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I. INTRODUCCIÓN


La mayor parte de los sistemas jurídicos cuentan con leyes relativas a la protección de los animales silvestres desde hace mucho tiempo. En muchos casos, el principal centro de interés era la caza, así como la necesidad conexa de proteger al menos algunas especies o etapas de la vida animal. Las disposiciones que tenían como finalidad general la protección de los animales silvestres con frecuencia se introdujeron por vez primera en la legislación sectorial sobre caza, y a menudo eran el resultado de un compromiso entre intereses contrapuestos. En ocasiones, también se designaron como áreas protegidas aquellas zonas de particular importancia para la supervivencia de los animales, mediante la creación de reservas para tal fin.

Normalmente en una fase posterior, en muchos países se fue ampliando la gama de aspectos abarcados hasta incluir todo hábitat relevante para las especies, lo que llevó a adoptar múltiples leyes sobre diversos tipos de áreas protegidas.

Prescindiendo del hecho de que las disposiciones sobre animales silvestres y áreas protegidas hayan coexistido en un único instrumento jurídico o se hayan mantenido separadas, una característica común de la legislación de esa generación fue que rara vez abarcaba de forma global la ordenación de la fauna, que incluyera los aspectos tanto de desarrollo como de conservación.

En un estudio publicado en 1984 relacionado con la legislación sobre fauna y áreas protegidas en África, ya se había señalado una tendencia (más evidente en las últimas leyes de los años setenta que en las de los decenios anteriores) hacia una mayor atención a la ordenación y utilización de la fauna silvestre, en contraposición a un estricto interés por la caza y la protección de especies individuales (FAO, 1984). Los sistemas jurídicos que inicialmente se basaban en dos elementos bien diferenciados - la caza y las áreas protegidas - pasaron entonces a adoptar un conjunto efectivo de leyes sobre vida silvestre en que ésta se consideró más apropiadamente como un recurso natural renovable. Así pues, el objetivo de las políticas y leyes sobre fauna pasó a ser gradualmente una adecuada ordenación de ese recurso para toda finalidad que fuera útil, pero que al mismo tiempo no ocasionara su deterioro, en consonancia con la evolución de las leyes nacionales e internacionales en materia de medio ambiente, que para finales del decenio de 1980 dieron gran cabida al principio del desarrollo sostenible.

Posteriormente surgieron cuestiones adicionales, que sirvieron de orientación para formular las leyes más recientes. Entre ellas figura una mayor atención a la función de cada especie y organismo y por ende a la protección de la biodiversidad. Asimismo, se han tenido más en cuenta los aspectos de la ordenación de la vida silvestre que guardan una mayor relación con las personas. Ello se refleja en una mayor consideración de las opiniones de la población en la adopción de decisiones y en nuevas disposiciones institucionales para tal fin, con un incremento de las iniciativas locales. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha dedicado una creciente atención a la conservación del medio ambiente y la naturaleza y también ha crecido el impacto de las iniciativas internacionales. En los capítulos siguientes se examinan éstas y otras tendencias.

La legislación nacional examinada data de los años noventa y se especifica en la lista al final de este documento. Tales leyes (y en algunos casos reglamentos) se refieren directamente a los animales silvestres o más sencillamente a la caza, o más generalmente a toda la vida silvestre (en ocasiones incluidas las plantas) o la protección de la naturaleza. Además, algunas de ellas abarcan también las áreas protegidas, conjuntamente con la vida silvestre o de forma exclusiva. En este último caso, el análisis siguió centrándose principalmente en la identificación de tendencias en la legislación sobre la fauna más que en un examen general de la legislación sobre áreas protegidas.


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