Los documentos indicados en las referencias
Garduño 1998a y 1998b han sido resumidos y
consolidados en este informe, junto con una evaluación preeliminar de los
avances en la puesta en práctica del Sistema de Administración de
Derechos de Agua de Sudáfrica. El autor apoyó al Gobierno de
Sudáfrica, como consultor de la FAO, en septiembre de 1997 y febrero de
1998, en la puesta en práctica de un sistema de administración de
derechos de agua. Será más fácil entender la
dimensión temporal del recuento que se hace en este informe si se tienen
en mente las siguientes fechas:
Septiembre de 1997, primera misión del autor a
Sudáfrica como consultor de la FAO sobre administración de
derechos de agua.
Febrero de 1998, segunda misión del autor.
Agosto de 1998, adopción de la Ley Nacional de
Aguas.
Mayo de 1999, inclusión en este informe de la
información más actualizada.
Octubre de 1999, entrada en vigor de las secciones de la Ley
relacionadas con las concesiones de uso de agua.
La mayoría de las recomendaciones
relacionadas con las actividades de puesta en práctica se llevaron a cabo
durante la primera misión. Durante la segunda misión, se
prepararon los lineamientos de un programa de capacitación y se evaluaron
los avances de ciertos asuntos clave relacionados con la puesta en
práctica. Más adelante y hasta mayo de 1999, se actualizaron
parcialmente los avances en la puesta en práctica por medio de
comunicación personal (Schreiner 1999). Con objeto de informar al lector
de los avances más recientes en la puesta en práctica, se incluyen
algunos puntos sobre el sistema de derechos de agua tomados del borrador de la
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (DWAF 2002), la cual será
emitida formalmente después de un amplio proceso de consulta
pública. En general, se aprecia que los avances logrados en menos de
cinco años desde que se adoptó la nueva Ley son impresionantes.
Sin embargo, hay que reconocer que si bien el documento contiene importantes
aspectos de la puesta en práctica de la política hídrica,
no recoge las experiencias en el terreno y para realizar una evaluación
completa de todo el proceso de puesta en práctica de derechos de agua, se
tendría que hacer una valoración minuciosa de cómo avanza
la puesta en práctica in situ. A lo largo del informe, con letra cursiva,
se incluyen comentarios sobre dichos avances.
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