II. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS CEREALERAS

La mayor parte de las iniciativas de carácter nacional relacionadas con el sector de los cereales durante la campaña de 1999-2000 se emprendió, por lo general, en respuesta a los bajos precios internacionales, los altos costos de los insumos y los problemas climáticos. En muchos países en desarrollo prosiguieron los intentos de fomentar los incentivos a los productores mediante el sostenimiento de los precios aunque, al mismo tiempo, la influencia de varios factores económicos presionó al alza los precios de los insumos, mientras las malas cosechas provocadas por las condiciones atmosféricas redujeron las ganancias de los productores. En los países desarrollados las nuevas iniciativas políticas relativas al sector de los cereales reflejaron los reajustes realizados en el marco de los amplios programas políticos anteriormente adoptados por los países, incluida la Política Agrícola Común (PAC) de la CE y la Ley FAIR de los Estados Unidos. Dentro de estos programas, el cambio en materia de políticas más significativo fue la supresión de las medidas de sostenimiento de los precios y la aplicación de transferencias fiscales directas destinadas a respaldar los ingresos agrícolas.

En el marco del ARUA, en muchos países se ha mantenido cierta orientación hacia la reducción de las barreras al comercio, junto con la tendencia a liberalizar las actividades comerciales internas. Otra característica de los últimos años de las políticas comerciales, incluidas las que afectan a los cereales, ha sido un mayor fortalecimiento de los acuerdos comerciales.

POLÍTICAS COMERCIALES

En muchos países, las políticas de apoyo a la producción se ajustaron a las pautas establecidas en los últimos años: mejora de los precios, concesión de créditos y medidas de reducción de la deuda, por un lado y, por el otro, incremento de las transferencias directas de ingresos. No obstante, en las zonas aquejadas por intensos conflictos civiles y problemas climáticos el proceso de reforma quedó estancado. En varios países, se intensificaron los esfuerzos por aumentar los ingresos agrícolas de las personas afectadas por las malas condiciones climáticas, los bajos precios internacionales de los cereales y los elevados costos de la energía.

En África muchos países siguieron fortaleciendo las políticas de apoyo al productor con el fin, en algunos casos, de reajustarlas para hacerlas más compatibles con las reformas estructurales en curso. Sin embargo, los países dieron distintas respuestas a los fenómenos de breve duración, según su situación económica. Marruecos, tras experimentar la peor sequía de los últimos diez años, asignó unos 631 millones de dólares EE.UU., en marzo de 2000, para mejorar el abastecimiento de agua a las zonas destinadas a la producción de cereales y contribuir a cubrir el costo del aumento de las importaciones en 2000-2001. Frente a los elevados precios del combustible, los Gobiernos de Mozambique y Sudán aumentaron el precio del diesel en 25 y 27 por ciento, respectivamente, mientras que en Namibia el Gobierno aumentó en el 60 por ciento la rebaja por litro aplicada al combustible diesel vendido a los agricultores. En Túnez, para alentar a los productores a aumentar los rendimientos, el Gobierno, por primera vez desde 1996, aumentó los precios al productor, a finales de 1999, tanto para el trigo duro como para el trigo tierno en 7 dólares EE.UU. por tonelada, hasta alcanzar 210 y 185 dólares EE.UU., respectivamente.

Otros países buscaron soluciones a más largo plazo, como por ejemplo Egipto, donde en el año 2000 el Gobierno ha lanzado un proyecto valorado en 87 000 millones de dólares EE.UU. en cuya primera fase se prevé recuperar 400 000 hectáreas de tierras agrícolas del desierto para el año 2017. Gran parte de las tierras recuperadas en el marco de este proyecto se utilizará para el cultivo de cereales. El Gobierno proporcionará el 25 por ciento del costo estimado y el sector privado, la parte restante.

Entre los países asiáticos, los precios de sostenimiento mínimos de los cereales se han aumentado en la India para la campaña de comercialización 2000-2001 (Cuadro II-1). En cuanto al trigo y la cebada, el precio de sostenimiento mínimo se ha aumentado respectivamente en 5 por ciento, hasta 133 dólares EE.UU. por tonelada, y en 10 por ciento, hasta 99 dólares EE.UU. por tonelada. Dicho precio es el precio al cual el Gobierno compra cereales de los productores. En julio de 2000, el Gobierno ha introducido un plan de seguro de las cosechas para el maíz y otros cultivos. El principal objetivo de este plan es ayudar a los agricultores a hacer frente al riesgo de malas cosechas. Todos los agricultores que han recibido préstamos de instituciones financieras, incluidos los arrendatarios, reúnen las condiciones necesarias para participar en el programa de seguro.

En mayo de 2000, la República Islámica del Irán ha concedido préstamos por un valor aproximado de 183 millones de dólares EE.UU. apara ayudar a los agricultores (incluidos los cerealistas) afectados por la sequía. Se autorizó a los bancos de propiedad del Gobierno a aplicar cierta flexibilidad, por un máximo de dos años, en las sanciones establecidas por el retraso en el reembolso de los préstamos. En el Pakistán, para mitigar los efectos del incremento de los costos de producción, el precio de sostenimiento del trigo se aumentó en 25 por ciento, hasta 7 500 rupias (144 dólares EE.UU.) por tonelada, entre la campaña de 1998-1999 y la de 1999-2000.

En Jordania, que ingresó a la OMC en abril de 2000, el Gobierno suprimió el sistema de declarar los precios administrados para el trigo y la cebada antes de la temporada de siembra. En Turquía, durante la campaña de 1999-2000, los precios de sostenimiento se mantuvieron inalterados para la mayor parte de los cereales, salvo el trigo duro, cuyo precio disminuyó ligeramente.

Dentro de la región de América Latina y el Caribe, el Gobierno del Brasil, en agosto de 1999, anunció un plan de reducción de la deuda en hasta el 80 por ciento respecto de todos los préstamos que los agricultores, incluidos los cerealistas, habían de reembolsar al Gobierno. El plan permitía una reducción del 30 por ciento en las deudas agrícolas de hasta 5 000 dólares EE.UU., y un descuento del 15 por ciento en las deudas de hasta 100 000 dólares EE.UU. Al final de 1999, el Gobierno anunció una serie de medidas destinadas a aumentar el nivel de autosuficiencia en maíz, incluida una asignación de 251 millones de dólares EE.UU. en los préstamos concedidos para contribuir a cubrir los costos de los insumos. Aunque ya se ha completado la siembra de la cosecha principal, los préstamos permitieron que se ampliara la superficie del maíz de siembra tardía. Además, para el año 2000 se otorgó una línea de crédito por valor de 448 millones de dólares EE.UU., a la que siguió en 2001 otra línea de crédito por la misma cantidad. Los préstamos han de reembolsarse en el curso de 6 a 8 años con tipos de interés del 8,75 por ciento, para las explotaciones más pequeñas, al 10,75 por ciento. En 2000 se anunció la adopción de medidas de apoyo a los ingresos para compensar el costo de las pérdidas de cultivo, inclusive los cereales, debido a las heladas que se produjeron en algunas partes del país. Para financiar la compra de insumos se concedieron créditos por unos 690 millones de dólares EE.UU. en total. Con objeto de ayudar a los productores afectados por las heladas, el Gobierno mitigó las condiciones de reembolso aplicables a todas las deudas agrícolas existentes.

El Gobierno de Jamaica, al final de abril de 2000, proporcionó alrededor de 2 millones de dólares EE.UU. a los agricultores (incluidos los cerealistas) gravemente afectados por la sequía. Esta suma se añadió al valor de casi 5 millones de dólares EE.UU. del programa autorizado por el Gobierno, por conducto de los bancos cooperativos populares del Estado, de reescalonamiento del pago de los préstamos de los agricultores aquejados por la sequía.

En Europa, la Comunidad Europea (CE) redujo en 7,5 por ciento el precio de intervención de los cereales, tal como se estipula en el marco del programa 2000 de la reforma de la PAC[19]. Sin embargo, el pago de la subvención mensual para almacenamiento, que se había programado reducir de 1 a 0,93 euros por tonelada en 2000-2001, se aplazó de modo que fuera efectivo a partir de la campaña de 2001-2002. Los países que solicitaron su ingreso en la CE[20] hicieron avances significativos en reajustar las políticas nacionales relacionadas con el sector agrícola a la PAC. Sin embargo, los graves problemas climáticos, el elevado costo del combustible y los bajos precios internacionales de los cereales llevaron a algunos gobiernos a aumentar los desembolsos presupuestarios en apoyo de los productores nacionales.

Cuadro II-1: Precios medios de sostenimiento de los cereales en algunos países (precio por tonelada)

n.d. no disponible (a) precios de intervención (b) precios a efectos de los préstamos Fuente: Informes oficiales y OCDE

En agosto de 2000, el Fondo estatal para la agricultura de Bulgaria proporcionó acerca de 8 millones de lev (3,5 millones de dólares EE.UU.) como apoyo a los ingresos de los productores de cereales. En Croacia, donde una amplia proporción de las tierras cultivadas con maíz se declaró zona de catástrofe natural por la grave sequía del año 2000, el Gobierno proporcionó incentivos financieros a los agricultores para estipular seguros comerciales contra daños a cultivos y tierras agrícolas.

En la República Checa, a raíz de la sequía que provocó enormes pérdidas de ingresos y afectó a más de un millón de hectáreas de tierras, cultivadas en su mayor parte con cereales, a partir del 1° de abril de 2000 se concedió a los agricultores una rebaja del 60 por ciento sobre los impuestos al consumo pagados por las compras de combustibles y lubricantes, y se les proporcionó también agua gratuita para el riego. Esta agua se financió mediante un conjunto de medidas de compensación de 5 000 millones de coronas (120 millones de dólares EE.UU.), que también se utilizaron para conceder préstamos con tipos de interés preferenciales a los agricultores con proyectos de inversiones económicamente viables. Además, se puso a disposición de aquellos agricultores que facilitaran pruebas certificadas de los daños sufridos una subvención directa de 200 millones de coronas (5 millones de dólares EE.UU.), mientras que su renta sobre las tierras estatales se redujo en 10 por ciento. En su propuesta de reajustar el sector agrícola a la normativa de la CE, el Gobierno planificó reducir en hasta el 10 por ciento la superficie agraria total, a partir de 2001.

El Gobierno de Estonia planifica aumentar en 2001 sus pagos de las subvenciones directas a los productores de cereales en unos 296 millones de coronas (16 millones de dólares EE.UU.), lo que se debe a un incremento del 25 por ciento con respecto a las subvenciones otorgadas en 2000. La cantidad asignada para 2001 se aumentará en otros 63 millones de coronas (3,4 millones de dólares EE.UU.) con cargo al plan de ayudas previas a la adhesión a la CE.

El Gobierno de Hungría, en sus asignaciones presupuestarias de 1999-2000, aumentó el nivel de las subvenciones destinadas a los productores agrícolas en alrededor del 40 por ciento, respecto del nivel del año anterior, hasta unos 140 000 millones de forint (46 millones de dólares EE.UU.). Las subvenciones más elevadas se destinaron a los agricultores afectados por la sequía y por los elevados precios de los recursos energéticos. A los productores de cereales se les ofreció pagar la subvención por hectáreas, según el tamaño de las parcelas. Los pagos iban de 12 000 forint (39 dólares EE.UU.) por hectárea para los productores con parcelas de 20 hectáreas o menos, a 4 000 forint (13 dólares EE.UU.) por hectárea para las explotaciones de más de 50 hectáreas. Para el pago de las subvenciones en 2001 se asignó una suma adicional de 90 000 millones de forint (30 millones de dólares EE.UU.).

A finales de 1999, el Gobierno de Lituania sustituyó su sistema de establecimiento de precios mínimos garantizados por otro en el que los precios se determinaban por lo general prescindiendo de las fuerzas de mercado. Sin embargo, para proteger a los productores nacionales de los bajos precios de los cereales, en el marco de esta política se introdujo un mecanismo de precios (mínimos) de intervención. Los precios de intervención para la campaña de 1999-2000 se fijaron en 430 litas (107 dólares EE.UU.) por tonelada para el trigo, 330 litas (83 dólares EE.UU.) por tonelada para el centeno y 800 litas (200 dólares EE.UU.) por tonelada para el trigo sarraceno. Estos precios excluían los normales impuestos al valor añadido del 18 por ciento. Además, el Gobierno introdujo un plan de compensaciones por intereses sobre los préstamos. Los tipos de interés se redujeron en el 50 por ciento sobre los préstamos otorgados para comprar maquinaria agrícola, sobre la cual gravaba un interés del 12 por ciento o inferior. Para otros préstamos relacionados con la agricultura, las rebajas del tipo de interés fueron de hasta el 30 por ciento.

En Polonia, los precios de sostenimiento mínimos del trigo tierno y el centeno se redujeron en 11 por ciento, a 114 dólares EE.UU. y 81 dólares EE.UU. por tonelada, respectivamente, entre la campaña de 1998-1999 y la de 1999-2000[21]. En 2000, el Gobierno, tras proponer mejorar la calidad de las semillas de cereales utilizadas para la plantación, aumentó la subvención para semillas en 23 por ciento, hasta 40 dólares EE.UU. por tonelada para el trigo, y en 8 por ciento, hasta 35 dólares EE.UU. para la cebada. Además, a fin de contribuir a mitigar el efecto del aumento de los precios del aceite sobre los agricultores, al final de 2000 el Gobierno introdujo un vale especial que podía utilizarse como pago parcial del combustible.

Al final de 1999, el Gobierno de Rumania aumentó los precios mínimos garantizados en 50 por ciento para el trigo, hasta 90 dólares EE.UU. por tonelada, y en un 58 por ciento para el maíz, hasta 78 dólares EE.UU. por tonelada. Se proporcionaron a los productores de cereales unos 16 millones de dólares EE.UU. en forma de subvenciones directas para contribuir a sufragar los gastos de combustible. El Gobierno prevé recuperar esta cifra mediante los impuestos sobre la venta de los excedentes de cereales.

Entre las repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en julio de 2000, la Federación de Rusia anunció un paquete de reformas en el marco de su programa de política agrícola a largo plazo, cuya realización abarcará de 2001 a 2010. Entre los principales componentes de las medidas de reforma figuran: a) la creación de una reserva federal de cereales y un mecanismo de apoyo a los mercados para regular el mercado; b) el establecimiento de un sistema flexible de derechos de importación para mejorar los controles en frontera; c) un programa federal de seguro agrícola por detracción de tierras mediante el cual se retiene el 5 por ciento de la cantidad total de promesas de cobertura al sector agrícola; y d) la reestructuración de todas las deudas agrícolas con el Estado.

En Noruega, el precio administrado del centeno utilizado para pienso se redujo en un 1 por ciento, a 248 dólares EE.UU. por tonelada para la campaña de 1999-2000. Por otro lado, los pagos sectoriales para todos los cereales se aumentaron en un 3-6 por ciento, además de un pago extraordinario a tanto alzado de 14 dólares EE.UU. por hectárea de tierra agrícola. En enero de 2000 se suprimieron los impuestos al consumo sobre los fertilizantes nitrogenados y fosforados.

La Junta del Trigo Australiana (AWB), anunció una nueva opción de financiación que ofrecía alivio inmediato a los productores de trigo afectados en 2000 por las adversidades climáticas. Con este nuevo arreglo financiero los agricultores tenían la posibilidad de prorrogar el préstamo concedido para el pago de sus cosechas de 1999-2000 y de solicitar hasta un 75 por ciento de la participación con que se estima aún cuenten en los fondos comunes nacionales para 1999-2000. Los agricultores que entregaban trigo al fondo común central tenían derecho a recibir un nuevo préstamo de alrededor de 16 dólares australianos (9 dólares EE.UU.) por tonelada. Los que entregaban trigo al fondo común número dos recibirían un pago más elevado.

POLÍTICAS RELATIVAS AL CONSUMO, LA COMERCIALIZACIÓN Y LAS EXISTENCIAS

La mayor parte de los gobiernos siguieron orientándose hacia la liberalización de los mercados sobre todo para mejorar la eficacia de los mercados nacionales de cereales y estabilizarlos. No se aportaron modificaciones importantes a las políticas de apoyo al consumo ya adoptadas, salvo algunas excepciones.

En Asia, el Gobierno de la India, al tratar de reducir la gran acumulación de existencias de trigo derivada de una cosecha abundante, en junio de 2000 subastó unos 5 millones de toneladas de trigo para utilizarlas en el mercado nacional. Además, en agosto del mismo año, el Gobierno redujo el precio de venta del trigo en la región septentrional del país, en virtud de su plan de ventas en el mercado libre. Durante agosto y septiembre se aplicó una reducción del precio de alrededor del 38 por ciento. Sin embargo, el precio reducido sólo podía aplicarse al trigo adquirido de existencias en poder de la Corporación de Alimentos de la India (FCI). El Gobierno también aumentó de 60 a 65 millones el número de las familias que reunían los requisitos exigidos para participar en las distribuciones de alimentos subvencionados, así como la cantidad de cereales proporcionados a sus distintos programas de protección social, incluidas las donaciones de ayuda alimentaria. Además, los precios de emisión del trigo canalizado a través del sistema público de distribución se redujo en 8 por ciento para la población por debajo del umbral de pobreza, y en 4 por ciento para las personas que se hallaban por encima del umbral de pobreza.[22]

En febrero de 2000, el Organismo de Comercialización de Cereales de Turquía (TMO), al proponer reducir las existencias de trigo introdujo un plan en virtud del cual se ofrecía a los molineros un precio preferencial en caso de que compraran el equivalente en trigo de su nivel anterior de exportaciones de harina desde dicho organismo. El cambio se debió a la preocupación de que los molineros retirasen el trigo del mercado nacional. Al principio de 2000, el Gobierno del Yemen, en el marco de su programa de reforma en curso, otorgó licencias para el establecimiento de dos molinos harineros de propiedad privada.

En América Latina y el Caribe, el Gobierno de la Argentina emprendió en septiembre de 2000 un programa nacional de registro cerealero para determinar el volumen y la calidad de las cosechas en distintas zonas del país. Se prevé que este programa contribuirá a mejorar la recaudación de impuestos y la identificación de los factores que perturban el mercado. En febrero de 2000, el Brasil anunció que iba a utilizar la suma de 1 600 millones de dólares EE.UU. para regular la comercialización de 12 millones de toneladas de cereales y semillas oleaginosas. En el ámbito de estas medidas, unos 62 millones de dólares EE.UU. en préstamos oficiales se emplearon para financiar la compra de productos, incluidos trigo, maíz y arroz, con la posibilidad de gastar 674 millones de dólares EE.UU. para adquirir otros productos alimenticios. Al final de 1999, el Gobierno de México redujo las facultades de su organismo estatal de comercialización, CONASUPO, y autorizó al sector privado a importar, comercializar y comprar maíz directamente de los productores. Sin embargo, la asignación del contingente de importación del maíz aún recae entre las facultades de CONASUPO.

En Europa, el Gobierno de la República Checa, en el intento de estabilizar los precios nacionales de la harina de trigo en 2000, compró trigo para molienda de los productores nacionales sin aplicar el impuesto sobre el valor añadido. Se ofreció un precio de 3 300 coronas (80 dólares EE.UU.) por tonelada, que correspondía aproximadamente a un 18 por ciento más que el precio de intervención de la campaña anterior. No obstante, los probables vendedores se vieron obligados a entregar el trigo a propias expensas, pero fueron compensados cuando el trigo se vendió a los molineros a un precio superior al que les habían ofrecido. En julio de 2000 el Parlamento aprobó una ley que permitiría a los productores de cereales utilizar los cereales entregados a depósitos autorizados como garantía para los préstamos bancarios. Los certificados expedidos por los depósitos a la entrega de los cereales también podían comercializarse en el mercado de futuros. En cuanto a los depósitos del sector privado, para ser autorizados en virtud de esta nueva ley se debía disponer de un capital mínimo de 30 millones de coronas (730 000 dólares EE.UU.).

Con el fin de contribuir a controlar el gasto fiscal, Polonia suprimió su programa de intervención anterior (almacenamiento público), que funcionaba desde 1992, y en julio de 1999 estableció un nuevo programa de intervención. En el marco de este nuevo programa se fijó un precio de intervención para la compra de cereales con un pago compensatorio directo. Los agricultores que optaron por vender sus cereales a los molineros y mayoristas seleccionados por la Autoridad de Comercialización Agrícola (AMA), además de recibir un precio mínimo garantizado, adquirieron el derecho a unos pagos compensatorios mensuales medios de 22 dólares EE.UU. por tonelada para el trigo y de 14 dólares EE.UU. por tonelada para el centeno. Sin embargo, cuando los precios del mercado nacional eran superiores al precio mínimo, los pagos compensatorios del AMA se reajustaban para reflejar la diferencia entre el precio medio del mercado nacional y el precio mínimo[23]. En agosto de 2000, el Gobierno de Rumania, para contrarrestar los efectos de una grave sequía, ofreció una prima de 21 dólares EE.UU. por tonelada a los productores de trigo para que entregaran hasta 1,5 millones de toneladas de trigo para molienda, procedente de su cosecha de 2000, a las panaderías y los depósitos autorizados.

En julio de 2000, el Gobierno de Ucrania autorizó la compra de unas 500 000 toneladas de cereales de los productores, a precios que oscilaban entre 66 dólares EE.UU. por tonelada, para el maíz y el centeno, y 77 dólares EE.UU. por tonelada, para el trigo. Dicha intervención tuvo por objeto estabilizar el mercado nacional e impedir que se efectuasen exportaciones a precios muy bajos. No obstante, a los productores se les dio la posibilidad de volver a comprar sus cereales del Estado a los mismos precios, más el costo del almacenamiento, una vez que las condiciones del mercado lo permitieran.

En América del Norte, el Gobierno del Canadá estableció un nuevo programa en septiembre de 2000 para asegurar el pronto pago a los productores de cebada, con el fin de garantizar la entrega de cebada forrajera para el final de 2000 de modo que pudieran cumplirse los compromisos contraídos. Además, la Cámara de los Comunes canadiense aprobó una ley destinada a reformar el sector del transporte de cereales del país. La nueva legislación establece una reducción máxima de los ingresos del transporte ferroviario de alrededor de 178 millones de dólares canadienses (118 millones de dólares EE.UU.), lo que refleja una caída del 18 por ciento en las tarifas de flete, a partir de la campaña de 2000-2001. La legislación autoriza asimismo a la Junta Canadiense del Trigo (CWB) a invitar a licitar para los servicios logísticos de los envíos de hasta el 50 por ciento de su volumen total de cereales, para 2002-2003. El Gobierno también proporcionará unos 175 millones de dólares canadienses, en el curso de cinco años, para mejorar sus redes de transporte por carretera.

En febrero de 2000, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) invitó a licitar para la expedición de los certificados de los productos con el fin de alentar a los productores a reembolsar los préstamos pendientes para la comercialización de cereales, más bien que ceder la propiedad a la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC). Con el certificado, cualquier productor con préstamos de 150 000 dólares EE.UU., que es el importe máximo otorgado, puede retener la diferencia entre el precio de venta y el precio de ese cereal específico calculado oficialmente en el mercado local. Un productor que se halle frente a la posibilidad de perder los cereales dados como garantía del préstamo para comercialización también podrán comprar un certificado correspondiente al valor entero del préstamo. El certificado se intercambiará luego por el producto objeto del préstamo de modo que el productor podrá mantener la propiedad y será posible rescatar el préstamo. El precio de rescate de un certificado equivaldrá al precio nacional declarado en el lugar donde se compró el certificado. No se permitirán intercambios si ese precio es superior al precio-préstamo. Además, en mayo de 2000, el USDA ha concedido préstamos para ayudar a los productores de cereales a mejorar sus instalaciones de almacenamiento dentro de las explotaciones. Hasta el 75 por ciento del costo neto de mejora de las instalaciones de almacenamiento se ha financiado con cargo a préstamos, con un límite máximo de 100 000 dólares EE.UU. por solicitante en cada ejercicio económico. El interés sobre los préstamos se ha fijado en 6,25 por ciento y, para el primer año del programa, se ha asignado un importe total de alrededor de 350 millones de dólares EE.UU.

OTRAS POLÍTICAS NACIONALES CONEXAS

Al principio de 2000, el Gobierno de China ha ofrecido subvenciones a los productores de cereales en la región occidental del país para convertir las tierras cultivadas en bosques o pastizales. Esta política tiene por objeto contrarrestar los daños ambientales, en especial la erosión edafológica. Los productores participantes recibirán un pago extraordinario único de 90 dólares EE.UU. y pagos anuales de 36 dólares EE.UU. por hectárea de tierra abarcada en el programa. Podrán efectuarse pagos anuales por 5-8 años, según se conviertan las tierras cultivadas en bosques o en pastizales.

En octubre de 2000, el Gobierno de los Estados Unidos anunció un programa de incentivos, por valor de 300 millones de dólares EE.UU., para ampliar la producción de combustibles a partir de los cereales seleccionados y de otros cultivos. También se anunció la realización de un proyecto piloto de diez años para destilar alcohol a partir de la biomasa vegetal que crece en las tierras abarcadas por el Programa de reservas para fines de conservación, del que forman parte vastas zonas cultivadas con cereales. Se estableció una superficie máxima de 101 178 hectáreas y cada agricultor podía participar con hasta 20 236 hectáreas. Además, en mayo de 2000, el USDA anunció que el programa podía abarcar otras 610 000 hectáreas de tierras agrícolas[24], con lo cual se preveía aumentar la superficie total de 15 millones, aproximadamente, a 16 millones de hectáreas. A los agricultores se les ofreció un pago medio de 128 dólares EE.UU. por cada hectárea de tierra abarcada por el programa.

POLÍTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL

Los bajos precios internacionales de los cereales y los problemas climáticos fueron los principales factores del entorno político subyacente al comercio de cereales, durante el período examinado, que llevaron a varios gobiernos a invertir la tendencia hacia la liberalización del comercio de cereales; ahora bien, en algunos países afectados por problemas climáticos se redujeron los aranceles de importación. Al mismo tiempo, la mayor parte de los gobiernos realizaron avances considerables en el pleno cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de la Ronda Uruguay y siguieron formulando políticas favorables a la aplicación de las nuevas reformas previstas durante la ronda de negociaciones comerciales multilaterales en curso.

Medidas en el sector de la importación

En Bangladesh el Gobierno puso freno a la importación de cereales durante su ejercicio económico de 1999-2000 (julio - junio) debido al exceso de suministros de cereales y a la abundancia de las existencias nacionales. El derecho de importación sobre los cereales importados por empresas privadas se aumentó en 5 por ciento para desalentar a los comerciantes privados. El 16 de junio de 2000, el Gobierno de la India, para proteger a los agricultores nacionales de la baja del precio de las importaciones, introdujo contingentes arancelarios para el maíz. El año anterior se habían autorizado importaciones de maíz exentas de derechos de aduana en el marco de una licencia de carácter general y abierto. En el ámbito del nuevo plan, las importaciones de maíz, ya sea para piensos o para consumo humano, estaban sujetas a un volumen máximo de contingentes de 350 000 toneladas, con un arancel del 15 por ciento. El volumen importado fuera de los cupos estaba gravado con un derecho del 50 por ciento. En el mes siguiente de octubre el volumen previsto para los cupos se subió a 500 000 toneladas. Al mismo tiempo, los derechos de importación sobre el sorgo y el mijo perlado se aumentaron de cero a 50 por ciento.

En octubre de 2000, el Gobierno de Filipinas autorizó a los molineros a importar grandes cantidades de maíz a una tarifa de importación del 35 por ciento, más baja que el derecho normalmente aplicado, del 65 por ciento. Llevaron a la adopción de esta medida las intensas lluvias caídas en los meses anteriores, que habían perjudicado y en algunos casos impedido el secado del maíz. De manera análoga, entre marzo y junio de 2000, Tailandia autorizó importaciones de maíz superiores a su cupo mensual de 53 543 toneladas y suprimió el recargo a la importación de 4,70 dólares EE.UU. por tonelada para promover los suministros nacionales. Sin embargo, siguió aplicando el derecho de importación corriente, del 76,2 por ciento. En mayo de 2000, el Gobierno de Arabia Saudita anunció que hasta marzo de 2001 se suprimiría el derecho de descarga vigente de 1,60 dólares EE.UU. por tonelada para la cebada importada. En enero de 2000, el Gobierno de Viet Nam facilitó una lista de productos y sus tasas impositivas para la aplicación de un acuerdo sobre tarifas preferenciales comunes efectivas (TPCE) del grupo de países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)[25]. En cuanto al trigo, incluidos trigo duro y semillas de maíz, se suprimieron tanto las tarifas preferenciales como las TPCE, mientras que para el centeno, la cebada y la avena, tales tarifas se fijaron en el 3 por ciento. Para el maíz, excluidas las semillas, la tarifa se fijó en el 5 por ciento. Las tarifas aplicadas a los productos de cereales con valor añadido oscilaban entre 5 y 20 por ciento.

En noviembre de 2000, el Gobierno del Brasil suprimió la prohibición a la importación sobre dos tipos de trigo estadounidense (trigo rojo duro de primavera y trigo rojo tierno de invierno). La prohibición venía aplicándose desde 1996 a causa del riego que provocaba una enfermedad fungosa llamada carbón cubierto de la espiga de trigo. Al trigo importado de países que no pertenecían a la región del MERCOSUR[26] se le aplicaba un derecho del 13 por ciento. En septiembre de 1999, el Gobierno de Colombia redujo del 80 al 37 por ciento el derecho de importación sobre el maíz, en virtud del sistema de escalas de precios de la comunidad andina, debido al aumento del costo de piensos y alimentos.[27]

Al final de 1999, el Gobierno de Malawi ultimó su programa de reforma del sector cerealero mediante la supresión del derecho de importación sobre la maquinaria agrícola y autorizó a las empresas privadas locales a competir con las empresas internacionales en el mercado del suministro de insumos. Además, el Gobierno sustituyó su sistema de escalas de precios para el maíz por un sistema de precios indicativos, a fin de reflejar las condiciones del mercado nacional. Anteriormente ya se habían liberalizado los precios de todos los cereales, salvo el maíz, que todavía estaba sujeto a un mecanismo de escalas de precios.

Al final de 2000, debido a la escasez causada por una grave sequía, el Gobierno de Bulgaria anunció planes para suprimir los derechos de importación sobre el trigo y la cebada, desde enero a junio de 2001. Después de este período la tarifa de importación normal para la cebada se reduciría en 5-15 por ciento. La tarifa de importación sobre el trigo duro se reduciría del 18 al 15 por ciento y la tarifa sobre el maíz pasaría del nivel normal del 20 por ciento al 15 por ciento, más específicamente, durante el período de octubre a diciembre de 2001.

En cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del ARUA, la República Checa reajustó sus derechos de importación para los cereales de la manera siguiente: el derecho de importación se redujo del 21,8 por ciento, en 1999, al 21,2 por ciento, en 2000, para el trigo común, el centeno, la cebada y la avena; del 17,5 por ciento, en 1999, al 17 por ciento, en 2000, para el maíz (no destinado a la producción de semillas, que ya estaban exentas de derechos); y del 3,7 por ciento, en 1999, al 3 por ciento, en 2000, para el trigo duro.

En enero de 2000, el Gobierno de Polonia revisó su régimen de contingentes arancelarios para el trigo común y redujo en el 6 por ciento la tarifa aplicada fuera del contingente y las tarifas consolidadas (ARUA), hasta el nivel del 64 por ciento o de 100 euros, ajustándose al nivel inferior en cada caso específico (Cuadro II-2). Se mantuvo inalterado, en el 25 por ciento, el tipo arancelario aplicado dentro del contingente. Además, la tarifa del 20 por ciento sobre el trigo duro se redujo en 3 por ciento, hasta el final de diciembre de 2000, para las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la CE. Para los Estados miembros de la CE, la tarifa se fijó en 1,5 por ciento. Al mismo tiempo, para las importaciones de trigo de Eslovenia, Rumania, Bulgaria y Lituania se mantuvo el tipo preferencial del 15 por ciento, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ALCEC)[28]. Sin embargo, a fin de mitigar el impacto de los bajos precios internacionales de los cereales sobre el mercado nacional, en marzo de 2000 el Gobierno invocó la cláusula de salvaguardia especial (SGE)[29] y fijó los precios umbral de importación siguientes: para el trigo, 149 dólares EE.UU. por tonelada; para la cebada, 112 dólares EE.UU. por tonelada; para el centeno, 128 dólares EE.UU. por tonelada; y para la avena, 48 dólares EE.UU. por tonelada.

Además, Polonia estableció cupos de importación específicos por países para algunos de sus asociados comerciales de la AELC. En mayo de 2000, se fijaron contingentes arancelarios para la importación de 130 000 toneladas de trigo de Hungría y la República Checa. El Gobierno estableció asimismo un derecho de importación específico para importar de Eslovaquia[30] 40 000 toneladas de trigo y 17 000 toneladas de maíz. Al mismo tiempo, frente a la grave escasez y al alza de los precios del maíz, el Gobierno polaco estableció cupos de importación de cereales generalizados. Se fijó un cupo exento de derechos para la importación de 135 000 toneladas de maíz antes del final de diciembre de 2000. Además, en agosto de 2000, el Gobierno autorizó la importación de unas 800 000 toneladas de trigo en franquicia arancelaria, divididas equitativamente entre los sectores público y privado, a raíz de las ingentes ventas de exportación de las existencias de intervención efectuadas durante la campaña anterior. También se fijó un contingente de importación en franquicia arancelaria para 100 000 toneladas de centeno, y se autorizó a la vez la importación, por importadores privados, de 200 000 toneladas de otros cereales (en su mayor parte maíz) exentas de derechos.

En virtud del acuerdo “doble cero” estipulado entre la CE y los diez países de Europa central y oriental, en 2000 (véase el Recuadro IV-2), la CE y Polonia acordaron establecer inicialmente un contingente en franquicia arancelaria de 10 000 y 40 000 toneladas de harina y de trigo, respectivamente. El contingente se aumentaría en 10 por ciento anualmente.

Cuadro II-2: Sistema de contingentes arancelarios de Polonia para las importaciones de cereales, 1999-2000

a/El arancel más elevado entre los dos.
Fuente: Gobierno polaco

Al final de 2000, Rumania suprimió los derechos de importación sobre un volumen de hasta 500 000 toneladas de maíz para pienso, hasta el final de junio de 2001. El objetivo de autorizar importaciones exentas de derechos era reconstituir las existencias y contribuir a mejorar la situación de escasez de la oferta en el mercado de los piensos. En Ucrania, tras una cosecha de maíz particularmente abundante, al finales de 2000 el Gobierno anunció que hasta el final del año limitaría las importaciones de maíz a 500 000 toneladas.

El Gobierno del Canadá impuso un derecho provisional antidumping y compensatorio de 66 dólares canadiense (4 dólares EE.UU.) por tonelada sobre las importaciones de maíz procedentes de los Estados Unidos. Los primeros resultados de una investigación especial indicaron que el maíz estadounidense se ofrecía a precios que, por término medio, se consideraban por debajo de los niveles de rentabilidad. Las autoridades competentes en materia de aduanas e ingresos adoptarían una decisión definitiva sobre el dumping y la concesión de subvenciones a principios de 2001, y la determinación de perjuicio del Tribunal Canadiense de Comercio Internacional se efectuaría más tarde.

Medidas en el sector de la exportación

Bangladesh, al tratar de deshacerse de sus ingentes existencias de trigo, anunció a principios de 2001 unos planes para autorizar a las empresas y cooperativas privadas a exportar trigo mediante convocatorias de licitación.

Al final de 2000, el Gobierno checo aumentó su contingente de exportación para el trigo tierno de 50 000 a 200 000 toneladas. Antes, ese mismo año, se habían impuesto restricciones a las exportación para impedir el déficit previsto de trigo en el mercado nacional. A causa de las escasas cosechas de cereales, Hungría prohibió la exportación de maíz, y en noviembre de 2000 estableció contingentes de importación en franquicia arancelaria para hasta 100 000 toneladas de avena y 20 000 toneladas de cebada. Sin embargo, a principios de 2001, se levantó la prohibición de exportar maíz para consumo humano pero siguieron prohibiéndose las exportaciones de maíz para pienso.

Los Estados Unidos anunciaron un programa, en noviembre de 1999, para ayudar a los exportadores a proporcionar muestras de sus productos a los compradores potenciales en mercados extranjeros. El Programa de muestras de calidad, valorado en 2,5 millones de dólares EE.UU., estaba centrado en productos no de marca, incluidos los cereales elaborados o semielaborados y otros productos agrícolas no listos para el consumo. Los participantes en dicho programa debían comprar y exportar muestras de productos y prestar asistencia técnica a los importadores sobre su empleo. Una vez que esté ultimado, el Gobierno reembolsará los costos de compra y exportación de las muestras.

CONCLUSIONES

A partir del examen presentado en este capítulo, los principales factores que han orientado las respuestas políticas en el sector de los cereales en los últimos años han sido los bajos precios internacionales, el elevado costo de la energía y las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, la mayor parte de los países han seguido orientándose hacia la liberalización de los mercados nacionales de cereales, de conformidad con los compromisos ya contraídos en el marco de los programas de reforma y ajuste estructural y del ARUA.

En los últimos años, frente a los bajos precios de los cereales, muchos gobiernos han aumentado los desembolsos presupuestarios para dar alivio a los productores en forma de precios de sostenimiento más elevados, subvenciones para insumos, mayores facilidades crediticias y transferencias de ingresos directas. En algunos países, también se ha otorgado renovada atención a los programas de seguro de cosechas para ayudar a los agricultores a hacer frente a los riesgos relacionados con la producción. Entre los demás países, el proceso de reforma ha quedado estancado a causa de la situación de los mercados arriba indicada. En conjunto, en el período en examen ha habido distintas respuestas políticas, según la situación de la oferta de cereales en los respectivos países. En los países donde hay una oferta excesiva las medidas políticas han seguido las orientaciones siguientes: se han ofrecido rebajas en la comercialización interna de cereales; se han aumentado los derechos de importación y se han promulgado prohibiciones temporales a la importación; se han establecido planes de contingentes arancelarios que prevén contingentes con un volumen limitado y/o contingentes gravados con aranceles más elevados; se ha promovido la participación del sector privado en el comercio de cereales y se han aumentado los desembolsos en concepto de gastos para estabilizar los mercados nacionales de cereales. En los países que experimentan déficit de cereales, se han promulgado políticas encaminadas a mitigar los controles sobre la importación y/o a limitar la exportación de cereales.

[19]Véase el documento “Examen de las políticas cerealistas, 1998-1999”.
[20] Los países que han solicitado su ingreso en la CE son: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa y Rumania.
[21] Los precios mínimos para el trigo tierno y el centeno se aumentaron en 11 y 13 por ciento, respectivamente, en 1998. Para obtener mayores detalles, véase el documento "Examen de las Políticas Cerealistas", 1998-99, pág. 6.
[22] Para mayores detalles, véase el documento “Examen de las Políticas Cerealistas, 1997-98”, Capítulo 3.
[23] En 1998, los precios mínimos del trigo y el centeno se aumentaron en 11 y 13 por ciento, respectivamente; para mayores detalles, véase el documento “Examen de las Políticas Cerealistas, 1998-99”, pág. 6.
[24]Véase el documento “Examen de las Políticas Cerealistas, 1995-97”.
[25] Los miembros de la ASEAN son: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam
[26] Los Estados miembros del MERCOSUR son: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bolivia y Chile son miembros asociados
[27] Véase el documento “Examen de las Políticas Cerealistas”, 1993-94”, capítulo 2
[28] Los miembros del ALCEC son: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumania
[29] Véase el documento “Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales: Los Textos Jurídicos”, págs. 375-386
[30] El derecho sobre el trigo se fijó en el 15 por ciento, pero las importaciones de maíz estuvieron exentas de derechos.