Las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Países se encuentran en proceso de construcción y validación de indicadores para impulsar la producción y consumo sostenible de alimentos

Costa Rica junto a Brasil, Colombia, Cuba, México, Panamá y Paraguay promueven el diálogo e implementación de las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe, con el propósito de responder a los desafíos de la Agenda de Desarrollo 2030.

 Las Directrices fueron construidas a partir de un trabajo previo de diagnóstico y análisis de los retos para avanzar en la aplicación de un enfoque agroambiental en las políticas públicas, orientadas hacia la agricultura, ganadería, bosques, pesca y la acuicultura.

 En los últimos años, la preocupación por la degradación de los recursos naturales y el impacto del cambio climático ha estado más presente en las agendas de los países, ampliándose los espacios de intercambio de experiencias para fortalecer las políticas públicas.

 “El siguiente paso es un proceso de construcción y validación de los indicadores y definitivamente es de suma relevancia los aportes de los diferentes sectores de Gobierno, sector privado, academia y la sociedad civil”, comentó Octavio Ramírez Mixter, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

 Mediante consultas, los países definirán una propuesta de indicadores que reflejen la situación, cambios y tendencias del enfoque agroambiental y que permitan la medición  a nivel nacional y por ende, contribuyan al ámbito regional.

 Asimismo, los indicadores promueven el manejo sostenible de los recursos naturales, así como acciones para disminuir el impacto del cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones que viven en condiciones vulnerables.

 Según Ramírez, el objetivo de los indicadores para políticas agroambientales es avanzar hacia la producción y consumo sostenible de los alimentos y otros bienes provenientes de la agricultura, ganadería, actividad forestal y la pesca.

 Las rondas de consultas son parte de las actividades que implementa el proyecto de Fortalecimiento de Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe del Programa de Cooperación Internacional Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por medio de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

 “La implementación de las políticas agroambientales eficaces requiere un conjunto de acciones estratégicas y medidas sectoriales que favorezcan la reconversión de los sistemas de producción intensivos en uso de insumos y perjudiciales al medio ambiente hacia sistemas sostenibles de producción o agroecológicos, así como también impulsen sistemas sostenibles de pesca costera y continental”, dijo Jessica Casaza, Coordinadora de la FAO del Proyecto Fortalecimiento de Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe.

 Cabe señalar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) poseen una estrecha relación con las Directrices, especialmente los Objetivos 2 (Hambre cero); 13 (Acción por el clima); 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

 La Agenda de Desarrollo 2030 promueve los sistemas alimentarios sostenibles y nuevas formas de trabajar la tierra y gestionar los recursos naturales en la construcción de un futuro viable para la humanidad.

 En este sentido, las Directrices se constituyen en un instrumento que contribuye al alcance de las metas de la Agenda 2030 y a mejorar la articulación de las políticas agroambientales.

 En Costa Rica se llevó a cabo el diálogo, con el trabajo conjunto de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial (SEPLASA), con el apoyo de la Representación de la FAO en Costa Rica.

 Según el Director Ejecutivo de SEPSA, Edgar Mata, Costa Rica se ha distinguido por su compromiso en la protección ambiental y buenas prácticas, en atención al cumplimiento de los objetivos de trabajo del proyecto que coincide con otros acuerdos que involucran a la comunidad internacional y al país.

 Casos exitosos de políticas agroambientales en el país

 El Programa de Pago por Servicios Ambientales es un reconocimiento financiero que otorga el Estado, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), para compensar a los propietarios privados de bosques y plantaciones por el mantenimiento de sus ecosistemas.

 Los propietarios realizan actividades de conservación de bosques y reforestación, que sustentan la provisión de servicios ambientales bajo las categorías de mitigación de gases de efecto invernadero, protección del agua, biodiversidad y belleza escénica según la Ley Forestal Nº7.575.

 Este programa se ha utilizado para reforzar el sistema de áreas protegidas y crear corredores biológicos que abarcan 437 mil hectáreas.

 El programa ha tenido un gran impacto en los territorios indígenas, al brindarles oportunidades para la obtención de recursos e ingresos.

 Por otro lado, la Agenda Agroambiental “Conservar Produciendo, Producir Conservando” del año 2002, incorporó el enfoque agroambiental y ecosistémico a la producción agropecuaria. En el 2016 se actualizó y formalizó la agenda, con participación de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Ambiente y Energía.

 Mediante la agenda se logró un acercamiento entre el sector de medio ambiente y agropecuario que evidenció los retos y la necesidad de unir sinergias para obtener mejores resultados. Además, señaló la importancia de mantener un constante equilibrio entre producción y conservación.