Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Entrevista: Las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes son la clave para articular las politicas de protección social con la inclusión economica

Carolina Trivelli, ex-ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y explica la importancia de promover la articulación entre los sistemas de protección social y estrategias de inclusión económica en las zonas rurales de América Latina y el Caribe.

Carolina Trivelli, ex-ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y consultora senior de la FAO

Carolina Trivelli, ex-ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y consultora senior de la FAO, explica la importancia de promover la articulación entre los sistemas de protección social y estrategias de inclusión económica en las zonas rurales de América Latina y el Caribe, y analiza las oportunidades para ampliar estos programas en el contexto de la actual pandemia.  

La población rural en situación de pobreza enfrenta diversas dificultades que limitan su acceso a oportunidades para establecer medios de vida más sostenibles y productivos. Esta situación está siendo exacerbada por los efectos de la actual pandemia del COVID-19, la cual impactará fuertemente las formas y los medios de vida rurales. 

Según estimaciones de la CEPAL elaboradas en junio del 2020, para finales del año, el número de personas en situación de pobreza extrema alcanzaría 30 millones en las áreas rurales, y estimaciones más recientes parecen indicar que este número podría llegar a ser aún mayor. 

Una herramienta clave para abordar esta situación es la protección social, la cual está jugando un rol fundamental para mitigar de manera inmediata los impactos de la crisis, y permitir que los hogares afectados puedan progresivamente reconstruir sus medios de vida y fortalecer sus capacidades de inclusión económica y social.

 La consultora de FAO coloca en contexto la situación de la región y los nuevos desafíos que tienen los países para avanzar hacia economías más solidarias, prosperas e integradoras. 

 ¿Por qué es importante promover la articulación entre los sistemas de protección social y estrategias más amplias de inclusión social y económica en los territorios rurales de América Latina y el Caribe?

En América Latina y el Caribe, una de las características de los desafíos que enfrentan las personas en situación de pobreza rural, es que no les falta solamente un soporte social o un soporte económico, lo que le falta es una estructuración de ambas cosas. No se puede hacer inclusión social sin inclusión económica y no se puede lograr inclusión económica sin inclusión social. Esto nos obliga a diseñar intervenciones articuladas que permitan insertar a las personas que están recibiendo algún apoyo social (ejemplo: una transferencia monetaria condicionada) en una senda sostenida y sostenible de superación de la pobreza (ejemplo: una certificación técnica en procesamiento de alimentos que le permita emplearse o emprender un negocio). Esa senda es la que necesitamos consolidar y para ello necesitamos asegurar el soporte conjunto de la inclusión social como el de la inclusión económica.

¿Por qué es relevante que estas políticas incorporen un enfoque de género? ¿Qué nos puedes contar sobre la protección social sensible al género?

Una de las cosas que hemos aprendido a través de la interseccionalidad, es cómo las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes terminan no solamente siendo afectadas por múltiples exclusiones y brechas de manera simultánea, sino que además son ellas las que tienen una enorme capacidad para articular distintas intervenciones y traducirlas en mejores opciones de desarrollo para ellas, sus familias, y sus comunidades. Entonces, por un lado, las mujeres rurales son las más afectadas por la exclusión social; pero, por otro lado, son las que tienen enormes capacidades y posibilidades de superar esas condiciones, si es que las ayudamos. Entonces, una estrategia que suena muy sensata es enfocar esos esfuerzos hacia las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes para que a la vez que logramos su proceso de inclusión, potenciamos el efecto de las políticas públicas y de las intervenciones de distintos actores en los territorios rurales. Además de ello, buena parte de los programas sociales que existen en nuestra región están canalizados a través de mujeres. Por lo tanto, ya están articuladas con intervenciones de protección social, lo cual facilita los procesos de identificación y distribución de los programas sociales y de inclusión económica complementarios. Las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes constituyen realmente una oportunidad enorme para hacer más y mejores políticas sociales. Además, programas sociales canalizados a través de las mujeres generan positivos impactos en la alimentación y salud de sus familias. 

¿Qué ejemplos existen en la región?

En la región, tenemos ejemplos de distinta naturaleza que promueven esta articulación de protección social e inclusión económica como parte de esfuerzos mayores de protección social, la estrategia llamada de “doble inclusión”. Un ejemplo para el caso peruano es la implementación del programa de inclusión productiva e inclusión económica “Haku Wiñay”, el cual tiene una enorme cercanía y articulación con el programa de transferencias monetarias condicionadas “Juntos”. El programa, el cual se ha convertido en política pública desde el 2012, ha demostrado tener impactos positivos sobre el bienestar de las familias, particularmente en sus ingresos y seguridad alimentaria – tanto en la cantidad de alimentos consumidos como en la diversificación de las dietas–, así como en la salud y el empoderamiento de sus participantes.  

En esa misma línea, tenemos en otros países programas que articulan protección social e inclusión económica que todavía están en fases más piloto y que aún no han logrado alcanzar el estatus de una política más generalizable. Hay experiencias en la región en Paraguay, México, Colombia, Chile, Honduras, entre otros. América Latina y el Caribe tiene bastantes ejemplos que mostrar, pero hay más. En el mundo hay hoy en día cerca de 200 iniciativas de inclusión económica articuladas a esfuerzos de protección social lideradas por gobiernos, por organizaciones sociales, por cooperación internacional, que han generado una suerte de base de conocimiento muy dinámica que hay que aprovechar 

Dicho esto, hay todavía mucho espacio para seguir trabajando en cómo adaptar estas intervenciones de inclusión económica a distintas realidades. Es diferente si se implementan en un ambiente costero, o en un ambiente amazónico con pueblos indígenas o con afrodescendientes, si es con migrantes, si es fuertemente orientada jóvenes o a mujeres rurales. La ventaja de una idea como la “doble inclusión” es que abre el espacio para, dentro de esa idea general, se puedan desarrollar implementaciones de muy variada naturaleza. Hay lecciones sobre los principios que están ya probados como clave en las intervenciones de inclusión económica exitosas, pero también enorme variabilidad en sus diseños e implementaciones. Hay mucho espacio para innovar y adaptar estas experiencias a distintos contextos.

¿Qué oportunidades existen para ampliar y adecuar los sistemas de protección social a los territorios rurales durante y después de la pandemia? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?

Claramente, lo que nos ha mostrado la pandemia es que aún necesitamos mejorar nuestros esquemas de protección social para asegurar que se adapten de manera más rápida a contextos cambiantes. Las necesidades de protección social de las familias rurales en situación de pobreza han sido distintas durante las cuarentenas, de lo que van a ser ahora que inician los procesos de apertura y reactivación, y de lo que serán, en los próximos meses, cuando algunos pobladores rurales no puedan insertarse a estos procesos de reactivación y no logren recuperar rápidamente sus medios de vida. No solamente se requerirá que la protección social proteja, sino que además habilite estos procesos de reactivación para que sean inclusivos y eviten que las poblaciones rurales afectadas por la pandemia, tales como las mujeres rurales, los migrantes, los pueblos indígenas, los jóvenes, y los afrodescendientes se queden en una “trampa de pobreza”.  

Por ejemplo, en el caso peruano, se está implementando una versión “express” de Haku Wiñay para contribuir a la recuperación de medios de vida de las familias rurales. Esta es una adaptación del programa original para responder a las urgencias de la coyuntura actual.

Para mayor información, puede consultar el documento publicado por la FAO “Garantías mínimas de protección social para el desarrollo incluyente de la economía rural en América Latina y el Caribe”. El documento analiza la trayectoria reciente de los sistemas de protección social en la región y presenta una propuesta para expandirlos y adecuarlos a los medios y formas de vida rurales, así como para fortalecer su articulación con estrategias más amplias de inclusión productiva y económica.