Las Naciones Unidas reconocen derechos básicos de los consumidores tales como el derecho a la salud y a la seguridad, a la protección de sus intereses económicos, a elegir, a ser informados, a recibir un resarcimiento efectivo y a ser escuchados, que guardan relación con el control de los alimentos. Del 14 al 18 de junio de 1993 se celebró en Roma una Consulta FAO de expertos sobre la integración de los intereses del consumidor en el control de los alimentos. Esta Consulta reunió a 13 expertos procedentes de organismos de control de los alimentos, de la industria y de organizaciones de consumidores de países desarrollados y en desarrollo. A continuación se presenta un resumen de sus opiniones y recomendaciones.
La Consulta tenía por objetivo orientar y ayudar a los países en la tarea de facilitar la participación de los consumidores en sus sistemas de control de los alimentos. El bajo nivel actual de participación de los consumidores en los aspectos relacionados con el control de los alimentos en los países en desarrollo no obedece a una falta de interés, sino a la carencia de información y educación sobre estos aspectos. Para mejorar la información y la educación, los representantes de los consumidores, la industria alimentaria y el gobierno deben desempeñar un papel activo y fundamental. Los consumidores no tienen conocimiento de Ids medidas que adoptan el gobierno y la industria para protegerlos de los alimentos nocivos y de mala calidad y para mejorar las prácticas de manipulación y elaboración de los productos alimenticios. Con frecuencia, no son conscientes de su derecho a participar en la formulación de las políticas de control de los alimentos.
Los principales factores que obstaculizan la comunicación con los consumidores y la integración de sus puntos de vista en las políticas y decisiones sobre el control de los alimentos son la falta de un movimiento bien organizado de los consumidores; la insuficiencia de sus conocimientos científicos e información sobre los aspectos de la calidad e inocuidad de los alimentos y las decisiones normativas; sus actitudes, hábitos y niveles de instrucción; y las deficiencias del sistema de control de los alimentos.
Los responsables del control de los alimentos deben crear las condiciones para un debate abierto de las decisiones científicamente fundamentadas. El papel de los consumidores, las ONG y la industria es particularmente importante para la adecuada gestión de los riesgos, que comprende análisis de las opciones y la utilización óptima de los recursos, incluidos los instrumentos reglamentarios y no reglamentarios, el cumplimiento voluntario, la educación y la organización de la capacitación y de otras actividades sobre el terreno.
Puesto que pocos consumidores pueden trabajar en los órganos oficiales, la selección de las organizaciones de consumidores que participarán en las decisiones de política es fundamental para asegurar una representación justa y honesta. Los representantes han de ser independientes, contar con el respeto y el apoyo de los consumidores, trabajar activamente en la promoción y protección de sus derechos y en su educación, representar a un amplio sector y tener una vasta gama de intereses.
La legislación alimentaria ha de reconocer la importancia de la participación pública. Esta es la única forma de que la industria comparta con el gobierno la obligación de proteger al consumidor, y de que éste se sienta seguro de que sus derechos están siendo protegidos. Cuando son varios los organismos responsables del control de los alimentos, la complejidad puede ser un obstáculo al acceso, información y resarcimiento del consumidor. Esto puede reducir la responsabilidad y conducir al derroche de los recursos y a una menor sensibilidad ante las preocupaciones del consumidor. Los organismos nacionales de control de los alimentos deberían contar con una oficina encargada del enlace, la coordinación, la comunicación, la educación y la provisión de información a la industria y al consumidor sobre las cuestiones relacionadas con el control de los alimentos.
