Las Autoridades municipales y la comercialización de alimentos

Los Autoridades municipales tienen muchas responsabilidades asociadas con la comercialización de alimentos:

formulación de políticas urbanas o municipales;
ejecución de programas de inversión y desarrollo;
planificación, construcción y administración de mercados urbanos, áreas de carga y descarga, mataderos, puertos, estaciones, estacionamientos e infraestructura de transporte;
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pública así como del suministro de agua, servicios higiénicos, iluminación, alcantarillado y eliminación de agua y desechos;
fijación de normas para la ocupación y construcción en terrenos públicos;
establecimiento de impuestos municipales y fijación de cánones o tasas por la utilización de espacio en los mercados;
control de calidad de los alimentos e higiene de los puntos de venta;
eliminación de basura y provisión de seguridad en las áreas urbanas;
reglamentación de las actividades de mercadeo de alimentos;
control de actividades ilegales.

Las Autoridades municipales enfrentan diversas dificultades en el cumplimiento de sus responsabilidades:

quienes adoptan las decisiones no están totalmente informados de los temas involucrados. Las decisiones sobre uso de fondos no tienen bases técnicas o son impuestas por el Gobierno Central;
la infraestructura de mercado disponible no es adecuada;
los recursos disponibles son insuficientes para enfrentar el gran número de problemas;
los trámites para el desembolso de los préstamos concedidos a las Autoridades municipales son muy lentos;
el diálogo con el sector privado es insuficiente;
la coordinación y colaboración con el Gobierno Central no son adecuadas;
el personal técnico es insuficiente y sus conocimientos sobre mercadeo de alimentos son inadecuados.

Las políticas y los programas urbanos o municipales para el abastecimiento y la distribución de alimentos requieren objetivos claros y responsabilidades institucionales bien definidas. Necesitan también del apoyo de políticas nacionales pertinentes.

Como resultado:

la inversión pública en la infraestructura de mercado no contribuye al desarrollo económico y social;
no se estimula la inversión privada en la comercialización de alimentos;
las rentas generadas por las actividades de mercadeo no son invertidas adecuadamente, los mercados no son bien mantenidos y los servicios a los usuarios siguen siendo insuficientes;
las reglamentaciones municipales no son respetadas y actualizadas para que reflejen cambios en la economía alimentaria y en las prácticas comerciales;
el acceso a los alimentos es más costoso de lo necesario.

Consumidores urbanos más vulnerables a la inseguridad alimentaria

Los desempleados;

la gente que vive en áreas recientemente urbanizadas, usualmente los pobres rurales, que tienen dificultades en integrarse rápidamente a los nuevos ambientes urbanos;

madres solteras con hijos dependientes;

servidores públicos cuyos salarios se pagan con atraso;

quienes viven de las actividades en pequeña escala, a menudo en la economía informal;

los inválidos, los enfermos y los ancianos, que carecen de apoyo familiar.

Estas personas y sus familias usualmente viven en barrios periféricos, en asentamientos temporales o precarios que no disponen de infraestructura y servicios. Esas áreas son, a menudo, ignoradas por las Autoridades municipales.