1.1 La transferencia de la responsabilidad de la prestación de servicios del gobierno central a los niveles locales de gobierno ha creado nuevas necesidades de fuentes locales y sostenibles de ingreso. La prestación de un nivel adecuado de servicios puede ser difícil para los gobiernos locales rurales, que normalmente tienen una base impositiva limitada en comparación con los centros urbanos. Los impuestos prediales han sido considerados muchas veces, ante todo, como impuestos urbanos, pero nunca se insistirá demasiado en su importancia para las comunidades rurales. Los impuestos de las tierras e industrias rurales pueden ofrecer a los gobiernos locales una fuente importante de ingresos fiscales propios.
1.2 Las principales razones para la descentralización del sector público son: el logro de una mayor eficacia y eficiencia general permitiendo a los gobiernos locales mejorar la capacidad de respuesta, la rendición de cuentas y los resultados de la producción y prestación de servicios. El proceso de descentralización es requisito esencial para que los gobiernos locales puedan desempeñar un papel activo importante en relación con el sistema de gobierno local.
1.3 La descentralización de los poderes debe ir acompañada de ingresos suficientes para garantizar el financiamiento adecuado de las nuevas responsabilidades del gobierno local. Hay que decidir qué fuentes de ingreso deben ser para uso exclusivo de los gobiernos locales y cuáles deberán compartirse entre los diversos niveles de gobierno. Los ingresos obtenidos a través de subvenciones y otras transferencias intergubernamentales desempeñan un papel importante en las finanzas de los gobiernos locales en la mayoría de los países. No obstante, para garantizar que la autonomía fiscal del gobierno local sea real, es imprescindible que un porcentaje significativo del ingreso total del gobierno local se considere como «ingresos propios», es decir, que estén bajo su control. Los impuestos locales son una fuente importante de ingresos de origen local.
1.4 El impuesto predial es un impuesto local eficaz, ya que los bienes inmuebles tienen una ubicación dentro de la jurisdicción de un gobierno local específico. Pocos impuestos presentan las mismas ventajas en lo que respecta a su previsibilidad y estabilidad. Se trata de un impuesto difícil de evitar, y los bienes inmuebles representan un activo al que se puede recurrir para garantizar el pago del impuesto. Además, las comunidades rurales normalmente sólo tienen acceso limitado a otras bases imponibles significativas. Por ello, el impuesto sobre la tierra y los bienes inmuebles de las empresas agrícolas y otras actividades rurales pueden ser una fuente importante de ingresos para los gobiernos locales.
1.5 Para fomentar la autonomía fiscal, el gobierno local debería tener cierta libertad para decidir el alcance de la base impositiva y fijar las cuotas tributarias. Pocos países en desarrollo otorgan actualmente un amplio margen de libertad a sus gobiernos locales en este sentido. No obstante, es importante que el gobierno local tenga facultades para la determinación de los impuestos, aunque normalmente ello tendrá lugar dentro de los límites establecidos por el gobierno central. Si un gobierno local no posee autoridad para decidir el monto de ninguno de los impuestos, la política fiscal local y la rendición de cuentas a los contribuyentes locales serán débiles. En muchas economías en desarrollo, los ingresos resultantes del impuesto predial suelen ser relativamente bajos, en parte debido a la forma en que se administran los impuestos. Es menos probable que un gobierno central considere importante un impuesto si se limita a administrarlo y transferirlo luego a los gobiernos locales. Por ello, es importante que los gobiernos locales tengan un papel decisivo en los impuestos prediales, para que puedan ser los beneficiarios.
1.6 Los impuestos nunca son populares, y los cambios del sistema fiscal mediante la introducción o modificación del impuesto predial rural serán, con toda probabilidad, un tema políticamente delicado. Se necesitan estrategias para afrontar la oposición al impuesto, por ejemplo, ofreciendo al público información adecuada, adoptando procesos transparentes de toma de decisiones e introduciendo los cambios de forma gradual.
1.7 En algunos casos, la aplicación de una política de descentralización puede exigir la introducción de un impuesto predial totalmente nuevo. En otros, quizá habría que hacer hincapié en la ampliación de un sistema fiscal urbano ya existente, con el fin de incluir las propiedades rurales. Si el sistema fiscal existente no funciona adecuadamente, habrá que transformarlo en un sistema más eficiente y equitativo.
1.8 Lo que se pretende con esta guía, es ayudar a los países interesados a introducir nuevos sistemas de impuestos prediales o ampliar o reformar los ya existentes. El objetivo fundamental es ayudar a los gestores catastrales a quienes se ha confiado la responsabilidad del diseño técnico y aplicación de los regímenes fiscales sobre los bienes inmuebles rurales. Las partes relativas a los aspectos normativos del impuesto predial en apoyo de la descentralización pueden ser de interés para los órganos nacionales de decisión y para los componentes del gobierno central encargados de preparar la legislación y los programas de desarrollo. La información puede ser útil para los miembros de la comunidad de donantes y quienes trabajan en los programas de desarrollo rural en sentido más amplio.
1.9 La guía comienza describiendo los posibles beneficios de la descentralización como medio para una prestación de servicios más eficiente y eficaz, e identificar los problemas que pueden impedir que ese potencial se haga realidad. Se señala la importancia de que los gobiernos locales lleguen a ser fiscalmente autónomos, y se explica cómo el impuesto predial rural puede ser una fuente vital de ingresos para las comunidades rurales. Se señalan las cuestiones que deberían considerarse en el diseño y aplicación de dichos impuestos. El mensaje central es que el impuesto predial en las zonas rurales es técnicamente viable y aportará beneficios para la economía rural y la gobernancia rural.
