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VII. CONCLUSIÓN


En las recientes leyes de muchos países una de las características más destacadas es la dotación de una base jurídica para la planificación de la ordenación de la fauna. La mayoría de las leyes prevé la formulación de varios tipos de planes de ordenación relacionados con la fauna: desde «planes de ordenación de la fauna» generales e incluso «planes bioregionales de ordenación» y «planes de ordenación de los recursos naturales», hasta «planes de recuperación» y «planes de reducción de las amenazas». Las disposiciones relativas a la planificación de la ordenación pueden comprender requisitos para que la administración reúna datos o para que la población interesada los suministre, la publicación de los planes en forma provisional con miras a obtener comentarios de las partes interesadas y la descripción de los contenidos mínimos de los planes. Casi siempre las medidas de ordenación estipuladas por la ley o que deben incorporarse en los planes están sujetas a principios de sostenibilidad.

Estas disposiciones evidencian el hecho de que cada vez más la ley orienta los procesos de ordenación y sus objetivos básicos por lo que se refiere a sus medidas fundamentales, en lugar de dejarlos a merced de las iniciativas de las diversas administraciones. Los aspectos fundamentales de este enfoque son la importancia creciente atribuida a la recopilación de datos científicos para la ordenación y la incorporación del principio de desarrollo sostenible en la legislación nacional.

La tendencia emergente refleja seguramente una mejora general de las bases jurídicas de la ordenación de la fauna. Otros elementos que suelen incorporarse en las leyes recientes, y que contribuyen a esa mejora, son las disposiciones sobre la protección de la biodiversidad y la evaluación y mitigación de los procesos potencialmente dañinos para la fauna.

Muchas leyes se podrían mejorar aún más vinculando claramente la adopción de las medidas de ordenación con los procesos de planificación y, en particular, con los resultados de los estudios. Sin embargo, no todas las leyes incluyen en una progresión lógica los pasos básicos para una planificación adecuada de la ordenación, por consiguiente su enfoque sigue siendo fragmentario. Otra deficiencia es la tendencia a concentrarse en las especies y zonas más importantes, con el riesgo de perder elementos básicos de la biodiversidad (aunque, quizá, menos espectaculares).

Con respecto a la propiedad de la fauna y los derechos de caza, en general la legislación es el resultado de tradiciones establecidas desde hace tiempo, combinadas con los progresos logrados a través de las presiones de los grupos de interés, las decisiones judiciales y las iniciativas internacionales. Algunos de esos progresos que se están llevando a cabo en varios países van en la misma dirección. Por ejemplo, aparentemente existe una tendencia a extender las prerrogativas de los terratenientes privados reduciendo las limitaciones sobre la fauna que se encuentra en su tierra. Esto está sucediendo incluso en los países donde tradicionalmente se han limitado los derechos de los terratenientes al permitir el libre acceso a la tierra a los cazadores, supuestamente para proteger la fauna confiándosela al Estado, pero más a menudo simplemente para favorecer los intereses de la caza. No obstante, aún existen marcadas diferencias en los enfoques de los sistemas jurídicos relativos a la propiedad de la fauna, los derechos de caza, la indemnización de los daños causados por los animales silvestres y las obligaciones de los terratenientes en materia de ordenación. A este respecto, aparentemente no existe una tendencia a la armonización. Esto, de por sí, no impide una protección y ordenación adecuadas de la fauna, dado que es posible tomar medidas apropiadas en el ámbito de distintas situaciones de tenencia, adaptando los enfoques a las características y tradiciones locales.

A veces las disposiciones sobre la fauna y las áreas protegidas incorporan aspectos innovadores en la legislación reciente, como las que se proponen intensificar los valores locales significativos en la ordenación de la fauna y las áreas protegidas, incluyendo aspectos naturales, históricos, antropológicos y culturales. Un ejemplo conexo es la transferencia de los poderes de decisión (incluidos los poderes de adoptar las normas aplicables) al nivel local y, en particular, a las autoridades encargadas de la ordenación de las áreas protegidas. Sin embargo, estas disposiciones son poco frecuentes y no pueden considerarse una señal de una evolución general en esa dirección.

En cuanto a la función de la población en la ordenación de la fauna, se está reconociendo cada vez más su importancia y utilidad. Los requisitos jurídicos para las varias formas de participación pública son bastante comunes.

Aún así, el desafío básico de lograr un equilibrio entre los intereses de la población, por un lado, y los de la fauna y las áreas protegidas, por el otro, continúa requiriendo esfuerzos para identificar soluciones innovadoras en la práctica y en las disposiciones institucionales y jurídicas. Actualmente sólo unas cuantas leyes se ocupan de los problemas relativos a los usos alternativos de la tierra y de la integración de la ordenación de la fauna con las otras actividades realizadas en las zonas rurales. La compensación por los daños causados por los animales salvajes raramente resulta ser una solución satisfactoria en aquellos casos en que las presiones para utilizar los recursos de la fauna han llevado a la invasión y a actividades ilegales.

Una contribución para solucionar los conflictos relacionados con la fauna puede llegar de las iniciativas que ofrecen beneficios prácticos a la población, ya sea emprendidas privadamente o con arreglo a acuerdos de colaboración con la administración, como la ordenación de ciertas zonas para la repoblación o la caza, la cría y la reproducción de animales salvajes. La legislación reciente contempla algunos de esos procedimientos, pero hace poco para fomentarlos, limitándose a veces a establecer sólo las restricciones aplicables. No obstante, es posible que dichos procedimientos representen importantes oportunidades para el desarrollo, pues pueden arrojar beneficios económicos y potenciar el papel de las comunidades locales, también con vistas a que la fauna «aporte su parte».


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