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Algunas de las actividades de PRODERITH I fueron:
El Sistema de Comunicación Rural fue planeado y presupuestado desde el diseño inicial del proyecto. Se trabajó principalmente con vídeos y materiales impresos de apoyo, para cubrir las tres categorías de necesidades de comunicación del programa:
a) Análisis de situación y planeación participativa con los campesinos;
b) Educación y capacitación para los campesinos y para el personal de PRODERITH; y
c) Información institucional para una buena coordinación y gestión.
La metodología de PRODERITH se basó principalmente en Unidades de Campo, constituidas por pequeños grupos multidisciplinarios que trabajaban con las comunidades. Con la colaboración del Sistema de Comunicación, estas unidades utilizaron equipos de grabación y de reproducción de vídeo para promover un debate interno en las comunidades acerca de su pasado, su presente y su posible futuro. El propósito era lograr una percepción colectiva de la situación local y de las opciones para mejorarla, con el apoyo de PRODERITH. Este período de discusión y debate, que había estado apoyado y enriquecido por el vídeo, tuvo como resultado los planes locales de desarrollo.
La ejecución de un plan local de desarrollo invariablemente requirió de orientación y capacitación. En los años comprendidos entre 1978 y 1984, el Sistema de Comunicación Rural produjo más de 400 vídeos, principalmente para capacitación, y materiales impresos de apoyo tanto para los participantes en los cursos como también para los técnicos. Se cubrió una amplia gama de tópicos relacionados con el desarrollo agrícola y rural.
Los vídeos también se utilizaron para informar a las instituciones sobre lo que sucedía en las áreas de proyecto, como una forma de contribuir a mejorar la gestión y la coordinación institucional.
El Sistema de Comunicación Rural era dirigido desde una unidad central, pero buena parte de su personal estaba ubicado en las áreas de proyecto. Además, el personal de la Unidad Central realizaba frecuentes viajes al campo. Las cámaras y grabadoras de vídeo estaban disponibles en las áreas de proyecto, pero todo el trabajo de edición se realizaba en la Unidad Central.
En los primeros años, se utilizó un equipo de grabación Umatic de 3/4 de pulgada para la producción de vídeos, y equipos Betamax de 1/2 pulgada para la presentación a las comunidades. Más tarde fueron introducidos los equipos de Video 8, tanto para la producción como para la reproducción.
A principios de los años ochenta, todas las acciones de desarrollo del gobierno, incluido PRODERITH, se vieron gravemente afectadas por una serie de crisis económicas y programas de ajuste estructural. PRODERITH perdió entre el 60 y el 70 por ciento de su personal de campo capacitado, durante el período de transición de la primera a la segunda fase.
Cuando PRODERITH II comenzó, a principios de 1986, su capacidad de asistencia técnica estaba fuertemente reducida, precisamente cuando debería expandirse para abarcar un área de acción mucho más amplia .
En últimas, PRODERITH II cubrió 1.4 millones de hectáreas en nueve áreas de proyecto, donde habitaban unas 500 comunidades, con una población de más de 650 000 personas. La aplicación del modelo de PRODERITH I en un radio de acción tan amplio fue problemática, y el Sistema de Comunicación Rural tuvo que desarrollar nuevos enfoques de trabajo. Para empezar, era necesario descentralizar el sistema y, de acuerdo con las nuevas políticas del Gobierno, esto debería hacerse de tal forma que las organizaciones campesinas pudieran hacerse cargo de él. Las comunidades también necesitarían ayuda para desarrollar su capacidad de comunicación, y el sistema tendría que apoyar y fortalecer las organizaciones y asociaciones de campesinos.
Durante PRODERITH II se establecieron cinco unidades regionales de comunicación en diferentes partes del país. Cada una tenía la capacidad de realizar autónomamente acciones de comunicación, desde la planeación hasta la producción y el uso de materiales. Desafortunadamente, la apretada situación económica del sector agrícola impidió que las asociaciones de campesinos se hicieran cargo de las unidades de comunicación.
En muchas comunidades campesinas se capacitaron habitantes locales quienes formaron los comités de comunicación. En algunas de ellas también se establecieron unidades locales de comunicación. Estas contaban con un sistema de altoparlantes cuyo alcance abarcaba a toda la comunidad, y con un área cubierta para reuniones, en la que se podía presentar los vídeos y efectuar las discusiones.
En muchas ocasiones, estas áreas fueron útiles para la dinamización social, que condujo a concretar acciones de desarrollo en las comunidades, especialmente relacionadas con asuntos tales como acueductos, actividades de mujeres, y salud. En ninguna de las comunidades que tenían una unidad local de comunicación se registró un solo caso de cólera durante la epidemia, mientras que en las áreas vecinas se registraron muchos casos. Igualmente, hubo una reducción significativa de la mortalidad infantil causada por la diarrea.
El Sistema de Comunicación realizó mucho trabajo en los sectores de salud y de desarrollo de la comunidad durante PRODERITH II, a causa de la reducida capacidad que tenía el programa para prestar asistencia técnica a la agricultura.
Durante las dos fases de PRODERITH se produjeron más de 700 vídeos, y se brindó capacitación e información a cerca de 800 000 personas, utilizando el vídeo como elemento central.
El costo del Sistema de Comunicación Rural para PRODERITH resultó ser menos del 2 por ciento del costo total de las dos fases del programa.
El Sistema de Comunicación también trabajó en la transferencia del manejo y control de 78 distritos de riego de todo el país a sus usuarios. Esta enorme operación implicó ayudar a más de 250 000 agricultores, con más de 3 millones de hectáreas bajo riego, a que tomaran conciencia de los factores en juego, y a que crearan las organizaciones y la capacidad para que ellos mismos pudieran asumir y manejar los sistemas. También, para ayudarles a ellos y a los funcionarios de gobierno a adquirir el conocimiento y las habilidades técnicas requeridas. La operación fue descrita como "el más grande proceso de diálogo jamás organizado" en México.
A pesar de que el Sistema de Comunicación Rural es indiscutiblemente el más grande y exitoso en el mundo, su futuro papel es incierto. Los recientes cambios institucionales lo han ubicado en un ministerio que tiene poco que ver con el desarrollo agrícola y rural. Quizás de igual importancia para el futuro es la reflexión acerca de si los enfoques democráticos y participativos aplicados exitosamente durante PRODERITH han sido lo suficientemente institucionalizados, como para que formen parte de una política estable de desarrollo rural.
La iniciativa de comunicación descrita en la Parte II de este estudio surgió de los enormes problemas que estaban enfrentando los agricultores del estado de Sonora, en el norte de México. La creación del Tratado de Libre Comercio y otros cambios económicos pusieron a los productores de Sonora, con agricultura de bajo riego, en competencia directa con los productores de Estados Unidos y Canadá. Estos cultivan productos similares, pero a un costo mucho menor, en buena parte debido a que generalmente no requieren de riego para sus cultivos.
Un estudio realizado por la FAO en 1993 sobre la agricultura de Sonora mostró que la principal solución a los problemas de ese estado podría ser lograr una mayor eficiencia y mejorar la comercialización de los productos. Por ejemplo, a los agricultores y a sus asociaciones les estaba haciendo falta información sobre mercados y precios, por lo cual, cuando exportaban sus productos estaban a merced de los intermediarios.
Por esta razón, hacia finales de 1993, el Sistema de Comunicación Rural estableció una Unidad de Información Técnica y Comunicación en la ciudad de Hermosillo, la capital del estado de Sonora. Esta unidad puede bajar información de varias fuentes y bases de datos, referente a previsiones del tiempo en forma detallada, información técnica, oportunidades de mercados, y precios actuales y futuros de los productos.
Esta información se difunde mediante tres boletines semanales, los que se envían por fax a las organizaciones de agricultores y también a algunos agricultores individuales. Para algunos agricultores el boletín se convirtió, en muy poco tiempo, en un elemento clave para ayudarlos en la planeación de sus operaciones y, en muchos casos, éste les ayuda a conseguir mejores mercados y precios más altos para sus productos.
Sin embargo, no todos los agricultores de la zona se han dado cuenta tan rápidamente del poder potencial que tiene la información para su trabajo. Por eso se requiere promover el sistema y darlo a conocer más ampliamente. Además, éste también ha enfrentado algunos problemas institucionales. No obstante, la experiencia de Sonora ha mostrado claramente como este tipo de información puede beneficiar a los agricultores comerciales. Esta experiencia se está copiando en otras partes de México, así como también en Chile, igualmente con el apoyo de la FAO. La estrategia que se está empleando para estas últimas operaciones consiste en que los agricultores y sus asociaciones bajen directamente la información del sistema, en lugar de que se las envíen por fax, en forma de boletín.
México tiene una historia gloriosa. Sus grandes civilizaciones han dejado pirámides espectaculares y sitios arqueológicas por todo el país. Cuando llegaron los conquistadores españoles, destruyeron sistemáticamente la cultura que encontraron, pero gran parte del pasado glorioso de México todavía se refleja en la forma como los mexicanos son y como piensan hoy en día. Ellos muestran un talento para diseños y planes creativos, que se manifiesta en muchos de los imponentes edificios modernos, algunos de gran originalidad y belleza. Las aspiraciones mexicanas por el retorno a la grandeza también se manifiestan en sus programas de desarrollo imaginativos y de gran alcance.
Pero por otra parte, esas aspiraciones parecen estar continuamente bloqueadas por los hechos, lo cual genera un sentimiento de decepción entre la gente. En primer lugar, la conquista española y los siglos de dominación cultural que la siguieron, provocaron desconfianza y prejuicios similares a los producidos por el dominio colonial en muchos países. Más aún, la dominación que ha ejercido sobre México su grande y rico vecino del norte ha dejado también un profundo impacto sobre la visión que los mexicanos tienen de sí mismos y del mundo. Las realidades económicas que ellos han tenido que soportar durante los últimos 15 años han contribuido enormemente a aumentar su decepción.
Desde 1955 hasta los años setenta, el crecimiento de México se basó en un modelo de desarrollo interno que protegía la economía mediante la restricción de las importaciones. También se mantuvo una tasa de cambio artificialmente alta, con el fin de bajar los costos de los bienes de capital y de los insumos importados para la industria.
La inflación fue baja, así como también la deuda externa del país. Sin embargo, esta economía semicerrada carecía de dinamismo y no fue competitiva en los mercados internacionales. En consecuencia, las exportaciones fueron bajas mientras que las importaciones de bienes de capital se incrementaron, hasta que, en los años setenta, el país tuvo un déficit crónico en su balanza de pagos.
En esos mismos años, la recién creada Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) consiguió un enorme incremento en los precios del producto, y los "petrodólares" inundaron el mercado financiero internacional. Como consecuencia, los bancos de muchos países industrializados estaban desesperados por colocar esos fondos, y México realizó enormes préstamos. Este fue el comienzo del dramático crecimiento de su deuda externa, la cual pasó de 15 000 millones de dólares de los Estados Unidos en 1975 a 70 000 millones de dólares en 1981.
El descubrimiento del petróleo en el Golfo de México, y la bonanza que éste trajo en los años de 1978 a 1981, suscitó las esperanzas de un mayor progreso económico. Pero a pesar del petróleo, -o quizás en algunos casos a causa de él- el país ha sufrido una serie de crisis económicas en los últimos 15 años.
La primera gran crisis fue en los años de 1982 y 1983. Durante el período de bonanza del petróleo, con altas ganancias que representaron el 70 por ciento de todos los ingresos por exportaciones, el Gobierno confió plenamente en esos ingresos para financiar los costos de su deuda interna y externa. Este no trató de ayudar a cubrir los costos mediante medidas de tipo fiscal, tales como elevar los impuestos.
Esta confianza en los ingresos del petróleo resultó desastrosa porque, en 1982, los precios del petróleo cayeron abruptamente. Casi al mismo tiempo, hubo un exorbitante incremento en las tasas mundiales de interés, lo cual, naturalmente, elevó los costos del servicio de la deuda. Adicionalmente a esos problemas, los gastos gubernamentales estaban en rápido ascenso; el déficit del sector público, el cual había estado siempre por debajo del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en los años setenta, alcanzó un récord de 14 por ciento del PIB en 1982. Una gran crisis económica afectó al país. La inflación, que había estado siempre por debajo del 15 por ciento anual en los años setenta, alcanzó el 59 por ciento en 1982, y 102 por ciento en los años siguientes.
En 1983, se introdujo un programa de estabilización económica, con severas medidas fiscales, para frenar el déficit en el gasto público y en la balanza comercial, y también para reducir la inflación. El programa logró algún éxito, pero a costo de la depresión del crecimiento económico.
Cuando el servicio de la deuda externa estaba todavía estrangulando al país, un terremoto devastó a Ciudad de México, en septiembre de 1985. Se estima que sus efectos y la reconstrucción de la ciudad tuvieron un costo del 2 por ciento del PIB. Y como si este desastre no fuera suficiente, en 1986 los precios del petróleo cayeron nuevamente. Esta nueva crisis condujo a que el Fondo Monetario Internacional prestara su apoyo a un programa de ajuste estructural para reducir los gastos gubernamentales.
Entonces se introdujeron medidas aún más severas. En 1986, se registró una caída del PIB de no menos del 3.8 por ciento. La inflación, que se había mantenido parcialmente bajo control después de 1983, se elevó nuevamente, y alcanzó el 86 por ciento en 1986, y el 132 por ciento en 1987.
Cuando el Presidente Salinas de Gortari tomó posesión de su cargo en 1988, uno de sus objetivos, declarado públicamente, fue lograr que la población recuperara el nivel de vida del que había disfrutado en 1979. Sin embargo, en 1992 las familias de bajos y medianos ingresos estaban todavía devengando 19 por ciento menos, en términos reales, de lo que habían ganado diez años antes.
Los mexicanos quedaron profundamente decepcionados y amargados por los sucesos económicos de su país durante la así llamada "década perdida" de los años ochenta. Sin embargo, el sufrimiento mexicano no terminó con la década: el 20 de diciembre de 1994, una devaluación repentina y forzada del peso mexicano a menos de la mitad de su valor previo frente al dólar de los Estados Unidos disparó una nueva y profunda crisis.
Un mexicano resumió así la situación: "Todo el asunto del Tratado de Libre Comercio y las declaraciones del Gobierno nos habían llevado a creer que nuestro país estaba ingresando al Primer Mundo, a la par con nuestros nuevos socios del tratado, Canadá y Estados Unidos. Y precisamente cuando estabamos convencidos de que todo iba bien y de que finalmente se avecinaban nuevos horizontes de oportunidades y prosperidad, se nos vino el mundo encima".
Esta última crisis económica, todavía en proceso en el momento de este escrito, es la más grave de todas las ocurridas durante las últimas décadas. Además, el país está tratando de adaptarse a las nuevas circunstancias de una economía abierta y al Tratado de Libre Comercio. Esto es especialmente difícil para el sector agrícola y para la población rural, como se verá más adelante.
La gravedad de la situación económica en los últimos 15 años ha tenido un profundo y negativo impacto sobre todas las actividades de desarrollo agrícola y rural. Por lo tanto, las experiencias de comunicación rural descritas en este estudio de caso se deben ver teniendo como contexto este oscuro telón de fondo.
Otro aspecto de la grandeza de México, y mucho más reciente que las glorias de los mayas, aztecas y otros pueblos del período precolombino, fue la Revolución Mexicana. Esta fue la primera sublevación popular en América Latina contra los grandes terratenientes y poseedores de enormes riquezas, quienes dominaban y oprimían a los pobres. La Revolución, que comenzó en 1910, con el solo fin de derrocar al Presidente Porfirio Díaz, se convirtió en una larga y sangrienta historia de revueltas económicas y sociales. La Revolución duró hasta los años cuarenta, cuando sus objetivos fueron institucionalizados como base de la futura política nacional.
La reforma agraria fue la punta de lanza de la Revolución, a lo largo de la cual el campesinado tuvo un papel activo. Líderes campesinos como Emiliano Zapata y Pancho Villa se convirtieron en héroes nacionales. En los años veinte y treinta se dio impulso a la distribución de la tierra, gran parte de la cual fue expropiada a los grandes latifundistas.
Para la distribución de la tierra se adoptó la forma legal del ejido. Este sistema tradicional, que viene de tiempos precolombinos, establece la propiedad común de la tierra, pero otorga derechos individuales de usufructo en parcelas asignadas a los ejidatarios. Hasta hace muy poco tiempo, estos derechos no podían ser divididos, cedidos o alquilados legalmente a otros. Sin embargo, sí podían ser heredados. Un miembro de un ejido tiene, por lo general, una parcela de 10 hectáreas de tierra con riego, o 20 hectáreas de tierra de temporal. Existen unos 27 000 ejidos en México que agrupan alrededor de 3.5 millones de familias campesinas.
Un ejido es, en efecto una comunidad de familias campesinas, las que por lo general habitan en un solo pueblo. Sin embargo, en las tierras colonizadas en décadas recientes bajo el sistema ejidal, la tendencia ha sido la de crear pueblos más grandes, donde se agrupan varios ejidos, y habitan varios miles de personas. Cada ejido tiene su área específica de tierra en los alrededores del pueblo, la que está dividida en parcelas individuales. En cualquiera de las dos modalidades, los lotes del pueblo en los cuales son construidas las casas de las familias ejidatarias, también forman parte de los derechos ejidales de cada familia.
Un ejido típico tiene varios comités internos que se encargan de asuntos tales como salud, actividades de las mujeres, agua potable, y otros aspectos sociales.
Un grupo de ejidos puede asociarse para formar un segundo nivel de asociación, conocido como Unión de Ejidos. Una unión generalmente ofrece servicios a los ejidos miembros, tales como almacenamiento o mercadeo de sus granos, suministro de insumos agrícolas y otros similares.
En la legislación mexicana también se establece la cantidad de tierra que puede tener una persona. El límite legal es de cincuenta hectáreas bajo riego por persona, pero en la práctica este límite tiene poco efecto. Con el tiempo, los dueños de tierra han puesto sus propiedades a nombre de otros miembros de la familia o de terceros. De allí que es común encontrar, en los estados de Sinaloa y Sonora, haciendas de varios cientos, e inclusive miles, de hectáreas de tierra bajo riego. También en las zonas tropicales de temporal existen ranchos enormes.
Por lo general, el sistema ejidal ubica a los campesinos en las áreas más pobres. Muchos de ellos son agricultores de subsistencia. Por el contrario, las mejores tierras provistas de riego se encuentran principalmente en manos de agricultores comerciales.
A partir de la Revolución, los campesinos, que jugaron un activo papel en ella, gozaron de un lugar especial en la sociedad mexicana. Durante muchas décadas, la intervención del Gobierno en los mercados mantuvo condiciones favorables de precios para los agricultores.
En 1982, los subsidios representaban cerca del 22 por ciento del valor de la producción agrícola. Más tarde, debido a las crisis económicas y a los programas de ajuste estructural que comenzaron a abrir la economía mexicana, el sector agrícola comenzó a enfrentar serias presiones. Los precios reales de los productos agrícolas cayeron dramáticamente.
Por ejemplo, entre 1980 y 1988, el índice nacional de precios al consumidor se elevó en 9.800 por ciento. Durante ese mismo período, los precios garantizados a los agricultores para sus productos se elevaron solamente en 6.380 por ciento, lo que representó para los agricultores una pérdida de cerca de un tercio, en términos reales. La situación fue aún más dramática si se tiene en cuenta los costos de los insumos agrícolas, tales como fertilizantes y pesticidas: en ese mismo período sus precios aumentaron por encima de 11 000 por ciento.
Esta presión sobre el sector agrícola continúa desde 1988. Un factor determinante para esta situación fue la fijación de precios para los productos de la canasta básica familiar, durante la mayor parte de los seis años del período presidencial de Salinas de Gortari. Esta medida, que fue introducida para mantener contenta a la población urbana -porque es ahí donde reside la base del poder político- fue desastrosa para los agricultores. Muchos de ellos, que enfrentaron una inflación alta, tasas de interés muy altas para sus préstamos, y costos desmesurados para sus insumos, cayeron en bancarrota.
Un ejemplo de ello ocurrió en un ejido del trópico húmedo, cerca de Tampico. A finales de los años ochenta, después de realizar un proceso de diagnóstico y planeación participativa, los agricultores iniciaron un proyecto ganadero con crédito bancario. Inicialmente, el proyecto tuvo resultados positivos. Sin embargo, la carne que ellos vendían tenía precios fijos establecidos, mientras que los intereses de los préstamos subían y los costos de los insumos se elevaban, por lo cual, finalmente, incumplieron el pago de sus préstamos. El banco les confiscó los equipos y el ganado, y todos los campesinos quedaron con una deuda personal que los obligó a buscar trabajo por fuera del ejido. Los precios fijos de los productos de la canasta familiar también llevaron al fracaso a otros agricultores mucho más grandes.
Otro factor que ha ejercido presión sobre la agricultura ha sido la reducción de la inversión pública en el sector; ésta bajó en un 74 por ciento entre 1981 y 1989, en términos de pesos constantes de 1980. Además, a mediados de los años noventa, mientras los países industrializados estaban todavía subsidiando su producción agrícola en más del 30 por ciento de su valor, México estaba subsidiando su producción en menos del 4 por ciento de su valor.
México está en transición. Como es bien conocido, el Banco Mundial y otras instituciones crediticias internacionales están promoviendo fuertemente "el mercado" como la fuerza motriz para la eficiencia, la modernización y el desarrollo.
Chile, debido al éxito de su sector agrícola en la última década o más, ha sido considerado como modelo para muchos países, incluido México. Efectivamente, la producción de alimentos para consumo doméstico y para exportación en Chile se ha incrementado enormemente, especialmente desde mediados de los años ochenta, bajo las políticas promovidas por el Gobierno del General Augusto Pinochet.
Uno de los principales factores en el resurgimiento de la agricultura chilena fue una nueva legislación, que permitió a 40 000 pequeños agricultores vender la tierra que habían recibido mediante los programas de la reforma agraria entre 1964 y 1973.
Al mismo tiempo, se eliminó el límite máximo que cada empresa agrícola podía operar en forma individual, establecido anteriormente, el cual era de 80 hectáreas bajo riego. Además, con la eliminación de la legislación que había ayudado a proteger a los trabajadores, se abrió la puerta a un mercado laboral.
En el resurgimiento de la agricultura chilena hubo otros factores adicionales, tales como la política fiscal y la política arancelaria, que crearon condiciones de alta competitividad para los agricultores, dentro de las cuales los pequeños productores estaban en desventaja.
Como resultado de la combinación de la nueva legislación con las políticas fiscales, muchos pequeños agricultores se vieron obligados a vender sus tierras, y a entrar en el mercado de trabajo rural, o a emigrar a las ciudades. Al mismo tiempo, la falta de protección legal para los trabajadores facilitó una significativa reducción en los salarios agrícolas, lo cual trajo como consecuencia ventajas comparativas para Chile sobre otros países productores de similares cultivos de exportación, particularmente los de uso intensivo de mano de obra, como los frutales. Sin embargo, es claro que los recientes éxitos chilenos en agricultura, basados en grandes y más "modernas" haciendas, y mano de obra barata, han tenido un alto costo social.
México está aplicando políticas similares a las utilizadas en Chile. Esencialmente, el sector de los ejidos y otros pequeños productores son considerados como ineficientes, y tendrán que ser sacrificados en el altar de la "modernización". El objetivo es una reestructuración del sector rural a gran escala.
Ya desde 1985, el Gobierno mexicano comenzó a abrir su economía. Progresivamente comenzó a suprimir las licencias de importación, que habían estado protegiendo 780 productos agrícolas diferentes. Para 1990, solamente 33 productos requerían licencia de importación, y se abrió la libre importación de productos importantes que también se producían en México, tales como sorgo, arroz y oleaginosas.
La puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio (TLC) está agravando aún más la situación. Su impacto sobre la agricultura mexicana ha sido devastador, especialmente con respecto a los granos básicos, los cuales Canadá y Estados Unidos están en capacidad de producir a más bajo precio que México. Por ejemplo, para el trigo mexicano, que debe ser cultivado bajo riego, es imposible competir con el trigo de temporal cultivado en las planicies canadienses.
El efecto del TLC sobre la agricultura mexicana es tan importante que el Gobierno solicitó ayuda a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para realizar un estudio macroeconómico sobre sus implicaciones en los próximos 15 años.
Este estudio, que duró dos años, se concluyó en 1995, y arrojó hallazgos sorprendentes. El estudio cubrió un área de aproximadamente 7.8 millones de hectáreas de tierra cultivada bajo riego y de temporal. Se encontró que en cerca del 30 por ciento de esa área, la producción no era viable económicamente. (En otras palabras, la venta de los productos no cubría los costos de producción). El estudio también mostró que la producción en por lo menos de 70 por ciento de la tierra no era competitiva en términos de precios del mercado internacional.
En 1992, el Gobierno de México tomó una medida radical y controvertida, como parte de su plan para transformar su agricultura: se modificó el Artículo 27 de su Constitución Nacional, referente a la tenencia de la tierra. Bajo la nueva disposición, se otorga a los miembros de los ejidos el título formal de sus parcelas, y se les permite su venta. En esencia, el nuevo Artículo abre la puerta para reemplazar el sistema ejidal por el de explotaciones agrícolas mucho más grandes, incluso por grandes sociedades nacionales o multinacionales.
La intención parece ser lograr la misma clase de reversa de la reforma agraria como la que se logró en Chile. Los críticos de esta medida consideran sus posibles costos sociales. Efectivamente, en México, donde cerca del 28 por ciento de la población todavía vive en áreas rurales, con un número de pobres en esas áreas que ha aumentado de 14.2 millones a 18.9 millones entre 1984 y 1992, podría producirse un impacto social importante. Las circunstancias económicas del neoliberalismo y del TLC bien podrían obligar a los miembros de los ejidos y a otros pequeños minifundistas a emigrar de sus tierras en los próximos años. En 1995, en México ya se estaba hablando de atender en el futuro a los pequeños agricultores mediante los programas de reducción de la pobreza.
Para compensar algunos de los efectos negativos de esta situación sobre los agricultores, el Gobierno lanzó un programa de 15 años llamado PROCAMPO. Su propósito es ayudar a los agricultores a adaptarse a las nuevas circunstancias creadas por el TLC y el neoliberalismo. PROCAMPO paga a los agricultores un subsidio fijo de 300 nuevos pesos (cerca de 50 dólares en octubre de 1995) por cada hectárea que ellos planten. (Este se incrementa a 900 nuevos pesos por hectárea de algodón, debido a sus altos costos de producción).
Aunque en muchos países de América Latina los agricultores también están bregando por adaptarse a las políticas del neoliberalismo, a la apertura de mercados y a la reducción del apoyo gubernamental, la situación de los agricultores mexicanos parece ser excepcionalmente difícil .
México tiene unas características físicas únicas. Gran parte del país está ubicado en el gran cinturón desértico del planeta y casi la mitad de esa parte recibe menos de 600 mm. de lluvia al año. En el otro extremo, gran parte del resto del país, especialmente las áreas tropicales cercanas a las costas, recibe lluvias en exceso con un promedio de 1.700 mm. al año, que en algunos lugares excede a los 2 000 mm.
Entre 1950 y 1967, la producción agrícola se incrementó a una tasa anual cercana al 6 por ciento, es decir, sobrepasó el crecimiento de la población. Sin embargo, en los años setenta, el incremento anual de la producción se redujo a 1 por ciento, mucho menos que la tasa de crecimiento de la población. Por decenios, México había sido autosuficiente en alimentos, pero en los años setenta se vio obligado a comenzar a importar granos. Desde entonces, estas importaciones han crecido constantemente. En la década de los ochenta la producción agrícola declinó en 1.2 por ciento al año.
Hasta los años setenta, el desarrollo agrícola de México tenía como eje el incremento y el mejoramiento de las áreas bajo riego. En este sector se realizaron grandes inversiones y el país cuenta hoy en día con cerca de 6 millones de hectáreas bajo riego. De ellas, 3.2 millones están ubicadas en 78 distritos de riego. Estos distritos fueron construidos por el estado, el cual, hasta hace poco tiempo también se encargó de su operación y administración. En 1989 comenzó el proceso de transferir su operación y manejo a sus usuarios, el cual se esperaba concluir en 1996. Esta ha sido una operación de una magnitud sin precedentes en ninguna parte del mundo. Para ella se requirieron grandes esfuerzos de comunicación, como se verá más adelante.
El resto de las área bajo riego en México está compuesta por pequeños sistemas conocidos como unidades de riego, las cuales, si bien es cierto que fueron construidas por el Gobierno, o con su ayuda, desde el comienzo han sido operadas por los usuarios.
El Gobierno, después de muchas décadas de concentrar sus esfuerzos en las zonas bajo riego, en los años sesenta comenzó a considerar seriamente las áreas de temporal, las cuales constituyen cerca del 75 por ciento de toda la tierra cultivable.
Principalmente, el trópico húmedo de las planicies costeras parecía ofrecer oportunidades únicas para abrir una nueva frontera agrícola. Estas planicies habían sido ignoradas durante décadas y, como resultado, habían sido dedicadas, fundamentalmente, a una ganadería extensiva e ineficiente. Aún así, el potencial de estas tierras fue clasificado entre mediano y alto. Comenzar a desarrollarlas sería lo opuesto a continuar haciendo más inversiones en riego e implicaría un gran cambio en la política gubernamental.
Hasta esa época había muchas razones para la relativa falta de desarrollo del trópico húmedo. Para comenzar, existían problemas de carácter físico, tales como inundaciones durante las épocas de lluvia, sequías durante otras temporadas, y pocas vías de acceso en las extensas áreas de bosques y matorrales. Además, prácticamente no había apoyo para la producción, en términos de asistencia técnica, crédito u otros insumos. Esta situación se daba en el contexto de conflictos socioeconómicos sobre la tenencia de la tierra, sumados a la amplia resistencia de los habitantes locales a organizarse, a adoptar innovaciones técnicas o a aceptar intervenciones de afuera.
Sin embargo, la consideración fundamental para el Gobierno fue la de los costos del desarrollo; sería mucho menos costoso instalar drenajes, construir carreteras y otras obras de infraestructura en el trópico húmedo que construir o ampliar los sistemas de riego, los cuales habían sido su prioridad en el pasado.
Fue en este contexto político en el que nació, a mediados de los años sesenta, uno de los más grandes proyectos agroindustriales jamás ejecutado en el trópico húmedo en América Latina. Fue conocido como Plan la Chontalpa, y estaba ubicado en el Estado de Tabasco.
El objetivo del proyecto era drenar un área de 83 000 hectáreas, construir diques, carreteras y puentes y establecer allí familias rurales con todos los servicios que requerían. Se había previsto maquinaria, crédito, insumos y asistencia técnica para los agricultores.
Como parte de este plan, se expropiaron y deforestaron 60 000 hectáreas de tierra, para crear nuevos ejidos e incorporar un gran número de familias dentro del sistema colectivo de producción agrícola. Los ejidos existentes también se reorganizaron como unidades colectivas de producción, y se establecieron uniones de ejidos.
El proyecto logró éxitos significativos en la creación de infraestructura. Se construyeron 1.200 km. de drenes, 600 km. de carreteras, 70 puentes, y 85 pozos profundos. También se construyeron 22 nuevos poblados para albergar a 4.400 familias y se las proveyó de escuelas, centros de salud, y plantas procesadoras para productos agrícolas básicos.
Desafortunadamente, no se lograron los mismos éxitos a nivel humano. En efecto, el Plan la Chontalpa fue una intervención masiva "de arriba hacia abajo", para la cual no hubo una consulta o acuerdo previo con los beneficiarios. Todas las decisiones fueron tomadas por las autoridades. La estrategia de colectivizar la producción, con la creencia de que ésta podría conducir a una mayor eficiencia y mejor uso del capital y la tecnología, tuvo sus resistencias, y la población local nunca se identificó con el proyecto.
Un mexicano describió así la situación: "Para tratar de involucrar más a los campesinos, un funcionario del Gobierno siempre les decía que la infraestructura era de ellos. En una ocasión, un campesino se quedó mirando una casa construida por el proyecto y preguntó si ésta era suya realmente. El funcionario le aseguró que sí. Entonces, esa misma noche, el campesino vino a la casa, le quitó partes del techo y se los llevó para mejorar su propia casa".
En un documento producido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en 1984, aparece una descripción más formal de la situación: "La extensa infraestructura del proyecto... muestra serios niveles de subutilización, falta de mantenimiento de las obras, falta de instalación de drenes en las parcelas individuales, y un uso inadecuado de los pozos y del equipos de riego, así como de los suelos. La falta de mecanismos efectivos de participación de los beneficiarios ha sido una causa importante de esta situación".
Hacia mediados de los años setenta y después de la experiencia negativa del Plan la Chontalpa, la atención se centró nuevamente en el trópico húmedo. El país necesitaba incrementar su rendimiento agrícola, y los 46 millones de hectáreas de trópico húmedo, que representan el 23 por ciento del área total de México, no podían continuar al margen del desarrollo nacional.
En 1975 se diseñó el primer Plan Nacional Hidráulico para el país. Este fue el punto de partida para adoptar un nuevo enfoque que tuvo en cuenta los múltiples y a veces competitivos usos del agua. Este nuevo enfoque tuvo implicaciones directas para el trópico húmedo. El plan hizo hincapié en las posibilidades de uso del potencial que ofrecían las planicies costeras tropicales para conseguir la producción adicional de alimentos que se requería para atender el rápido crecimiento de la población.
Sin embargo, la costosa lección que había dejado el Plan la Chontalpa había sido bien aprendida. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) decidió que el desarrollo del trópico húmedo debería ser planeado y ejecutado con la participación de los habitantes locales.
La identificación de los problemas físicos, técnicos y socioeconómicos requeriría de propuestas de solución que fueran adecuadas a las comunidades, y acordadas con ellas. Estas propuestas deberían tener en cuenta la capacidad de respuesta de los campesinos, y también ser consistentes con la realidad de los recursos disponibles. Además, era fundamental promover una mejor organización social entre la población como medio para superar las situaciones de conflicto, y para promover el desarrollo a través de acciones participativas. Ahora bien, ninguno de estos propósitos podría ser alcanzado sin un proceso de comunicación, o de diálogo, con los campesinos en todas las etapas.
Las tierras del trópico húmedo son un mundo de paradojas. El atraso, el analfabetismo, la desnutrición, las enfermedades y la extrema pobreza coexisten con una gran riqueza de recursos naturales. Esta incluye bosques, agua abundante como resultado de la alta precipitación, tierras de mediano y alto potencial, y la mayoría de los yacimientos de gas y de petróleo que existen en el país.
Sin embargo, los efectos de la industria petrolera han sido generalmente negativos para la agricultura. Las construcciones y la polución que esta industria genera han afectado la ecología, y el crecimiento económico en los sectores comercial e industrial ha elevado el costo de vida y reducido la disponibilidad de mano de obra para el campo.
Uno de los problemas más serios en las planicies costeras es la degradación ecológica causada por la excesiva presión demográfica sobre los recursos. En el pasado, era usual la agricultura de corte y quema. Mientras que cada ciclo de este sistema nómada era lo suficientemente largo, de manera que permitía que la tierra de una parcela descansara y recuperara su fertilidad antes de que el agricultor regresara a cultivarla nuevamente, no había problemas graves. De hecho, había un equilibrio entre el hombre y su medio ambiente.
Sin embargo, el crecimiento de la población ha reducido la duración del ciclo de la agricultura nómada en muchas zonas. Adicionalmente, en décadas recientes se han dedicado grandes áreas de tierra a la ganadería, lo cual ha reducido el área disponible para la agricultura. Estas dos circunstancias combinadas han causado serios problemas de erosión y la pérdida de fertilidad del suelo.
La cantidad y la violencia de las lluvias causan escurrimientos y erosión de la tierra desprotegida, así como también inundaciones, saturación y compactación de los suelos. Como consecuencia, no puede haber una agricultura exitosa sin buenos sistemas de drenaje. Pero mientras la alta precipitación causa problemas para la agricultura, también ofrece oportunidades para la piscicultura.
Las comunidades agrícolas que viven en el área han sufrido un proceso continuo de empobrecimiento. A principios de los años ochenta, el 90 por ciento de la población económicamente activa en las áreas rurales estaba ganando menos del salario mínimo legal del país, y el 52 por ciento de las familias agricultoras estaban operando por debajo del nivel de subsistencia.
El nivel de analfabetismo, que llegaba a 32 por ciento en la población adulta, estaba entre los más altos del país. Las condiciones de vida eran precarias. Menos de la mitad de los hogares rurales tenían agua potable por tubería; solamente el 30 por ciento estaba conectado a un sistema de alcantarillado o desagüe; y el 44 por ciento no tenía electricidad.
La desnutrición era un estado corriente. El consumo de calorías estaba por debajo de las normas internacionales establecidas como necesarias para una salud completa.
Los habitantes del área se caracterizan por su diversidad étnica, lingüística y cultural. En efecto, el 60 por ciento de la población indígena de México vive en esta áreas, y no todos hablan español. Las comunidades generalmente organizan su vida económica y productiva a través de una estructura familiar, basada en la autosuficiencia.
Los problemas humanos, económicos y físicos en el trópico húmedo presentan un gran desafío para el desarrollo. La aceptación de este desafío y los esfuerzos que ha hecho México, en circunstancias económicas extremadamente difíciles, son sobresalientes. Igualmente, es de destacar la forma como estos problemas fueron abordados por dos proyectos apoyados por el Banco Mundial, dentro de los cuales la comunicación desempeñó un papel fundamental.
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