La nueva ley regula la alimentación complementaria escolar y fomenta la economía social comunitaria por medio de la compra de alimentos de proveedores locales.

El gobierno de Bolivia dio un paso importante hacia el cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada, estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, con la aprobación de la nueva Ley de Alimentación Escolar. La normativa  aspira a universalizar este beneficio y entregarlo con calidad a todos los estudiantes del país.

La ley Nº 622 de Alimentación Escolar en el Marco del la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene el propósito de contribuir al rendimiento escolar y promover la permanencia de las y los estudiantes de las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional, mediante una alimentación sana, oportuna y culturalmente apropiada.

Clementina Garnica, senadora de la gestión 2014 e impulsora de la aprobación de la ley 622, señaló que “esta ley se destaca porque promueve y fomenta la producción y consumo de alimentos locales; considerando las características productivas y alimentarias de nuestras comunidades, lo que fortalece a nuestros territorios”.

Además, la ley tiene el objetivo de garantizar progresivamente la alimentación complementaria escolar en las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional, con alimentos provenientes de la producción local y, así, fomentar la economía social comunitaria.

Según datos del Ministerio de Educación de Bolivia, en la gestión 2013 más de 2 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio recibieron alimentación complementaria escolar. Comparado al año 2003, cuando sólo el 52% de las unidades educativas tenían desayuno escolar en 174 municipios, en el 2013 la cobertura de la alimentación se incrementó a más del 74% de los estudiantes, quienes recibieron este servicio en 318 municipios. 

La alimentación escolar como política de Estado

Con esta aprobación, Bolivia se suma a Brasil y Paraguay como los países de América Latina que ya cuentan con leyes específicas sobre alimentación escolar. Otras iniciativas se tramitan y discuten en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua.

La FAO ha cooperado con los países en la discusión y el apoyo técnico en materia de alimentación escolar, por medio del Programa de Cooperación Internacional con el apoyo del Gobierno de Brasil, para el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en la región. La iniciativa ha trabajado con el fortalecimiento y la articulación de las políticas de alimentación escolar, con énfasis en la promoción de debates, reflexiones y documentos que institucionalicen las políticas locales acerca de este tema y el desarrollo de las capacidades humanas y las condiciones físicas para la ejecución de esas políticas.

“La ley de Bolivia se suma a los esfuerzos regionales a favor de una alimentación saludable en las escuelas, que considera la diversidad cultural y productiva de los países y que valorice los productos provenientes de la agricultura familiar. Es un paso fundamental para que este tipo de programas pasen a ser una política de Estado”,  señaló el Oficial de Seguridad Alimentaria de la FAO, Ricardo Rapallo, quien también destacó la Ley Marco de Alimentación Escolar del Parlamente Latinoamericano, PARLATINO, aprobada en 2013.

Un estudio de la FAO en ocho países de la región constató que estos programas fomentan la permanencia en la escuela y un mayor aprendizaje, y que su éxito radica en involucrar a los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los gobiernos, parlamentarios, las organizaciones internacionales, el sector privado, la comunidad educativa y la sociedad civil organizada.

El surgimiento de la ley

En 2007, en medio de un debate sobre la necesidad de contar con un marco normativo que universalice y cualifique la alimentación complementaria escolar, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN), instancia responsable del fortalecimiento de programas de alimentación y nutrición, conformó una mesa de Alimentación Complementaria Escolar (ACE).

En esta mesa nació lo que sería el primer anteproyecto de la ley de alimentación escolar, el cual fue entregado al Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria Vivir Bien de Bolivia, para su gestión y desarrollo posterior. El grupo de parlamentarios, creado en 2012 a partir de senadores y diputados comprometidos a acabar con el hambre y la malnutrición, trabajó en el desarrollo de los anteproyectos que derivaron en la actual ley, e impulsó su discusión y socialización, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

En el desarrollo de esta ley fue clave la labor de los proyectos de FAO “Integrar el Derecho a la Alimentación Adecuada y la Buena Gobernanza en las Políticas, Legislación e Instituciones Nacionales” y “Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre”, financiados por Noruega y la Cooperación Española, respectivamente. Además, se contó con la ayuda de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual desarrolló un estudio sobre la alimentación complementaria escolar en el marco de las autonomías y entregó propuestas para abordar este asunto en el proyecto de ley.

Parlamentarios contra el hambre y la malnutrición

El Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria y para Vivir Bien de Bolivia, del cual es miembro la senadora Clementina Garnica, es uno de los 15 capítulos nacionales que forman parte del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, una plataforma regional de legisladores decididos a trabajar para acabar con la subalimentación y la malnutrición.

Ellos actúan, al igual que los gobiernos de la región, para hacer realidad el compromiso Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, de acabar con el hambre antes del 2025, asumido en la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala en 2005.