Hubo una época en que las políticas forestales nacionales se anunciaban solemnemente como si tuvieran validez eterna. En aquel entonces, el ideal de las ciencias políticas y de la economía era garantizar la estabilidad de los principios. Más tarde se llegó a comprender que el desarrollo socioeconómico supone cambios y conflictos, y que la política forestal, lejos de mantenerse aislada del desarrollo social y económico, es parte integrante de éste.
El motor que impulsa el cambio de la política forestal es la evolución de las ideas acerca de la contribución que las ciencias e industrias forestales pueden brindar al desarrollo socioeconómico. A medida que aumenta la interdependencia de las naciones, cada país interpreta esa contribución a la luz de las amplias tendencias de la situación mundial. Estas interpretaciones reflejan hoy un reconocimiento cada vez mayor del papel que la silvicultura puede desempeñar en el desarrollo rural y en el mejoramiento de la situación de los pobres: el redescubrimiento de la biomasa forestal como importante fuente renovable de energía; la preocupación por la disminución de la vegetación de los bosques y el avance de la desertificación; la conciencia cada vez mayor de la necesidad de ordenar los recursos terrestres y de preservar el legado genético a fin de producir más alimentos, bienes y servicios para una población que crece.
Muchos países reconsideran ya sus políticas forestales a la luz de estos criterios, y es probable que otros hagan lo mismo en el futuro, en particular en el mundo en desarrollo. Estos ajustes facilitan el logro de los objetivos de la política forestal.
A fin de recoger nuevas ideas relativas al tema del respaldo institucional a la aplicación de la política forestal, se celebró una Consulta de Expertos sobre Administración Forestal para el Desarrollo patrocinada por la FAO y la Oficina Central Sueca para la Ayuda Internacional (SIDA) en la sede de la FAO, en Roma, del 2 al 11 de febrero de 1983. Asistieron a titulo personal veintinueve expertos de una amplia gama de disciplinas provenientes de 24 países de Africa, Asia, Europa, América Latina y América del Norte. Este número de Unasylva presenta una selección de los documentos debatidos.
La Consulta de Expertos no fue el primer intento realizado por la FAO para abordar los aspectos institucionales, sociales y - en menor grado - políticos del desarrollo de la silvicultura; ya en 1950 la Organización publicó un libro titulado Forest policy, law and administration, que sigue siendo de actualidad. Muchos otros estudios y actividades de la FAO relativos a los aspectos institucionales de la silvicultura, han seguido a ese esfuerzo inicial. Algunos importantes acontecimientos recientes han confirmado la antigua convicción de la FAO de que el desarrollo forestal requiere medidas institucionales estables y concertadas. En 1978, la Declaración de Yakarta del Octavo Congreso Forestal Mundial subrayó el concepto del bosque al servicio de la colectividad. De conformidad con los Principios y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (1979), el Comité sobre Silvicultura de la FAO (1980) y la Conferencia de la FAO (1981) aprobaron una «Estrategia forestal para el desarrollo» que refleja el amplio reconocimiento de la necesidad de una nueva dimensión humana y social de la silvicultura.
Dada la naturaleza de esa estrategia, las medidas institucionales para su aplicación deben elaborarse con sumo cuidado, especialmente en el caso de los países en desarrollo cuyas estructuras administrativas son insuficientes, que tienen sistemas tradicionales de propiedad y tenencia de la tierra, y que desean alcanzar sus objetivos de desarrollo con pleno reconocimiento de sus raíces históricas y culturales.
La Consulta de Expertos sobre Administración Forestal para el Desarrollo condujo su labor teniendo presentes tres objetivos: en primer lugar, garantizar que quienes dependen directamente de los bosques participen plenamente en la concepción y dirección de las actividades forestales y reciban una parte equitativa de los beneficios previstos; en segundo lugar, facilitar la coordinación de actividades por sectores; y en tercer lugar, fomentar una cooperación equilibrada entre la administración pública, las empresas forestales y las instituciones rurales.
La Consulta de Expertos confirmó que las administraciones forestales estatales tendrán que romper su aislamiento y trabajar en contacto más estrecho con la comunidad. Esto requerirá mecanismos de divulgación eficaces que interesen a los organismos de los sectores estatal y privado y a las propias comunidades rurales. Para consolidar este enfoque, la enseñanza y la investigación forestales tendrán que reorientarse hacia los nuevos problemas de la silvicultura social.
La Consulta de Expertos reconoció que si bien cada país tenía que analizar y solucionar sus propios problemas, la FAO estaba en condiciones de estimular la reorientación de la labor de las instituciones docentes y operacionales locales, y de fomentar intercambios de experiencias entre los países. Con este fin, se propuso que la FAO procurase mejorar la cooperación con organismos análogos del sistema de las Naciones Unidas y con otras instituciones internacionales. Asimismo, la FAO deberá tratar de influir en los organismos donantes y de financiación para que contribuyan a las actividades institucionales requeridas para cubrir las necesidades de los pobres de las zonas rurales.
El Departamento de Montes de la FAO realiza actividades complementarias, en base a los resultados y las recomendaciones de la Consulta de Expertos, con la cooperación de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Instituciones y Reforma Agraria de la FAO, la Dirección de Administración para el Desarrollo de las Naciones Unidas.
