Perú ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1982. Aunque la Ley de Reforma Agraria no excluye explícitamente a las mujeres, en la practica las tierras se adjudican al "jefe de familia", que tradicionalmente se considera que es un hombre. Las mujeres obtienen tierra solamente como viudas, como hijas e indirectamente como esposas. La situación también es aplicable en el icable en el caso de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario.