Colombia participa en el diálogo mundial más importante sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), donde se reúnen anualmente los 193 países que revisan las políticas públicas para eliminar el hambre y todas las formas de malnutrición. Los aportes nacionales son el resultado de consensos entre comunidades, organizaciones sociales, instituciones, expertos y cooperación internacional que participaron en diálogos territoriales y nacionales preparatorios. 

En Colombia 3,2 millones de personas están subalimentadas y buena parte de ellas vive en zonas rurales.  Eliminar el hambre sigue siendo para el país uno de sus mayores retos luego de que, con la firma del Acuerdo de Paz y en un corto período, se haya reducido la subalimentación en un 27%, tal como lo menciona el informe publicado recientemente por la FAO en conjunto con, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA por sus siglas en inglés), el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS): El Estado mundial de la Seguridad Alimentaria y la nutrición. 

Juan Carlos García y Cebolla, Director global del equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO (Roma), destaca lo interesante de la experiencia colombiana para el mundo gracias a la riqueza de las iniciativas que avanzan, desde lo local, desarrollando capacidades para abastecerse y garantizar su fuente de alimentación. Toda vez que aclara que “el Derecho Humano a la Alimentación (DHA) no es el derecho a ser alimentado, sino a poder alimentarse uno mismo con dignidad”. 

Si bien, la mayor participación de actores diversos que Colombia ha logrado incluir, afirma García y Cebolla, es un avance importante, precisamente el que muchos más participen, trae consigo la exigencia de propiciar una mayor articulación para que puedan construirse consensos alrededor de políticas públicas que den en el blanco y eliminen el hambre, respondiendo cada vez más a necesidades territoriales específicas.

El experto destaca que en Colombia la firma e implementación del Acuerdo de Paz renueva en su punto uno “Reforma Rural Integral”, la oportunidad de fortalecer la institucionalidad del campo para afrontar sus desafíos, y encaminar una política de desarrollo rural que podría incluso inspirar a otros países, en la medida en que se convierte en un referente, no para copiarlo, sino para entender cómo se pueden emprender nuevos procesos de garantía del derecho en una fase de transición.

Por su parte, para el Gobierno su participación en este Comité Mundial de SAN, en el que participan los Estados miembros de la FAO y de las Naciones Unidas (193 países), implica también el reto de poder compartir algunas mejoras en la realización progresiva del DHA en las que se ha logrado avanzar.

Entre otras, la reducción del hambre y malnutrición en la población más pobre, vulnerable y étnica; la constante reducción de la Pobreza Multidimensional y Pobreza Monetaria; una mayor integración e inclusión de la economía campesina; mejoras en la productividad y comercialización de alimentos; la construcción de una visión territorial de desarrollo y el empoderamiento de habitantes rurales; así como el impulso a programas de integración social y productiva como mecanismos de reconciliación y asociatividad territorial.

Por su parte, para José Luis Barreiro, director de Acción contra el Hambre Colombia, organización aliada de la FAO en el fortalecimiento del DHA, se espera que todos estos esfuerzos sean un “proceso contínuo y que no tenga las interrupciones que a veces se tienen en la política pública, por ejemplo, ante un cambio de Gobierno”.  Construir sobre lo construido es, sin duda, uno de los mayores aprendizajes que la FAO reconoce en países que ya erradicaron el hambre.  

Otros retos en los que tendrá que avanzar Colombia durante los próximos años y que fueron identificados en los espacios de diálogos territoriales y nacionales, resultado de la reciente alianza FAO y Acción contra el Hambre, y que aparecen detallados en la publicación Derecho a la alimentación. Una construcción social, incluyente y participativa (2018) son:  

• Acceso a la tierra y respeto por la vocación de la misma.  Facilitar el mayor empoderamiento y reconocimiento de las mujeres y jóvenes rurales, así como la protección de líderes sociales que defienden derechos territoriales.
• Incorporación en las políticas públicas de estándares internacionales y nacionales en materia de jurisprudencia referente al DHA, así como la introducción de una perspectiva de DHA, más allá de la seguridad alimentaria y nutricional;
• Regulación por parte del Estado frente a la publicidad y comercialización de alimentos ultraprocesados, ligado a una mayor educación que promueva hábitos alimentarios más saludables, entre los que se destaca la lactancia materna como factor de buena alimentación y nutrición;
• Promover modelos de producción y consumo más amigables con el medio ambiente que contribuyan a una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles; con canales de comercialización que favorezcan al pequeño productor y protejan sus usos y costumbres, acercándoles más a sus consumidores para promover una acción de consumo consciente;
• Implementar sistemas de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas pública en materia del DHA, de manera que esto incida también en elevar la calidad de la participación de los actores estratégicos.

Derecho a la alimentación. Una construcción social, incluyente y participativa