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FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean

La región de América Latina y el Caribe cuenta con más de 800 pueblos indígenas que representan una población de alrededor de 50 millones de personas (entre el 8 y 10% de la población total y el 40% de la población rural de la región) que hablan más de 500 lenguas, haciendo de la región una de las culturalmente más diversas del planeta. A pesar de constituir el sustrato más antiguo de las sociedades latinoamericanas, los pueblos indígenas han emergido recién en el curso del último cuarto de siglo como un actor indiscutible de la vida social, económica, política y cultural de los países de la región y del mundo, lo que se ha expresado, entre otras cosas, en el reconocimiento de sus derechos tanto en el ámbito de las Naciones Unidas (2007) como en los ordenamientos constitucionales y legales de la mayor parte de los países latinoamericanos.

Pueblos Indígenas y Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina

Objetivo principal:

El proyecto ha apoyado a los países de la región a contar con instrumentos conceptuales, información, análisis y recomendaciones que les permitan visibilizar, dimensionar, focalizar y adecuar culturalmente sus políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas, contando con la participación protagónica de los interesados.

Objetivos específicos:

  • Levantar, sistematizar y difundir información y análisis sobre los sistemas alimentarios y el estado de la SAN de los pueblos indígenas de los países de la Región
  • Analizar las políticas y programas públicos de SAN, así como los proyectos de FAO, y sus impactos en los pueblos indígenas
  • Fomentar la institucionalización de mecanismos de diálogo entre los pueblos indígenas y diferentes actores involucrados en las políticas, programas y proyectos de SAN
  • Formular, discutir y difundir las recomendaciones para mejorar las políticas y los mecanismos de atención a los pueblos indígenas en materia de SAN

Alcances y participantes

El proyecto tuvo un alcance nacional en cada uno de los tres países participantes y, adicionalmente, contó con un componente de análisis y recomendaciones de alcance regional.

Sus actores fueron las instancias gubernamentales involucradas en las respectivas políticas nacionales de SAN, las organizaciones indígenas nacionales y regionales en cada caso, y otros actores de la sociedad civil que tienen una participación relevante en la aplicación integral de las políticas de SAN.

Justificación

La región de América Latina y el Caribe cuenta con más de 800 pueblos indígenas que representan una población de alrededor de 50 millones de personas (entre el 8 y 10% de la población total y el 40% de la población rural de la región) que hablan más de 500 lenguas, haciendo de la región una de las culturalmente más diversas del planeta. A pesar de constituir el sustrato más antiguo de las sociedades latinoamericanas, los pueblos indígenas han emergido recién en el curso del último cuarto de siglo como un actor indiscutible de la vida social, económica, política y cultural de los países de la región y del mundo, lo que se ha expresado, entre otras cosas, en el reconocimiento de sus derechos tanto en el ámbito de las Naciones Unidas (2007) como en los ordenamientos constitucionales y legales de la mayor parte de los países latinoamericanos.

Sin embargo, la información disponible muestra que la mayor parte de esta población continúa enfrentando condiciones de discriminación y exclusión en distintas áreas de la vida económica, social y política, lo que le impide ejercer a plenitud sus derechos individuales y colectivos, registrando los mayores índices de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria y nutricional. En este marco, la Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales (2010) reconoce que así como es indispensable focalizar las políticas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en los sectores más vulnerables, los pueblos indígenas, con su riqueza de conocimientos ancestrales, constituyen también socios estratégicos fundamentales en la lucha contra el hambre.

Por su parte, los gobiernos de los países de la región actualmente implementan una amplia gama de medidas de políticas públicas para enfrentar las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria, generando así nuevas respuestas y enfoques relacionados con la producción de alimentos, la gestión de mercados, el comercio agroalimentario, la protección social y la ayuda alimentaria. Sin embargo, a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, los impactos de dichas políticas en estas poblaciones son insuficientes frente a la magnitud del problema, como insuficientes son también los espacios de valoración del aporte de sus conocimientos y prácticas asociados a sus sistemas agroalimentarios y sus estrategias de vida.