La alimentación es una necesidad básica y, como es natural, los consumidores desean estar seguros de que los gobiernos y proveedores les estén suministrando alimentos inocuos y de buena calidad. La participación de los consumidores es conveniente y necesaria, ya que la mayoría de las decisiones relativas a la inocuidad de los alimentos entrañan un balance de costos y beneficios, que comporta siempre juicios de valor. Todos los sectores de la sociedad deberían participar en el proceso de toma de decisiones, de modo que cada uno de ellos comprenda los compromisos a los que hay que llegar, y la decisión final sea aceptable para un espectro más amplio de personas. Además, la participación permite un enfoque integral e interdisciplinario de los problemas.
Los grupos de ciudadanos constituyen un medio eficaz para integrar los intereses de los consumidores en el control de los alimentos. Son núcleos de personas vinculados a la comunidad, que pueden adquirir los conocimientos técnicos necesarios para una participación más eficaz. A nivel nacional, estos grupos pueden educar a los consumidores, investigar problemas, vigilar el cumplimiento de las normas y promover cambios en nombre de la ciudadanía; a nivel internacional, pueden actuar como foro para intercambiar experiencias y lanzar campañas internacionales.
Para poder incluir eficazmente el punto de vista del consumidor en el control de los alimentos, es preciso desarrollar mecanismos de participación. La insuficiencia de estructuras para tratar los asuntos de la inocuidad de los alimentos constituye un obstáculo a la participación. Las estructuras y procesos deben dar cabida a las diferencias entre los ciudadanos comunes, que tienen pocos recursos y carecen de conocimientos especializados, y las industrias y asociaciones profesionales, que disponen de recursos abundantes.
Las estructuras oficiales y extraoficiales de participación tienen su origen en diferentes contextos históricos y culturales. Los procedimientos oficiales suelen estar estipulados en la legislación o reglamentación, mientras que los extraoficiales responden a determinadas costumbres o políticas no declaradas, o derivan de iniciativas personales; entre los procedimientos oficiales figuran las reuniones públicas, los órganos consultivos, los boletines oficiales y los procesos de apelación. Los mecanismos extraoficiales comprenden la distribución de documentos para recabar observaciones, la organización de reuniones y los exámenes de temas específicos. Los defensores de los consumidores suelen preferir los procedimientos oficiales, que ofrecen un mayor grado de transparencia y responsabilización.
Los procesos participatives son normalmente más difíciles de manejar y más engorrosos que la toma de decisiones independientes. Cuanto más generales sean las repercusiones de una decisión, y más variadas las opiniones de las personas, tanto más amplia habrá de ser la participación. Aunque resulte tentador no hacer el esfuerzo, las ventajas que derivan de la búsqueda de soluciones más aceptables y equitativas compensan con creces los inconvenientes.
Los consumidores reciben mensajes contradictorios de la publicidad, los medios de comunicación, la industria, el gobierno y sus propios representantes. La falta de confianza y de respeto por las divergencias de opinión entre los grupos de consumidores, la industria y el gobierno inhiben la participación. Pero si los responsables de las políticas están dispuestos a enfrentarse con las dificultades y a adaptarse para contribuir a una participación más efectiva, será posible encontrar el enfoque más adecuado para cada tipo de situación concerniente a la calidad e inocuidad de los alimentos.
