FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean

Conferencia Inaugural Sociedad Latinoamericana de Nutrición - XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición

Transformar los Sistemas Alimentarios para Erradicar la Malnutrición

Julio A. Berdegué, Silvia Saravia-Matus, Pablo Aguirre, Ricardo Rapallo, Joao Intini
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO
Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

Hace 70 mil años los familiares más próximos de los seres humanos iniciaron en el occidente de África una larga marcha que llevó a nuestra especie a poblar cada rincón del planeta. Los impulsaba la búsqueda de una alimentación suficiente y segura.  La lucha por la alimentación y la buena nutrición ha sido desde entonces un motor central de nuestra evolución social, económica, cultural y política.   A nuestra generación le ha tocado la paradoja de vivir en el momento de la historia en que estamos a la puerta de vencer el hambre, ese temor primario de nuestra especie, y en el cual la alimentación se ha transmutado en un problema.

Se estima que una de cada tres personas en el mundo sufre alguna forma de malnutrición[i]. En la FAO hemos hecho una estimación preliminar que indica que al menos 294 millones de personas en América Latina y el Caribe, el 46% de la población, sufren una o más formas de malnutrición. Esto, en una región en la que 28 de sus 33 países tienen niveles de ingreso medio altos o altos. Tanta malnutrición en medio de estos niveles de desarrollo tiene solo un nombre: la injusticia. Son las víctimas directas de un sistema alimentario descompuesto, desorientado y sin gobierno, al garete.  Hambre, 39 millones de personas; niños con retardo de crecimiento, 5 millones; mujeres en edad fértil con anemia, 38 millones. Y, desde luego, la principal amenaza, en la que voy a enfocar la mayor parte de mi intervención: el sobrepeso, 151 millones, y la obesidad, 105 millones de personas.

Hay que decirlo con claridad: nuestro sistema alimentario está roto y está fracasando en su misión elemental de brindarnos una alimentación que nos permita, a todas y a todos, crecer, desarrollarnos y vivir plenamente, especialmente a los sectores más pobres, a las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes y la población rural, porque, es importante remarcarlo, en materia de malnutrición hay muchas desigualdades en nuestra región.

Hay que decirlo con fuerza: nuestro sistema alimentario se ha convertido en el principal obstáculo a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (erradicar el hambre y toda forma de malnutrición) y 3 (garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades).

Lo más importante es que hay que actuar y hay que asegurar “cambios que realmente sucedan”[ii]. Se trata de re-gobernar nuestros sistemas alimentarios para que cumplan con su función esencial de asegurar una alimentación suficiente, sana, diversa y nutritiva para cada persona en este planeta.   Como ha sucedido tantas veces en la historia humana, la transformación del sistema alimentario será además un motor de innovaciones que apoyarán el crecimiento económico y el empleo, promoverán la inclusión social y la equidad, contribuirán a la resiliencia climática y a la sustentabilidad ambiental y a la protección de la biodiversidad, reducirán la pobreza y la desesperanza en el campo y mitigarán la migración irregular e insegura.[iii] 

Debemos comprender que la transformación del sistema alimentario no es solo un asunto de seguridad alimentaria y nutrición.  Por ello es que mi primer llamado a ustedes, los expertos en nutrición de América Latina y el Caribe, es a un mayor diálogo y una mayor colaboración con quienes están actuando para transformar el sistema alimentario desde el prisma de otros objetivos económicos, sociales y ambientales.

La transformación del sistema alimentario debe ser la base de nuestros esfuerzos para contener y revertir la epidemia desbocada del sobrepeso y la obesidad, la principal amenaza a la salud de casi todos los países de América Latina y el Caribe. Es a través de esta transformación que podemos ir a las causas directas del problema, en vez de actuar – demasiado tarde - sobre sus consecuencias.

Hablar de transformar el sistema alimentario es proponer una acción integral sobre sus diversos componentes: la producción de alimentos, su comercio internacional, su procesamiento y su distribución, los entornos alimentarios y el consumo. Dicha transformación debe implicar cambios sustantivos en las normas y las reglas formales e informales, políticas, legales, económicas y culturales, que gobiernan las decisiones de los millones de actores públicos y privados que conforman los sistemas alimentarios.

Sabiendo que las capacidades y condiciones de los 33 países de América Latina y el Caribe son disímiles, queremos proponer ocho conjuntos de medidas que, en nuestra opinión, pueden provocar la transformación profunda del sistema alimentario, para que se haga cargo de sus efectos en la inseguridad alimentaria y la malnutrición y, particularmente, para encarar la epidemia de sobrepeso y obesidad.

1.       Aumentar la producción y la disponibilidad de alimentos saludables

América Latina y el Caribe produce más que suficientes alimentos para cubrir la demanda de energía de su población[iv]. Sin embargo, en 19 países[v] la disponibilidad de frutas y hortalizas está por debajo de los niveles recomendados por la OMS[vi]. Paradojalmente, nueve de estos países[vii] son fuertes exportadores de estos mismos alimentos.[viii] En una región extraordinariamente rica en pesquerías, el consumo aparente promedio de pescado es apenas la mitad del promedio mundial.[ix]

Llamamos a la implementación de políticas que promuevan vigorosamente la producción de estos grupos de alimentos en nuestros países.  En la región existe un potencial productivo en las 400 millones de hectáreas de 15 millones de unidades productivas de la agricultura familiar,[x] así como en los 2 millones de familias de pescadores artesanales[xi], que pueden cerrar las importantes brechas de disponibilidad de frutas y verduras, de pescado y de otros alimentos indispensables para volver a tener dietas saludables.

Además, podemos aumentar la disponibilidad de alimentos nutritivos reduciendo sus pérdidas y desperdicios. Uno de cada tres kilos de los alimentos producidos, 127 millones de toneladas, terminan pudriéndose en algún lugar de la cadena del campo a la mesa del consumidor[xii].  Algo más de la mitad de las frutas y de las verduras se pierden o desperdician y lo mismo sucede con un tercio de los productos del mar y uno de cada cinco kilos de lácteos.[xiii]

Saludamos los esfuerzos de consumidores, activistas sociales y de empresas que colaboran con los Bancos de Alimentos e iniciativas similares que existen en tantas ciudades de nuestra región. Su labor hace visible el problema de las pérdidas y desperdicios y debe ser apoyada con más fuerza por los ciudadanos, los gobiernos y los empresarios. Las campañas de educación al consumidor son siempre bienvenidas, pero la mayor parte del problema y de la responsabilidad no está ahí. En América Latina y el Caribe la mayor parte del desperdicio de alimentos, el 72% del volumen total[xiv], se produce antes que la comida llegue al consumidor. Los gobiernos y los empresarios deben hacerse responsables de enfrentar el problema ahí donde es mayor, pues lo que hace más falta son mejores caminos rurales, electrificación en el campo para mejorar los estándares de acopio y bodegaje, inversión en la infraestructura y servicios de los mercados mayoristas. Es especialmente importante que las grandes cadenas de supermercados, que distribuyen más de la mitad de los alimentos en nuestra región y cuyas ventas crecieron en 222% en una década[xv], lideradas por  Walmart, Carrefour, Casino, Cencosud, Soriana y Oxxo,  se decidan a cambiar sus modelos de negocio para reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de los alimentos que ellos comercializan, antes del año 2030, como está comprometido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de producción y consumo responsable.  Esto es parte de la transformación de los sistemas alimentarios para que las familias de la región tengan un mayor acceso a dietas diversas y saludables.

2.       Reducir los contenidos de sal, azúcares y grasas de los alimentos procesados

Las dietas de los latinoamericanos y los caribeños cada vez contienen más productos procesados y ultra-procesados. Como acabamos de decir, es necesario poner más alimentos frescos en las mesas de las familias de nuestra región. Sin embargo, el consumo de productos procesados ha aumentado en 25% en algo más de una década. Por ello es igualmente importante que los productos procesados que consumimos y que seguiremos consumiendo, sean saludables. 

Hoy vamos en la dirección contraria.  Las ventas de bebidas azucaradas en América Latina en 2017 sobrepasaron un cuarto de litro por persona por día.  Argentina, Chile y México encabezan los rankings mundiales en el consumo de estos productos. Sobrepasamos en tres veces las recomendaciones de consumo máximo de azúcar de la OMS, y buena parte de esta bomba de tiempo viene empacada en alimentos procesados y ultra-procesados. [xvi]   La Real Academia de la Lengua define que un veneno es una “sustancia que, introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte”. Hay que sacar los venenos de nuestra alimentación.

En América Latina y el Caribe existen iniciativas para garantizar que los alimentos procesados cumplan con estándares de nutrición. En Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay hay acuerdos voluntarios de determinadas industrias alimentarias para reducir los contenidos de sal, azúcar y grasas de los alimentos procesados y ultra procesados. Es importante estimular y facilitar estos acuerdos, apoyarlos, mejorar su calidad y transparentar el cumplimiento de los mismos por las distintas empresas.

En el mundo y en nuestra región también tenemos una historia de buenas regulaciones para sacar ingredientes dañinos a la salud de distintos bienes de consumo. ¿Por qué podemos prohibir el plomo en las gasolinas y en los juguetes de los niños, pero no podemos hacer lo mismo con cantidades de sal, azúcar y grasas que superan estándares que hoy la ciencia ha determinado que causan diabetes, hipertensión, cánceres y muertes?  Algunos países han dado pasos iniciales en esa dirección, como en el caso de grasas trans en la Argentina y en Chile o de sodio en Paraguay[xvii].

Los gobiernos deben establecer medidas regulatorias que, con base en evidencias científicas, establezcan límites mucho más rigurosos en los contenidos de azúcares, sal y grasas de los alimentos procesados. En plazos adecuados para permitir que especialmente las pequeñas y medianas empresas puedan hacer las inversiones necesarias y adaptarse al nuevo entorno regulatorio, debemos avanzar hacia la prohibición de alimentos que contengan densidades de ingredientes críticos que excedan los límites científicamente establecidos.

El discurso del miedo que indica que ello provocaría desempleo y desinversión, no es creíble a la luz de los antecedentes históricos: la industria del petróleo sobrevivió y siguió teniendo muy buenas utilidades con las gasolinas sin plomo, y lo mismo va a pasar con las empresas que ofrezcan productos más saludables a sus consumidores.

3.       Desincentivar el comercio de alimentos que contengan nutrientes dañinos a la salud

De manera complementaria con la medida anterior, proponemos que para lograr una transformación de los sistemas alimentarios que contenga y revierta la epidemia de sobrepeso y obesidad, es indispensable preocuparnos del comercio internacional de alimentos.  

No es verdad que bajo el régimen de reglas multilaterales y de reglas para facilitar el comercio mundial, no sea posible establecer impuestos especiales al comercio de alimentos que contengan niveles excesivos de ingredientes críticos. El cuerpo de apelación de la OMC ha reconocido que bajo los acuerdos GATT, OTC y TRIPS, los miembros pueden adoptar medidas para proteger la salud pública[xviii]. Cualquier decisión de gravamen encuentra sustento explícito en el artículo XX, inciso b del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT).[xix]

Los gobiernos de nuestros países deben considerar seriamente recurrir a este instrumento.  De hecho, países como Barbados, Chile, Dominica y México han establecido impuestos a las bebidas azucaradas, y en el caso de Ecuador además se tasan los productos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal.[xx]  Las políticas que recurran a estas medidas deben ser bien diseñadas pues la evidencia señala que no es trivial definir el nivel óptimo de gravamen. Además, sabemos que los impuestos a determinados grupos de alimentos pueden afectar desproporcionadamente a los sectores de la población con menores ingresos, asunto que abordaremos más adelante[xxi].

4.       Promover la alimentación saludable en las escuelas

En el año 2017 el sobrepeso infantil se incrementó en comparación con los años anteriores, afectando a casi 4 millones de niños y niñas menores de cinco años en nuestra región. Sabemos que estas niñas y niños tienen una mayor probabilidad de mantener o empeorar este estado nutricional en etapas posteriores de sus vidas.

Esta es un área de transformación en la que pensamos que podemos avanzar muy rápidamente en la región, porque hay signos de una preocupación activa en varios países. Podemos proponernos que en la próxima década el 100% de los establecimientos escolares de América Latina y el Caribe sean zonas libres de alimentos no saludables y, por el contrario, sean espacios y comunidades donde se construye una cultura de una buena alimentación y nutrición. El rediseño de los programas de alimentación escolar, la prohibición de comida chatarra en las escuelas, y la regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños, son tres vehículos para ir en esa dirección.

Los programas de alimentación escolar, presentes en todos los países de América Latina y el Caribe, establecen una sólida plataforma de acción en favor de la alimentación nutritiva y saludable de los niños y las niñas.  Bolivia, Brasil, Haití, Guatemala, Honduras y Paraguay en años recientes han rediseñado sus programas de alimentación escolar para diversificar las dietas ofertadas, sobre todo por medio de las compras a la agricultura familiar[xxii].

Además, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay cuentan con normativas que prohíben la venta de alimentos no saludables en establecimientos educativos[xxiii].  Proponemos promover el establecimiento de estas regulaciones en los 33 países de la región.

Lamentablemente son muy pocos los países donde se regula la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niñas y niños[xxiv]. Esta es una herramienta que deberíamos promover e impulsar con mucha fuerza.

5.       Hacer efectivo el derecho del consumidor a estar informado sobre el contenido de los alimentos

Hasta no hace mucho el consumidor tenía claro lo que comía. Un tamal, un ceviche, una empanada, un jugo de frutas o un bife, eran precisa y exactamente eso. En una época en que una buena parte de la dieta está constituida por alimentos procesados, el consumidor crecientemente no sabe que es lo que está comiendo. La buena información al consumidor, dicho sea de paso, es una medida que favorece a los consumidores y también a las empresas que hacen bien las cosas, porque las asimetrías de información son reconocidas por la economía como una distorsión al buen funcionamiento de los mercados.

Debemos proponernos que en los próximos años hayamos logrado que en todos los países esté firmemente establecido el derecho a la información del consumidor, a través de etiquetados frontales que sean sencillos, claros, que no requieran ningún cálculo matemático y que sean comprensibles por todos los grupos de consumidores. Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú, y Uruguay han implementado algún tipo de sistemas de etiquetado, pero no todos son iguales. Algunos cumplen con informar adecuadamente al consumidor, y otros, como el sistema GDA empleado en México y en otros países, ciertamente no alcanzan ese estándar.

Idealmente, la normativa sobre etiquetado debería establecer consecuencias para los productos que sobrepasen los niveles definidos de ingredientes críticos, en planos como la publicidad a niños y la venta en escuelas y otros establecimientos públicos. En Chile con su sistema de etiquetado frontal que, al día de hoy, es el estándar de referencia, la gran mayoría de los consumidores entienden y usan la información proporcionada, y además, y esto es especialmente importante, un porcentaje creciente de empresas reformulan sus productos para poder operar y ampliar su participación en el segmento de los alimentos de mayor calidad nutricional[xxv].

Recientemente las empresas alimentarias que hacen parte del grupo de las 20 principales economías del mundo, el G20, emitieron en Argentina un pronunciamiento en favor de “Adoptar un sistema de etiquetado armonizado, multilateral (por ejemplo, basado en el Codex alimentario) y basado en la ciencia, que proporcione claramente la información requerida para seleccionar productos al momento de la compra o el consumo…”[xxvi] Nos parece que es un paso positivo que empresas líderes de la industria reconozcan esa necesidad.

6.       Fortalecer los sistemas de protección social para que la población en condición de pobreza o vulnerabilidad, pueda acceder al consumo de alimentos saludables

Hace un año la FAO publicó datos de cinco países de la región (Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú), basados en datos oficiales, que demostraban que los quintiles de menores ingresos gastaban entre el 42% y el 95% de su ingreso en alimentación[xxvii].  Además, sabemos que una dieta saludable es hoy en día más cara que una canasta de alimentos menos o poco saludable. En varios países de la región hemos constatado que el precio de una caloría proveniente de verduras es muchas veces mayor que los precios por caloría provenientes de bebidas azucaradas, el azúcar y las mantequillas y aceites[xxviii].  En Chile se ha estimado que una canasta más saludable es 36% más cara que una canasta básica[xxix], poco saludable pues está en la base de uno de los mayores niveles de obesidad de la región. Dada la distribución del ingreso en Chile, esa diferencia se traduce en que el 27% de la población no tiene capacidad económica para comprar una canasta saludable[xxx], aunque gracias al etiquetado frontal esas personas ahora entiendan las implicaciones para su nutrición.

Es indispensable hacernos cargo de la profunda desigualdad en la capacidad económica de acceder a una alimentación de calidad. Si no lo hacemos y si nuestra estrategia de lucha contra la obesidad no incorpora este elemento como algo muy central, lo que vamos a lograr es profundizar la desigualdad entre aquellos que tenemos el derecho efectivo de comer bien, y aquellos que están condenados a la comida barata, pero de mala calidad nutricional. Afectaremos especialmente a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los habitantes rurales, a las personas de menores ingresos, que padecen desproporcionadamente diferentes formas de malnutrición.

Los sistemas de protección social de nuestros países deben ser actores muy importantes de la transformación de los sistemas alimentarios, para que dicho cambio sea un proceso socialmente incluyente.  Desde la década de 1990 los países de la región han hecho importantes esfuerzos ampliando el pilar no contributivo de sus sistemas de protección social para fortalecer la seguridad alimentaria y nutrición de los sectores más pobres. En el 2015 el número de hogares beneficiados de los Programas de Transferencias Condicionadas llegó a 132 millones de personas, que son los más pobres y vulnerables.[xxxi], [xxxii] 

Nos preocupa de manera muy especial la brecha de género en sobrepeso y obesidad. En la totalidad de los países de América Latina y el Caribe son más las mujeres obesas que los hombres obesos, y la brecha de obesidad tiende a aumentar en el tiempo en 27 de esos países, especialmente en el Caribe.[xxxiii] Los especialistas han identificado determinantes biológicas, socioeconómicas, culturales, y psicosociales.[xxxiv]  Creemos que debe ser prioritario promover innovaciones en las políticas que estén orientadas específicamente a reducir esa brecha de género. De la misma forma, debemos apoyar investigaciones científicas que nos permitan entender mejor las determinantes y las dinámicas de esta nueva forma de desigualdad de género.

Lo que ahora proponemos es una segunda generación de innovaciones políticas en los sistemas de protección social y especialmente de los programas de transferencias condicionadas, orientadas a hacernos cargo de los problemas de sobrepeso y obesidad de la población en situación de pobreza. Se trata de que no solo se transfieran recursos a los hogares donde hay situaciones de desnutrición o subalimentación, sino que se aporten recursos a las personas más pobres con sobrepeso u obesidad para elevar su capacidad económica de adquirir alimentos de mejor calidad. Programas como el “Health Start” de Reino Unido, con una cobertura al 2012 de más de 450,000 hogares de bajos ingresos; o el Programa “Wholesome Wave” de Estados Unidos con más de medio millón de participantes, muestran que es posible integrar explícitamente la lucha contra el sobrepeso y la obesidad en políticas de protección social de amplio alcance. En América Latina, la red de Comercio Solidario de PROSOLI de República Dominicana, la Tarjeta Uruguay Social, o el Programa de Apoyo Alimentario de México podrían ser plataformas de innovaciones en ese sentido.

Estamos conscientes que las barreras de acceso no son solo económicas, sino que hay personas que viven en desiertos o en pantanos alimentarios.  El problema inicial es que no tenemos información sobre dónde están esos lugares y cuántas personas viven en ellos. No debe ser un problema menor, si tomamos como referencia que en el Reino Unido un estudio reciente indica que un 16% de la población vive en desiertos alimentarios.[xxxv] 

Un estudio en una ciudad intermedia de México[xxxvi] concluyó que las personas de menos recursos vivían en zonas donde predominan los alimentos obesogénicos, mientras que productos como los huevos, la leche y los granos tenían precios mayores en las comunidades de menos recursos que en las de ingreso medio o alto.

7.       Financiamiento de la transformación del sistema alimentario

El costo de las medidas propuestas para la transformación de los sistemas alimentarios, no es menor. La antigua cooperación internacional al desarrollo es cada día menos significativa en cuantía de recursos en América Latina y el Caribe. La transformación deberá sostenerse sobre nuestro propio esfuerzo. Los gobiernos de los países emergentes y en desarrollo destinan presupuestos públicos a los sistemas alimentarios, por montos que son bastante menos de la mitad de lo que dichos sistemas pesan en el producto interno bruto de nuestros países.[xxxvii] La orientación del crédito privado al sistema alimentario es aún menos favorable que la del gasto público.[xxxviii]

La mayor parte de las medidas propuestas precedentemente son de tipo regulatorio, por lo que los costos serán financiados por las empresas, que los trasladarán parcial o totalmente a los consumidores. Si quisiéramos compensar al menos a los estratos de menores ingresos, a las mujeres en condición de pobreza, a los niños y niñas indígenas de nuestras sociedades, podemos estar hablando de inversiones públicas que, en el caso de Chile, por ejemplo, estimamos que pueden alcanzar a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), o algo más de 3% del actual gasto social de esa nación[xxxix].  

Es enteramente cierto de que eventualmente este mayor gasto se podría compensar con una reducción en los presupuestos de salud que hoy se destinan a lidiar con las consecuencias del sobrepeso y obesidad. Siguiendo el mismo ejemplo de Chile, estamos hablando del 0.4% del PIB. La inversión es sin duda socialmente rentable, pero el problema es cómo la financiamos. Hay opciones, incluyendo la cooperación bilateral o multilateral tradicional para los países de menor nivel de desarrollo, los préstamos multilaterales, los presupuestos públicos, los sistemas bancarios nacionales, políticas monetarias no convencionales y, finalmente, los mercados financieros privados globales, en particular los inversores de impacto y los inversores con orientación social.

La solución sin duda tendrá un componente menor de financiamiento público y uno mayor de financiamiento privado. Pero el punto que queremos hacer es que al menos en nuestra región nadie ha hecho la tarea de formular una propuesta sobre el financiamiento de la transformación de los sistemas alimentarios. Tenemos que comenzar a trabajar en el diseño de mecanismos financieros que no dependan exclusivamente del presupuesto público, sino que movilicen los cuantiosos recursos disponibles en las demás alternativas señaladas. Es urgente encarar esta dimensión del problema si queremos pasar de la denuncia y de la propuesta general, a la construcción e implementación de estrategias y políticas públicas que produzcan cambios de verdad.

8.       Una nueva gobernanza de los sistemas alimentarios

Desde hace al menos 40 años, la gobernanza de los sistemas alimentarios se basa fundamentalmente en actores y procesos de mercado, con una injerencia limitada de los gobiernos y de la sociedad civil organizada. Ya sabemos que los mercados hacen muy bien muchas cosas, pero también sabemos que no internalizan por si solos objetivos que son bienes públicos, ni tampoco se hacen cargo automáticamente de sus externalidades negativas. Por ello es que afirmamos que un componente muy central de la transformación de los sistemas alimentarios, es el cambio en su gobernanza. En pocas palabras, hay que volver a gobernar los sistemas alimentarios.

Las medidas propuestas anteriormente suponen gobiernos, parlamentos y poderes judiciales que se hacen cargo de garantizar el derecho humano a una alimentación suficiente, sana y saludable.  Una lección que la FAO aprendió en la lucha contra el hambre, es que la voluntad y el compromiso político efectivo de los estados es el primer elemento de una nueva gobernanza. Sin la decisión política traducida en leyes, regulaciones, políticas, programas y presupuestos, no hay posibilidad alguna de transformar los sistemas alimentarios para que se hagan cargo de sus efectos sobre la nutrición y la salud pública.

Esa voluntad política se construirá tanto más rápido y será tanto más sólida, si la sociedad civil organizada se moviliza y presiona en esa dirección. Una preocupación de FAO consiste en promover el diálogo y la colaboración entre diferentes actores sociales que actúan para transformar los sistemas alimentarios con objetivos diversos: empleo y desarrollo rural, reducción de pobreza e inclusión social, sustentabilidad ambiental y resiliencia y, por cierto, seguridad alimentaria y nutrición. La construcción de coaliciones, alianzas y movimientos que aborden las distintas dimensiones de los sistemas alimentarios con una lógica inter-sectorial, nos parece algo sumamente importante. Necesitamos más espacios donde ustedes, personas y grupos preocupados por la nutrición, se encuentren y desarrollen plataformas comunes con otros actores para la transformación de los sistemas alimentarios.

Finalmente, no podemos evadir el complejo asunto de cómo relacionarnos con las empresas privadas que hacen parte del sistema alimentario. El sector empresarial es al día de hoy responsable directo de buena parte del problema del sobrepeso y la obesidad. Nos dicen que quieren ser parte de la solución. En nuestra opinión, hay que tomarles la palabra. No creemos que la política de aislar a las empresas sirva si lo que queremos no es solamente pasar una ley o cambiar una regulación concreta, sino que lo que buscamos y necesitamos es transformar el sistema alimentario. En el futuro seguirán siendo actores privados quienes van a producir, comerciar, procesar, transportar, distribuir, vender los alimentos. No puedo imaginarme una gobernanza del sistema alimentario, sin los privados.

Es hora de que aquellas empresas que quieren ser parte de la solución, den un paso adelante de forma clara y transparente, asumiendo códigos de conducta que permitan ayudar a la construcción de confianzas, actuando con transparencia y dejando a un lado las estrategias de acción pública basadas en las negociaciones de pasillo con gobernantes y legisladores, sustentadas en su poder económico. Por nuestra parte, los restantes actores debemos estar dispuestos, ya, a concurrir a espacios de diálogo inter-sectorial, con participación del mundo empresarial.  No se construye una nueva gobernanza de los sistemas alimentarios, con muros infranqueables. Por supuesto que hay que transparentar y gestionar con mucha rigurosidad los conflictos de interés, pero si vamos a esperar a que dichos conflictos desaparezcan antes de actuar, estaremos haciendo un pobre favor a la urgente tarea de transformar los sistemas alimentarios.

Tendremos en los próximos dos años una gran oportunidad para avanzar en la construcción de una nueva gobernanza de los sistemas alimentarios. El Comité de Seguridad Alimentaria del Sistema de las Naciones Unidas, en su sesión de octubre 2018, acordó iniciar un proceso que conduzca a la adopción en octubre del año 2020 de unas Guías Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición[xl]. El proceso deberá involucrar a las agencias de las Naciones Unidas, a los gobiernos de los países miembros de la ONU, a las organizaciones no-gubernamentales y de la sociedad civil, a los centros de investigación relacionados con los sistemas alimentarios, a los organismos financieros multilaterales, y a las asociaciones del sector empresarial.  Creemos firmemente que esta resolución del CSA ofrece la mejor oportunidad que hemos tenido hasta hoy, para llevar adelante un proceso que abarque a toda América Latina y el Caribe, para dar pasos sustantivos en la construcción de las coaliciones y los acuerdos que serán necesarios para transformar los sistemas alimentarios y conquistar así, después de 70 mil años de historia, la capacidad de sostener la seguridad alimentaria y la nutrición de los 647 millones de personas que hacemos parte de esta región.

[i] Lawrence Haddad, discurso con ocasión de recibir el Premio Mundial de Alimentación 2018.

[ii] Ibidem

[iii] Diaz-Bonilla, Eugenio; Loboguerrero, Ana Marie; Verchot, Louis; Viglizzo, Ernesto; and Mirzabaev, Alisher. 2018. Financing "A sustainable food future". T20 Argentina: Food Security and Sustainable Development Task Force Brief. https://t20argentina.org/publicacion/financing-a-sustainable-food-future/

[iv] La región dispone de 3,002 kilocalorías al día por persona, suficiente para asegurar el requerimiento de consumo de energía de sus 646 millones de habitantes y a otros 169 millones personas en otras partes del mundo que son deficitarias en su disponibilidad de calorías.

[v] Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

[vi] 400 gramos por persona por día (Fuente: Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud  OMS/FAO https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/)

[vii] Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay

[viii] FAO Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en América Latina y el Caribe 2018 (forthcoming). Capítulo 2.

[ix] Datos de SOFA 2018. www.fao.org/3/i9540es/I9540ES.pdf

[x] Berdegué, Julio & Fuentealba, Ricardo. (2014). Latin America: The State of Smallholders in Agriculture. 10.1093/acprof:oso/9780199689347.003.0005.

 [xi] FAO (2018)El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2018: Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf

[xii] FAO, 2016. Tercer boletín de pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. I5504E/1/03.16. Disponible en: www.fao.org/3/a-i5504s.pdf

[xiii] FAO, 2015. Key findings. SaveFood Initiative. Disponible en: www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/fruit/en/ 

[xiv] Banco Mundial, 2014. Food Price Watch. Year 4, Issue 16, February, 2014.  (Importante: El 72% se construye de la sumatoria de: 28% producción, 5% procesamiento, 22% manejo y almacenamiento, 17% mercado y distribución). Diaponible en: www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/food-price-watch-february-2014

[xv] Agriculture and Agri-food Canada. 2012. Top Grocery Retailers In Latin America

[xvi] FAO Panorama SAN 2018. Capítulo 3 (forthcoming), OPS 2015 Alimentos y bebidas ultraprocesados en America Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas, Popkin B. y Reardon, T. (2018) Obesity and foo system transformation. Obes Rev. Aug;19(8):1028-1064. doi: 10.1111/obr.12694. Epub 2018 Apr 24

[xvii] En Argentina se modificó el Código Alimentario (Artículo 155 tris). para establecer límites de grasas trans permitidas en los alimentos; el contenido de grasas trans no debe exceder el 2% del total de grasas vegetales en aceites y margarinas, y el 5% de grasa total en todos los otros alimentos. En Chile se establecieron límites a las grasas trans permitidas en los alimentos (artículo 248 del Decreto No. 977/96); el contenido de grasas trans de origen industrial no debe exceder el 2% del contenido total de grasa en todos los productos. En Paraguay se promulgó una reducción obligatoria del 25% del contenido de sal en la harina de trigo utilizada en panes y productos farináceos de gran consumo, por medio de la Resolución S.G. N° 248/2013. Fuente: WCRF (en línea). Base de datos NOURISHING, consultada el 5 de octubre de 2018 https://www.wcrf.org/int/policy/nourishing-database

[xviii] untobaccocontrol.org/kh/legal-challenges/trade/health-exceptions-and-recognition/

[xix] “XX. Excepciones generales: A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (…) (b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales…”  Una condición importante para poder aplicar estas restricciones es que se respete la regla de “Tratamiento Nacional” del artículo III del GATT 1947 y 1944, que señala que las medidas excepcionales deben aplicarse por igual a productos nacionales y extranjeros.

[xx] FAO Panorama SAN 2018. Capítulo 3 (forthcoming)

[xxi] La evidencia disponible sugiere que este tipo de impuestos, bajo ciertas condiciones, puede reducir el consumo de los alimentos afectados. Hay evidencia que sugiere que este tipo de medidas necesitan niveles altos de tasación para ser efectivas, y por lo tanto pueden ser pueden ser altamente regresivas (Mytton , Clarke, y Rayner, 2012 Taxing unhealthy Food and drinks to improve health. BMJ). evidencia reciente sobre México muestra que este tipo de impuestos redujeron el consumo de los alimentos que fueron tasados, pero no modificaron la cantidad total de calorías demandada (Aguilar, A., Gutierrez, E. Seira, E, 2017. The effectiveness of sin Food taxes> evidence from Mexico. LACEA working paper No. 0010). Para el caso de Chile, se cuenta con un análisis sobre el impacto de introducir impuestos relacionados a nutrientes dañinos (Agostinil, C., Corvalan, C., Cuadrado, C, Paraje, G. 2018. Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud en Chile). El estudio recomendó la implementación de impuestos específicos por gramo de nutriente negativo para la salud ($1,9 o 0.002 de USD por gramo de azúcares, $23 o 0.033 USD por gramo de sodio y $31 o 0.045 USD por gramo de grasa saturada al tipo de cambio de 1USD 677 pesos chilenos a septiembre 2018) que estén presenten en todos los alimentos procesados que se comercialicen. El estudio concluye además que, en el peor de los escenarios, estos impuestos elevarían la línea de la pobreza chilena en 8.2%.

[xxii] FAO Panorama SAN 2018. Capítulo 3 (forthcoming)

[xxiii] FAO Panorama SAN 2018. Capítulo 3 (forthcoming)

[xxiv] Chile, Brasil, México y Perú Fuente: https://www.wcrf.org/sites/default/files/Restrict-advertising.pdf

[xxv] En el caso de Chile basado en el símbolo hexagonal, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (2016) indico que el 92,4% evaluó bien o muy bien la obligación de etiquetar con los sellos los alimentos “altos en“ véase: www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Percepción-Consumidores-ICEI.pdf; . El Estudio INTA U. de Chile, U. Diego Portales, la U. Central y U. de Carolina del Norte (resultados preliminares 2018) indica que 91% de las madres de preescolares y el 81% de los adolescentes, asociaron la presencia de logos y el número de logos en los alimentos con que sean poco saludables. Véase pag 16 en www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Implementación-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf . SOFOFA (2017): 18% de los productos han sido reformulados con primera fase de límites (2016) Véase pagina 17 en www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-Implementación-Ley-20606-junio-2017-PDF.pdf

[xxvi] B20 Sustainable Food Systems Policy Paper 2018 https://cs7e6cd119b4008x4ccax818.blob.core.windows.net/documents/20180918_210457-B20A%20SFS%20Policy%20Paper.pdf

[xxvii]FAO PSAN 2017 www.fao.org/3/a-i7914s.pdf

[xxviii] FAO Panorama SAN 2018. Capítulo 3 (forthcoming)

[xxix] Ministerio de Salud de Chile, CEPAL, OPS/OMS (2015). Estudio sobre el cálculo de indicadores para el monitoreo del impacto socioeconómica de las enfermedades no transmisibles en Chile https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/calculo-indicadores-impacto-socioeconomico-ent-chile.pdf

[xxx] Ibidem

[xxxi] Cecchini S. y Atuesta, B. 2017 Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe Tendencias de cobertura e inversión. Serie de Políticas Sociales 224. CEPAL 2017 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41811/S1700419_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[xxxii] Bastagli, F.., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca,V.,  Sturge G. y  Schmidt, T. con Pellerano, L. 2016  Cash transfers: what does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation. ODI July 2016 featureshttps://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10749.pdf

[xxxiii] NCD-RisC. Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies with 128.9 million participants. Lancet 2017. DOI: dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3. 

[xxxiv] Brooks R, Maklakov A. Sex differences in obesity associated with total fertility rate. PLoS ONE 2010; 5: 1–4.; Cruz-Sánchez, M., Tuñon-Pablos, E., Villaseñor-Farías, M., Álvarez-Gordillo, G. C., & Nigh-Nielsen, R. (2012). Desigualdades de género en sobrepeso y obesidad entre indígenas chontales de Tabasco, México. Población Y Salud En Mesoamérica, 9(2), 1–22.;   Garawi F, Devries K, Thorogood N, Uauy R. Global differences between women and men in the prevalence of obesity: is there an association with gender inequality? Eur J Clin Nutr. 2014;68:1101–1106; Olson, C. M., Strawderman, M. S., & Dennison, B. A. (2009). Maternal weight gain during pregnancy and child weight at age 3 years. Maternal and Child Health Journal, 13(6), 839–846. doi.org/10.1007/s10995-008-0413-6; Valeggia, C. R., Burke, K. M., & Fernandez-Duque, E. (2010). Nutritional status and socioeconomic change among Toba and Wichí populations of the Argentinean Chaco. Economics and Human Biology, 8(1), 100–110. doi.org/10.1016/j.ehb.2009.11.001; Warin, M., Turner, K., Moore, V., & Davies, M. (2008). Bodies, mothers and identities: Rethinking obesity and the BMI. Sociology of Health and Illness, 30(1), 97–111. doi.org/10.1111/j.1467-9566.2007.01029.x

[xxxv] Corfe, S. (2018) What are the barreirs to eating healthly in the UK? Social Market Foundation. October 2018

[xxxvi] Bridle-Fitzpatrick, S. 2015. Food deserts or food swamps? A mixed-methods study of local food environments in a Mexican city. Social Science & Medicine, 142: 202–213

[xxxvii] Diaz-Bonilla, Eugenio; Loboguerrero, Ana Marie; Verchot, Louis; Viglizzo, Ernesto; and Mirzabaev, Alisher. 2018. Financing "A sustainable food future". T20 Argentina: Food Security and Sustainable Development Task Force Brief. https://t20argentina.org/publicacion/financing-a-sustainable-food-future y Díaz-Bonilla, Eugenio. 2017. El financiamiento de un futuro alimentario sostenible: algunas reflexiones para el G-20; Manuscrito.

[xxxviii] Ibidem.

[xxxix] Ministerio de Salud de Chile, CEPAL, OPS/OMS (2015)

[xl] Committee on World Food Security, 2018. Draft Report, Forty-fifth Session, October 2018.