EFECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DPI) SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Esta conferencia estuvo dedicada al tema de los efectos de los DPI sobre la alimentación y la agricultura en los países en desarrollo, para poder debatir en forma más detallada y amplia un tema por el que los miembros del Foro habían demostrado un gran interés, especialmente en las conferencias sobre el sector agrícola y sobre el hambre y la seguridad alimentaria. Téngase presente que en esta conferencia el debate puede abarcar tanto los sectores ganadero, pesquero y forestal como el sector agrícola.
6.1.1 El concepto de DPI
En primer lugar, hay que decir unas palabras sobre el concepto de DPI en general. Los DPI son unos derechos intangibles que otorgan un derecho exclusivo a impedir que otros exploten libremente una invención o creación. Existen diferentes formas de DPI, tales como patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales o derechos de autor. Cada forma de DPI tiene diferentes prescripciones y otorga diferentes derechos.
Por ejemplo, se conceden patentes sobre invenciones que son novedosas e innovadoras, tienen una aplicación práctica y están lo suficientemente descritas para permitir su verificación. Algunas cosas no pueden patentarse, como por ejemplo los descubrimientos. Las patentes se conceden por un período de tiempo limitado, habitualmente 20 años, y sólo son válidas en el país donde se han concedido. Las marcas de fábrica o de comercio tienen también un alcance nacional y el límite temporal de los derechos puede prorrogarse. La protección de variedades vegetales (PVV) proporciona protección a las nuevas variedades vegetales que anteriormente no se comercializaban, que son distintas de las variedades existentes, que son uniformes en sus características principales y que permanecen estables en el curso de los años en lo que concierne a esas características. A diferencia del material patentado, las variedades protegidas pueden utilizarse para obtener nuevas variedades sin autorización del titular de los derechos.
Los DPI en general, y el sistema de patentes en particular, se crearon originalmente como medio para recompensar la creatividad y promover la innovación. Permiten al titular de los derechos resarcirse de la inversión en investigación que ha sido necesaria para desarrollar la nueva invención, inversión que puede ser muy cuantiosa para las invenciones de alta tecnología, a cambio de lo cual la sociedad disfruta de los beneficios derivados de la revelación de la nueva invención.
6.1.2 Los DPI en el ámbito de la biotecnología para la alimentación y la agricultura
Antes de que estuvieran disponibles todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías modernas en el sector agrícola, las invenciones basadas en organismos vivos se consideraban fenómenos naturales, es decir descubrimientos, y por consiguiente no eran patentables. Sin embargo, los adelantos de la biotecnología moderna exigen una cuantiosa inversión en investigación y desarrollo y sus procedimientos y productos pueden ser copiados fácilmente. El sistema de DPI constituye un medio de asegurar los ingresos financieros que se necesitan para que la tecnología sea rentable.
En 1980, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América tomó una decisión de gran importancia en el caso Diamond contra Chakrabarty. Esta resolución afirmaba que una bacteria viva (del género Pseudomonas, que había sido modificada para separar los componentes del petróleo crudo), obtenida artificialmente mediante ingeniería genética, podía ser patentada, iniciando de ese modo una era de inversión privada en gran escala en la biotecnología y de rápida expansión de la concesión de patentes sobre invenciones y productos biotecnológicos nuevos. Son muchas las empresas de biotecnología y las universidades que han solicitado y obtenido desde entonces patentes sobre una gran variedad de procedimientos y productos biotecnológicos, relacionados con genes, virus, bacterias e incluso organismos vivos superiores.
Aunque es indudable que el sistema de DPI ha tenido efectos positivos sobre las inversiones en investigación, se han expresado preocupaciones en cuanto a los aspectos siguientes:
a) Límites de la patentabilidad
La diferencia entre invención y descubrimiento pasa a ser una cuestión de interpretación cuando se trata de material vivo. En algunos países, el aislamiento de un gen con respecto a su medio ambiente natural y la identificación de su función convierten al gen y su secuencia en una invención a efectos de concesión de patentes. El efecto de la concesión de patentes sobre los genes en el sector agrícola no puede ser subestimado y ha de ser examinado en esta conferencia.
b) Concesión de patentes sobre “tecnologías de habilitación” (es decir, tecnologías que son fundamentales para la aplicación práctica de una gran variedad de procedimientos y productos biotecnológicos)
Esta cuestión reviste gran importancia porque influye en el acceso a esas tecnologías no sólo de los países en desarrollo sino también del sistema de investigación agrícola en general.
c) Multiplicidad de patentes necesarias para elaborar un producto agrícola
Esta cuestión complica el desarrollo de un programa de investigación. Los avances de la biotecnología agrícola moderna requieren la utilización de varios procedimientos y productos, que en la mayoría de los casos están protegidos por una patente. Tomemos como ejemplo la elaboración de cultivos modificados genéticamente. En primer lugar, son patentables los distintos genes que influyen en caracteres de interés, como la resistencia a las enfermedades o la tolerancia a los herbicidas. En segundo lugar, también pueden patentarse las secuencias de ADN que controlan la expresión de esos genes, como por ejemplo los promotores. También están patentados los dos métodos más utilizados para transferir ADN exógeno, así como los métodos para identificar células de plantas que han incorporado con éxito los genes exógenos. Por consiguiente, para elaborar un producto en el ámbito de la biotecnología agrícola son necesarias muchas etapas basadas en tecnologías patentadas.
Un ejemplo que ilustra la complejidad de los DPI es el del “arroz dorado”, en el que se han introducido tres genes exógenos (dos del narciso de los prados y uno de una bacteria) para que produzca provitamina A. Esta variedad fue producida en colaboración por investigadores de Suiza y Alemania y hay un gran interés en ponerla a disposición de los agricultores de los países en desarrollo. Sin embargo, el número de patentes que concurren en ella complica esta posibilidad. Setenta de las técnicas y materiales utilizados en su elaboración están patentados y son propiedad de 32 titulares diferentes.
d) Las patentes concedidas sobre determinados genes suelen ampliarse a los OMG en los que se insertan dichos genes, con lo que el organismo entero queda protegido por la patente
Esta cuestión ha suscitado un notable debate en el sector agrícola. El titular de la patente obtiene ingresos financieros posteriores, mientras que los obtentores de la variedad vegetal original no reciben compensación alguna. Sin embargo, en ciertos casos, especialmente cuando la variedad vegetal original está cubierta por la PVV, la distribución de los beneficios se realiza en virtud de un contrato con el titular de la patente.
e) Concentración de la industria agrícola
Otro elemento importante en este debate es que un pequeño número de empresas multinacionales domina el sector de la biotecnología agrícola. Por consiguiente, empresas de países desarrollados son propietarias de muchos de los DPI de importancia en esta esfera y el poder que ello confiere se concentra en muy pocas manos. Por ejemplo, se ha señalado que, de las casi 270 patentes relacionadas con los genes de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis que se concedieron entre 1986 y 1997 en los países de la OCDE, el 60 por ciento aproximadamente eran propiedad de sólo seis empresas multinacionales. Como la elaboración de productos biotecnológicos exige la utilización de muchas tecnologías protegidas, el sector privado suele superar este problema mediante la concesión recíproca de licencias para explotar sus patentes, lo que entraña un intercambio del acceso a los productos o procedimientos patentados sin una compensación financiera. Para las pequeñas organizaciones que no tienen DPI sobre el comercio, las negociaciones sobre la concesión de licencias pueden ser difíciles y costosas.
En los debates mantenidos durante la conferencia sobre el sector agrícola quedó claro que muchos participantes estaban convencidos de que los efectos de los DPI sobre la biotecnología agrícola en los países en desarrollo eran muy importantes. Algunas de las posibles consecuencias mencionadas por los participantes fueron las siguientes:
aumento de la dependencia de los países en desarrollo con respecto a los países desarrollados: Se señaló que la existencia de unos DPI sólidos y el hecho de que los derechos sobre las tecnologías y los productos sean a menudo propiedad de empresas multinacionales puede crear una dependencia de los agricultores de los países en desarrollo con respecto a las empresas multinacionales y los países desarrollados, o aumentar la dependencia ya existente;
concesión de patentes sobre recursos genéticos autóctonos de países en desarrollo: Se pueden conceder, y de hecho se han concedido, patentes sobre material genético de países en desarrollo a empresas de países desarrollados, especialmente con fines farmacéuticos y cosméticos. En algunos casos, la falta de mecanismos apropiados para la distribución de los beneficios ha generado una notable controversia. Un ejemplo muy citado es el de la margosa (Azadirachta indica), que pertenece a la familia de las meliáceas y es autóctona del subcontinente indio, donde se ha utilizado tradicionalmente en la agricultura, la medicina y la cosmética. Se han concedido en todo el mundo unas 90 patentes para explotar este árbol. En algunos casos, se han concedido patentes para determinadas aplicaciones que ya eran conocidas en las comunidades indígenas tradicionales, por lo que no cumplen el requisito de la novedad. Tras la impugnación de su validez, la Oficina Europea de Patentes revocó en mayo de 2000 una de las patentes (número EP0436257), que se había concedido a una empresa multinacional americana y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América sobre un extracto de la semilla de margosa con propiedades insecticidas y fungicidas, basándose en su falta de novedad. Los costos de los pleitos relacionados con patentes son altos y constituyen un factor importante para decidir si se impugnan o no.
6.1.3 Factores que han de examinarse en esta conferencia
El tema principal de esta conferencia es la repercusión de los DPI (sobre los productos y procedimientos biotecnológicos) en la alimentación y la agricultura de los países en desarrollo.
En esta conferencia deberán tomarse en consideración los aspectos siguientes:
¿qué efectos (positivos o negativos) tienen los DPI sobre la alimentación y la agricultura de los países en desarrollo?
comparación entre los efectos relativos en los sectores ganadero, agrícola, pesquero y forestal;
¿son diferentes los efectos para los diferentes países o regiones del mundo en desarrollo?
¿son más apreciables los efectos para unas tecnologías que para otras?
si algunos de los efectos o consecuencias son negativos para los países en desarrollo, ¿cómo pueden evitarse o mitigarse?
¿puede la falta de un sistema apropiado o armonizado de DPI en un país en desarrollo tener efectos sobre la transferencia de biotecnología?
La importancia del tema de esta conferencia quedó de manifiesto en las demás conferencias, especialmente las relativas al sector agrícola (Capítulo 2) y, en menor grado, al hambre y la seguridad alimentaria (Capítulo 7). Los participantes en esas conferencias pusieron de relieve los efectos negativos que podían tener los DPI para los países en desarrollo, como por ejemplo el aumento de la dependencia con respecto a los países desarrollados, el incremento de la “bioprospección” en los países en desarrollo, y la reducción de la transferencia de tecnología y de la capacidad de los países en desarrollo para producir sus propios productos biotecnológicos. Por consiguiente, esta conferencia permitió llevar a cabo un debate más profundo sobre estas cuestiones.
En esta conferencia se inscribió un número relativamente grande (265) de miembros del Foro y durante un período de ocho semanas se publicaron 50 mensajes que abarcaron una amplia variedad de temas relacionados con los DPI y sus efectos en los países en desarrollo. La mayoría de los participantes consideraron que los efectos de los DPI eran fundamentalmente negativos para el mundo en desarrollo. En consecuencia, adoptaron al parecer dos criterios para afrontar la situación. El primero consistió en rechazar el sistema actual de DPI, por considerarlo erróneo e injusto, y en proponer modos de cambiarlo. El segundo consistió en aceptar que el sistema actual está destinado a perdurar y en proponer estrategias para superar o aliviar los problemas que acarrea.
A lo largo de la conferencia, se prestó más atención al sector agrícola que a los demás sectores agropecuarios, mientras que los tipos de DPI examinados de modo más concreto fueron las patentes y, en menor grado, la PVV. Además, la modificación genética fue la biotecnología a la que los participantes prestaron más atención. Ello se debió probablemente a que, como señaló Srinivasan (7/5), los efectos de los DIP son más apreciables en el caso de las biotecnologías y productos modernos a los que se aplican múltiples patentes (como las plantas modificadas genéticamente) que en el de los productos obtenidos por medio de biotecnologías tradicionales, como la micropropagación o el cultivo de tejidos.
En la Sección 6.2.1 de este documento, se resumen los elementos principales del debate en el marco de una serie de temas importantes. Se incluyen referencias concretas a los mensajes publicados, en los que se indica el apellido del participante y la fecha de publicación (día/mes del año 2001). Los mensajes pueden consultarse en: www.fao.org/biotech/logs/c6logs.htm. Uno de los participantes, Glenn Ashton, envió dos mensajes en un solo día, que pueden distinguirse por el orden en que fueron enviados (es decir, Ashton 12/4(1) indica el primer mensaje enviado el 12 de abril). En la Sección 6.2.2 se indican el nombre y país de los participantes que enviaron los mensajes a los que se hace referencia
6.2.1 Principales temas debatidos en la conferencia
6.2.1.1 Información básica sobre los DPI y las patentes
Algunos participantes ofrecieron información básica sobre los DPI y las patentes que corroboraba o complementaba la información facilitada anteriormente en el documento de antecedentes de la conferencia.
Roger (9/5) destacó que los DPI son, ante todo, divulgaciones científicas que pueden contribuir al conocimiento humano. Como dijo Lettington (20/3), “son un monopolio limitado que conceden los distintos Estados como prerrogativa a cambio de hacer pública una invención o alguna otra información de utilidad. El razonamiento en que se basa esta política es que, aun cuando la sociedad en su conjunto pierda un poco con el monopolio, es más lo que gana con la información”. Roger (9/5) recordó también a los participantes que los DPI tienen un límite temporal y geográfico, y que no existen patentes, marcas de fábrica o de comercio o derechos de los fitogenetistas que sean perpetuos y tengan un alcance mundial. También señaló que una patente no es una autorización para comercializar algo, aunque Steane (11/5) puntualizó que a menudo el objetivo de muchas patentes en materia de biotecnología no es comercializar la tecnología, sino impedir que otros la utilicen. Saunders (10/4), refiriéndose a esa misma cuestión, escribió que la propiedad de una patente en un determinado país es “un derecho negativo. Permite al propietario impedir que otros pongan en práctica la invención. Una patente no surte el efecto de permitir que su propietario haga algo”.
Saunders (10/4) hizo también algunas observaciones perspicaces sobre ciertas consideraciones comerciales en que se sustenta la concesión de patentes, como por ejemplo:
hay dos razones por las que alguien solicitaría una patente en un país en desarrollo: i) obtener un beneficio, lo que requiere dos elementos que rara vez están presentes a la vez en los países en desarrollo, a saber un buen mercado para la invención y los medios (recursos financieros y un sistema jurídico funcional) para hacer respetar la patente; y ii) impedir que el país en desarrollo elabore productos infractores (sólo las mayores empresas internacionales patentarían por esta razón);
para obtener un beneficio de una patente es necesario que el solicitante tenga fondos a fin de: i) conseguir la patente o la autorización para explotarla; y ii) hacerla respetar;
la autorización para explotar patentes es menos atractiva en los países en desarrollo porque el mercado suele ser reducido y hacer respetar esas patentes puede ser una tarea costosa, lenta o incierta.
6.2.1.2 Empresas de países desarrollados que patentan material genético de países en desarrollo
Uno de los efectos o consecuencias más polémicos del actual sistema de DPI, que también se planteó en la conferencia sobre el sector agrícola, es que “hay muchos casos en que se conceden patentes en países desarrollados sobre recursos genéticos de países en desarrollo, a menudo sin el conocimiento y consentimiento de los propietarios de tales recursos en los países en desarrollo” (Srinivasan, 22/3). Con frecuencia se utiliza el término “biopiratería” para describir este fenómeno. La frustración e indignación que suscita esta cuestión se debe a lo que se percibe como una apropiación (o “saqueo”, como lo denominó Ferry (23/3)) de los recursos de los países en desarrollo por parte de los países desarrollados, a la falta aparente de mecanismos adecuados para impedir que esto ocurra (Vasquez, 3/5) y a que no se reconoce la contribución a esos recursos que han hecho los agricultores de los países en desarrollo ni se comparten los beneficios con ellos.
Ageeb (21/3) citó algunos ejemplos de empresas de biotecnología que supuestamente habían patentado material genético de valor comercial de países en desarrollo y utilizaban conocimientos autóctonos de la población indígena de esos países. Un caso concreto que se debatió con cierto detalle (por ejemplo, Srinivasan, 26/3) fue el de la patente 6.040.503 de los Estados Unidos de América, concedida en marzo de 2000 para frijoles que revientan al calentarse, obtenidos mediante cruzamientos de fríjol nuña, originario de la región andina de América del Sur, con el fríjol común (se puede ver la patente buscando su número en 164.195.100.11/netahtml/srchnum.htm). Srinivasan (22/3) expresó reservas acerca de la patente y sostuvo que debían establecerse normas más rigurosas para la concesión de DPI. Enumeró diversos motivos de preocupación, tales como la utilización de material genético (procedente de un banco público de germoplasma) facilitado gratuitamente por comunidades agrícolas andinas con fines de conservación y el hecho de que la población indígena conocía ya la propiedad de reventar característica del fríjol nuña (Srinivasan, 22/3 y 26/3). Lin (23/3) alegó, por el contrario, que la variedad era nueva y que la patente era justificable. Destacó que la patente reivindicada no se refería directamente al fríjol nuña, sino sólo a los resultados de su cruzamiento con el fríjol común, mediante el cual se había obtenido una nueva variedad adaptada al clima más templado de los Estados Unidos de América.
Gallego-Beltrán (30/4) alegó que las empresas de biotecnología utilizaban a las universidades como “mediadores” para poder acceder más fácilmente a material biológico valioso. Sostuvo que algunas investigaciones en colaboración entre instituciones de países desarrollados y el desarrollo daban como resultado que los investigadores “unas veces voluntariamente y otras no, actuaran como simples recolectores y transmisores del Sur al Norte” y que la “captura” de material biológico era a menudo uno de los principales motivos de la colaboración. Aunque estas experiencias se referían a América Latina, un par de participantes de África (Olutogun, 4/5; Wingfield, 4/5) se identificaron con ellas y afirmaron que reflejaban también lo que ocurría en su continente. Ndegwa (2/5) resaltó que la situación descrita por Gallego-Beltrán (30/4) se producía con frecuencia en los países en desarrollo y estaba empeorando con el tiempo.
Tanto Ndegwa (2/5) como Ageeb (21/3) subrayaron la necesidad de que los países en desarrollo tomaran medidas, ya que “los países de las regiones biológicamente ricas deberían proteger sus recursos genéticos naturales y los conocimientos autóctonos de su población indígena” (Ageeb, 21/3). Ndegwa (2/5) alegó que el punto de partida debería ser la inversión de gobiernos e instituciones en la creación de la capacidad jurídica y en materia de propiedad intelectual necesaria para “garantizar que instituciones o países desarrollados les defrauden sin que ellos se den cuenta. Es inútil luchar contra un sistema que no se comprende”. Observó que, en la situación actual, la mayoría de las universidades de los países en desarrollo firmarían un acuerdo de investigación en colaboración sin comprender las disposiciones que contuviera sobre los DPI, mientras que las universidades de los países desarrollados tendrían una oficina jurídica o especializada en DPI que examinaría cualquier acuerdo antes de firmarlo.
Los participantes estuvieron al parecer de acuerdo en que, hasta ahora, la distribución de los beneficios económicos derivados de los avances biotecnológicos basados en los recursos genéticos de los países en desarrollo ha sido escasa o nula (Ageeb, 21/3; Ferry, 23/3; Srinivasan, 27/3; Vasquez, 3/5). Ferry (23/3) argumentó que las grandes empresas habían ganado mucho dinero con esos recursos genéticos y que debían devolver parte de él a los agricultores pobres de esos países. Ageeb (23/3) señaló que en la actual era biotecnológica, la unidad de trabajo es el gen, y no el organismo, y que si se utilizan genes raros y valiosos (a los que él denominó “oro verde”) de países en desarrollo, éstos deben pedir una compensación. Srinivasan (27/3) propuso que, para garantizar parte de los beneficios, se realizara una evaluación del valor de los recursos genéticos de los diferentes países de manera que, con arreglo a factores tales como el volumen de germoplasma aportado por los países en desarrollo, pudiera distribuirse un porcentaje del valor de un cultivo en un país desarrollado y utilizarse para establecer sistemas sólidos de DPI en los países en desarrollo.
Srinivasan (7/5) indicó el daño económico que podía causar esta cuestión, ya que “si en los países desarrollados se conceden patentes sobre productos de determinadas regiones de los países en desarrollo, esas regiones podrían sufrir unos efectos negativos considerables en forma de reducción de las exportaciones”. Para ilustrar ese punto, planteó el caso concreto de la patente 5.663.484 de los Estados Unidos de América, concedida en 1997 para líneas y granos de arroz basmati a una empresa con sede en Texas. Alegó que, puesto que el propietario de la patente podía llamar “basmati” tanto al arroz consumido dentro de los Estados Unidos como al exportado, eso podía causar daños a las exportaciones tradicionales y económicamente importantes de arroz basmati procedentes de la India y el Pakistán en todo el mundo (incluidos los Estados Unidos).
Era de esperar que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) contribuyera a resolver los problemas relativos a la protección y utilización de la biodiversidad (Vasquez, 3/5), ya que constituye “un marco jurídicamente vinculante para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad al tiempo que trata de establecer mecanismos de distribución de los beneficios” (Ndegwa, 2/5). Además, en el artículo 16.5 del CDB se estipula que las partes en él cooperarán para velar por que las patentes y otros DPI “apoyen y no se opongan a sus objetivos” (Van Overwalle, 4/5). Sin embargo, Wollny (21/3) alegó que, en lo que concierne a los recursos fitogenéticos el CDB no garantizaba que las comunidades locales e indígenas quedaran protegidas y recibieran los beneficios. Los participantes señalaron también que el CDB beneficiaba más a los países desarrollados que a los países en desarrollo (Lettington, 20/3; Ndegwa, 2/5). Steane (11/5) indicó también que uno de los principales países patentadores de biotecnología (los Estados Unidos de América) no había ratificado todavía el CDB y por consiguiente no estaba obligado por sus disposiciones. También se mencionó la posible contribución a este asunto de otro acuerdo internacional, el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Lettington, 20/3; Wendt, 11/4).
La cuestión de lo que puede o no patentarse y el problema de la distinción entre descubrimiento e invención son fundamentales para todo este asunto. Como observó Lettington (20/3), se trata de un problema enorme, sobre todo en los países desarrollados y, en lo que respecta al material biológico, es necesario aclarar en qué medida puede “inventarse” algo que ya existía. En este contexto, algunos participantes indicaron que les resultaba difícil aceptar que los recursos genéticos de los países en desarrollo pudieran considerarse invenciones y no descubrimientos (Ageeb, 21/3; Fakir, 21/3; Srinivasan, 22/3). Graff (12/4) alegó que uno de los defectos del sistema de DPI es el de no definir lo que es patentable, es decir no “demarcar con claridad lo que debería incluirse en el acervo público del conocimiento humano (o de los recursos genéticos) de un país y lo que es legítimo defender dentro de las fronteras de éste como elemento privado del conocimiento o la tecnología (o de los recursos genéticos)”. Señaló que las políticas relativas a la definición de lo que es patentable en el ámbito de la biotecnología agrícola difieren de un país a otro y varían con el tiempo dentro de cada país. Utilizando el ejemplo de los Estados Unidos de América, indicó que podría ser difícil introducir cambios concretos en la definición de lo que es patentable.
6.2.1.3 Efectos sobre la investigación agrícola
Esta cuestión se planteó frecuentemente a lo largo de la conferencia. Los participantes señalaron que los DPI habían influido en la calidad de las investigaciones agrícolas llevadas a cabo, así como en el carácter de la colaboración en materia de investigación entre instituciones públicas y privadas, entre países en desarrollo y desarrollados e incluso entre empresas privadas.
a) Calidad de las investigaciones
La mayoría de las observaciones sobre este tema se refirieron a que los DPI frenaban la colaboración en materia de investigación y el intercambio de conocimientos entre las partes interesadas, por lo que tenían un efecto negativo sobre la calidad de las investigaciones llevadas a cabo. Wollny (21/3) señaló que las políticas nacionales restrictivas con respecto a la investigación internacional y al intercambio de recursos zoogenéticos, introducidas en razón de los DPI, habían impedido en ciertos casos que se realizara una auténtica investigación. Glover (28/3) citó un estudio del profesor Barton, publicado en Science (2000, volumen 287, páginas 1933-1934) que argumentaba que uno de los tres problemas causados por la ley de patentes vigente en los Estados Unidos de América era “la tendencia a que las patentes compliquen y desalienten una investigación complementaria útil y deseable, lo que puede ocurrir cuando se conceden patentes sobre ‘información y tecnología generalmente útiles’ o sobre ‘procedimientos fundamentales de investigación’ “.
Fakir (29/3) se mostró de acuerdo con los argumentos de un artículo publicado en Science (1998, volumen 280, páginas 698-701) según los cuales, a diferencia de la “tragedia del patrimonio común” (en que la existencia de demasiados propietarios puede dar lugar a un uso excesivo de un recurso), la compleja proliferación de patentes en la investigación estaba dando lugar a la situación contraria, en que muchos propietarios tienen el derecho de excluir a otros, por lo que el recurso no es utilizado suficientemente, es decir que la multitud de titulares de patentes ahoga la inversión y la innovación en lugar de estimularlas. Esta afirmación fue corroborada por Lin (27/3), que observó que la concesión de patentes obstaculizaba el flujo de conocimientos y material genético en la industria privada, dando lugar a menudo a que las empresas de biotecnología abandonaran líneas de investigación agrícola prometedoras al carecer de suficiente “libertad de acción” porque las patentes eran propiedad de un competidor. Ndegwa (2/5) y Tripathi (2/5) llegaron también a la conclusión de que los DPI no alentaban la innovación.
Sin embargo, Roger (9/5), alegó que “una patente proporciona información transparente sobre los conocimientos científicos y temo que si se limita la patentabilidad, se pierda la transparencia”. De Lange (11/5) lo puso en duda, afirmando que “los científicos que trabajan en algo que pudiera ser patentable no suelen compartir sus conocimientos con sus colegas para evitar que alguno de ellos le robe la idea y la patente”. Roberts (14/5) discrepó de la afirmación de De Lange, alegando que muchos científicos trabajan en el sector privado y una vez que se solicita o publica una patente, las empresas suelen permitir que los resultados de la investigación se publiquen, mientras que, si no se concediera una patente, actuarían con más cautela y tratarían de mantener todo en secreto.
b) Colaboración en materia de investigación entre los sectores público y privado
Roberts (14/5) señaló que los fondos para la investigación pública son escasos, mientras que la investigación en el sector privado es cada vez más importante y que los DPI constituyen un incentivo importante para esa investigación. Sin embargo, el efecto de los DPI sobre el mejoramiento de los cultivos consiste en restringir el intercambio tanto de conocimientos como de germoplasma mejorado entre los sectores público y privado, lo que perjudica en particular a los agricultores pobres que anteriormente se beneficiaron de ese intercambio durante la “revolución verde” (Glover, 26/3). Aparte del deseo de reducir el gasto público (Cummings, 9/4), a menudo se fomentan las asociaciones entre los sectores público y privado para explotar, en beneficio de la investigación sobre los bienes públicos, “conocimientos y tecnologías elaborados en el sector privado, y esta es la tendencia que se observa en los centros internacionales de investigación agrícola (Immonen, 2/5). Sin embargo, expresó preocupación con respecto a estas asociaciones, ya que los acuerdos de colaboración pueden exigir confidencialidad y limitar el intercambio de ideas con la comunidad investigadora en general, lo cual podría perjudicar en último término los esfuerzos de investigación del sector público (Immonen, 2/5). Ferry (11/4) instó a los laboratorios públicos que se ocupan de cuestiones de interés para los países en desarrollo a que negocien contratos con el sector privado que respondan a sus obligaciones públicas o que, de lo contrario, los rechacen. Asimismo, Immonen (2/5) alegó que, cuando tengan capacidad de negociación, las organizaciones públicas deben evitar acuerdos exclusivos de colaboración con el sector privado y conservar su derecho a intercambiar información.
c) Colaboración en materia de investigación entre países desarrollados y en desarrollo
Los participantes examinaron también los efectos de los DPI sobre el carácter de la colaboración en materia de investigación entre países desarrollados y en desarrollo. Lettington (20/3) argumentó que la concesión de patentes en el sector agrícola quebranta el sistema tradicional de acceso y distribución de beneficios que anteriormente estaba implícito en la investigación agrícola (es decir, que los países en desarrollo proporcionen acceso gratuito a sus recursos genéticos y reciban gratuitamente los beneficios de la investigación realizada en los países desarrollados) y lo sustituye por un sistema asimétrico en el que el acceso a los recursos genéticos sigue siendo gratuito pero los beneficios de la investigación no lo son, es decir, “de acceso, todo; pero de distribución de beneficios, nada”. Señaló que el CDB, que reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, había sido una reacción a esa situación, ya que las partes deberán pagar ahora también el acceso a los recursos genéticos.
Gallego-Beltrán (30/4) expresó preocupación por algunas formas desequilibradas de colaboración en materia de investigación entre países desarrollados y en desarrollo, como consecuencia de las cuales los países desarrollados tenían acceso a valiosos recursos genéticos de países en desarrollo, pero las actividades de investigación más importantes, si no todas, se llevaban a cabo en los países desarrollados, por lo que la recompensa científica para los países en desarrollo era mínima. Ndegwa (2/5) destacó que, debido a los DPI y al papel cada vez más dominante del sector privado, el libre intercambio de información se estaba convirtiendo en algo del pasado y que las universidades de los países en desarrollo (a diferencia de las universidades de los países desarrollados) no se habían adaptado todavía a la nueva realidad. Resumió la situación actual del siguiente modo: “Tenemos al sector privado, que se plantea la información científica en función de su valor en dólares, las universidades del Norte, que aprovechan al máximo el impulso orientándose hacia lo ‘privado’ cuando se trata de DPI....y las universidades del Sur, que hacen (o tratan de hacer) ciencia al modo de la filosofía de la ciencia, pero que tienen pocos recursos”.
6.2.1.4 ¿Favorecen los DPI los intereses de los países desarrollados y de la industria de la biotecnología con respecto a los de los países en desarrollo?
Algunos participantes alegaron que el carácter mismo del actual sistema de DPI discriminaba a los países en desarrollo porque concedía injustamente un mayor valor a los productos biotecnológicos, obtenidos por lo general en los países desarrollados, que a los recursos genéticos (utilizados con frecuencia para crear los productos biotecnológicos) y a las contribuciones de las comunidades, habitualmente de países en desarrollo (Lettington, 20/3; Srinivasan, 22/3 y 27/3; Granda, 28/3; Ferry, 10/4; Vasquez, 3/5).
Algunos participantes llegaron más lejos y alegaron que en realidad los países desarrollados utilizaban los DPI para dominar y seguir explotando a los países en desarrollo (Ashton, 12/4(2), Olutogun, 4/5). Por ejemplo, Ashton, 12/4(1) sostuvo que las reglas de juego favorecían claramente a los países desarrollados y que los DPI eran meros instrumentos de unas políticas económicas que “consolidaban el colonialismo utilizando un lenguaje económico más moderno”. Otros participantes subrayaron la función específica que desempeñaban las empresas multinacionales de los países desarrollados, afirmando que utilizaban los DPI para reforzar su poder y crear monopolios de mercado (Lettington, 20/3; Ageeb, 21/3; Fakir, 21/3). Lettington (20/3) señaló que, además de los DPI, utilizaban también otros mecanismos, como contratos jurídicos con agricultores, con los mismos fines, o tecnologías de restricción del uso genético “que constituyen básicamente un sistema de reglamentación que deja de lado a los DPI y a las autoridades públicas”.
Para ilustrar el enorme desfase existente entre los países desarrollados y en desarrollo por lo que respecta a los DPI, así como la concentración de poder en un puñado de empresas de biotecnología, Granda (28/3) se refirió a las estadísticas del Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 1999, que demostraban que los países desarrollados poseían el 97 por ciento de todas las patentes en el mundo, que más del 80 por ciento de las patentes concedidas en los países en desarrollo eran propiedad de residentes en el mundo desarrollado y que las cinco empresas de biotecnología más importantes controlaban más del 95 por ciento de las patentes sobre transferencia de genes. Teniendo en cuenta que la enorme mayoría de las patentes concedidas en los países en desarrollo son propiedad de personas físicas o jurídicas de países desarrollados, algunos participantes sostuvieron que el objetivo principal de la presión ejercida sobre los países en desarrollo para que armonicen o introduzcan una legislación nacional sobre los DPI, así como para que refuercen su capacidad en esa esfera, es asegurar que las empresas multinacionales y los países desarrollados puedan hacer respetar las patentes que les han sido concedidas en los países en desarrollo (Ndegwa, 2/5; Vasquez, 4/5).
Sin embargo, Roger (9/5) destacó que, por razones económicas, sólo una minoría de las patentes sobre biotecnología se conceden en países en desarrollo, en comparación con el mundo desarrollado. Como señaló Saunders (10/4), cuando una empresa estudia dónde solicitar una patente, evalúa en primer lugar los mercados para la invención, comparando los costos con las posibles ganancias y sopesando las probabilidades y los plazos. Indicó, a título de ejemplo, que para una invención relacionada con el sector forestal o el papel, una empresa podría solicitar una patente únicamente en “el Canadá, Escandinavia, el Japón, los Estados Unidos de América, Brasil y tal vez Myanmar y Tailandia” o, en función de los recursos financieros disponibles, en un subconjunto de esos países. Roger (9/5) subrayó que, no obstante, el contenido científico de una patente está disponible a nivel mundial y puede ser utilizado gratuitamente en todos los países donde no se ha concedido la patente. Como explicó Ndegwa (3/5), “el propietario de una patente SÓLO puede hacer respetar sus derechos en los países donde se ha solicitado y concedido la protección. Esto significa que si un inventor de los Estados Unidos solicita y obtiene una patente en los Estados Unidos, pero no en Venezuela, no puede hacer respetar sus derechos en Venezuela, aun cuando este país sea miembro de la OMC como lo son los Estados Unidos. De hecho, cualquiera puede explotar la invención en Venezuela sin infringir los derechos del titular de la patente”.
6.2.1.5 Evitar o aliviar los efectos negativos del sistema actual de DPI
Como se observa claramente en la parte anterior de este resumen (Secciones 6.2.1.2 - 6.2.1.4), la mayoría de las observaciones formuladas en la conferencia pusieron de relieve los efectos negativos del sistema actual de DPI sobre los países en desarrollo en cuestiones tales como la investigación agrícola o la propiedad de los recursos genéticos y los conocimientos. En la Sección 6.1.3 del documento de antecedentes se sugirió que los participantes debatieran sobre el modo en que podían evitarse o aliviarse las consecuencias negativas de los DPI para la alimentación y la agricultura en los países en desarrollo. Al parecer, los participantes adoptaron dos criterios diferentes frente a esta cuestión. El primero consistió en pedir una reevaluación del actual sistema de DPI y proponer un sistema mejor. El segundo consistió en aceptar el sistema actual y buscar en cambio estrategias para reducir al mínimo sus efectos negativos.
a) Reconsideración del actual sistema de DPI y propuesta de un sistema mejor
Lettington (20/3) hizo un buen resumen de este razonamiento al señalar que “debe llevarse a cabo una seria reevaluación del sistema de DPI tal como se aplica al sector agrícola: no se ha concebido para aplicarse a este sector y está creando asimetrías que tienen efectos negativos sobre los más vulnerables”. Los participantes propusieron diferentes tipos de “reevaluación” del sistema. Ferry (23/3) destacó la dimensión ética de la cuestión y sostuvo que el sistema debía modificarse de manera que, en lugar de dar los mismos derechos al Norte que al Sur, diera más derechos al Sur para compensarlo por las injusticias cometidas anteriormente en relación con los recursos genéticos y debido a su pobreza. Srinivasan (22/3) subrayó la necesidad de que el sistema tuviera en cuenta la incompatibilidad entre los DPI y los derechos del agricultor (es decir, los derechos derivados de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos genéticos agrícolas). Propuso que, como condición previa, se eliminara el concepto de propiedad de los recursos genéticos. También propugnó unos “DPI flexibles”, que garantizaran el derecho de los agricultores de los países en desarrollo a seguir aplicando métodos tradicionales como por ejemplo reservar semillas en las explotaciones agrícolas o intercambiar granos para la siembra.
Ashton (12/4 (1 y 2)), apoyado por Gallego-Beltrán (30/4), sostuvo que las reclamaciones relativas a la propiedad jurídica de formas de vida adolecían de un fallo intrínseco. Por consiguiente afirmó que “es necesario reconsiderar y renegociar todo el régimen de propiedad intelectual” y que existía una serie de posibles alternativas (Ashton, 12/4(2)). En la actualidad, como se explicaba en el documento de antecedentes, las patentes sobre determinados genes suelen extenderse a la planta en la que se insertan dichos genes. Describió una alternativa, basada en el “principio de propiedad proporcional”, con arreglo a la cual el valor de cualquier componente genético añadido sólo representaría una parte proporcional de la totalidad y los poseedores y obtentores tradicionales de las semillas conservarían una parte importante de la propiedad. Esta idea fue apoyada por Steane (11/5) quien, sin embargo, advirtió de que muchos países desarrollados no aceptarían de buen grado una reevaluación del actual sistema de DPI.
b) Aceptación del actual sistema de DPI y búsqueda de estrategias para reducir al mínimo sus efectos negativos
Aun cuando consideraran injusto el sistema actual, algunos opinaron que lo mejor era aceptarlo, buscando al mismo tiempo formas de aliviar sus efectos negativos. El dilema queda evidenciado en las palabras de Ndegwa (2/5): “Se ha preparado el terreno; se utiliza cada día más el adjetivo posesivo ‘mío’ en lugar de ‘nuestro’. Aunque fuera concebible un cambio de las condiciones actuales, no podemos quedarnos parados a la espera de un mundo libre de DPI. Tenemos que sacar el mayor provecho posible de la situación actual. Los gobiernos y las instituciones de los países en desarrollo tienen que invertir en la creación de la capacidad necesaria en materia jurídica y de DPI”.
La obtención de patentes sobre los conocimientos y recursos autóctonos del mundo en desarrollo por empresas del mundo desarrollado fue uno de los efectos negativos habitualmente indicados en la conferencia (véase la Sección 6.2.1.2). La documentación de los recursos autóctonos con miras a su protección fue una de las medidas concretas de defensa propuestas por los participantes. Srinivasan (22/3) propuso que las organizaciones internacionales ayudaran a la población de los países en desarrollo a patentar sus tecnologías autóctonas. Wendt (11/4) mantuvo también que el registro oficial de los recursos (tradicionales) ya existentes era uno de los principales elementos en que se sustentaban la creación y aplicación de sistemas de DPI eficaces y justos.
Otra estrategia propuesta para reducir los efectos negativos fue mejorar la forma en que se aplica la legislación actual sobre patentes. Glover (28/3) describió tres modificaciones del sistema de patentes de los Estados Unidos de América que había propuesto el Profesor Barton en un artículo publicado en Science (2000): aplicar criterios más rigurosos con respecto a la patentabilidad de una invención; garantizar que las patentes no limiten la prosecución de investigaciones útiles; y, por último, facilitar la impugnación jurídica de las patentes sin valor. Glover (28/3) indicó que si esas reformas se aplicaran a nivel internacional podrían contribuir a mejorar el sistema de patentes, al establecer un mayor equilibrio entre los intereses públicos y privados y dar respuesta a algunas de las preocupaciones planteadas en el documento de antecedentes y a lo largo de la conferencia. Srinivasan (2/4) señaló que los efectos negativos de los DPI sobre la innovación podían reducirse “estableciendo sistemas de concesión de licencias cómodos, sencillos y menos costosos”, propuesta que también se había formulado en un taller celebrado recientemente sobre este asunto (Lin, 9/4).
Roger (9/5) recordó también que los países tenían la posibilidad de optar por mecanismos de protección y que algunos de éstos eran más rigurosos que otros. Subrayó, por ejemplo, que la cláusula de exención de los obtentores en el sistema de PVV basado en el Convenio de la UPOV garantizaba la libre disposición de las variedades protegidas para su ulterior mejoramiento, mientras que en otros sistemas tal vez esto no fuera posible.
Durante la conferencia, los participantes alegaron también que los DPI favorecían los intereses de los países desarrollados y de unas cuantas empresas multinacionales de biotecnología en detrimento de los intereses de los países en desarrollo (véase la Sección 6.2.1.4). Una de las razones que explicaban las amplias fusiones de empresas de biotecnología era su necesidad de acumular una cartera de DPI lo suficientemente grande para permitirles producir variedades vegetales que pudieran comercializarse. En una reunión celebrada en febrero de 2001, el Dr Toenniessen, de la Fundación Rockefeller, señaló que el sistema internacional de investigación agrícola no tenía una cartera de DPI de ese tipo, por lo que se estaba interrumpiendo el flujo tradicional de material de plantación mejorado a través del sistema (Glover, 26/3). Por consiguiente propuso que, para subsanar ese problema, las instituciones de investigación agrícola del sector público debían empezar a mancomunar sus DPI en una cartera gestionada con criterios profesionales que estuviera al servicio de los agricultores pobres. Graff (12/4) informó igualmente de que una de las conclusiones de un reciente taller había sido que, para la investigación y desarrollo agrícolas de los países en desarrollo, se necesitaba una “oficina multilateral de transferencia de tecnología” que facilitara y administrara el acceso a los DPI y gestionara el intercambio interno y el uso común de sus propios DPI. Lin (27/3) opinó que la industria privada podría también apoyar la propuesta de un “centro de información sobre las tecnologías esenciales”, que permitiera un intercambio más libre de conocimientos y materiales.
Van Overwalle (4/5) destacó la importante función que podían desempeñar los gobiernos de los países desarrollados contrarrestando algunas de las consecuencias negativas de su posición dominante en la esfera de los DPI. Alegó que los gobiernos deberían alentar a las universidades, instituciones de investigación y empresas privadas a que facilitaran el acceso de los países en desarrollo a tecnologías genéticas y semillas transgénicas protegidas por patentes, así como su transferencia, de manera gratuita, siempre que la tecnología o las semillas se destinaran únicamente a la comercialización local en pequeña escala. Análogamente, Granda (7/5) sostuvo que las tecnologías de modificación genética para cultivos que no generasen beneficios económicos debían ser de dominio público.
Ferry (11/4) sostuvo que, si la industria privada elaborase productos biotecnológicos que fueran importantes para combatir el hambre en los países en desarrollo pero estuviesen protegidos por DPI, una campaña en los medios de comunicación podría inducir a las empresas a proporcionar los productos a un precio razonable, como había sucedido en Sudáfrica con los medicamentos para luchar contra el SIDA. Afirmó que la campaña podría justificarse aduciendo que el hambre y la seguridad alimentaria en el mundo son una cuestión de vida o muerte. En ese mismo sentido, Srinivasan (22/3) propuso que se alentaran acuerdos entre empresas privadas y organizaciones internacionales para suministrar los productos a un precio razonable.
6.2.1.6 Legislación nacional sobre DPI en los países en desarrollo
En el curso de la conferencia, los participantes plantearon algunas cuestiones concretas en relación con la legislación sobre DPI en los países en desarrollo, como por ejemplo la tendencia a la armonización de la legislación nacional en esta materia, así como su infracción y medidas para hacerla cumplir.
a) Armonización de la legislación nacional sobre DPI
Los sistemas de DPI han tendido a ser más débiles en los países en desarrollo que en los desarrollados. Sin embargo, en los últimos años se han tomado medidas para aumentar la armonización de la legislación nacional sobre DPI. En ese contexto, el Acuerdo de la OMC sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ha sido un elemento fundamental (Ndegwa, 2/5 y 3/5). Ese acuerdo internacional es vinculante para todos los miembros de la OMC y establece unas normas mínimas para la aplicación de los DPI a nivel nacional, y de ese modo promueve la armonización de los sistemas nacionales de DPI (Ndegwa, 3/5; Vasquez, 4/5).
Como el acuerdo tiene muchas consecuencias importantes para los países en desarrollo y ha dado lugar a muchas polémicas, no es de extrañar que se hicieran algunas observaciones concretas al respecto. Algunos participantes afirmaron que el Acuerdo sobre los ADPIC había sido promovido por los Estados Unidos de América para globalizar la legislación sobre patentes (Glover, 28/3; Vasquez, 3/5 y 4/5). Ndegwa (2/5) sostuvo que acuerdos como el relativo a los ADPIC favorecían a los países desarrollados frente a los países en desarrollo, y al sector privado frente al sector público. Vasquez (3/5) mantuvo que agravaría las desigualdades existentes en el mundo y que debería ser revisado o derogado. Lin (3/5), sin embargo, destacó que los gobiernos nacionales tenían cierto margen de flexibilidad para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC; por ejemplo:
podrán excluirse de la patentabilidad las plantas y animales y los procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales;
podrán excluirse de la patentabilidad las invenciones que amenacen el orden público o la moralidad (aunque Roger (9/5) estimó que sería difícil determinar qué patentes podrían ser éstas); y
aunque hayan de protegerse las variedades vegetales, eso podrá hacerse mediante patentes y/o un sistema eficaz sui generis (como por ejemplo la PVV).
Tripathi (14/5) opinó que la introducción de sistemas de PRI (como la PVV) para las variedades vegetales, como consecuencia del Acuerdo sobre los ADPIC, perjudicaría a los agricultores de los países en desarrollo debido a los costos financieros que esos sistemas entrañaban y al posible riesgo de reducción de la diversidad biológica. También afirmó, basándose en estudios realizados en países como el Reino Unido y el Brasil, que la introducción de la PVV daría lugar a una concentración de la industria de las semillas (Tripathi, 2/5).
b) Infracción de la legislación sobre DPI en los países en desarrollo y medidas para hacerla cumplir
Saunders (10/4) hizo algunas observaciones perspicaces de carácter económico sobre este tema, explicando que “el titular de una patente que pide un precio “demasiado alto” crea un mercado para los infractores. Un infractor que tenga demasiado éxito en su infracción invita al titular de la patente a hacerla cumplir. Sin embargo, en un país en desarrollo, la infracción se ve favorecida por el mayor costo que para el titular de una patente que reside en un lugar lejano supone velar por su cumplimiento para tratar de limitar el deterioro de los precios en un mercado pequeño”.
Un caso al que se había dado mucha publicidad, sucedido recientemente en el Canadá, donde Monsanto había ganado la demanda interpuesta contra un agricultor llamado Percy Schmeiser por haber plantado ilegalmente semillas de canola modificada genéticamente patentadas por la empresa, a pesar de la insistencia del agricultor en que las semillas habían llegado a su finca por accidente, motivó algunas observaciones sobre el cumplimiento de la legislación sobre DPI en los países en desarrollo (por ejemplo, Srinivasan, 2/4; Cummings, 9/4). Hollis (9/4) señaló que, si una empresa de semillas tuviera suficiente influencia política y económica para aplicar una estrategia similar en un país en desarrollo, podría aumentar su monopolio en el mercado y que la dependencia así creada podría colocar a los agricultores en una posición de desventaja. Srinivasan (2/4) alegó que una sentencia similar contra agricultores de países en desarrollo podría dar lugar a una reacción contra la biotecnología y “frenar el desarrollo de biotecnologías autóctonas apropiadas para un cultivo, región o país determinados”. Por consecuencia señaló que eran necesarias normas diferenciadas sobre el cumplimiento y la protección de los DPI en los distintos países, especialmente en el sector alimentario y agrícola, como lo demostraba la constatación de que en los países en desarrollo (India) las patentes tenían mucho menos valor que en los países desarrollados y que el valor de las patentes en la agricultura era menor que en varios otros sectores.
Wendt (5/4), sin embargo, recalcó los problemas con que se enfrentaban las empresas de semillas en América Latina, afirmando que muchos agricultores aprovechan las exenciones previstas en las leyes sobre PVV para cultivar y comercializar variedades protegidas. Por consiguiente sostuvo que si las empresas “no persiguieran las infracciones de sus PRI, pronto perderían el control de lo que sucede con sus obtenciones y no podrían venderlas”.
Wendt (11/4) señaló también que, en su legislación nacional, varios países de América Latina abordaban explícitamente cuestiones como los derechos del agricultor y el acceso a los beneficios derivados de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y la distribución de esos beneficios. Sin embargo, indicó que seguía habiendo dificultades para hacer cumplir la legislación y que organizaciones internacionales como la OMPI y la FAO podían facilitar esa tarea creando una conciencia más amplia acerca de la importancia y los problemas de proteger los DPI y los recursos tradicionales.
6.2.1.7 Multiplicidad de patentes
Como se señalaba en el documento de antecedentes, las consecuencias de la situación actual, en que para elaborar un producto biotecnológico pueden ser necesarias muchas etapas basadas en tecnologías patentadas, suscitan especial preocupación. Por ejemplo, la obtención de un cultivo modificado genéticamente resistente a los insectos puede exigir la utilización de una variedad vegetal protegida, así como patentes relacionadas con el gen marcador seleccionado y con el gen insecticida, la tecnología de transformación, el promotor y otros elementos de regulación necesarios para una expresión génica en las células de la planta (Srinivasan, 7/5). La multiplicidad de patentes inherente a un producto biotecnológico puede hacer que éste sea costoso (Srinivasan, 22/3) y significa que un solo titular de DPI puede bloquear la comercialización de un producto (Srinivasan, 7/5). Además, puede dar un considerable poder a las empresas privadas debido a la estrategia de acumular “carteras de patentes con fines defensivos”, que a menudo incluyen “invenciones” triviales (Glover, 28/3). Los costos que entraña la negociación de los DPI pueden ser muy cuantiosos “como resultado de unos derechos de propiedad definidos de manera vaga o deficiente en las patentes y de unos productos que implican tecnologías reclamadas por varios titulares de DPI” (Lin, 9/4), y pueden ser un obstáculo importante a la innovación (Fakir, 29/3).
6.2.1.8 Protección de variedades vegetales
Cuando en la conferencia se examinaron los DPI en particular, la mayor parte del debate se centró en las patentes. Sin embargo, se hicieron también algunas observaciones acerca de la PVV (también denominada derechos de los fitogenetistas). Las leyes sobre PVV se basan por lo general en el Convenio de la UPOV, firmado en 1961 y revisado en 1972, 1978 y 1991 (Roger, 9/5). Para recibir protección, una variedad debe cumplir criterios relacionados con la novedad, el carácter distintivo, la uniformidad y la estabilidad (Archak, 7/5; Roger, 9/5), aunque Archak (7/5) señaló que no era fácil definir el carácter distintivo.
Wendt (11/4) observó que, en América Latina, la PVV era más importante que las patentes. Indicó que “hay dos aspectos muy importantes en los que la PVV difiere de las patentes: en primer lugar, la “prerrogativa del agricultor”, que permite a éste reservar semillas para utilizarlas con fines propios y, en segundo lugar, la “exención del obtentor” que permite a cualquier fitogenetista utilizar una variedad protegida como base para obtener una nueva sin el consentimiento previo del propietario de la variedad protegida original”. Por consiguiente, llegó a la conclusión de que la PVV daba mayor acceso al material genético, opinión que también suscribieron Roger (9/5) y Steane (11/5).
6.2.1.9 Sector ganadero
Como señaló Steane (11/5), la mayoría de los mensajes enviados en la conferencia se refirieron a las plantas, respecto de las cuales hay ya una experiencia considerable en materia de DPI. Observó que el papel de los DPI para los animales es actualmente limitado, pero las consecuencias son enormes. Ageeb (23/3) sostuvo que los avances de la biotecnología eran más lentos en la investigación sobre animales que sobre cultivos o medicamentos, pero predijo que, “en un futuro próximo, el material genético de los animales tropicales contribuirá sin duda a revolucionar la biotecnología”. Wollny (21/3) se preguntó si una política que reivindicara los PDI para proteger los recursos zoogenéticos reportaría ahora beneficios prácticos para los agricultores de los países en desarrollo, ya que la mayor parte del material genético “no tiene una utilidad o función conocida ni un valor actual de mercado”. Propuso, por lo tanto, que se aplicaran normas para el mantenimiento de los recursos y que en un futuro, cuando se realizaran descubrimientos biotecnológicos, las autoridades concertaran acuerdos adecuado sobre acceso y transferencia de material genético. Por último, Steane (11/5) señaló que, mientras que los encargados de formular políticas para el sector agrícola podían optar entre las patentes y la PVV, actualmente no había un equivalente de la PVV para los animales, por lo que los problemas relacionados con la definición de lo que es patentable podrían adquirir una importancia aún mayor en el sector ganadero.
6.2.2 Nombre y país de los participantes que enviaron los mensajes a los que se hace referencia
Ageeb, Abdelgadir. Canadá
Archak, Sunil.
India
Ashton, Glenn. Sudáfrica
Cummings, Claire. Estados Unidos de
América
De Lange, Wytze. Países Bajos
Fakir, Saliem.
Sudáfrica
Ferry, Michel. España
Gallego-Beltrán,
Juan. Colombia
Glover, Dominic. Reino Unido
Graff, Gregory. Estados Unidos
de América
Granda, Willy Valdivia. Estados Unidos de
América
Hollis, Kevin. Estados Unidos de América
Immonen,
Sirkka. Italia
Lettington, Robert. Kenya
Lin, Edo. Francia
Ndegwa,
Rose. Kenya
Olutogun, Olusanya. Nigeria
Roberts, Tim. Reino
Unido
Roger, Pierre. Francia
Saunders, Thomas. Estados Unidos de
América
Srinivasan, Ancha. Japón
Steane, David.
Tailandia
Tripathi, Ruchi. Reino Unido
Van Overwalle, Geertrui.
Bélgica
Vasquez, Chela. Estados Unidos de América
Wendt,
Jan. Chile
Wingfield, Brenda. Sudáfrica
Wollny, Clemens.
Botswana
