social en la agenda de América Latina y de la Unión Europea (pp. 29-63). Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América Latina (OBREAL).

Hardy, C. (2014) Estratificación social en América Latina: retos de cohesión social. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

OCDE (2014) Perspectivas económicas de América Latina 2015. Educación, competencias e innovación para el desarrollo. París: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), CEPAL, Corporación Andina de Fomento (CAF).

Tassara, C. (Editor), Ibarra, A. y Vargas Faulbaum, L.H. (2015) ¿Graduarse de los PTC o salir de la desigualdad? Protección social y lucha contra la pobreza en Brasil, Colombia y Chile. Madrid: Programa EUROsociAL.

Tassara, C. y Grando, L. (2013) Cohesión social y desarrollo territorial participativo en América Latina. Elementos teóricos y buenas prácticas de la cooperación al desarrollo. En: E.M. Marín A. y M.C. Romero A. (Eds.). Cuando el sur piensa el sur. Los giros de la cooperación al desarrollo (pp. 281-331). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

05/10/15

“Soberanía Alimentaria y Desarrollo Territorial”

Profesora Jane Harrigan

Escuela de Estudios Orientales y Africanos, Universidad de Londres.

Los años 2007-08 fueron testigos de una grave crisis mundial de los precios de los alimentos. El Índice de Precios de la FAO aumentó en casi un 50% y desde marzo 2007 hasta marzo 2008 los precios internacionales del trigo aumentaron un promedio de un 130%, mientras que los precios del arroz casi se triplicaron. Los precios cayeron en la última parte de 2008, pero una segunda subida de precios tuvo lugar en 2010-11. Además de las crisis de precios, los choques de oferta también se produjeron cuando los exportadores de alimentos en todo el mundo impusieron prohibiciones a la exportación. Estos shocks mundiales obligaron a muchos países, especialmente aquellos que dependen en gran medida de la importación para satisfacer sus necesidades de alimentos, a reevaluar su enfoque en relación con la seguridad alimentaria. Uno de esos grupos de países fue el Medio Oriente y el Norte de África (MENA), que depende de las importaciones de más del 50% de sus necesidades de alimentos y es el mayor importador mundial de granos.

En mi reciente libro "La economía política de la Soberanía Alimentaria árabe" (Harrigan 2014) he argumentado que, en respuesta a la reciente crisis mundial de alimentos muchos de los países de la región ha adoptado un nuevo enfoque de seguridad alimentaria que he denominado "macro soberanía alimentaria". Se define como una estrategia para lograr el suministro adecuado de alimentos nacionales, y que ejerce el poder y el control sobre el acceso a los alimentos en formas que a menudo violan los dictados de las fuerzas del mercado.

En cambio, el nuevo enfoque sobre la soberanía alimentaria macro conlleva dos nuevos enfoques: 1) un mayor énfasis en la producción nacional de alimentos, aún cuando esto no parece ser un uso económicamente eficiente de los recursos escasos como el agua; 2) la adquisición de tierras en el extranjero en los países de acogida para producir directamente y vehicular las necesidades de alimentos de origen de una manera que evitar pasar por los mercados internacionales de alimentos (una práctica a veces referida de manera controvertida como "apropiación de tierras").

La nueva soberanía alimentaria macro tiene implicaciones para América Latina y el Caribe y para el desarrollo territorial inteligente. En primer lugar, en la medida en que los países de la región también están respondiendo a la reciente crisis alimentaria mundial desplazándose hacia la soberanía alimentaria macro, los gobiernos deben asegurarse de que esto no entre en conflicto con el desarrollo territorial inteligente. Por ejemplo, la producción de más alimentos en el país, en lugar de confiarla en los mercados mundiales de los alimentos, puede resultar en un uso no eficiente de recursos escasos y puede violar la ventaja comparativa internacional; además puede tener efectos sociales y ambientales negativos en las comunidades y puede socavar el desarrollo agrícola sostenible. En el pasado, Arabia Saudí intentó una política de este tipo mediante el desarrollo de granjas masivas de trigo de regadío en el desierto lo que resultó en una degradación del medio ambiente, incluyendo el agotamiento de agua fósil en los acuíferos y salinización de los suelos (Harrigan 2014 p 55-70;. Elhadj 2004). Si el aumento de la producción nacional de alimentos se lleva a cabo a través de la agricultura corporativa puede haber problemas con la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de los pueblos indígenas y agricultores familiares, o la mala mano de obra y las condiciones de trabajo, todo lo cual viola los requerimientos de un desarrollo territorial inteligente.

La segunda forma en que la nueva soberanía alimentaria macro puede tener un impacto en la región de ALC es a través de la práctica de la adquisición de tierras en el extranjero. Como una región fértil abundante en tierras agrícolas, agua y mano de obra, la región puede muy bien convertirse en un anfitrión cada vez más buscado para aquellos países que deseen adquirir tierras en el extranjero para canalizar sus necesidades de alimentos y de productos.

Además de los países de la región, los países de la sub-región del Golfo, China y Corea del Sur son los principales actores en este proceso de adquisición de tierras en el extranjero. Esto significa que los gobiernos de ALC y los ciudadanos tendrán que considerar cuidadosamente la posición estratégica de su territorio en el marco global y tomar decisiones difíciles en cuanto a los inversionistas extranjeros interesados en la tierra dentro de sus territorios.

La adquisición de tierras de ultramar ha polarizado a la comunidad internacional entre aquéllos que la ven como un escenario ganar-ganar y aquéllos que la ven como una forma de "apropiación de tierras" neocolonial que daña el territorio de acogida y a sus ciudadanos. En términos de ganar-ganar, la adquisición de tierras por parte de un gobierno o una empresa a menudo proporciona nuevos mecanismos de financiamiento para la inversión, la iniciativa empresarial, la competitividad y la innovación que son necesarios para mejorar  desarrollo territorial en el extranjero. Además de invertir en la empresa agrícola, el inversionista extranjero puede también proporcionar una fuente de empleo y de financiación para el desarrollo de infraestructura, de una manera que promueva la inclusión social, la protección, la participación, la equidad social y la creación de empleo de calidad que es fundamental para el desarrollo territorial inteligente (Blumenthal 2013). También ayuda a promover ingreso de divisas por el envío del producto agrícola de vuelta al país inversor.

Sin embargo, sin una cuidadosa supervisión, permitir a los países ALC convertirse en anfitriones de los países de ultramar o de sus inversores para adquirir arrendamientos largos o compras de tierras podría poner en peligro fácilmente los principales postulados del buen desarrollo territorial. Existe una amplia evidencia para indicar que la reciente ola de adquisición de tierras en el extranjero que ha tenido lugar en todo el mundo a menudo tiene consecuencias adversas para el país de acogida y de sus ciudadanos. El Banco Mundial (Deininger y Byerlee 2011) en su importante informe sobre esta práctica es muy crítico, y cita numerosos problemas desde la perspectiva del país de acogida.

Efectos negativos potenciales para el país de acogida son: la falta de transparencia en el reparto de la tierra; ofertas que favorecen al inversionista mediante la infravaloración de la tierra y la oferta de exenciones tributarias y arancelarias en el país de acogida; desplazamientos de la población local de sus tierras sin compensación adecuada, siendo las mujeres, los pobres y los indígenas particularmente vulnerables; puesta en peligro de la seguridad alimentaria del país anfitrión; abusos laborales; y daño ecológico. Por otra parte, cuando surgen beneficios de la adquisición de tierras en el extranjero son capturados a menudo por las élites en el país anfitrión (Coalición Internacional 2011). IFPRI (2009) igualmente citó muchos problemas en relación con lo que se conoce como "acaparamiento de tierras" y la Coalición Internacional de Tierras (2011) concluyó que "los beneficios prometidos de empleo, la mejora de los ingresos, y la infraestructura física y social están aún por hacerse realidad."

Un problema importante con las transacciones de tierras es la falta de transparencia (Deininger y Byerlee 2011). Ello hace que sea difícil involucrar a la sociedad civil en la negociación y en las ofertas de ejecución así como el proteger los derechos de la población local y asegurar su consentimiento informado. También hace que sea difícil asegurar que el acuerdo coincide con el interés público del país de acogida y puede llevar a la mala gobernanza y a la corrupción.

Muchos de los problemas anteriores podrían abordarse para crear un escenario de ganar-ganar mediante una cuidadosa aplicación de los diversos aspectos del desarrollo territorial inteligente. En particular, se necesita hacer corresponsables de sus acciones a los inversores extranjeros en el país. Además, el fortalecimiento de la gobernabilidad, la sociedad civil y la participación de los países de ALC podría contribuir a que las transacciones de tierras fuera más transparente, y se diera una mayor participación de las comunidades locales en términos de consentimiento informado para las transacciones de tierras y la indemnización correspondiente, ayudando a asegurar que el adquiriente de la tierra brinda, de hecho, los beneficios prometidos de cara al desarrollo de la infraestructura económica y social, la innovación y las oportunidades de empleo locales, al tiempo que, simultáneamente, se persiguen métodos de producción ambientalmente sostenibles.

Por último, los países de ALC podrían considerar nuevos modelos para atraer a los inversores extranjeros en los cuales, en lugar de adquirir e invertir en la tierra, inviertan en las personas mediante la formación de relaciones innovadores con los agricultures locales, incluyendo a aquellos agricultores familiares que posean más del 80% de la tierra en la región.

Referencias:   

Blumenthal, G. (2013) ‘Investors’ Perspectives’, chapter 6 in M. Kugelman and S. Levenstein (eds.) The Global Farms Race, (Washington DC: Island Press, London: Covelo)

Deininger, K. and D. Byerlee (2011) Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?, (Washington DC: World Bank).

Elhadj, E. (2004) ‘Camels Don’t Fly, Deserts Don’t Bloom: An Assessment of Saudi Arabia’s Experiment in Desert Agriculture’, SOAS/King’s College Water Issues Study Group Occasional Paper no 48.

Harrigan, J. (2014), The Political Economy of Arab Food Sovereignty, Palgrave Macmillan: Basingstoke.

IFPRI (2009) ‘Land Grabbing’ by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities, (Washington DC: International Food Policy Research Institute).

International Land Coalition (2011) Commercial Pressures on Land in Africa: A Regional Overview of Opportunities, Challenges and Impacts, The Land Matrix Partnership.

 

 

29/06/15

"La agricultura familiar en código territorial"

“La agricultura familiar en código territorial”

Rafael Echeverri Perico
Secretario Técnico
Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial
PROTERRITORIOS

Pasado el Año Internacional de la Agricultura Familiar, en la mayor parte de los países latinoamericanos han quedado reflexiones que sugieren la necesidad de una revisión profunda de las estrategias de política pública para su apoyo y fomento. Los conceptos y enfoques dominantes en las actuales estrategias están centrados en un énfasis economicista que entiende la agricultura familiar, campesina o de pequeños productores como una actividad productiva que enfrenta barreras que le llevan a la exclusión, priorizando su condición individual, en el marco de una visión microeconómica que entiende a la unidad productiva familiar como el foco de sus estrategias de intervención y centra su pertinencia y relevancia por el peso que tiene en cuanto sector que concentra la pobreza y marginación, al tiempo que es determinante en la seguridad alimentaria de nuestras sociedades. La característica de estas políticas es su centralidad en estrategias compensatorias, cuando no asistencialistas, que prioriza la dotación de factores productivos, basada en transferencias privadas de subsidios, con significativas inversiones públicas que no muestran impactos convincentes.

Un punto crítico para el desarrollo de políticas innovadoras, audaces y de mayor alcance parte del significado estratégico que tiene la agricultura campesina para una sociedad cada vez más urbana y globalizada, que depende económicamente cada vez más de sectores terciarios. Existe un sentido residual de la agricultura familiar que le otorga su relevancia por un sentido de equidad social y busca responder a la alta concentración de pobreza y exclusión que caracteriza a la población rural. Generalmente este sentido de justicia social surge de la lucha reivindicativa permanente que el campesinado realiza. A este se le ha sumado, más recientemente, el reconocimiento del peso que la producción agrícola familiar tiene sobre la seguridad alimentaria de la población rural y urbana. Esta es una importancia basada en los factores visibles de relevancia de la economía campesina.

Sin embargo, ésta resulta una visión parcial que trae como consecuencia que no se considere este sector como estratégico en el modelo de desarrollo nacional de nuestros países. El punto radica en que hay un conjunto de contribuciones de la agricultura familiar que son invisibles en la casi totalidad de las estrategias públicas, como se puede constatar fácilmente en los vacíos en los considerandos de las políticas de nuestros países.

La agricultura familiar tiene contribuciones que han sido subvaloradas en nuestras estrategias de desarrollo. Representa el 80% del total de la explotaciones agrícolas de América Latina, esto es, cerca de 18 millones de unidades, y aportan entre el 40 y 60% del valor de la producción sectorial. Pero en términos de producción de alimentos su aporte en mucho mayor, baste mirar que en casos como Brasil su participación en la provisión de productos esenciales en la dieta básica alcanzan el 87% en el caso de la yuca, el 70% del frijol, el 59% de carne porcina o el 58% de la leche; en Uruguay el 80% de la producción de hortalizas; en Paraguay el 97% de las hortalizas, el 94% del frijol y la yuca; en Chile el 54% de las hortalizas, el 44% de los cultivos anuales, el 54% de productos bovinos y el 94% de caprinos; en Costa Rica el 97% del maíz y el 75% del frijol. Esto significa que la base de soporte de la dieta tradicional de nuestros países se soporta en la agricultura familiar, no en la agricultura empresarial, es decir que la seguridad alimentaria no es una preocupación exclusiva de la población rural, sino de toda la sociedad en su conjunto.

En términos de empleo, la agricultura familiar resulta la más importante fuente en el medio rural de América Latina. Manteniendo la agricultura como el primer sector generador de empleo rural, alcanzando el 65% del empleo total, la agricultura familiar contribuye con más de la mitad de este, lo que implica que uno de cada tres empleos del campo latinoamericano es provisto por la agricultura familiar. Esta cifra varía en forma significativa por países. En el caso de Brasil, el 56% del empleo rural está en la agricultura familiar, en Colombia es el 29% del empleo, en Chile el 39% y en Costa Rica el 13% y en Argentina el 53% del empleo agrícola corresponde a agricultura familiar. Esto significa que la agricultura familiar reúne cerca de 15 millones de puestos de trabajo, de un total de 43 millones de trabajadores rurales en América Latina. Sin embargo hay acuerdo en que estas cifras pueden estar subestimadas por razón de las dificultades inherentes a la estimación del trabajo invisibilizado de la mano de obra familiar.

Pero seguramente no son éstas las más importantes contribuciones de la agricultura familiar, si abrimos la perspectiva de sus aportes. El hecho de que los alimentos que conforman las culturas gastronómicas y culinarias de nuestros países y regiones esté soportada por la producción campesina, nos indica un hecho de enorme valor estratégico. Significa que la diversidad biológica agrícola está en manos de la pequeña agricultura, todo lo contrario de lo que ocurre con la expansiva agricultura comercial. La agricultura familiar es el banco de germoplasma in situ de América Latina, en ella reposa la riqueza biológica, con todo su potencial.

Esta es apenas una parte de la importancia de relación entre la agricultura familiar y el patrimonio natural de nuestros países. Además de generar la agrobiodiversidad, los agricultores familiares son los responsables de gestionar, más para bien que para mal, los recursos hídricos, los bosques, la biodiversidad y los suelos. Así es reconocido por las diferentes Convenciones que sobre medio ambiente, han suscrito nuestros países. Esto significa, categóricamente, que los servicios ambientales y ecosistémicos pasan inexorablemente por la agricultura familiar.

Los patrones de distribución espacial de la población de América Latina, hoy signada por la consolidación de un modelo de urbanización intensa, ha sido tejida por procesos de ocupación bajo diferentes modelos de colonización que han permitido la configuración territorial actual. La ocupación territorial no es un tema de interés exclusivo de la población asentada en los territorios rurales, es una prioridad nacional, forma parte de la construcción de nación. La agricultura familiar cuenta con aproximadamente el 23% del total de la superficie agrícola de la región, esto es más de 160 millones de hectáreas, lo cual implica que una cuarta parte del suelo y agua es manejada en este modelo de producción.

Otra dimensión en la cual se refleja la importancia de la agricultura familiar es la construcción de gobernanza. La ocupación del territorio es un tema de alta importancia política nacional, pero igualmente lo es el patrón de distribución de la tierra, la estructura agraria. Un claro reflejo de esto es que este tema ha estado en la base de los conflictos y sus resoluciones, en la casi totalidad de los países latinoamericanos. La lucha agrarista ha estado en las raíces de procesos revolucionarios en México, Colombia, Centroamérica, Brasil, Perú o Bolivia, por citar los más dramáticos. Sin paz agraria no hay paz nacional, ha sido la lección en América Latina. Esto ha sido bien aprendido por nuestros países, pero esta visión desde lo negativo, tiene la otra cara que la explica, es decir, que una agricultura familiar con equidad y justicia en su relación con la tierra y el territorio es un factor determinante de la paz.

Finalmente, permitámonos valorar una dimensión de mayor profundidad, capaz que por ello de menor visibilidad, que consiste en la memoria cultural de nuestras sociedades. Algo que hemos aprendido del proceso globalizador es que no es inexorable la uniformidad cultural y la pérdida de nuestras identidades nacionales, regionales o locales, sino que nos enfrentamos a un proceso de universalización de nuestras propias raíces culturales. Si bien ahora construimos nuevas culturas urbanas, como amalgamas de migraciones rurales, la cultura ancestral radica en ese mundo rural, en esa economía campesina, en esas unidades de agricultura familiar, en sus familias y comunidades. Solemos destacar los aspectos estéticos y folcloristas de la cultura, que en sí son muy importantes, pero hay mucha más que eso. Los saberes tradicionales, los valores, los códigos simbólicos, las bases axiológicas y las cosmovisiones existentes en nuestros países, tienen un alto valor estratégico basadas en identidad, adscripción, pertenencia y territorialidad, como nos lo han enseñado las sociedades europeas.

El hecho de que no llevemos contabilidades para las dimensiones más significativas de nuestro desarrollo no les resta importancia, pero sí invisibiliza las contribuciones que sectores, como la agricultura familiar y campesina hace al desarrollo. Esto implica que mientras reduzcamos la importancia de este sector a razones de solidaridad por su pobreza, estamos condenados a estrategias marginales que han mostrado resultados marginales.

Esta subvaloración de la contribución de la agricultura familiar no deja de estar ligada con el énfasis microeconómico que tienen las bases de las estrategias de política pública. Lo cual, igualmente llama a una mirada diferente. Específicamente, desde el Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial, PROTERRITORIOS, en asocio con la FAO y el IICA, venimos promocionando una idea de Sistemas Territoriales de Producción Agrícola y Campesina, en reconocimiento a su integralidad.

La agricultura familiar es un sistema anidado que puede ser abordado en varios planos. El primero que considera la familia, en su condición unidad de consumo y producción, que le implica un conjunto de características particulares y entraña dimensiones económicas, sociológicas y culturales que explican su singularidad. Esta familia está enmarcada por una forma compleja de asumir su función productiva, por medio de un modelo, denominado por la FAO como Sistema Finca, que implica la gestión de un conjunto de cultivos y explotaciones pecuarias, integrando prácticas agroambientales y una alta flexibilidad en la gestión de factores productivos, en forma recursiva, como respuesta a su consuetudinaria escasez.

Pero un aspecto clave es que estas unidades de Sistema Finca, no se encuentran aisladas, sino que se explican en gran medida por la aglomeración con otras fincas, conformando Sistemas de Producción, entendidos estos como conjuntos de Sistemas Fincas que comparten recursos y estructuras de producción. Esto es muy diferente de la agricultura comercial que tiende a estar conformada por unidades de producción más autosuficientes. La finca agrícola familiar no puede ser entendida por fuera de su sistema de producción, donde comparten recursos y generan relaciones de intercambio en la forma de aglomeraciones económicas, con demandas comunes de insumos, servicios y bienes públicos productivos.

A su vez, estos sistemas de producción, con las particularidades de una economía familiar en su base, tienen relaciones funcionales que van más allá de lo estrictamente económico productivo. Son modelos altamente multifuncionales, esto es, que generan enormes externalidades sobre su entorno territorial, que son fáciles de entender en virtud de las funciones y contribuciones de la agricultura familiar, arriba descritos. Al tiempo dependen de las externalidades que el territorio les proporciona, como dotaciones y bienes públicos. Esto ha conducido a la revaloración del territorio como una categoría institucional que proporciona los elementos básicos para la emergencia de una nueva generación de políticas públicas con enfoque territorial. De esta forma existe una dimensión territorial que le da entorno a los Sistemas de Producción campesina, determinando tipologías territoriales particulares, como nos lo ha enseñado Brasil con sus Territorios de Ciudadanía.

Una visión de Sistemas Territoriales de Producción Agrícola Familiar y Campesina se constituye en una aproximación pragmática, que reconoce la realidad de las relaciones funcionales existentes entre la familia, su finca, su sistema de producción y su territorio, como una vía para renovar las políticas públicas sobre la base del reconocimiento de la importancia estratégica de la agricultura familiar para el desarrollo sostenible del conjunto de la sociedad de nuestros países.

15/06/15

Territorios indígenas y estrategias etnocentristas

Raúl Molina Otárola, Doctor en Antropología

(Universidad de Chile, Sudamérica)

Los territorios de indígenas no son sujetos del desarrollo externo, de aquél que se piensa desde fuera, a través de diagnósticos, con los que se hace arquitectura o ingeniería social, o diseños de estrategias de desarrollo. Éstas se basan comúnmente en consideraciones que  muestran el retraso productivo y condiciones de vida con ojos civilizatorios que configuran imágenes pre modernas de los territorios, sin formularse preguntas culturalmente pertinentes. En contraparte promueven una imagen de superación y progreso, y en otras ocasiones se plantean un desarrollo territorial indígena vinculado al  mercado, pero sin pertinencia, participación y dirección de las familias comunidades o pueblos indígenas. Ese tipo de programas de desarrollo territorial, muchas veces bien financiados, al ser aplicados, hacen crisis con la realidad y dan magros frutos en relación con el objetivo para el cual fueron diseñados.

Las estrategias de desarrollo territorial indígena sin consulta ni consideración del otro, como legitimo otro, que tiene sus propias prioridades y ordenamientos, autonomía y autodeterminación, tienden a recorrer el camino señalado. No se pueden aplicar estrategias de desarrollo territorial sin el consentimiento, la consulta y la participación, y a lo menos de la codirección de los pueblos indígenas. Por muy bien intencionadas que estas estrategias sean, y que formen parte de planes, programas o proyectos, si carecen de la dirección, participación y consentimiento indígena tendrán el sello etnocentrista, y muy probablemente quedarán destinadas a no dar los resultados esperados, agudizándose la insustentabilidad si los territorios indígenas se encuentran marginados o abandonados por las políticas económicas de los estados nacionales en los que se insertan.

Se debe considerar, además, que los territorios indígenas tienen por característica ser la base material y espiritual de los pueblos que la habitan, con sus particularidades culturales y diversidades ambientales, y en ellos la relación social está intrincada con la naturaleza. De allí, surgen conocimientos con sus propias categorías y conceptos, que forman parte de la cosmovisión y el ordenamiento del tiempo y el espacio vivido. De ahí que los territorios indígenas sean tan complejos, pues suponen relaciones intrincadas entre el habitar y la naturaleza, que incluyen aspectos políticos, económicos, social, cultural y religioso, los que no pueden estar ausentes al considerar estos territorios.

La dimensión política de los territorios indígenas se expresa como jurisdicción o demarcación territorial e incluye las ocupaciones de tierras bajo diversas formas de tenencia y propiedad, e incluso considera las tierras reivindicadas y demandadas, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Se debe considerar que algunos territorios muchas veces contienen conflictos por el dominio y  mantienen disputas inter-étnicas o intra- étnicas. Estos territorios están dirigidos o gobernados, la mayoría de las veces,  por organizaciones comunitarias o formas políticas propias de organización y administración que posee normas consuetudinarias. Los gobiernos de estos territorios indígenas, consideran diversas formas de autonomías e independencia territorial con estatutos especiales o creados a partir de la práctica interna de las comunidades. El derecho consuetudinario y las prácticas sociales, son rectores en el manejo y administración territorial.

La dimensión económico-ambiental de los territorios indígenas está en directa relación con las prácticas productivas, la reproducción social y con el aprovechamiento de los diversos ecosistemas en las diversas comunidades indígenas. Acompañan a estas actividades un calendario festivo, ritual y ceremonial, que forma parte de la cosmovisión.

Las prácticas culturales y sus formas de uso y de manejo son claves de considerar al momento de plantearse el desarrollo en los territorios de indígenas, y especialmente, se debe tener presente que las actividades productivas de comunidades tienen por fin, resolver la disponibilidad de alimentos. Debe auscultarse cómo se usan las fuerzas productivas, los conocimientos y tecnologías en la diversas de actividades productivas de origen tradicional como la caza, recolección, la ganadería y la agricultura, a la que se suman otras nuevas como el turismo, el manejo patrimonial y cultural del territorio, sin dejar de considerar, al mismo tiempo, procesos contemporáneos que afectan el capital social, como la migración y el cambio de empleo de la población en el territorio indígena. Además, se debe tener presente a qué están dispuestas las comunidades indígenas y cuáles son sus proyectos e imaginarios de construcción económica, y eso requiere la comprensión del otro como legítimo “otro”, con sus propias opciones y estrategias. Cualquier propuesta externa en el ámbito productivo, está  obligada a desplegar la consulta y el consentimiento, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Los aspectos sociales de los territorios son fundamentales de considerar, puesto que el espacio se construye y maneja de acuerdo a normas, derechos y obligaciones sociales construidas por las comunidades indígenas, que afectan a cada uno de sus miembros.  En la comprensión social de los territorios es fundamental considerar las relaciones de parentesco y los derechos que cada grupo familiar posee dentro del territorio. Estos derechos son adquiridos por la ocupación, la herencia o la propiedad, aspectos que son capitales en la comprensión de los territorios indígenas. Forman parte de la organización social del territorio indígena, las formas de representación de la organización social, que están diseñadas para los diversos aspectos culturales, económicos y políticos que componen la o las comunidades indígenas que tienen jurisdicción sobre el territorio.

En cuanto a la dimensión cultural del territorio, es clave para la comprensión tener presente que no existe una separación tajante entre hombre y naturaleza, entre comunidad y espacio jurisdiccional, entre pueblo y territorio y medioambiente. Desde una perspectiva cultural el territorio es ordenado en espacios, en lugares y es nombrado por las comunidades o pueblos indígenas de acuerdo a sus propias categorías y conceptos, que denotan atributos, formas de ocupación y valoración.

Los territorios indígenas, a su vez, no sólo están constituidos por espacios productivos, sino también por espacios rituales-ceremoniales sagrados y por hitos de la naturaleza relacionados directamente con la cosmovisión y religión indígena, que valora y descifra el territorio con sus propias claves. Por tanto, en las construcciones territoriales indígenas existe una diferenciación con las categorizaciones occidentales que se basan en la separación tajante de lo social de lo natural.

En el pensamiento etnocéntrico occidental los territorios son objetos diagnosticables, que se pueden intervenir, transformar con acciones, planes, proyectos y programas. Al no considerar la complejidad y las formas de construcción social de los territorios indígenas, las iniciativas implementadas sin consulta con las comunidades, tienden a no ser sustentables, duran lo que el proyecto dura, y otros casos entran en crisis, al dificultarse su implementación.

Por ello cualquier estrategia de desarrollo de territorios indígenas debe partir de un proceso de participación, consulta y trabajo transversal que considere los intereses y perspectivas de  las comunidades, y especialmente sus formas de construcción, manejo y valoración del territorio indígena.

Raúl Molina Otárola. Dr. Antropología (Universidad de Chile, Sudamérica)

raul17molina@gmail.com

 

29/05/15

Smart Land, gestión inteligente de territorios de alta biodiversidad

Nelson Piedra. Docente Investigador en UTPL y Director de Smart Land. Director de Transferencia de Conocimiento – Vicerrectorado de Investigación en UTPL

La convergencia de las tecnologías de la información y de la comunicación está produciendo cambios en la gestión de entornos urbanos y los territorios que son muy diferentes de cualquier realidad experimentada hasta ahora.

Durante gran parte del siglo XX, la idea de que un territorio sea inteligente era un asunto de ciencia ficción. Sin embargo, la perspectiva de que una ciudad o territorio pudiera llegar a ser inteligente, sensible, se convierte en una nueva realidad gracias a la expansión de la conectividad, la computación móvil, los avances en automatización, la proliferación de todo tipo de gadgets enganchados al Internet de las cosas, las posibilidades de ejecutar analíticas de grandes volúmenes de datos heterogéneos, los avances en inteligencia artificial, machine learning, y modelos predictivos.

Crear un territorio inteligente es más sobre la gente que sobre la tecnología, sin embargo, la computación, las ciencias de la información y la ingeniería desempeñan un papel crucial en la creación de las tecnologías desde el que se puede innovar y evolucionar el concepto de gestión inteligente. Nuestros planificadores, arquitectos, ingenieros y administradores tendrán la posibilidad de aprovechar el poder de la información generada dentro del perímetro de un territorio. Por ejemplo, con datos de ciudades, los planificadores de transporte podrán comprender mejor la demanda de servicios y el comportamiento de los pasajeros; del mismo modo, los proveedores de energía podrán adaptar su oferta a las necesidades reales de sus clientes. Los ciudadanos podrán beneficiarse de la prestación de servicios personalizados y oportunos que tengan en cuenta su individualidad y su contexto.

Gestión inteligente de áreas urbanas y territorios 

Algunos de los retos contemporáneos en investigación se centran tanto en el desarrollo y mantenimiento de ciudades habitables, sustentables, y resilientes; como en la solución de desafíos en el contexto de los ecosistemas y la biodiversidad.  El nivel de interés en gestión inteligente de ambas dimensiones está creciendo, y la literatura científica sobre estos temas caracteriza a un entorno inteligente en función del desarrollo económico,  el medio ambiente, el capital humano, la cultura, la participación ciudadana, la apertura, la transparencia, y el uso de TICs. 

Las ciudades son los centros de consumo de los recursos mundiales, y el número y la proporción de la población urbana crecerá en el futuro. Se estima que las ciudades del mundo ocupan aproximadamente el 2% de la tierra del planeta, consumen alrededor del 60-80% de energía y son responsables del 75% de emisiones de carbono, además, muchas de las decisiones hechas por los habitantes de la ciudad afectan directamente a la biodiversidad y los ecosistemas.  Ante esto, la tendencia actual busca crear Ciudades Inteligentes (Smart Cities). 

En lo que respecta al resto del territorio, hemos de reconocer que la forma en que las ciudades se desarrollan influye definitivamente en la conservación de la biodiversidad y la distribución de sus beneficios entre los diferentes grupos de la sociedad.  

La gestión inteligente de un territorio (Smart Land), en general abarca tres amplios, y ambiciosos, objetivos: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes, y la creación de propuestas que busquen la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos del territorio. La progresiva degradación de los ecosistemas es la principal amenaza para la biodiversidad. Los procesos de interacción entre los ciudadanos y la bio-diversidad plantean brechas conceptuales que deben ser cerradas, si queremos avanzar hacia la creación y consolidación no solo de ciudades inteligentes sino de territorios inteligentes. La complejidad de su gestión requiere enfoques interdisciplinarios basados en investigación, desarrollo, innovación y políticas públicas. Los avances en proyectos de Smart Cities tienen un enorme potencial que puede ser transferido a la gestión inteligente de territorios de alta biodiversidad.

El reto de gestionar el patrimonio megadiverso en América Latina y el Caribe 

Se denomina Megadiversos a los países con mayor índice de biodiversidad de la Tierra, nueve de estos se encuentran en América (México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Venezuela), seis en Asia y cuatro en África. Se estima que en conjunto albergan más del 70% de la biodiversidad del planeta, suponiendo sus territorios el 10% de la superficie del planeta.  El cuidado de este patrimonio en Latinoamérica y el Caribe es prioritario. 

Se han comenzado a gestionar los impactos a través de iniciativas que van desde estudios de biodiversidad, la creación de áreas protegidas de biósfera para la conservación del hábitat donde viven las especies, hasta la conformación de redes de cooperación para el monitoreo, la protección, conservación, y adaptación ante los efectos del cambio climático y la actividades antrópicas en el medio. La innovación y la tecnología brindan oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer nuestros territorios más sostenibles y competitivos.  Las redes de sensores, la infraestructura de conectividad, la analítica de Big Data, la Web Semántica, las tecnologías móviles, y el internet de las cosas (IoT), pueden desempeñar un papel central en el tratamiento de retos que buscan establecer comportamientos más sostenibles.   

Ante este desafío, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), ha impulsado una iniciativa institucional que ha llamado Smart Land.  Para UTPL el concepto de inteligencia en el ámbito de la administración de un territorio está enlazado estrictamente con la investigación y gestión de manera multifacética de los ecosistemas mega diversos. Se impulsa el conocimiento de la biodiversidad y la comprensión de la interacción humana en un territorio, como elementos fundamentales para contribuir al mejoramiento del bienestar y la seguridad humana, para lograr un desarrollo sostenible. Smart Land  abarca el estudio de la persona, el clima, la biodiversidad, la atmósfera, el agua, el suelo, la geodinámica, los recursos naturales, los ecosistemas, la energía y las telecomunicaciones, los sistemas de transporte, las relaciones sociales, educación de las personas, la salud, la cultura por la innovación y el emprendimiento, las relaciones ciudadanas, la relación de la ciudadanía con los gobiernos, gobiernos abiertos, gobernanza y gobernabilidad, valores, movilidad, economía, comunicaciones, etnografía, legados arqueológicos, entre otras.

La complejidad de la gestión de territorios extensos requiere enfoques interdisciplinarios basados en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. La iniciativa Smart Land de UTPL proporciona, por ello, un nexo trans-disciplinario donde diferentes grupos de investigación, desde sus especialidad científica, se integran en el objetivo general de aportar a la valorización del patrimonio de territorios de alta biodiversidad, el mejoramiento de la gestión, y la eficiencia en el uso de recursos. Cada grupo de investigación trabaja en sus propias preguntas de investigación, mientras comparten cuatro objetivos estratégicos:

• OE-1. Consolidar un sistema de preservación del conocimiento que garantice su libre acceso. Smart Land ha impulsado la creación de una infraestructura tecnológica, que desde un enfoque distribuido que permite colectar, monitorear, y reusar datos e información de alta heterogeneidad sobre diversas áreas de conocimiento: biodiversidad, ecosistemas, economía, territorio, emprendimiento, sociedad, valores e identidad, entre otros.

• OE-2. Mejorar la comprensión del comportamiento de los indicadores y su monitoreo permanente. Smart Land impulsa una estrategia de colección sostenible de datos, basada en redes de sensores y sistemas de monitoreo de los indicadores a largo plazo.

• OE-3. Mejorar la gestión del territorio, uso eficiente de recursos, preservación de su patrimonio y uso sustentable. Smart Land busca explotar, modelar, visualizar, y monitorear las diferentes variables desarrollar escenarios probabilísticos, ordenamiento territorial virtual y análisis de toma de decisiones).

• OE-4. Fortalecer las capacidades y potencialidades ciudadanas. Smart Land promueve la participación responsable de la ciudadanía, fortaleciendo la identidad y el valor de los seres humanos con su entorno.

Imagen 1: Los objetivos de Smart Land. Paquetes de trabajo y los cuatro objetivos estratégicos de Smart Land

Avances de Smart Land UPTL 

Smart Land inicio su primer año de ejecución en el 2014, a través de 38 Proyectos de Investigación, con la participación de 213 personas: 162 Investigadores de UTPL y 51 investigadores externos. En el 2015, Smart Land se ejecuta a través de 17 Programas de Investigación y 25 Proyectos Semilla, con la participación de 287 Investigadores UTPL y 172 Participantes externos, comprometidos con el monitoreo y gestión de datos de bienes patrimoniales, culturales, turismo y recreación; biodiversidad e integridad del ecosistema; cartografía y geomorfología; clima; indicadores de calidad o cobertura en educación; energía y telecomunicaciones; infraestructura y transporte; recursos hídricos y calidad del agua; salud pública; sistemas productivos, emprendimiento, innovación e indicadores económicos; sociedad, movilidad humana y valores; conocimiento tradicional; y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

Zamora Chinchipe ha sido elegida provincia piloto para ser el primer territorio Smart de Ecuador. Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador, ubicada en el suroriente de la Amazonía ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona Santiago, al norte; con la provincia de Loja, al oeste; y con Perú, al sur y al este. Tiene una superficie de 10 556 km., la cual comprende una orografía montañosa única que la distingue del resto de provincias amazónicas. Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas, su rico legado arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos: ríos, cascadas y lagunas distinguen e identifican a la provincia.

Para UTPL, las regiones como Zamora-Chinchipe necesitan con urgencia una iniciativa desde un enfoque de Smart Land. Varios estudios han demostrado que esta zona guarda un patrimonio natural de incalculable valor, por lo que es considerada como uno los “hot spot” de diversidad biológica [1] que le valió la declaración, por parte de la UNESCO, de Reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor (RBPC).  

Imagen 2: la Selva Virgen en Zamora Chinchipe

Titulo de Imagen: Los Mura Nunka del Alto Nangaritza en Zamora Chinchipe, montañas con una extensión de 3000 hectáreas de selva virgen y paredes verticales de 100 metros de alto,  consideradas sagradas por la comunidad shuar, son la región de mayor riqueza florística del Neotrópico. Aquí nacen las aguas que alimentan al gran poderoso río Nangaritza

Fotografía: Javier Vásquez Fernández

 

La necesidad de comprender los procesos complejos a escala de ecosistemas, requiere la solución de muchos desafíos científicos y tecnológicos. Smart Land propone una visión de altas sinergias para la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas, que reúna a científicos de ciencias de la computación, biólogos, investigadores de otras disciplinas, administradores de recursos naturales, actores políticos y otros que desean resolver los desafíos del mundo real mientras se avanza en las disciplinas de conocimiento subyacentes. Afortunadamente, estamos empezando a ver un mayor apoyo de la informática y las tecnologías de la información en la investigación aplicada en el contexto de la solución de problemas.

Organización de Smart Land

El concepto de Smart Land puede ser representado como una especie de constelaciones de instrumentos de diferentes escalas y tipos (digitales y analógicos) que están conectados a través de múltiples redes y que proporcionan datos continuos con respecto a factores ambientales, biológicos, sociales, económicos, de movimientos de personas y materiales en términos de la dinámica del ecosistema y del flujo de decisiones acerca de cómo la forma física y social de la región cambia.

Los territorios sin embargo, sólo pueden ser inteligentes si hay funciones de inteligencia que sean capaces de integrar y sintetizar estos datos e indicadores en relación a algún propósito, la forma de mejorar la eficiencia, la equidad, la sostenibilidad y la calidad de vida en las ciudades. Smart Land, impulsa la gestión inteligente del territorio no sólo en términos de instrumentación, que es el dominio de las grandes y pequeñas empresas de TICs que proporcionan el hardware, el software y los medios de telecomunicación, sino que busca articular las vías por las cuales ésta instrumentación puede abrir drásticamente nuevas y diferentes formas de gestión del territorio.

Smart Land ofrece a los investigadores una plataforma que integra y permite la interoperabilidad, re-uso y preservación de datos colectados, integración de sistemas de monitoreo, funcionalidades de analítica de grandes volúmenes de información y generación de modelos predictivos que apoyen la toma de decisiones para la gestión inteligente del territorio. La selección de indicadores a monitorear están en función de la sostenibilidad en su obtención continua en el tiempo. Este es un elemento de calidad importante a la hora de comprender los cambios en el comportamiento de los indicadores a través del tiempo, evaluar la relación/interacción entre indicadores y crear modelos predictivos.

Imagen 3: paquetes de trabajo - Smart Land

Titulo de Imagen: Organización en Smart Land de proyectos de investigación a través de 12 paquetes de trabajo.

La iniciativa está organizada en doce paquetes de trabajo desde los que se abordan diferentes temas, a través de proyectos de investigación, que mejoran la comprensión científica del entorno con el propósito de agregar valor a los diferentes esfuerzos en observación de indicadores sociales, biológicos, ambientales y de infraestructura. Los paquetes de trabajo de Smart Land son:

WP01. Bienes Patrimoniales, culturales, turismo y recreación

WP02. Biodiversidad e integridad del ecosistema

WP03. Cartografía y geomorfología

WP04. Clima

WP05. Educación: indicadores de calidad y cobertura

WP06. Energía y Telecomunicaciones

WP07. Infraestructura y Transporte

WP08. Recursos hídricos y calidad del agua

WP09. Salud Pública

WP10. Sistemas productivos, emprendimiento, innovación e indicadores económicos

WP11. Sociedad, movilidad humana y valores

WP12. Aprovechamiento sustentable de la biodiversidad

Para mejorar el entendimiento de los indicadores de las áreas de trabajo, la iniciativa impulsa estrategias, el marco de trabajo, y las herramientas tecnológicas necesarias para la colección, la interoperabilidad, la integración, la analítica de datos, la visualización, la gestión y la preservación de grandes colecciones de datos e informaciones.  Smart Land busca crear indicadores que permitan hacernos capaces de planificar a través de múltiples escalas de tiempo, aumentando la posibilidad de que los territorios se pueden hacer más inteligentes a largo plazo, a través de la reflexión continua en el corto plazo.

El aprovechamiento responsable de la riqueza natural de un ecosistema mega-diverso tiene un impacto positivo en la economía y en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, en la realidad las regiones como Zamora Chinchipe se enfrentan a amenazas como  la alta tasa de deforestación, la desaparición de especies nativas, el inminente inicio de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto, y, en definitiva, el deterioro de sus ecosistemas.  A través de Smart Land se ha planeado la producción de una amplia gama de beneficios sociales y científicos para este territorio, entre ellos: Comprensión, monitoreo y conservación de la biodiversidad; Comprensión de los factores ambientales que afectan la salud humana y el bienestar; Mejoramiento la gestión de los recursos energéticos; Comprensión, monitoreo y mitigación de conflictos socio – ambientales; Entendimiento, evaluación, diagnóstico, predicción, que permita recomendar medidas de mitigación y adaptación ante la variabilidad y cambio climático; Optimizar la gestión de los recursos hídricos en su ciclo urbano y rural; Mejoramiento de la información meteorológica existente para predicción y alerta; Mejoramiento de la gestión y protección de ecosistemas terrestres; Apoyar las iniciativas de agricultura sostenible y lucha contra la desertificación. Reducción de pérdidas de vida y de propiedades por desastres naturales y de origen humano. Brindar apoyo a las iniciativas de formación humana

Compartir y re-usar datos científicos para la gestión del territorio

Los datos de investigación son esenciales en todo esfuerzo científico, y ocupan un papel central en la gestión inteligente y sustentable de un territorio.  La promoción del acceso abierto a publicaciones, y la (re)usabilidad de datos abiertos (Open Data) se han convertido en las características positivas distintivas de un entorno de investigación en evolución y en una sociedad moderna basada en Web.

Construir un ecosistema para la integración e interoperabilidad de datos es complejo. No solo se trata de enlazar canales, sino sobre todo potenciar las relaciones que conectan personas, organizaciones y tecnologías; y gestionar: (i) La heterogeneidad en la representación de datos, que resulta de la amplia variedad de modelos de datos y formatos en los que la información científica es expresada, y que dificultan la interoperabilidad y su intercambio automático; (ii) La heterogeneidad en los sistemas que gestionan los datos y que soportan diferentes modos de acceso y consulta; (iii) El reto de procesar los grandes volúmenes de datos (Big Data Analytics) y extraer claves que apoyen la solución de muchos problemas de la sociedad, los negocios y la academia; (iv) La pérdida del contexto interpretativo o distorsión del significado de los datos cuando éstos cruzan hacia otras fronteras semánticas en las que los significados, la terminología y vocabularios son diferentes; (v) Veracidad, diversidad de escalas, privacidad, mal uso y/o abuso de datos publicados, entre otros.

Smart Land está comprometido con la construcción un ecosistema de datos que apoye la toma de decisiones basado en la creación de puentes sociales, académicos y técnicos que habiliten el intercambio y la apertura de datos científicos y datos públicos usando un enfoque de Web Semántica y Linked Open Data.

Estamos ante una gran oportunidad de sumar esfuerzos para desarrollar los territorios.  No se trata de intentar solucionar todos los problemas de datos; nosotros nos enfocamos, desde una visión colaborativa, en implementar soluciones que permitan aportar a la gestión inteligente de un territorio.

Enlaces de interés:

UTPL: www.utpl.edu.ec

Smart Land: smartland.utpl.edu.ec

Video Mura Nunka: https://www.youtube.com/watch?v=Lqww85ef1-8

Datos de contacto:

Nelson Piedra

Docente Investigador en UTPL y Director de Smart Land

Director de Transferencia de Conocimiento – Vicerrectorado de Investigación en UTPL

Twitter: @nopiedra

Email: nopiedra@utpl.edu.ec

 

24/04/15

"Compartir y gestionar el conocimiento es un reto común para el desarrollo territorial"

Compartir y gestionar el conocimiento es un reto común para el desarrollo territorial

Dra. Rosa Gallardo y Dr. José Emilio Guerrero

ETSIAM. Universidad de Córdoba. España

 

EL CAMBIO DE PARADIGMA

Los retos del mundo rural están presididos por una creciente complejidad: cambios en los espacios geopolíticos; la progresiva y contundente globalización; la enorme importancia de la sociedad de la información y el conocimiento y de las tecnologías emergentes; la nueva relación entre diferentes políticas concurrentes; el nuevo papel de lo público y de lo privado; la importancia del enfoque territorial; la sinergia de actores y territorios; la importancia de la flexibilidad y adaptación a los cambios; la persistencia de asimetrías; la importancia de la cohesión territorial y social; nuevas relaciones urbe/campo; mercados, consumidores y agricultores más informados; sostenibilidad, cambio climático, eficiencia energética… El nuevo contexto resalta, cada vez más, el enorme valor del conocimiento, de la educación y de la información como factores claves que  permitan una suficiente capacidad de respuesta y de aprendizaje en los territorios.

Dar respuesta adecuada a  los retos del mundo rural, exige un importante esfuerzo de innovación, proceso que necesita de una  reflexión profunda, del compromiso de numerosos actores y del desarrollo de un sistema de acompañamiento a la innovación.

La innovación ha dejado de ser un fenómeno meramente técnico para convertirse en un fenómeno basado en interacciones sociales y ya no se explica solamente por el uso de formas tangibles de capital, sino por la aparición de capitales intangibles.

Sin embargo, es extremadamente difícil avanzar en la cultura de la innovación. En lo relativo al complejo agroalimentario y al mundo rural hay una serie de ámbitos que requieren de un especial esfuerzo de innovación, entre ellos: el tránsito de políticas sectoriales a transversales; los mecanismos para la articulación, coordinación, subsidiariedad e integralidad de políticas de distinto ámbito territorial; los servicios cruzados urbano-rurales; el diseño de políticas como procesos de movilización institucional y social y no como marcos rígidos; la puesta en marcha de intervenciones públicas que supongan al mismo tiempo oportunidades para el sector privado y construcción de capital público; la gestión  de los ciclos de vida; la cadena de valor como enfoque holístico;  la respuesta a los cambios globales; o la generación de valor compartido.

LAS POLÍTICAS EUROPEAS, ALIADAS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

En el caso de la UE, el nuevo marco de programación 2014-2020  “Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo” EC (2010), reconoce que la UE está intentando "reinventar la innovación",  acoplando la investigación académica y la producción de conocimiento, con el espíritu emprendedor y la innovación, con  enfoque transversal y con un compromiso de todos los actores.

Es particularmente importante considerar en toda su profundidad que la Comisión Europea, en el intento de impulsar la innovación en el conjunto de la UE, ha incluido a las “Estrategias de Investigación e Innovación para la especialización inteligente (RIS3)” como condición ex ante para las regiones que pretendan solicitar fondos de cohesión en el marco 2014-20. Ello supone la obligatoriedad de proponer “entornos dianas” para los fondos públicos en investigación, desarrollo, transferencia e innovación,  de tal forma que se  favorezca la creación de  “ecosistemas de conocimiento”. En esos ecosistemas tiene una enorme importancia el nuevo concepto de “capital relacional”, que define la cantidad y calidad de las relaciones establecidas entre los actores del territorio.

La finalidad de este tipo de enfoques basados en la innovación y el capital relacional, es contribuir a la creación de un territorio coherente, multifuncional, complejo y ecosocialmente cohesionado, polinuclear, con núcleos de población de diferentes tamaños, pero articulados en redes con geometría variable, que permita acceder a diversos servicios y espacios de transición entre lo  rural y urbano y esencialmente innovadores.

En sintesis podríamos decir  que para la construcción y gestión de los territorios son necesarios métodos prospectivos, innovación abierta, desarrollar capacidades de aprender, autenticidad relacional, compromiso, valor compartido, equidad, ecosistemas de acompañamiento y perspectiva de inclusión.

El desarrollo territorial depende, precisamente, de la capacidad que tenga el territorio en la formación de activos de conocimiento, en la creación de redes y entornos que propicien la transferencia y el uso sistemático del conocimiento y en promover el aprendizaje. Las políticas científicas tienden a integrar cada vez más la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación empresarial, la competitividad, las necesidades sociales, la calidad de vida, y el desarrollo económico y social. Es importante poner de manifiesto que, cuando se producen desequilibrios en esa integración, los territorios no progresan.

Los modelos de desarrollo territorial aplicados durante los últimos años, han conseguido, sobre todo en Europa, unos niveles de progreso significativo en muchas zonas de los países europeos tradicionalmente marginadas, pero ese desarrollo no se podrá mantener y ampliar si no se dan pasos decididos  hacia la generalización de estos procesos.                

EXPERIENCIAS DE REDES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Presentamos dos experiencias que pueden ayudar a entender algunos de los trabajos que se están desarrollando en Europa para mejorar la generación y la gestión del conocimiento como elementos de acompañamiento a los procesos de innovación y emprendimiento en el mundo rural, y en los que los autores hemos participado:  

1) Ecosistema de acompañamiento para impulsar la innovación y el emprendimiento en el complejo agroalimentario y en el medio rural andaluz

Se parte de entender por “ecosistema de emprendimiento e innovación”  un entorno donde, la cultura, la estructura empresarial, el capital humano y social, el capital natural, el capital económico, las administraciones públicas, la infraestructura, el sistema externo incidente y otros elementos se combinan de forma compleja para acompañar la innovación.

Todo ello debe dar lugar a un amplio consenso, entre los principales actores públicos y privados, de los problemas y potencialidades del territorio, para lo cual el liderazgo, el rigor y la neutralidad del sistema de I+D+i para acompañar este proceso deben ser fundamentales.

Para avanzar en la construcción de ese  “ecosistema andaluz de acompañamiento a la innovación y al emprendimiento” se contó con la participación de todos los  Grupos de Desarrollo Rural de la región, la Universidad de Córdoba, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).

Los pasos para la construcción de este ecosistema han sido los siguientes:

- Elaboración de un mapa de capital relacional: caracterizando la cantidad y calidad de  conexiones internas y externas de los actores del territorio.

- Descubrimiento de emprendedores: estableciendo un sistema de vigilancia para identificar entidades y personas emprendedoras y realizando propuestas para la integración de los emprendedores en un ecosistema de acompañamiento para la innovación y el emprendimiento.

2) Red SERIDAR: Sociedad rural, economía y recursos naturales. Integrando competencias en el desarrollo rural.

La Red SERIDAR constituye un proyecto de acción, apoyado por EuropeAid –Comisión Europea para el Desarrollo y Cooperación– que pretende la creación de un Centro de Competencias (CC) para el desarrollo rural, los recursos naturales y las cadenas de valor alimentario. De esta Red forman parte: Humboldt-Universität zu Berlin (HU), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Costa Rica) (Flacso-EC), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador) (Flacso-CR), Universidad Autónoma Chapingo (México) (UACh), Universidad de Córdoba (España) (UCO), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Managua) (UNAN) y Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) (UNal).

Esta Red reconoce que la relación entre proyectos de desarrollo rural y centros de investigación ha sido descrita como un factor de éxito en muchos proyectos de desarrollo rural alrededor del mundo, por lo que la colaboración entre académicos y actores locales, puede constituir un elemento central de la generación de conocimiento y en el aprendizaje para el desarrollo territorial.

El objetivo general de la red es: contribuir al desarrollo de la educación superior en la región andina y Mesoamérica, institucionalizando una red de investigación, educación y formación de alta calidad, internacional, regional y localmente integrada, dedicada al desarrollo rural sostenible, los recursos naturales y las cadenas de valor agrícolas, como un medio de unir y fortalecer los esfuerzos por un desarrollo socioeconómico más equilibrado y equitativo, protegiendo el ambiente natural de la región.

Figura 1: La Red SERIDAR

REFLEXIÓN FINAL

Es importante impulsar el compromiso territorial del sistema I+D+i, de tal forma que la excelencia académica e investigadora sea compatible con las obligaciones para el territorio. Para ello, la universidad, al compartir y potenciar el conocimiento, debe asumir, cada vez más, su rol como agente de cambio en los procesos de innovación y planificación estratégica territorial.

 

Reflexión extractada por los autores de su aportación al Congreso internacional “Gestión Territorial para el Desarrollo” celebrado del 3 al 5 de diciembre de 2014 en  Morelos, México

 

02/02/15

Los emprendedores, claves en la nueva estrategia regional de especialización inteligente de la Unión Europea. El caso de Andalucía.

El proceso de  "descubrimiento emprendedor" en las nuevas estrategias regionales de especialización inteligente de la Unión Europea. El caso de Andalucía. 

Carmen Sillero. Coordinadora de la Secretaria Técnica de la RIS3ANDALUCIA. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

Andalucía es una extensa región española con más de 8 millones de habitantes, puerta sur de Europa entre el Mediterráneo y el Atlántico. Andalucía se presenta  en el año 2015 como una “región en transición” que en los últimos años  ha generado capacidades en su capital humano y en su territorio que le están permitiendo evolucionar desde un perfil de región periférica en  desarrollo hacia una región capacitada y dispuesta a tener su propia voz en el espacio global.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucia, IDEA,  Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno andaluz, ha liderado el proceso de diseño de la RIS3Andalucía en su calidad de Secretaría Técnica 

1. EL CONCEPTO DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE y DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR

La especialización inteligente es un pilar central de la Estrategia 2020, que constituye el marco de referencia para las todas políticas de la Unión Europea en el período 2014-2020. La forma en la que la estrategia de especialización inteligente opera como eje de referencia en la política de Cohesión Europea  se presenta en la comunicación  "Regional Policy contributing to Smart Growth  in Europe" (COM (2010)553), que expone que las regiones deberán  identificar los sectores, los dominios tecnológicos o entornos que presentan ventajas competitivas y centrar en ellos sus políticas regionales para lograr el máximo impacto. 

El proceso de identificar estos ámbitos de actuación se denomina “descubrimiento emprendedor”  y  es uno de los elementos centrales del concepto de especialización inteligente. De esta forma la identificación no es la responsabilidad absoluta del planificador público, sino que implica un proceso interactivo en el que el sector privado está descubriendo y produciendo información sobre nuevas actividades y donde el gobierno evalúa el potencial y da poder a aquellos actores más capaces de realizar estos potenciales.   

2. ANDALUCIA ANTE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

La Comisión Europea, exigió a las regiones,  como condición previa para su acceso a fondos europeos dirigidos a la innovación, desarrollo y la economía digital  en el marco 2014-2020, la elaboración de Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente, estrategias RIS3 (por su denominación en inglés, Research and  Innovation Strategy for Smart Specialisation)

Andalucía identificado su especialización inteligente en la diversificación hacia tecnologías estrechamente relacionadas con las capacidades existentes en el territorio.

4. ELABORACIÓN DE LA RIS3 ANDALUCÍA

Andalucía fue una de las primeras regiones europeas en abordar la reflexión sobre la importancia de las Estrategias de Especialización Inteligente. En noviembre de 2011 se organizaron los primeros talleres internacionales de trabajo dirigidos a representantes públicos y gestores de políticas,  y a partir de ellos se elaboró la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020,asegurando su coherencia con el resto de instrumentos de planificación regional.

El diseño de la RIS3 Andalucía, ha sido liderado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía que ha adaptado la guía de 6 pasos prevista por la Comisión Europea a las características de la región.UBRIMIENTO EMPRENDEDO

5. DISEÑO DE UN NUEVO PROCESO DE PLANIFICACIÓN: GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Dos son los elementos distintivos en Andalucía: el diseño de un proceso participativo y la codecisión. Estos dos elementos han configurado un modelo de gobernanza “a medida”  que ha permitido generar un auténtico proceso de “liderazgo colaborativo”, en el que los emprendedores, las empresas, los agentes del conocimiento y la propia Junta de Andalucía han trabajado de manera conjunta.

Para instrumentar esta participación, el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo designó un amplio Grupo de Expertos, compuesto por 40 empresas andaluzas y 30 representantes del Sistema Andaluz del Conocimiento. De entre las empresas se seleccionó un Grupo de Referencia, como elemento sustantivo de aquel, seleccionado con criterios objetivos y transparentes de capacidad y experiencia innovadora a nivel regional, nacional e internacional. Además, una plataforma web fue puesta a disposición todos los actores del proceso de cara a facilitar el trabajo en line, la trazabilidad y la gestión de las aportaciones al proceso.

El trabajo desarrollado en Andalucía ha seguido las fases previstas en la metodología establecida en la Guía RIS3, comenzando por un proceso de Análisis y elaboración de un DAFO del Sistema de Innovación.

6.  EL DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR 

En Andalucía, la identificación de las oportunidades de especialización se realizó a través de los Talleres de Descubrimiento Emprendedor, que se configuraron como áreas de reflexión y debate en las que los expertos, contando con el soporte de especialistas, identificaron y justificaron las oportunidades de especialización, poniendo de manifiesto su contexto regional, las posibles barreras existentes y la competencia global, proponiendo finalmente posibles medidas de actuación.

Cada Taller se cerraba con un proceso de valoración cuantificada de todas las propuestas trabajadas, al que seguía un trabajo de gabinete, a través de un estudio en profundidad de cada una de las propuestas realizadas. Estas propuestas se documentaban, incorporando el adecuado soporte técnico y estadístico. 

Un elemento determinante en el diseño de esta Estrategia ha sido el establecimiento de la Visión de Andalucía 2020, obtenida mediante consenso en el proceso participativo establecido.

7. RESULTADOS DEL PROCESO

La Estrategia de Innovación de Andalucía contempla ocho prioridades de especialización, que proceden de las oportunidades identificadas en los talleres de descubrimiento emprendedor, los trabajos de gabinete realizado y el proceso de codecisión, y que representa la mejor opción para transformar el modelo económico actual en un modelo basado en el conocimiento y la innovación. Esas prioridades son:

P1. Movilidad y logística

P2. Industria avanzada vinculada al transporte

P3. Recursos endógenos de base territorial

P4. Turismo, cultura y ocio

P5. Salud y bienestar social

P6. Agroindustria y alimentación saludable

P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible

P8. TIC y economía digital 

Además,  se establecen en la estrategia RIS3 Andalucía ocho Dimensiones, definidas como ámbitos de actuación transversales, en los planos empresarial, territorial, cultural y de factor humano, entornos que se consideran necesarios para el soporte, desarrollo y consolidación de las prioridades de especialización.

1. Industria eficiente y competitiva

2. Tecnologías facilitadoras esenciales

3. Pymes Innovadoras 

4. Proyección Exterior 

5. Talento y Entornos creativos

6. Innovación social

7. Trabajar en red

8. Infraestructuras para la competitividad y la excelencia

8. CONCLUSIONES

El proceso de elaboración de la RIS3 Andalucía ha puesto de manifiesto que es posible otra forma de abordar la planificación estratégica regional: dando un papel central a las empresas,  de la mano de los agentes del conocimiento,  estableciendo el  consenso sobre una visión común del futuro de la región y creando el compromiso sobre unas prioridades de actuación.

BIBLIOGRAFIA

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