Manuela Cuvi es Oficial Jurista de la FAO para América Latina y Caribe

15 de octubre, Santiago de Chile— En América Latina y el Caribe, 16 países reconocen explícitamente el derecho a la alimentación en su carta magna, sea para todas las personas o para grupos específicos de personas como los niños y niñas, las mujeres embarazadas o las personas de la tercera edad, entre otros.

Con el fin de sumarse a esta creciente tendencia regional, el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Chile presentó un proyecto para reformar la Constitución y, así, lograr un pronunciamiento firme que garantice explícitamente el derecho a una alimentación adecuada de todas las personas.

La problemática de la alimentación se refleja en las alarmantes cifras de malnutrición en Chile. un 74,2% de los adultos chilenos sufre de exceso de peso u obesidad según la última encuesta nacional de salud. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubica al país en el ranking de 52 de los países con mayor índice de obesidad.

Por otro lado, un 13,6% de la población sufre de inseguridad alimentaria moderada: alrededor de 2,5 millones de personas.  Para ahondar en la temática de la importancia de garantizar la seguridad alimentaria, Manuela Cuvi, Oficial Jurista de la FAO, explica la importancia de dar una notoria protección jurídica a la alimentación adecuada.

P. ¿Cuál es la importancia del derecho a la alimentación?

R. El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, básico, de todas las personas; es tan esencial como los otros derechos. Es el derecho a estar libre del hambre, pero también es el derecho a tener acceso físico y económico a alimentos adecuados, sanos, inocuos, culturalmente apropiados, que estén disponibles y que son importantes para poder desarrollarnos en la vida, en la sociedad y, por eso, es que es tan fundamental que nosotros luchemos porque este derecho sea reconocido en las legislaciones de los países y sea efectivamente aplicado.

El valor añadido de que la alimentación se considere un derecho, es que las personas pueden exigirle al Estado que lo respete y haga efectivo a través de su legislación, políticas públicas y programas. El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el año 1948, como uno de los derechos esenciales, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual casi la totalidad de los países de América Latina y el Caribe, incluyendo Chile, son parte.

P. ¿Qué experiencia tiene la FAO trabajando por este derecho?

R. Mucha experiencia. El principal énfasis se da desde el año ’96, después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en la que los Estados reafirmaron el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.

Concretamente, tras dos años de negociaciones, en el año 2004, se adoptan las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO. El objetivo de las directrices es proporcionar orientaciones prácticas a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Así también, se crea una unidad del derecho a la alimentación en la sede mundial de la FAO en Roma. De esta forma, empezamos a trabajar en apoyar a los países a reconocer este derecho en sus constituciones y leyes y a hacerlo efectivo mediante diversos programas técnicos de asistencia y cooperación internacional.

P. ¿Cómo ha sido este apoyo en América Latina y el Caribe?

R. La FAO ha venido apoyando la creación y desarrollo del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición (presente en más de 20 países), trabajamos con redes académicas como el Observatorio del Derecho a la Alimentación, con los distintos gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros actores.

Elaboramos publicaciones y apoyamos investigaciones. Por ejemplo, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo - SOFI 2019, hace referencias al derecho a la alimentación, considerándolo un tema central de nuestro trabajo en los últimos años.

P. ¿Cuál es el valor de reconocer el derecho a la alimentación explícitamente en la Constitución?

R. La Constitución es la norma fundamental y de mayor rango o jerarquía del Estado, por lo que reconocer el derecho a la alimentación explícitamente en la misma genera una serie de efectos positivos para su efectiva aplicación.

Es un reconocimiento del deber de todos los órganos del Estado de poner este derecho en lo más alto de las agendas políticas. Para ello, deben adoptar medidas positivas que hagan efectivo el derecho y, en consecuencia, aprobar leyes, planes y programas que permitan erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas, coordinar entre instituciones del Estado para atacar el problema desde sus distintas aristas, asignar presupuestos públicos a los programas y planes que se establezcan e incluir la participación y la voz de los titulares de este derecho, que son todas las personas.

Además, con este reconocimiento las personas pueden exigir su derecho a través de los mecanismos constitucionales establecidos, como el recurso de protección en el caso de Chile.

P. ¿Qué rol cumple el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición en este reconocimiento?

R. El Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de América Latina y el Caribe reúne a más de 500  legisladores, de toda la región, de diferentes grupos políticos y culturas con una agenda común destinada a combatir el hambre y la malnutrición. Su importancia radica en su pluralidad y su capacidad de llegar a consensos, para movilizar resultados legislativos a mediano y corto plazo.

Se trata de una red regional que, con el apoyo de la FAO, la Cooperación Española y el Programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID – FAO, ha impulsado múltiples iniciativas vinculadas al derecho a la alimentación y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Reconocer, proteger y garantizar el derecho a la alimentación es una de las obligaciones internacionales de los Estados y el Frente, gracias a su alcance transnacional, facilita el cumplimiento de esta obligación de los parlamentos y de todos los órganos del Estado.