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Seguridad alimentaria y nutricional

Chile ostenta más de un siglo de políticas públicas sobre alimentación y nutrición. Inicialmente estuvieron orientadas al abordaje de la desnutrición y mortalidad infantil, transitando hasta la última década en que el foco ha estado puesto en enfrentar la obesidad y las enfermedades no transmisibles.

Entre 1960 y 2000 Chile logró erradicar la desnutrición infantil, al pasar desde una prevalencia de 37,0 por ciento a 2,9 por ciento en niños y niñas menores de seis años, incluyendo la desnutrición leve. Los resultados anteriores contrastan con la magnitud del problema de la desnutrición infantil en algunos países de América Latina y el Caribe, donde este flagelo continúa siendo un gran desafío de salud pública.

Actualmente 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes en edad escolar tienen malnutrición por exceso (JUNAEB 2020), mientras que, un 74,2% de los mayores de 15 años presentan la misma condición (MINSAL 2016-2017), siendo la cifra más alta de la OCDE (OCDE, 2019).

En contraste, entre el 2018 y 2020 un 17,9% de la población padecía de inseguridad alimentaria moderada y grave (SOFI, 2021), cifra que aumentó en el peak de la pandemia por COVID-19 a un 19,4% (MDSyF, PNUD, INE. 2020), debido a la reducción de los ingresos, situación declarada por un 59,4% de los hogares consultados en la Segunda Encuesta Social Covid-19 realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el PNUD y el INE.

Al mismo tiempo, en el país se desperdician 74 kilos de comida por persona al año, una cifra que está por sobre el promedio de Latinoamérica (UNEP, 2021). Por otra parte, en cuanto a los peligros presentes en alimentos, el 100% de la contaminación química se debe a la presencia de plaguicidas en frutas y verduras para consumo doméstico (ACHIPIA, 2020).

Desarrollo agrícola y rural

Chile ha experimentado un enorme progreso económico y social en los últimos 30 años, mismo que se refleja en una importante reducción de la pobreza y un incremento sostenido del Producto Interno Bruto per cápita. A inicios de los 2000, el PIB per cápita llegaba a poco más de US$ 4.446 y desde entonces la subida fue sostenida hasta 2020 en que cayó producto de la pandemia.

La economía chilena se sustenta principalmente en la exportación de materias primas, siendo los sectores más relevantes la minería, productos manufacturados (como el procesamiento de alimentos), y la agricultura. Actividades productivas realizadas principalmente en territorios rurales.

El 83% de la superficie de Chile pertenece a comunas rurales y mixtas (263 de las 346) y el 25,5% de la población habita en zonas rurales, según los criterios de ruralidad de la OCDE (ODEPA, 2021). Es decir, son casi 4.5 millones de chilenos y chilenas los que habitan en estos territorios.

Con respecto a la productivo, la agricultura en Chile tiene un carácter dual. Por un lado, la producción agrícola a gran escala está orientada principalmente a la exportación, la cual posiciona a Chile como un exportador clave de alimentos en el hemisferio sur. En el año 2019, un 17,4% del total de exportaciones chilenas correspondieron a productos agropecuario y, en específico, el subsector agrícola aportó el 90,3% de estas exportaciones (BCCH, 2019).

Por otra parte, la agricultura familiar representa el 93% de los productores nacionales, (Censo Agropecuario, 2007). Casi el 70% de la agricultura familiar se concentra entre las regiones de Libertador O'Higgins y Los Lagos (INDAP, 2019) y este segmento contribuye con el 22% del Valor Bruto de la Producción que genera la agricultura chilena (INDAP, 2017), cumpliendo un rol clave en la alimentación saludable, lo que contribuye directamente a la seguridad alimentaria y nutricional del país.

Sin embargo, a pesar del rol relevante de la Agricultura Familiar, este es un sector muy vulnerable. El 63% de sus integrantes pertenece al 40% de las personas más pobres del país, según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (INDAP, 2015). Entender y atacar los desafíos de este segmento tendría un impacto significativo en mitigar la pobreza rural y disminuir las brechas urbano-rurales.

Medio Ambiente

La crisis climática global y las condiciones económicas y políticas internas de Chile son determinantes relevantes para identificar los desafíos que se enfrentan en lo concerniente al medio ambiente.

Respecto del cambio climático global, en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26 Glasgow) los Estados participantes, entre ellos Chile, reconocieron la emergencia climática y la necesidad de limitar el incremento de la temperatura mundial; plantearon la urgencia de reducir las emisiones de dióxido de carbono, la reducción del carbón como fuente de energía, y la eliminación gradual de los subsidios "ineficientes" a los combustibles fósiles.

Además, se instó conectar a los países en desarrollo (a partir de la red de Santiago), dado que son estos países los que más se ven impactados por la emergencia climática. También se reconoció aquí los serios efectos que están teniendo cambios extremos en el clima y que afectan seriamente a la naturaleza y a la población, particularmente sectores vulnerables. En este marco se hizo un llamado para incrementar el apoyo financiero para países en desarrollo, generar medidas de mitigación, adaptación y colaboración entre las partes.

En relación con los determinantes internos, Chile ha establecido compromisos asociados al cambio climático que implican generar medidas de mitigación y adaptación que serán relevantes en las próximas décadas y que generan importantes desafíos institucionales, económicos y sociales. Se debe tener en cuenta el contexto nacional que se caracteriza por ecosistemas diversos y una economía dependiente de recursos naturales que en gran parte condiciona e impacta su desarrollo. El sector minero y silvoagropecuario emplean al 8,7% de la fuerza laboral en el trimestre móvil septiembre - noviembre 2021 (INE, 2021) y contribuyeron al 15,923% del PIB en 2020 (Banco Central, 20192021). Al mismo tiempo, según el último informe del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2020 (FAO, 2020), Chile es el décimo productor mundial de pesca de captura, representando el 3% de la producción de la pesca de captura marina mundial total, mientras que la acuicultura representó un 34% (1.220.000 ton) del desembarque del año 2017 (MMA,2021).

La estructura productiva ha generado un aumento de las presiones medioambientales, las que han traído como resultado una disminución alarmante de la biodiversidad y una aceleración de la tasa de extinción de especies. En relación con el estado de conservación, del total de 1.210 especies clasificadas para Chile, 16 están extintas y 770 se encuentran amenazadas (MMA, 2021). De la misma manera, la conversión del bosque nativo en praderas y matorrales, plantaciones forestales y a terrenos de uso agrícola, hace que se extienda la frontera agropecuaria y con ella se pierdan ecosistemas fundamentales para el bienestar humano.

Con respecto a los ecosistemas marinos, la pesca y acuicultura no sostenibles causan el agotamiento o escasez de los recursos hidrobiológicos: de las 27 pesquerías existentes con puntos Biológicos de referencia informados, en 20201 el 51,867% se encontraba en niveles de explotación no sostenibles (148 especies), lo que representa un empeoramiento desde 2014. A esto se suma el cambio climático, que causa el aumento en la temperatura del mar, la acidificación del mar, pérdida de hábitats y la extinción de las especies. Estas diferentes amenazas ponen en peligro el bienestar humano, la alimentación, la seguridad ante eventos extremos, la economía mundial y el turismo.