Cada año, 127 millones de toneladas de alimentos se van a la basura, lo que representa 223 kilogramos de alimentos perdidos o desperdiciados por persona al año en América Latina. 

De acuerdo con datos recientes de la FAO, a nivel global se pierden y desperdician 1 300 millones de toneladas de alimentos por año, es decir, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano. En América Latina y el Caribe, estas cifras llegan al 34% de los alimentos producidos, lo que se representa en 127 millones de toneladas. Este fenómeno tiene lugar a lo largo de toda la cadena de valor:  producción 28%, procesamiento: 6%, manejo y almacenamiento: 22%, distribución y mercado: 17%, y consumo: 28%. 

Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia se pierden y desperdician anualmente de 9.76 millones de toneladas de alimentos, el equivalente al 34% de la producción total. Las mayores pérdidas se registran en las cadenas de frutas y vegetales (62%) y de raíces y tubérculos (25%). 

Solo en Colombia, estas pérdidas y desperdicios de alimentos serían suficientes para alimentar a 8 millones de personas al año, aproximadamente. El foco mayor de pérdidas se da en la etapa de producción, con el 40,5% (3,95 millones toneladas), seguido por el 19,8% (1,93 millones de toneladas) que se pierde en el proceso de poscosecha y almacenamiento y el 3,5% (342 mil toneladas) en los procesos de procesamiento industrial. 

Ante este panorama, la Comisión Séptima Constitucional Permanente de Colombia aprobó el Proyecto de Ley 301 de 2018, por medio del cual se crea la política contra la pérdida y desperdicio de alimentos, un avance importante en relación al objetivo 12.3 del Desarrollo Sostenible que busca reducir el desperdicio de alimentos en un 50%. 

Dada la importancia del tema y los avances que ha tenido Colombia en la materia, el país fue seleccionado como sede de la primera Cumbre Latinoamericana de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con el DNP y los socios de la plataforma #SinDesperdicio. 

La Cumbre, realizada los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de Bogotá, abrió el espacio para diálogo e intercambio de experiencias entre el sector público y privado, lo que dio paso a generación de sinergias para la implementación de una agenda de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en toda la región. 

Esta primera Cumbre contó con la participación de más de 200 delegados de gobiernos locales, industria alimentaria, productores de alimentos, academia y cooperación internacional de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. Con la apertura a cargo de María Juliana Ruíz, Primera Dama de Colombia; Luis Alberto Rodríguez, Subdirector del DNP; Rafael de la Cruz, Representante BID; João Intini, Oficial de la FAO encargado de sistemas alimentarios, y Carlos Enrique Cavelier, presidente ejecutivo de la Junta de Alquería. 

"Este tema es emocionante para mí pues toca dos temas fundamentales: la nutrición y el trabajo multisectorial, puntos clave para mi despacho y en los que hemos puesto la mirada. Debemos tomar acciones para bajar ese 64% de desperdicio que se da en las etapas de producción y postcosecha”, afirmó María Juliana Ruiz, Primera Dama de Colombia. 

"Colombia ha avanzado en seguridad alimentaria y en legislar sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos y esperamos que a partir de esta primera Cumbre logremos generar alianzas que nos permitan asumir compromisos para avanzar en este tema", Luis Alberto Rodríguez, Subdirector del DNP.

“El acceso a alimentos nutritivos es esencial para un futuro brillante y saludable. Los efectos de la desnutrición en los niños pueden ser devastadores e incluyen problemas cognitivos, menor concentración y bajo desempeño académico y no podemos ser indiferentes ante estos hechos. La situación alimentaria en Colombia es un desafío que debemos afrontar todos como sociedad incluyente y responsable. Se debe crear una conciencia colectiva frente a la eliminación de la desnutrición”, concluyó Carlos Cavelier, Coordinador de sueños de Alquería.

Con un llamado para generar consciencia sobre esta situación, concluyó el panel de apertura Rafael de la Cruz, Representante BID: “si nosotros no desperdiciáramos esos 127 millones de toneladas de alimentos en la región, estos bastarían para cubrir las necesidades alimentarias del 85% de los 42 millones de latinoamericanos que pasan hambre cada año”.

La pérdida y el desperdicio de alimentos en Colombia

La pérdida y desperdicio de alimento (PDA) repercute en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, tanto en el ámbito económico y ambiental (uso eficiente de los recursos naturales), como en el social ético vinculado a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Por ello, la propuesta es avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles, mejorando la eficiencia de los procesos y la participación de todos los actores, para generar resultados y beneficios más equitativos. 

En 2017 se construyeron los lineamientos nacionales para el abordaje de PDA, liderado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), con el apoyo técnico de la FAO. Están orientados a la prevención y reducción de las PDA, incluyen marco conceptual, normativo, estratégico, así como principios y recomendaciones planteadas en los planes de desarrollo y políticas nacionales, un marco operativo articulador con una serie de acciones, que pueden ser implementadas y desarrolladas a nivel nacional, regional, departamental y municipal. 

El Plan de desarrollo Pacto por Colombia pacto por la Equidad 2018 – 2022 en la Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos, en el objetivo 4 manifiesta que el DNP coordinará la formulación de la Política Pública Nacional para contrarrestar la PDA, en el marco de la institucionalidad creada para la SAN. 

Como estudio piloto, en 2018, FAO presentó los resultados obtenidos en la evaluación y cuantificación de PDA a lo largo de la cadena del tomate chonto en el municipio de Garagoa, Boyacá. Como conclusión general se expuso que, debido a las condiciones estructurales de la producción rural, hay deficiencias en la planificación de la producción por parte de los productores de tomate en algunos casos debido a las condiciones agroecológicas del municipio y al acceso de los medios de producción adecuados por parte de los productores. La idea, es replicar el ejercicio a lo largo de la cadena alimentaria.   

Producto de más de dos años de trabajo, el 2 de agosto de 2019 fue sancionada la Ley 1990 “por medio de la cual se crea la política para la prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones”, construida el Frente Parlamentario contra el Hambre. La FAO y el Programa Mesoamérica Sin Hambre apoyaron a los parlamentarios en la conformación de espacios de consenso y talleres con gobierno, sociedad civil, sector empresarial, academia y expertos nacionales e internacionales para lograr avanzar en la aprobación de la Ley 1990 de 2019. 

La ley tiene como objetivo crear una Política para la Prevención de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, a través del diseño de medidas para prevenir éstos fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promoviendo una vida digna para todos los habitantes. 

Aspectos que debería considerar la implementación de la Ley: i) comunicación y cooperación entre agricultores; ii) organizar a los pequeños agricultores; iii) diversificar la producción y comercialización de los pequeños productores, iv) análisis de consumo realizadas por los supermercados; v) inversión en infraestructura y transporte; vi) promover el desarrollo de conocimientos y la generación de capacidades en los operadores de la cadena alimentaria para aplicar prácticas inocuas para el manejo de los alimentos; vii) desarrollar vínculos de agricultura por contrato entre el procesador y el agricultor; viii) sensibilización pública con el apoyo de escuelas, universidades y sector privado y fortalecer la implementación de tecnologías de almacenamiento. 

El paso a seguir es la reglamentación de la Ley, allí es importante promover y generar acciones y espacios de consenso que permitan sanear los vacíos que en términos de prevención de pérdida hayan quedado.
 

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