Mañana 15 de marzo en Ibagué, Tolima, y el lunes 18 en Tunja, Boyacá, la RAPE Región Central, el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizarán audiencias públicas con instituciones locales, la academia, organizaciones campesinas, de la sociedad civil y del sector privado para discutir el proyecto de Ley número 139 de 2018 por el cual se establecen mecanismos que favorecen la participación de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos. 

Más de 709 millones de dólares anuales se estima que destinan en compras de alimentos solo 3 entidades y programas gubernamentales en Colombia (El ICBF, la Unidad Nacional de Servicios del Sistema Penitenciario - UNSPEC y el Programa de Alimentación Escolar – PAE), sin embargo la participación de la agricultura familiar como proveedor directo de estos mercados institucionales es tan sólo del 3%, lo que revela la oportunidad de fomentar la vinculación de estos actores a los sistemas de compras públicas. Hoy una de las apuestas más prometedoras en América Latina y el Caribe para erradicar el hambre y la pobreza.  

Para lograr esto, el Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo Colombia conformado por 42 congresistas de 17 partidos polìticos, con el apoyo de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos,  construyó el año pasado el proyecto de ley número 139 de 2018 que propone, entre otras normas, formalizar la creación de la Mesa como ente rector para la implementación de esta propuesta en el país, y que las entidades públicas que demandan alimentos para el abastecimiento y suministro de productos de origen agropecuario adquieran a nivel departamental, como mínimo, un 10 % del valor total de las compras de alimentos con los productores/as de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus organizaciones de economía solidaria. 

La Ley, que deberá superar cuatro debates en el Congreso de la República, ya fue aprobada por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en noviembre de 2018 y actualmente se encuentra en proceso de discusión y fortalecimiento, razón por la que se han llevado a cabo diversas actividades entre ellas una socialización con la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas a principios de febrero de este año a la que se suma las audiencias públicas que se realizarán en Ibagué y Tunja.

En Ibagué el evento contará con la participación del Gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga; el Director Ejecutivo de la RAPE Región Central, Fernando Flórez Espinosa; la congresista y ponente del proyecto de ley, Flora Perdomo; el Coordinador de la estrategia de compras públicas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, Edwin Isuasti; la punto focal del Frente Parlamentario contra el Hambre en FAO Colombia, Ángela Rivera Espinosa; y el presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Alfredo Huertas Pontón. 

En Tunja, asistirán el director de la RAPE Región Central y el coordinador de UAEOS, así como el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya; el Coordinador de Proyectos de FAO Colombia, Luis Alejandro Perea; y el Representante a la Cámara y uno de los secretarios técnicos del Frente Parlamentario contra el Hambre, Cesar Augusto Pachón. 

A estos encuentros se suma la Audiencia Pública que se realizará el próximo jueves, 27 de marzo, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en alianza con la Comisión Accidental del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Colombia, la cual debatirá el proyecto de Ley con diversas entidades de Gobierno para buscar su respaldo a la propuesta. 

De estos espacios se espera recoger los insumos suficientes para llevar el proyecto de ley número 139 de 2018 consolidado a las plenarias del Senado y la Cámara y superar los debates para su promulgación como ley. 

Ver: Si quiere consultar el proyecto de ley o seguir las novedades con respecto al mismo consulte la página de la Cámara de Representantes

¿Por qué vincular la Agricultura Familiar a los sistemas de compras públicas? 

Los diferentes Ministerios y entidades de Gobierno que abarcan más del 70% de la demanda de alimentos, buscan abastecerse con productos frescos, diversificados y culturalmente aceptados en las dietas de su población. Ellos proveen la alimentación de las poblaciones más vulnerables, proporcionando comida saludable a los niños y niñas que participan de los programas de alimentación escolar, beneficiarios de los hospitales públicos, miembros de las fuerzas militares, personas de los circuitos carcelarios y otras instituciones similares. Una demanda que la agricultura familiar puede estar en capacidad de abastecer.  

Por su parte, para los agricultores familiares y sus organizaciones, los mercados institucionales ofrecen certezas en términos de recursos y bienes requeridos, por lo cual se presentan como una oportunidad para promover procesos de planificación productiva, asociatividad, mejora de calidad y generación de empleo local sostenible, así como la posibilidad de tener una fuente estable de generación de ingresos. 

De esta manera, los programas de compras públicas permiten crear un círculo virtuoso entre la agricultura familiar, los mercados locales, los programas de asistencia del gobierno y los consumidores, generando beneficios para todos.

Una ventana de oportunidad que los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC) están impulsando, favoreciendo el establecimiento de marcos legislativos que promuevan la agricultura familiar y las compras públicas como un sector estratégico para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. 

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