Se espera que un total de 506.960 hectáreas ubicadas en los municipios de Carurú, Vaupés y Miraflores, Guaviare sean tituladas a nombre del resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú, uno de los 3 grandes resguardos del Vaupés. En él habitan 15 pueblos indígenas, 3 de ellos declarados por la ONIC en riesgo de exterminio físico y cultural a causa del conflicto.

La vulneración de derechos de la que han sido víctimas los pueblos indígenas en la región amazónica de Colombia ha sido invisible para gran parte del país. En los territorios más apartados, allí donde por décadas no llegaron los registros oficiales, la tupidez de la selva fue el escenario para perpetuar las más graves violencias: asesinatos selectivos de líderes y autoridades tradicionales, reclutamiento de menores, accidentes con minas antipersonales, ocupaciones arbitrarias de viviendas y escuelas comunitarias por parte de los actores del conflicto, fueron algunas de las prácticas habituales en estas zonas documentadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES.

Violencias que se profundizaron y extendieron por toda la región convirtiéndose en la causa de desplazamiento de comunidades y familias enteras. De 2000 a 2010 se estima que 7.519 personas fueron víctimas de desplazamiento en Guainía, Vaupés y Amazonas, de ese número el 67% provenían de Carurú, Barrancominas, Mitú y Mapiripana, según CODHES. Cifras que demuestran la dimensión de este flagelo.

Para hacer frente a este panorama la Unidad de Restitución de Tierras – URT, fue creada con la Ley 1448 de 2011 con el propósito de acompañar a las víctimas de abandono y despojo en la gestión administrativa necesaria para la restitución de sus tierras y territorios y la realización de sus derechos sobre los mismos. Una misión que no sólo se restringe a emitir fallos, sino a promover una acción reparadora integral que asegure el retorno pleno de las personas y comunidades restituidas.

Con el objetivo de apoyar esa reparación integral, la Embajada de Suecia en Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO Colombia, han acompañado desde el 2013 a la URT, primero en la definición conjunta de instrumentos metodológicos para el diseño e implementación de proyectos productivas para las familias restituidas y segundo en los procesos de caracterización del despojo de territorios étnicos para construir las solicitudes o demandas de restitución.

Es así como, en el marco de este acompañamiento hoy será radicada en el Juzgado del circuito especializado de restitución de Villavicencio la demanda que tras más de un año de trabajo recogió las pruebas del despojo y abandono forzado que sufrió el resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú y que se convierte en el primer proceso de restitución iniciado en territorio amazónico.

De ser fallada a su favor, la demanda le permitirá al resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú la titulación de su territorio colectivo y la restitución de sus derechos territoriales. Un logro que no sólo permitirá a los pueblos indígenas el ejercicio de su gobierno propio y el goce efectivo de sus territorios, sino también la protección y ampliación de la seguridad jurídica de una gran parte de la selva amazónica del departamento del Vaupés, favoreciendo la conservación y protección del bioma amazónico.

“La radicación de esta solicitud de restitución es sólo un logro de todo un proceso que reconstruyó la historia del conflicto armado en territorios étnicos de zonas apartadas, la cual, con los diferentes talleres realizados, los testimonios recogidos y la reconstrucción de cada uno de los hechos victimizantes, sirven como memoria viva de lo ocurrido en el territorio para las generaciones actuales y futuras de estos pueblos étnicos” afirmó Danny Herrán, Punto Focal de Asuntos Étnicos de FAO Colombia.

La política de restitución de tierras en su componente étnico ha logrado proteger y restituir los derechos territoriales de diversos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de manera integral. Su aporte es fundamental para la construcción de paz en distintos territorios del país y es un elemento estructural para que las comunidades étnicas de Colombia puedan tener acceso a la justicia, muchas de ellas por primera vez.

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