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El hecho de que los planificadores del sector agrícola rara vez tomen en consideración las necesidades de la mujer rural puede tener graves efectos sobre la seguridad alimentaria, dado por ejemplo que la capacitación y los servicios agrícolas no están orientados a la mujer rural, quien cultiva una parte considerable de los alimentos en el mundo. En muchos casos, los planificadores carecen de información sobre la importante función que desempeña la mujer en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria de los hogares. Pero, como se mencionó anteriormente, es aún más frecuente que no conozcan sus actividades ni sepan cómo aprender de las agricultoras o cómo responder a sus intereses y necesidades. Un modo de resolver estos problemas es mejorando la información sobre la situación de las mujeres y los hombres del medio rural e involucrándolos en los procesos locales de planificación en el sector agrícola.
En muchas partes del mundo, se reconoce cada vez más el papel decisivo que puede desempeñar el sector agrícola en el aumento de los ingresos de exportación, la generación de empleo y la mejora de la seguridad alimentaria. Cuando se aplican las fórmulas de liberalización económica y privatización, los esfuerzos para aumentar la productividad, conseguir la seguridad alimentaria y reducir la pobreza deben tener en cuenta los factores institucionales y culturales tanto en el plano microeconómico como en el mesoeconómico que desvirtúan sus efectos a nivel local. Es necesario que las políticas económicas para el sector agrícola eviten dar preferencia a la agricultura comercial y a gran escala, marginando sobre todo al sector de los pequeños productores que es el más vulnerable y el que más incide en el trabajo y la vida de las mujeres y los hombres del medio rural.
Esas políticas deben reconocer la necesidad de colocar a las personas en el centro del proceso de desarrollo. De ese modo se promueve un enfoque de desarrollo participativo y con perspectiva de género, basado en una corriente cíclica y multidireccional de información entre organismos internacionales, gobiernos, ONG, instituciones de investigación, servicios de extensión y desarrollo comunitario y miembros de hogares rurales.
Para que los trabajadores rurales se beneficien de las nuevas dinámicas macroeconómicas, es necesario que sus gobiernos y la sociedad civil inviertan en el desarrollo del capital humano, en educación, en escuelas, en la formación profesional y técnica, y en la expansión y mejora de la infraestructura rural para servir a la agricultura y a las empresas rurales no agrícolas (por ejemplo, carreteras, energía eléctrica, alcantarillado, instalaciones sanitarias, escuelas y mercados).
En casi todos los países sigue siendo necesaria una política orientada a la acción a fin de asegurar que la mujer forme parte del proceso dinámico de cambio y que sus necesidades se tengan en cuenta independientemente de las del hombre, en caso necesario. Esto significa que las políticas deben:
Las recomendaciones en materia de política se basan en una información actualizada, exacta y detallada. La falta actual de una evaluación fiable de las diferentes contribuciones de la mujer y el hombre a la economía representa un importante obstáculo para promover un desarrollo sostenible con enfoque de género. Son necesarias medidas para impulsar la recolección , compilación, análisis y difusión de datos desglosados por sexo, sobre la distribución del tiempo y de las tareas, así como la elaboración de indicadores sobre la participación de la mujer en la agricultura y en la economía rural. Será preciso modificar en primer lugar los programas de recolección de datos ampliando la definición del trabajo para incluir tanto las actividades remuneradas como las no remuneradas y la contribución diferenciada de la mujer y el hombre a la producción agrícola y no agrícola. También es importante sensibilizar a los encargados de formular políticas, sobre la utilidad de estos datos, y crear así una demanda para generar, recolectar y utilizar datos.
Los ministerios gubernamentales, las instituciones de financiación y capacitación, los centros de investigación, las ONG y otras estructuras sociales y económicas que promueven programas de desarrollo agrícola y rural necesitan reorientar sus operaciones de manera que incluyan también a la mujer rural entre los destinatarios de las iniciativas de desarrollo de los recursos humanos y como beneficiarias de los programas de desarrollo. Es necesario abordar, a través de una reforma institucional, varios temas y entre ellos uno de los más importantes es el acceso a la tierra. Esto determina el acceso de la mujer que trabaja por cuenta propia al crédito y a los servicios complementarios. La educación y la capacitación son otras esferas fundamentales donde es necesaria una cuantiosa inversión en la mujer, no sólo para aumentar su participación en el desarrollo económico, sino también para conseguir metas importantes del desarrollo nacional que están muy relacionadas con el grado de conocimientos y aptitudes de la mujer (como por ejemplo, la reducción de las tasas de fecundidad y el aumento de la seguridad alimentaria y la situación nutricional de los hogares).
Vincular el desarrollo en el sector rural a las prioridades de los agricultores y agricultoras locales supone el fortalecimiento o la creación de mecanismos institucionales para comprender y responder a la diversidad y al cambio. Es importante seguir prestando atención al papel que las tecnologías de información y comunicación pueden desempeñar para generar y compartir información destinada a la planificación con una perspectiva de género.En particular, y en lo que concierne al género, es evidente la necesidad de cambiar las "reglas del juego", es decir las normas y procedimientos cotidianos de las instituciones, que reflejan en primer lugar las necesidades y capacidades materiales y sociales y los intereses políticos de quienes las han concebido. Dado que la mujer rara vez participa en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, estas reglas del juego van en contra de ella. El desafío consiste en la institucionalización de políticas y enfoques que incorporen la perspectiva de género haciendo que las formas equitativas de interacción social sean la norma y limitando las posibilidades de elegir formas discriminatorias en la organización social.
El principal medio utilizado para apoyar el cambio institucional ha sido hasta ahora la sensibilización y capacitación de oficiales de gobierno y técnicos sobre asuntos de género y sobre el uso de enfoques participativos. El objetivo principal de la capacitación en asuntos de género es ayudar a personas de las diferentes organizaciones, a cambiar su modo de pensar eliminando estereotipos sobre el trabajo y necesidades de la mujer y por lo tanto influenciándolos en su manera de actuar. La capacitación en análisis de género es también importante para conseguir aliados y lograr el apoyo de los empleados de gobierno, proporcionando a los sus oficiales,encargados de formular políticas y planificadores los conocimientos teóricos y prácticos que necesitan para resolver el conflicto provocado por las propuestas de destinar más recursos a la mujer.
Aparte de la capacitación y concientización, para introducir la perspectiva de género, es necesario apoyar:
La existencia de un espacio normativo que estimule a los planificadores locales en particular, a los extensionistas, a los planificadores del nivel intermedio y a otros agentes del desarrollo a interesarse por los enfoques participativos y de género facilitará la institucionalización de proyectos y métodos.